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Militares desconocen los acuerdos de la Mesa de Diálogo
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 15 de Mayo, 2000. Chl - Los militares desconocen los acuerdos de la Mesa de
Diálogo.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LOS MILITARES DESCONOCEN EL ACUERDO DEL PRIMER DOCUMENTO PRESENTADO ANTES DEL
REGRESO DE PINOCHET A CHILE EN UN DURO GOLPE DE LAS FF. AA. A LA MESA DE DIÁLOGO
Uniformados se niegan a crear la figura de un delito que condene a los que
tengan información de los detenidos desaparecidos. Además, echan pie atrás en
reconocer su grado de responsabilidad en los sucesos ocurridos durante el
gobierno de Pinochet.
Los reparos que las Fuerzas Armadas y de Orden entregaron respecto del acuerdo
preliminar en la mesa de diálogo -y que hicieron llegar el jueves 11 al ministro
de Defensa, Mario Fernández- difiere
en, al menos, dos puntos esenciales del documento que estaba listo para ser
firmado antes del retorno
del general (R) Augusto Pinochet a Chile.
Fuentes de la mesa -ligadas a los uniformados y al ministerio de Defensa- que
tuvieron acceso a los
cuatro documentos entregados por las ramas castrenses, señalaron a La Tercera
que la nueva postura
militar representa un giro radical respecto de las concesiones que los
uniformados estuvieron dispuestos a hacer, mientras el general (R) Pinochet se
encontraba detenido en Londres.
Hasta la llegada del ex comandante en jefe del Ejército, el 3 de marzo pasado,
los entonces 22 integrantes de la mesa habían consensuado un acuerdo al que sólo
faltaba afinar detalles para su firma definitiva. El documento contaba con la
aprobación de los jefes máximos de las tres ramas de
las Fuerzas Armadas -Ricardo Izurieta, del Ejército; Jorge Arancibia, de la
Armada y Patricio Ríos, de la Fuerza Aérea- y del general director de
Carabineros, Manuel Ugarte, quienes ya habían comprometido su rúbrica.
El preacuerdo proponía mecanismos para facilitar la entrega de antecedentes
sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, como sanciones a quienes
contaran con información y no la facilitaran, además de reducciones de penas
para los implicados que decidieran colaborar (ver nota secundaria). Pero el
polémico acto de bienvenida a Pinochet provocó la ira de los abogados de
derechos humanos, quienes criticaron a Izurieta, y se negaron a firmar el
documento mientras no recibieran explicaciones. Esto, a su vez, molestó a los
militares y los últimos esfuerzos para suscribir el documento, con Edmundo Pérez
Yoma a la cabeza del ministerio, no fructificaron.
NO A LA CREACIÓN DE UN NUEVO DELITO
Según fuentes de la mesa de diálogo, en los documentos que entregaron los
representantes de las cuatro ramas castrenses, no se incluyen los mecanismos
acordados preliminarmente para encontrar
el paradero de los desaparecidos: ni la creación de una sanción a quienes no
entreguen antecedentes sobre los desaparecidos, ni la posibilidad de rebajar las
penas a los implicados que decidan entregar
información.
Esta nueva posición de los militares se venía incubando desde marzo.
Luego de que?. La Tercera reveló pasajes del preacuerdo, el punto referido a los
mecanismos para facilitar la entrega de información, generó inquietud en los
círculos militares, especialmente entre los oficiales en retiro. Varios de estos
últimos coincidían en que las fórmulas restaban fuerza a la Ley de Amnistía.
RECONOCIMIENTO HISTÓRICO
Por otra parte, el texto consensuado al que se había llegado hasta el 2 de marzo
pasado, también incluía otras concesiones de lo que ha sido la postura militar
histórica, como el reconocimiento de que los sucesos ocurridos durante la Unidad
Popular, no justificaban las violaciones a los derechos humanos posteriores.
También se desvirtuó la tesis del enemigo interno.
Ahora, sin embargo, la nueva iniciativa castrense propicia un reconocimiento
generalizado, de parte de toda la sociedad civil, respecto a la responsabilidad
en los hechos. Esto, porque los militares ya habían concluido que el "mea culpa"
era desigual, ya que las Fuerzas Armadas aparecían como las únicas responsables
del golpe de estado de 1973, en circunstancias que ellos consideran que el
gobierno de la Unidad Popular contribuyó a generar la crisis institucional.
LA RESISTENCIA DE LOS ABOGADOS
Al ser consultado por La Tercera, el abogado Héctor Salazar señaló -a título
personal- que este desconocimiento de los acuerdos alcanzados en marzo deberá
ser explicados por los representantes
uniformados. Y aunque aún no se ha reunido con los otros tres abogados de
derechos humanos que participan en la instancia -Pamela Pereira, Jaime Castillo
Velasco y Roberto Garretón- adelantó que el texto al que se llegó en marzo es
"un piso" del que ellos no se moverán. "No estaríamos dispuestos a un retroceso
como éste", aseveró.
Otras fuentes de la mesa -ligadas al ministerio de Defensa- aseguran que la
nueva postura militar no tiene sentido. "Si esa es una posición rígida, no vamos
a llegar a ninguna parte", explicaron. Y agregaron que la evaluación que han
hecho después de conocer la nueva postura de los uniformados, es que las Fuerzas
Armadas están tratando de dilatar una negociación al interior de la mesa de
diálogo, pues no están dispuestas a suscribir un acuerdo mientras continúe el
proceso de desafuero en contra del general (R) Pinochet. De lo contrario,
aseguran, no habrá firma posible.
EL ACUERDO ANTERIOR
Hasta el 2 de marzo pasado, en la víspera de la llegada de Pinochet, estos eran
los puntos principales del texto consensuado y que luego se frustró con el
recibimiento al senador vitalicio.
- Recomendar una ley que sancionara a quienes, teniendo información, se negaran
a entregar antecedentes sobre el paradero de detenidos desaparecidos, mediante
la tipificación de un nuevo
delito en el Código Penal. Esto, como una forma de acelerar la búsqueda de los
cuerpos.
- Proponer la designación de un ministro de Corte con amplios poderes para
recabar e investigar todos los casos de desaparecidos no aclarados hasta la
fecha. También recomendaba iniciativas legales para mantener la reserva de las
identidades de quienes entregaran información y rebajas de penas para los
implicados que decidieran colaborar.
- Señalar que el clima de confrontación interna que desencadenó la Unidad
Popular explicaba el pronunciamiento militar, pero no lo justificaba.
Este punto mantuvo reticentes hasta último momento a los abogados de derechos
humanos.
- Establecer que la violación de los derechos humanos "es moralmente contraria
al juramento, a la tradición histórica, y al sustento ético de las Fuerzas
Armadas, Carabineros de Chile y de todas las instituciones de la República".
- Poner de manifiesto el compromiso para que "nunca más se repitan estas
acciones como un imperativo de dignificación de nuestra patria".
- Establecer que "la tesis del enemigo interno, que supone la eliminación de
quien sustenta una idea diferente a la oficial, no forma parte de la seguridad
nacional, según la define el Libro de la Defensa
Nacional".
- Consignar que es "indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica,
cualquier forma de acceso al poder por vías distintas que las democráticas".
[Fuente: Michele Chapochnick y Javier Ortega para el Diario La Tercera de
Santiago de Chile, 16may00]
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