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Según acuerdo, el ejército tendría seis meses para informar sobre desaparecidos
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 11 de Junio, 2000. Chl - La formúla del acuerdo
permitirá al ejército un plazo de
seis meses para dar la información sobre
desaparecidos.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
LA FÓRMULA DEL ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO PARA LOS DD. HH
El documento delega en las FF. AA. la búsqueda de información entre sus miembros,
activos y en retiro. Para ello tendrán un plazo de seis meses, prorrogable por
otros seis, para entregar antecedentes sobre el paradero de los desaparecidos.
Michele Chapochnick
Tras casi 11 meses de negociación, y pocos días después que varios de sus
integrantes la declararan por muerta, los miembros de la mesa de diálogo
llegaron a un principio de acuerdo sobre una fórmula para encontrar los restos
de los detenidos desaparecidos y solucionar el tema de los derechos humanos. Los
representantes de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, los
abogados de derechos humanos y los otros miembros de la mesa de diálogo, están
finalmente en las puertas de un acuerdo de derechos humanos, el que se firmaría
el lunes 12 de junio.
El documento de consenso, que será sometido al pleno el próximo lunes, entrega a
las Fuerzas Armadas y Carabineros la tutela para encontrar información entre sus
miembros. Para ello tendrán un plazo de seis meses, momento en que el Presidente
de la República, Ricardo Lagos, deberá evaluar el curso de la investigación
militar y decidir si prorroga el plazo por otros seis meses. Los antecedentes
que recabados deberían ser entregados por los comandantes en jefe al primer
mandatario, quién deberá entonces hacerlos llegar al presidente de la Corte
Suprema.
En principio, los términos del texto histórico quedaron acordados por los
miembros de la instancia el jueves 8 de junio en la tarde. Después de ello, una
nueva comisión mandatada por la mesa quedó a cargo de la redacción. Aunque la
rúbrica del documento estaba prevista para ayer, la discusión de algunos puntos
retrasó ese hecho.
La comisión redactora quedó esta vez formada por representantes de las cuatro
"fuerzas" de la instancia: general Juan Carlos Salgado (Fuerzas Armadas), el ex
subsecretario de Carabineros, Luciano Fouilloux (ministerio de Defensa); el
abogado de derechos humanos, Héctor Salazar, y su colega José Zalaquett,
("comité de civiles").
El equipo de trabajo estuvo el jueves y ayer todo el día ultimando la redacción
del texto, del cuál sólo quedó pendiente definir algunas "ideas" de la parte
dedicada al reconocimiento histórico. Anoche, el documento habría empezado a
circular entre los demás miembros de la mesa. El lunes, en la que seguramente
será la última sesión de la mesa, el "pleno" revisará el documento.
LOS PUNTOS DEL PACTO
Según fuentes de la mesa serán los uniformados quienes decidirán de qué forma
incentivan la entrega de antecedentes por parte de los militares. También se
propone la elaboración de un proyecto de ley para que los encargados de
recepcionar los antecedentes dentro de las instituciones castrenses puedan
acogerse al "secreto profesional", de modo de proteger la identidad de quiénes
colaboren.
Las Fuerzas Armadas contarán con seis meses para recabar la información. Según
fuentes cercanas a la mesa, antes de realizar esta tarea las Fuerzas Armadas se
comprometerán solemnemente ante el país.
Terminado el primer plazo, el Presidente de la República, Ricardo Lagos,
evaluará la "investigación" y decidirá si prorroga el plazo por otros seis
meses. Ya sean seis meses o un año, terminado el trabajo de recolección los
militares entregarán la información al jefe de Estado, quién a su vez se lo hará
llegar al presidente de la Corte Suprema.
Recién entonces el poder judicial designará a ministros en visita o jueces
regionales para investigar los casos.
EVENTUAL FRACASO
En caso de que el mecanismo descrito no dé resultados, de acuerdo a la
evaluación que el primer mandatario realizará a los seis meses, el texto le
propone otras medidas para incentivar la entrega de información. Se trata
principalmente de sistemas planteados en la discusión de la mesa. Así, el plazo
para los uniformados no representa ninguna suerte de punto final.
Entre otros, destaca el modus operandi suscrito en el principio de acuerdo de
marzo: premios y castigos para la entrega de información, en relación a rebajas
de penas para quiénes entreguen datos, y recrudecimiento de las condenas para
quiénes no colaboren con la justicia.
A pesar de la inclinación de algunos miembros de mesa por la integración de los
incentivos pecuniarios, el texto dejó fuera tanto las recompensas económicas
para quiénes entreguen información como las indemnizaciones para los familiares
de detenidos desaparecidos.
RECONOCIMIENTO HISTÓRICO
Fuentes de la mesa aseguran que en el tema del reconocimiento histórico aún no
llega a un acuerdo final. Sí existe consenso en la referencia a las culpas
compartidas en el clima de violencia suscitado
antes de 1973. Así como en la declaración de principios en que se sostiene que
estos acontecimientos no pueden volver a suceder.
En cambio, en otros aspectos existen dos versiones. Los civiles proponen que en
el documento hagan una mea culpas todas las partes por su responsabilidad en el
golpe de Estado y en los sucesos posteriores. También están por un párrafo que,
sin entrar en detalles ni en explicitaciones, aluda a los asesinatos de
opositores durante los años del régimen militar y se hace mención a la actuación
de agentes del Estado.
Sin embargo, según fuentes ligadas a la mesa, los uniformados promueven una
redacción en que las responsabilidades quedan más difusas.
LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
[Fuente: Diario La Tercera, Santiago de Chile, 10jun00]
CÓMO SE GESTÓ EL PACTO DE LA MESA DE DIÁLOGO
El Presidente Ricardo Lagos pidió acelerar las conversaciones para firmar el
documento de derechos
humanos, en una intensa operación en la que jugaron un rol clave la abogada
Pamela Pereira y el ministro Mario Fernández.
Nueve meses después de que el ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma
constituyera la mesa de diálogo que intentaría solucionar los temas pendientes
en derechos humanos, y cuando algunos de sus miembros se mostraban escépticos
frente a resultados concretos, sorpresivamente, reflotó un acuerdo.
La eventual firma del documento -que todo indica se realizará mañana en el
edificio Diego Portáles- no fue una casualidad. Para su concreción confluyeron
una serie de factores políticos, entre ellos, la situación que afecta al general
(R) Augusto Pinochet, y el buen momento por que pasan las relaciones entre el
Presidente Ricardo Lagos y el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo
Izurieta, quienes limaron asperezas el 21 de Mayo, cuando viajaron juntos a
Iquique.
A este escenario auspicioso, donde quedó evidenciada la voluntad del Gobierno y
los uniformados, respecto de llegar a un acuerdo, se sumó el hecho que en los
últimos días prosperaron dos propuestas sobre el tema, de las cuales La Moneda
tomó expreso conocimiento. Por una parte, el comité redactor de la mesa elaboró
un texto que recogía los principales términos del principio de acuerdo de marzo.
Paralelamente, la abogada de derechos humanos, Pamela Pereira, levantó una
iniciativa propia que -a través de un silencioso lobby- hizo llegar a Palacio y
a manos de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Mientras las sesiones de la mesa estaban suspendidas, Pereira protagonizó el
capítulo clave que destrabó los desencuentros en la mesa, al punto que su
propuesta encontró eco en el propio Presidente Lagos y en el mundo castrense.
REUNIONES CLAVE
Lagos esperó que Fernández llegara de su visita oficial a Estados Unidos, el
domingo pasado, para pedirle expresamente que agilizara el acuerdo. El martes 6,
Fernández se reunió en su despacho con los comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas y de Orden. Ese mismo día, conversó tres veces con Lagos -dos
personalmente y una a través del teléfono- sobre la instancia de diálogo.
Luego que en La Moneda se constató que la disposición de los uniformados
coincidía con los intereses de Palacio, Fernández diseñó una estrategia para
aprobar el acuerdo. Primero fijó de urgencia una reunión de la mesa para el
miércoles. Para esa ocasión, el ministro contemplaba que el científico Claudio
Teiteilbom abriera la sesión, relatando la iniciativa confeccionada por el
comité redactor -que él presidía-. Acto seguido, Pereira presentaría su
propuesta. Después de un intermedio se iniciaría el debate y la recta final del
documento. Esa misma noche, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros recibirían el nuevo principio de acuerdo para su aprobación. El
jueves, Lagos daría a conocer el documento definitivo.
DEMORA
Ni Fernández ni los demás integrantes de la mesa, que estaban al tanto de la
operación, previeron que se abriría un largo debate en torno a las propuestas.
Todos los integrantes de la mesa pidieron la palabra y la discusión se extendió
hasta cerca de las 23 horas. Fernández decidió suspender la sesión para el día
siguiente. En ese momento pidió a los redactores que recogieran las inquietudes
y las integraran al un texto final. Incluso hubo miembros del ministerio que
trabajaron durante toda la noche en el texto.
El jueves, Fernández suspendió un viaje a Valparaíso donde se analizaría el
proyecto Tridente, de construcción naval impulsado a fines de 1998.
Durante esa jornada hubo consenso en casi todos los términos del acuerdo, salvo
en el reconocimiento histórico de lo sucedido en Chile en 1973 y otros puntos
menores. Se designó para continuar el trabajo a una nueva comisión integrada por
el general Juan Carlos Salgado, los abogados José Zalaquet y Héctor Salazar, y
el ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouilloux.
El viernes, día en que según el plan se firmaría el documento, se decidió
postergar el acuerdo para el lunes. El equipo redactor se retrasó en ultimar la
redacción, trabajo que recién terminó esa noche, instante en que el escrito
empezó a circular entre los demás miembros de la mesa.
Durante este fin de semana, el Presidente y los comandantes en jefe conocerán el
acuerdo y, lo más probable, es que el lunes Lagos realice un discurso después de
la firma del documento.
LAS RAZONES DEL GOBIERNO Y LAS FUERZAS ARMADAS PARA PRECIPITAR EL PACTO
El Gobierno y las Fuerzas Armadas encontraron una salida para sellar un acuerdo
sobre derechos humanos, cuyos términos calzan con las aspiraciones de cada
sector.
Los uniformados suscribirán un documento que no los obliga a entregar resultados
inmediatos: cuentan con un mínimo de seis meses para entregar información sobre
los desaparecidos. Esto les
era vital por dos razones: primero, porque la firma del documento les permite
dar muestras de su "colaboración" para cerrar uno de los capítulos más complejos
de la transición, cuestión que incluso creen que puede ser bien evaluado en la
Corte Suprema, a la hora de evaluar el fallo que desaforó al general (R) Augusto
Pinochet.
Segundo, no aparecen "traicionando" a Pinochet, pues el acuerdo de la mesa no
exige resultados perentorios.
Para el Gobierno la ventaja está en que el acuerdo no es asemejable a una ley de
Punto de Final, pues el Mandatario tiene la posibilidad de evaluar el trabajo de
las Fuerzas Armadas y abrir otras vías para la búsqueda de antecedentes. Además,
según el diseño previsto, el propio Lagos será el encargado de entregar los
antecedentes al Presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, cuestión que no
contradice la postura de La Moneda, en el sentido de que los casos deben ser
investigados por los tribunales. Y por último, el acuerdo de la mesa
prácticamente no necesita de un proyecto de Ley para ser puesto en marcha, lo
que evita que el Gobierno deba enfrascarse en una nueva negociación con la
oposición.
[Fuente: Juan Andrés Quezada y Michelle Chapochnick para el Diario La Tercera de
Santiago de Chile, 11jun00]
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