Alternativas después del Desafuero

Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 29 de Mayo, 2000. CHILE: Alternativas después del Desafuero. Por Sergio Ramírez.

El desafuero de Pinochet representa el inicio de una nueva etapa en la lucha por la verdad y la justicia y la derrota de los pactos espúreos de la "democracia de los consensos" para impedir el avance de la justicia. y otorgar impunidad a Pinochet y sus esbirros. El fallo puede ser la apertura de un proceso de perspectivas insospechadas, en dependencia de la capacidad de los sectores democráticos para impedir todo intento de la derecha y el militarismo por montar una nueva maniobra, en complicidad con el oficialismo, para volver a impedir la acción de la justicia.

El desafuero fue, antes que nada, el resultado de la movilización sostenida en Chile y el extranjero para cerrar el paso a los reiterados intentos de poner punto final al tema de los DD. HH. Todo indica que en los próximos días se vivirán momentos decisivos. Las acusaciones que enfrenta Pinochet son irrefutables. Desde esa perspectiva, comienza a levantarse un nuevo escenario. Sin embargo, no todo está dicho. Sus aliados y cómplices han iniciado una nueva ofensiva para a impedir que Pinochet sea sometido a proceso y condenado por genocida. Además, los cancerberos de la impunidad emplean todos sus recursos para desmovilizar a las fuerzas populares y doblegar el clamor de justicia y democracia de los chilenos. Por lo cual, el sólo hecho del desafuero, se podría tornar insuficiente o concluir en la impunidad si es que no cuenta con un poderoso y combatido protagonismo popular para impedir una nueva maniobra destinada a cerrar el paso a la justicia.

HACE 5 AÑOS, PINOCHET ERA INTOCABLE. En medio de la impunidad reinante, la complicidad de los tribunales, las cúpulas de la Concertación y su política de consensos con la derecha y el pinochetismo militarista, conformaba el escenario de su legitimidad de "actor válido de la transición". Además, a 10 años de la instalación de la "democracia", sostenían que "el tema de los DD. HH era un asunto del pasado". Por lo cual, su desafuero es el hecho más relevante para la causa de los DD. HH. Sin embargo, el panorama no parece tan claro. La derecha, la misma que con Lavín trató "electoralmente" de desvincularse de Pinochet, ahora recurre a amenazas y chantajes para imponer un acuerdo político con la Concertación, que le evite juicio y castigo. Mientras que los grupos económicos y financieros, satisfechos con los planes económico neoliberales de Lagos, han optado por reducir su protagonismo, lo que no quiere decir que se han inhibido de presionar en el mismo sentido. Hay preocupación por el efecto "dominó". Ambos sectores consideran que si Pinochet es procesado, entonces no pocos de sus personeros, involucrados en violaciones a los DD. HH, podrían ser acusados judicialmente. Tampoco para la Corte Suprema, el tema es simple. Podrían modificar el fallo de desafuero de la Corte de Apelaciones, pero ello eliminaría toda credibilidad internacional en que en Chile se puede aplicar justicia.

SI HUBIERA UN CURSO LEGAL NORMAL, la situación podría ser diferente, aunque no se puede olvidar que la justicia fue uno de los bastiones de la dictadura y su comportamiento final puede estar determinado por ese pasado. Una vez confirmado el fallo por la Corte de Apelaciones, la defensa de Pinochet apelaría ante la Corte Suprema. Tal trámite demoraría unos 30 días. La Corte Suprema debiera ratificar el desafuero porque ella ha ido fijando los criterios básicos en materias de de violaciones a los DD. HH. Ha establecido que no procede aplicar la amnistía si no hay procesados y que, incluso si hay procesados, en su momento hay que discutir la discrepancia jurídica que se produce entre el Decreto Ley de Amnistía de la dictadura y los Convenios de Ginebra. La Corte Suprema ha determinado que, no sólo por los detenidos desaparecidos, sino que por homicidio y por tortura, sea inaplicable la amnistía, porque si había guerra, con la lógica del Decreto de Ley No. 5 de la Junta Militar, se tienen que aplicar consecuentemente los convenios de Ginebra. Además, ha establecido que en Chile no se puede hablar de cosa juzgada ni de prescripción en materia de crímenes contra la humanidad. Así, desaforado Pinochet, la resolución del desafuero, que termina con la frase "ha lugar" o "no ha lugar" a la formación de causa, determinaría que el ministro Guzmán debería proceder a procesar y encargar la detención de Pinochet (por ser autor de delitos contra la humanidad no podría estar en libertad). Siendo posible que por su edad lo recluyan en el Hospital Militar o en un regimiento, pero en calidad de detenido. Por otra parte, una vez desaforado, aunque sea sólo por uno de los procesos iniciados -en este caso el de la Caravana de la Muerte-, Pinochet puede ser juzgado por todos los procesos que existen en su contra, los que hoy suman más de 110 querellas criminales.

SOBRE LOS EXÁMENES MÉDICOS, base de las maniobras para impedir el proceso y sentencia, éstos no se pueden realizar si no comienza el proceso. El Código de Procedimiento Penal establece que debe ser sometido a dichos exámenes el procesado. Pero lo importante de esto es el efecto jurídico que producen éstos: si comprueba que hay algún nivel de enajenación mental (locura, demencia, dificultad para usar las palabras que utiliza el Código) temporal o definitiva, el sobreseimiento será también temporal o definitivo, por las citadas enajenaciones, exclusivamente. Estar enfermo no es en sí un elemento que permita absolver o perdonar a nadie. La defensa de Pinochet invocará estas razones de salud para impedir sea procesado. Si fracasa como debe ocurrir, ya estando procesado, pedirá que se aplique de inmediato la amnistía. Tal petición también está condenada al fracaso porque la Corte Suprema los últimos estos años ha estado exigiendo la reapertura de procesos que estaban amnistiados sin haber existido procesados ni investigación. Lo que manda la ley, y reafirma la jurisprudencia de la Suprema, es que debe agotarse totalmente la investigación. Tampoco la invocación de un juicio político en vez de judicial no resiste ningún análisis: al promulgar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, impuesta por la Junta Militar (febrero de 1990), han impedido hasta el presente toda posibilidad de realizar un juicio político a la dictadura.

EL DESENLACE FINAL NO ESTA EN LOS TRIBUNALES, sino en las correlaciones de fuerzas que podrían configurarse ante el desafuero. El gobierno de la Concertación se define más claramente. Lagos, en su discurso del 21 de mayo enfatizó su apoyo a la "mesa de diálogo" y a los acuerdos que adopten los personeros castrenses y los abogados del oficialismo. Esa "mesa", que es realmente una vía alternativa a la jurídica, podría adquirir una gran importancia si la Concertación y su gobierno avanzan en compromisos con las cúpulas militares y la derecha de soluciones "políticas" que signifiquen "límites aceptables" de impunidad y término de los actuales procesos a los "hombres" de Pinochet. A "eso" le llamarían "cierre de la transición". Como tampoco es descartable que tales acuerdos consideren pactadas reformas parciales de la institucionalidad dictatorial. A tales objetivos apuntan singulares declaraciones. En efecto, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, recordó que los fallos no son oficiales mientras no sean firmados y que hasta que eso suceda los magistrados pueden cambiar de opinión.

Además, aclaró que "Pinochet vería suspendida su calidad de senador y su fuero, pero esto es apelable a la Corte Suprema y la Corte Suprema dará la última palabra al respecto", dijo. Además, señaló que el diálogo con la derecha está suspendido en materias políticas hasta que la mesa de diálogo entregue sus resultados y se conozca "la resolución del tema Pinochet". Así dejaba abierta la invitación a una negociación DD. HH por reformas políticas. Por su lado, el presidente del PPD, Guido Girardi, a pesar de afirmar que no aceptará ninguna negociación política que signifique sustraer al ex gobernante militar de la justicia, aseguró que el PPD está dispuesto a un "gesto humanitario" que signifique determinar razones de salud para que Pinochet no llegue a prisión, mientras exhortaba a las cúpulas castrenses a actuar "con compasión" y colaborar en la reconstitución de los hechos que llevaron a la desaparición de personas durante la dictadura. Asimismo, el abogado Héctor Salazar (PPD y miembro de la mesa de diálogo), dijo: "Este país no resiste vivir con mil cadáveres debajo de la alfombra.... " Omitía que la espúrea mesa que integra, no sólo puede ser una alfombras sino también la tumba legal que oculte los crímenes de la dictadura A su turno, la directiva del PS declaró que la "tupida red" de resguardos institucionales y la propia incorporación del general (r) Pinochet al Senado no lograron cumplir con el propósito definido de "asegurar la impunidad" del ex gobernante. Dejaba bajo la alfombra su participación en la aceptación negociada de tal "red" y la acción de sus militantes "cancilleres" (Insulza y Valdés) en la defensa del ex dictador.

PARA LA DERECHA, PINOCHET ES OBJETO DE "PERSECUCIÓN POLÍTICA. Al respecto, la UDI, por intermedio de Pablo Longueira, sostuvo que el proceso está absolutamente politizado, mencionando el hecho de que los tribunales están investigando hechos falsos como es sostener que los detenidos desaparecidos están vivos. Asimismo, insistió en que se está desconociendo la Ley de Amnistía y los tratados internacionales sobre el debido proceso, incluido el hecho de que no está en condiciones de salud para defenderse. Mientras que para RN el fallo en favor del desafuero se basa en consideraciones políticas y no jurídicas. Por lo cual, Alberto Cardemil demanda al Gobierno asumir su responsabilidad en la necesidad de cerrar la transición y por ello, insiste en su propuesta de buscar una solución político-jurídica al tema de los DD. HH, incluido el juicio a Pinochet. Ante tantas declaraciones conciliadores, Augusto Pinochet Hiriat, hijo del ex dictador, no descartó la intervención de Lagos, para encontrar una salida política a la situación que afecta a su padre. En efecto, dijo: "yo entiendo que el Presidente Lagos tiene las atribuciones suficientes y, en un determinado momento, va a tener que intervenir con un corte político, porque lo que se está creando es una semilla de una separación profunda y cuando un país crece con una semilla de este estilo puede llegar a resultados, como fueron el 11 de septiembre". Y, repitiendo las clásicas frases de Lavín y Lagos durante la campaña presidencial, agregó: "Para que un país se reconcilie, para que un país vuelva a funcionar, tiene que olvidar las heridas hacia atrás".

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.Ramón@numerica.it
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