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I. Declaración sobre el Acuerdo de la Mesa de Diálogo
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 20 de Junio, 2000. Chl - 1/2 Declaración pública sobre el Acuerdo de
la Mesa de Diálogo.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL EQUIPO NIZKOR ANTE EL ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO.
http://www.derechos.org/nizkor/Chile/doc/nizkor.html
El Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. respalda en todos sus términos la declaración de abogados de
derechos humanos rechazando el acuerdo de la Mesa de Diálogo y que difundimos
internacionalmente con fecha de 17jun00.
http://www.derechos.org/nizkor/Chile/doc/mesa2.html
Tal y como se recoge en la declaración de abogados de derechos humanos, la Mesa
de Diálogo:
A) Carece de representatividad en su composición y por ende de legitimidad, al
quedar fuera las Agrupaciones de Familiares de las Víctimas de los graves
crímenes contra los derechos humanos y los abogados de derechos humanos que
desempeñan su trabajo movidos por la realización de derecho a la justicia;
B) Elabora una peligrosa y "Grosera tergiversación histórica al explicar el
Golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende como una consecuencia
de la "espiral de violencia política" que se habría iniciado en la década de los
60, minimizando igualmente la gravedad de tal acto de fuerza al calificarlo
simplemente como " los hechos del 11 de septiembre de 1973", "hechos" que los
autores de la declaración se encargan de legitimar.
Es evidente que en la elaboración del acuerdo se dejó de lado en forma expresa
la legalidad vigente en el derecho interno chileno, el Derecho Internacional de
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como los acuerdos
que el Estado chileno está obligado a respetar. Es necesario destacar que este
acuerdo sólo se puede entender si el Estado chileno denuncia el Pacto de San
José de Costa Rica, como hizo el presidente Fujimori con el Estado peruano.
Por otra parte, se utilizan criterios que repugnan y sobrepujan cualquier
racionalidad, como entender que el cómplice de un delito contra la humanidad
tiene algún derecho de confidencialidad o de secreto profesional. Este criterio
no sólo rompe con la igualdad ante la ley, sino que convierte la impunidad en
una prerrogativa de los oficiales militares que escapa a toda organización
interna de un ejército que pretenda defender un estado de derecho.
En realidad estamos ante una cuestión de legitimidad, si bien, y además, desde
el punto de vista de la legalidad, este acuerdo no tiene soporte alguno, como
explicaremos en nuestra declaración. Lo que pretende el acuerdo es devolver la
legitimidad perdida por la Fuerzas Armadas chilenas en el mismo momento que se
produjo la detención de Augusto Pinochet Ugarte en Londres. El Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.,
que tuvo una participación directa en estos acontecimientos, tiene muy claro que
el problema básico de los criminales chilenos, como los de otras nacionalidades,
es que se ven enfrentados por primera vez a problemas de legitimidad para los
que no tienen ninguna solución. Lamentablemente, para ellos la historia no los
absolverá y es inútil que pretendan firmar un documento que diga que no actuaron
institucionalmente. Hay suficientes pruebas de ello en varios países y, además,
si así no fuera, estaríamos ante el supuesto de que el Estado chileno fue
atrapado por una banda de delincuentes desconocidos y capaces de controlar todos
los resortes del Estado.
Nuestro trabajo en contra de los modelos de impunidad se basa precisamente en
deslegitimar por medio de la difusión de documentación digitalizada y de
acciones judiciales la actuación de estas auténticas organizaciones criminales
que han sobrepujado la conciencia de la humanidad. Nadie puede en estos casos
absolverlos de sus culpas y mucho menos pretender representar la voluntad de las
víctimas. Esto sólo es posible mediante el ejercicio de la justicia, la
reconstrucción de la memoria y el derecho a la verdad.
Precisamente el relator de la ONU sobre impunidad en derechos civiles y
políticos advierte del peligro de las tesis revisionistas y negacionistas de la
historia: "El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece
a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas apropiadas en el
nombre del deber a la memoria que incumbe al estado. Esas medidas tienen por
objeto la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente
para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionanistas. " [La
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos
(civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por el relator
especial L. Joinet Ref Onu E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. 1]
La falta de cientificidad en la interpretación y relato histórico realizados por
los integrantes de la Mesa de Diálogo y que viene a ratificar el modelo de
impunidad que se pergeñó en Chile con anterioridad a las elecciones democráticas
en las que resultó elegido el Presidente Allende, queda demostrada de manera
patente con tan sólo el informe que el Comité Church del Senado estadounidense
realizó sobre las operaciones encubiertas en Chile por parte de la tristemente
celebre CIA. El Comité Church de investigación sobre la CIA duró catorce meses.
La publicación de esta investigación se hizo en dos informes especiales:
"Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, an Interim Report"
("Supuestas Conspiraciones para el Asesinato de Dirigentes Extranjeros, un
Informe Interino", 20 de noviembre de 1975 y "Covert Action in Chile, 1963-1973"
("Operaciones Encubiertas en Chile, 1963-1973), 18 de diciembre de 1975; el
informe final se publicó en abril de 1976 en seis libros, junto con siete
volúmenes complementarios de testimonios tomados durante las vistas públicas del
Comité. Ameringer, C. D. (1990). U. S. foreign Intelligence 347-8.
Un extracto de los contenidos de este informe fue diseminado en lengua española
por el Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa. en dos mensajes de fecha 28mar00 y próximamente editaremos
el informe completo sobre las operaciones encubiertas en Chile.
El informe Church revela que el derrocamiento del Gobierno de Allende fue
planificado al menos 10 años antes en lo que constituye bajo la doctrina de
Nuremberg un "plan común" con finalidad delictiva y cuyos conspiradores forman
parte de lo que, en el derecho internacional de obligado cumplimiento emanado de
Nuremberg, constituye una organización criminal.
El acuerdo alcanzado por la Mesa de Diálogo, en su relato histórico de los
hechos, supone una ratificación y un intento de legitimación de esta
organización criminal, al margen del derecho y por lo tanto, de toda legalidad
tanto interna como internacional.
Pero además:
C) Tal acuerdo contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario que son de obligatorio cumplimiento por
parte del Estado chileno, y más concretamente, desconoce y desafía la doctrina y
jurisprudencia que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos
han venido desarrollando en los últimos 25 años:
1.- LOS CRÍMENES COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR CHILENA SON CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD Y NO SÓLO VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El golpe de Estado militar con el que el 11 de septiembre de 1973 fue derrocado
en Chile el gobierno democráticamente elegido del presidente Salvador Allende
prefiguró la implantación de un programa de violaciones de derechos humanos
sistemáticas y generalizadas por el régimen encabezado por el general Augusto
Pinochet. Miles de personas fueron detenidas sin cargos ni juicio, torturadas,
ejecutadas extrajudicialmente, "desaparecidas", secuestradas o perseguidas por
motivos políticos.
En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 3448 (XXX) de 9
de diciembre de 1975) reconoció la existencia de la práctica institucionalizada
de la tortura, los malos tratos y la detención arbitraria. Tanto el Grupo de
Trabajo Especial de las Naciones Unidas encargado de investigar la situación de
los derechos humanos en Chile, creado por la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas por Resolución 8 de 27 de febrero de 1975, como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados
Americanos, documentaron abundantemente estas violaciones de derechos humanos
sistemáticas y generalizadas. En 1976, el Grupo de Trabajo Especial sobre Chile
concluy6 que los actos de tortura perpetrados por el gobierno militar, como
crímenes que son contra la humanidad, debían ser perseguidos por la comunidad
internacional (documento de la ONU A/31/253, del 8 de octubre de 1976, párrafo
511). La naturaleza sistemática y generalizada de estas violaciones de derechos
humanos fue reconocida oficialmente por el gobierno de Chile en su informe de
1990 al Comité contra la Tortura, órgano de expertos creado en cumplimiento de
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Convención contra la Tortura) para supervisar la aplicación de ese
tratado.
Conforme al derecho internacional, la naturaleza generalizada y sistemática de
las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar desde
septiembre de 1973 hasta marzo de 1990 las convierte en crímenes de lesa
humanidad.
Aunque los instrumentos legales posteriores a Nuremberg han profundizado en la
definición de crímenes contra la humanidad, existe un acuerdo generalizado sobre
los tipos de actos inhumanos que constituyen crímenes contra la humanidad, los
cuales son esencialmente los mismos que se reconocían hace casi ochenta años. A
la luz del desarrollo actual del Derecho Internacional, tanto consuetudinario
como convencional, constituyen crímenes contra la humanidad el genocidio, el
apartheid y la esclavitud. Así mismo, han sido considerados crímenes contra la
humanidad la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las
desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción a estado de
servidumbre, los trabajos forzosos, las persecuciones por motivos políticos,
raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos
sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter
arbitrario. [Comisión de Derecho Internacional, Informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º período de sesiones, 6
de mayo a 26 de julio de 1996. Asamblea General. Documentos Oficiales
Quincuagésimo primer período de sesiones. Suplemento No. 10 (A/51/10), pp. 100 y
ss. [en adelante, "Código de Crímenes"]. Este informe contiene el Proyecto de
Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad en su versión de
1996.]
2.- AL INTEGRARSE EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS CHILE ACEPTÓ EL DERECHO
INTERNACIONAL DEL ESTATUTO Y DE LOS PRINCIPIOS DE NUREMBERG, INCLUÍDA LA
OBLIGACIÓN DE ENJUICIAR Y CASTIGAR A LOS RESPONSABLES DE CRÍMENES CONTRA LA
HUMANIDAD.
Los principios reconocidos en el acuerdo firmado en Londres el 8 de agosto de
1945 por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas -al que se adherirían después 19 países: Australia,
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Etiopía, Grecia, Haití, Holanda, Honduras,
India, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, Uruguay,
Venezuela y Yugoslavia-, por el que se decide el establecimiento del Tribunal
Militar Internacional, son llamados oficialmente en las Naciones Unidas "los
Principios de Nuremberg". El parte de acuerdo, que integró los Principios en
casos de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, se llama Estatuto
de Nuremberg (Charter of the International Military Tribunal). El texto, en la
parte de su articulado que hace a los principios, es el siguiente:
"Artículo 6. El Tribunal establecido por el Acuerdo mencionado en el Artículo 1
para juzgar y castigar a los principales criminales de guerra de los países
europeos del Eje, tendrá competencia para juzgar y castigar a las personas que,
actuando en interés de los países europeos del Eje, como individuos o como
miembros de organizaciones, hubieran cometido alguno de los crímenes que se
enumeran a continuación:
Los siguientes actos, o uno cualquiera de ellos, son crímenes sujetos a la
jurisdicción del Tribunal, por los cuales habrá responsabilidad individual:
(a) CRÍMENES CONTRA LA PAZ: es decir, planeamiento, preparación, iniciación o
ejecución de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de los
tratados internacionales, acuerdos o seguridades, o la participación en un plan
común o en una conspiración para ejecutar cualquiera de los actos precedentes;
(b) CRÍMENES DE GUERRA: es decir, violaciones de las leyes y de las costumbres
de la guerra. Estas violaciones incluyen, pero no están limitadas, a asesinatos,
maltrato y deportación para trabajos forzados o para cualquier otro propósito,
de poblaciones civiles de territorios ocupados o que se encuentren en ellos;
asesinatos o maltrato de prisioneros de guerra o de personas en los mares,
ejecución de rehenes, despojo de la propiedad pública o privada, injustificable
destrucción de ciudades, pueblos y aldeas, devastación no justificada por
necesidades militares;
(c) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: es decir, asesinatos, exterminio, sometimiento
a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier
población civil antes de, o durante la guerra; o persecuciones por motivos
políticos, raciales o religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier
crimen de la jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la
legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.
Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la
elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para
cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables por todos los
actos realizados por todas las personas en ejecución de tales planes.
Artículo 7. La posición oficial de los acusados, sea como jefes de Estado o como
funcionarios de responsabilidad en dependencias gubernamentales, no será
considerada como excusa eximente para librarlos de responsabilidad o para
mitigar el castigo.
Artículo 8. El hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de
órdenes de su Gobierno o de un superior jerárquico no liberará al acusado de
responsabilidad, pero ese hecho podrá considerarse para la atenuación de la
pena, si el Tribunal determina que la justicia así lo requiere". [Nazi
Conspiracy and Aggression. United States Printing Office. Washington, 1946. Vol
I, pp. 5-6. Nota: La versión española de estos artículos del Estatuto de
Nuremberg está tomada de: Osmañczyk, Edmund J., Enciclopedia Mundial de
Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, Fondo de Cultura Económica,
México, 1976.]
El 13 de febrero de 1946 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 3
(1), en la que "toma conocimiento de la definición de los crímenes de guerra,
contra la paz y contra la Humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal
Militar de Nuremberg de 8 de agosto de 1945".
Estos principios fueron integrados en las sentencias del Tribunal Militar
Internacional de Nuremberg, del 30 de septiembre y 1 de octubre de 1946. El
Secretario General de la ONU, Trygve Lie, en su informe complementario, sugirió
el 21 de octubre de 1946 que los Principios de Nuremberg fuesen adoptados como
parte del Derecho Internacional. En su resolución 95 (I) de 11 de diciembre de
1946, la Asamblea General de la ONU aceptó formalmente la sugestión y por lo
tanto, "confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el
Tribunal de Nuremberg y por la Sentencia de ese Tribunal".
El efecto de las resoluciones mencionadas es consagrar con alcance universal el
derecho creado en el Estatuto y en la Sentencia del Tribunal de Nuremberg. [Nur.
U. S. Mil. Trib, 4 Dec. 1947, Justice Trial, A. D., 1947, 282; Canada, High Court
of Justice, 10 July 1989, Regina v. Finta, I. L. R., 82, p. 441]
El tenor literal de la mencionada resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946
es el que sigue:
"95 (I). Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por
el estatuto del Tribunal de Nuremberg.
La Asamblea General,
Reconoce la obligación que tiene, de acuerdo con el inciso (a) del párrafo 1 del
Artículo 13 de la Carta, de iniciar estudios y hacer recomendaciones con el
propósito de estimular el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su
codificación;
Toma nota del Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar
Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de
guerra del Eje europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945, y del
Estatuto anexo al mismo, así como del hecho de que principios similares han sido
adoptados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juicio de
los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, promulgados en Tokio
el 19 de enero de 1946.
Por lo tanto,
Confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del
Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal:
Da instrucciones al Comité de codificación de Derecho Internacional, establecido
por resolución de la Asamblea General de 11 de diciembre de 1946, para que trate
como un asunto de importancia primordial, los planes para la formulación, en una
codificación general de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o
de un Código Criminal Internacional, conteniendo los principios reconocidos en
el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las sentencias de dicho Tribunal.
[Asamblea General de las Naciones Unidas, Quincuagésima quinta sesión plenaria,
11 de diciembre de 1946.]
A su vez, mediante resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947, relativa a
la Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las
sentencias del Tribunal de Nuremberg, la Asamblea General, decide confiar dicha
formulación a la Comisión de Derecho Internacional, encargando a esta Comisión:
a) Que formule los principios de Derecho Internacional reconocidos por el
Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg; y
b) Que prepare un proyecto de código en materia de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad, en el cual se indique claramente la función que
corresponde a los principios mencionados en el precedente inciso a)."
La Comisión, en su primera reunión de mayo a junio de 1949, elaboró dichos
Principios y Delitos, adoptándolos en 1950. [Informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre los trabajos de su décimo segunda sesión, Documentos
oficiales de la Asamblea General, quinta sesión, Suplemento No. 12 (A/1316), pp.
12-16 (versión en lengua francesa)] Tales principios se transcriben a
continuación:
"Principio I. Toda persona que cometa un acto que constituya delito dentro del
Derecho Internacional es responsable del mismo y está sujeto a sanción.
Principio II. El hecho de que el Derecho nacional no sancione un acto que
constituya un delito dentro del Derecho Internacional no exime de
responsabilidad, conforme al mismo derecho, al ejecutor de tal delito.
Principio III. El hecho de que una persona que haya cometido un acto que
constituya un crimen conforme al Derecho Internacional, haya actuado como Jefe
de Estado o como funcionario público, no le exime de responsabilidad conforme al
Derecho Internacional.
Principio IV. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una
orden de su Gobierno o de un superior no lo exime de responsabilidad conforme al
Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de
elección moral. Sin embargo, puede esta circunstancia ser tomada en
consideración para atenuar la pena si la justicia así lo requiere.
Principio V. Toda persona acusada de un delito conforme al Derecho
Internacional, tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el
derecho.
Principio VI. Los crímenes que se enumeran a continuación son punibles bajo el
Derecho Internacional:
a) Crímenes contra la paz; a saber:
1. Planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que
viole tratados, acuerdos y garantías internacionales.
2. Participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera
de los actos mencionados en el inciso 1.
b) Crímenes de guerra; a saber:
Las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. Tales violaciones
comprenden, sin que esta enumeración tenga carácter limitante, el asesinato, el
maltrato o la deportación para realizar trabajos en condiciones de esclavitud, o
con cualquier otro propósito, de poblaciones civiles en territorios ocupados, o
que en ellos se encuentren; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra
o personas en el mar; la matanza de rehenes; el saqueo de la propiedad pública o
privada; la destrucción incondicional de ciudades, villas o aldeas,o la
devastación no justificada por las necesidades militares.
c) Crímenes contra la Humanidad; a saber:
El asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos
inhumanos cometidos contra una población civil, o las persecuciones por razones
políticas, raciales o religiosas, cuando tales actos sean cometidos o tales
persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar cualquier delito de guerra, o en
relación con tales delitos.
Principio VII. La Complicidad en la perpetración de un crimen contra la paz, un
crimen de guerra o un crimen contra la Humanidad de los enumerados en el
Principio VI es un crimen bajo el Derecho Internacional. " [Osmañczyk, Edmund J.,
Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, Fondo de
Cultura Económica, México, 1976, pp. 787-788. Ver también dirección electrónica
de la Universidad de Minnesota: http://www.umn. edu/humanrts]
Estos principios relativos a la responsabilidad del individuo y de los agentes
del Estado en la conspiración para cometer crímenes contra la humanidad y en la
comisión de los mismos, han llegado a la redacción de 1996, en cuyo artículo 2,
relativo a la responsabilidad individual, se recoge la participación directa en
el plan o confabulación para cometer el crimen de genocidio y la comisión
intencional de tal crimen (artículo 17), crímenes contra la humanidad (artículo
18), crímenes contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado
(artículo 19) y, por último, crímenes de guerra (artículo 20). [Informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º período de
sesiones, 6 de mayo a 26 de julio de 1996. Asamblea General. Documentos
Oficiales Quincuagésimo primer período de sesiones. Suplemento No. 10 (A/51/10),
p. 20]
También los Estatutos de los Tribunales ad-hoc, para la ex-Yugoslavia y Ruanda,
se han hecho eco de estas figuras que arrancan de Nuremberg.
En su Informe sobre la constitución de un Tribunal Internacional encargado de
juzgar a "las personas presuntamente responsables de violaciones graves del
derecho humanitario internacional cometidas en el territorio de la
ex-Yugoslavia" desde 1991, el Secretario General de la ONU ha enumerado varias
convenciones que en su opinión forman parte del Derecho Internacional
consuetudinario, a saber:
a) el Reglamento de La Haya de 1907,
b) el Estatuto del Tribunal Militar internacional de Nuremberg de 1945,
c) el Convenio sobre el crimen de genocidio de 1948,
d) los Convenios de Ginebra de 1949.
La constatación por el Secretario General del carácter consuetudinario de estos
instrumentos es vinculante para todos los Estados conforme al artículo 25 de la
Carta de la ONU, pues el Consejo de Seguridad aprobó el Informe del Secretario
General sin ninguna reserva (S/Res.. 827, 25 de mayo de 1993, pár. 2).
Por último, y si tenemos en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional
orientó su trabajo hacia la futura creación de una Corte Penal Internacional, es
necesario añadir que el Estatuto de este Tribunal, aprobado en Roma en julio de
1998, se hace eco de los principios de Nuremberg en su artículo 25, sobre
responsabilidad penal individual, artículo éste enmarcado bajo la rúbrica de
"Principios Generales de Derecho Penal".
Art. 25. Responsabilidad penal individual
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto
de las personas naturales.
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable
individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá
ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:
a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no
penalmente responsable;
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en
grado de tentativa;
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o
encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión
del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del
crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución
deberá ser intencional y se hará:
i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del
grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de
la Corte; o
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; (....)
Todo ello ilustra bien a las claras la obligación erga omnes que tienen todos
los Estados de la comunidad internacional de aplicar los principios emanados de
Nuremberg, entre otras cosas, porque la mera pertenencia a la Organización de
las Naciones Unidas mediante la aceptación del estatuto de la misma, lleva
ínsita la aceptación y el compromiso por hacer cumplir los principios que,
emanados de Nuremberg, han pasado a ser Derecho Internacional de obligado
cumplimiento, tanto consuetudinario como convencional. Resaltamos al respecto
los Principios I y II:
"Principio I. Toda persona que cometa un acto que constituya delito dentro del
Derecho Internacional es responsable del mismo y está sujeto a sanción.
Principio II. El hecho de que el Derecho nacional no sancione un acto que
constituya un delito dentro del Derecho Internacional no exime de
responsabilidad, conforme al mismo derecho, al ejecutor de tal delito."
El acuerdo de la Mesa de Diálogo, al no exigir el derecho a la justicia y al
garantizar la impunidad de quienes en muchos casos han participado del plan y de
la ejecución del plan por el que se cometieron estos crímenes, atenta gravemente
contra estos principios y es contrario a la racionalidad de todo Estado de
Derecho.
3.- LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS, SON
IMPRESCRIPTIBLES, POR LO QUE EL HECHO DE HALLAR LOS CUERPOS DE LOS
DESAPARECIDOS, NO CONLLEVA LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO, al margen de que la
concepción y ejecución de un plan criminal (ver sentencia del Tribunal
Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso Tadic, de 15jul99, par. 185
a 237) de este tipo es un crimen conforme al derecho internacional y al margen
de que el eventual hallazgo de los cuerpos de algunos de los desaparecidos no
evita en absoluto, la calificación del tipo como de crimen contra la humanidad
ni su imprescritibilidad.
En razón de la naturaleza de estos crímenes, como ofensa a la dignidad inherente
al ser humano, los crímenes contra la humanidad tienen varias características
específicas.
1) Son crímenes imprescriptibles. Precisamente así lo establece la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución
2391 (XXII) de 1968 y el tratado del Consejo de Europa (Imprescriptibilidad de
los Crímenes contra la humanidad y de los Crímenes de Guerra, adoptado por el
Consejo de Europa el 25 de enero de 1974). Este principio fundamental del
derecho internacional fue reafirmado en el Artículo 29 del Estatuto de la Corte
Penal Internacional.
2) Son imputables al individuo que los comete, sea o no órgano o agente del
Estado. Conforme a los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de
Nuremberg, toda persona que comete un acto de esta naturaleza "es responsable
internacional del mismo y está sujeta a sanción". Igualmente, el hecho de que el
individuo haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado, no le
exime de responsabilidad. Tampoco, puede ser eximido de responsabilidad penal
por el hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior
jerárquico: esto significa, que no se puede invocar el principio de la
obediencia debida para eludir el castigo de estos crímenes.
Por lo tanto, la persecución de este tipo de crímenes es ajena a cualquier
estatuto de inmunidad, ya se trate de jefes de estado o de personas en altos
puestos gubernamentales. Las famosas sentencias dictadas en el Reino Unido a
raíz de la extradición de Augusto Pinochet no han venido sino a ratificar en
derecho interno lo que ya era derecho internacional de obligado cumplimiento por
los Estados: el fallo "Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the
Metropolis and Others Ex Parte Pinochet Regina v. Evans and Another and the
Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (On
Appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division)", de 24mar99, y el
fallo del Juez Bartle en su sentencia de 08oct99.
En su Fallo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg declaró: los
"delitos de derecho internacional son cometidos por hombres, no por entidades
abstractas, y únicamente castigando a los particulares que cometen esos delitos
se pueden hacer respetar las disposiciones del derecho internacional".
El Tribunal de Nuremberg explicitó que la inmunidad soberana del Estado no era
aplicable a los casos en que el Estado autorizaba la comisión de actos, como los
crímenes de lesa humanidad, que "escapaban a su competencia en virtud del
derecho internacional":
[L]a esencia misma del Estatuto consiste en que los individuos tienen deberes
internacionales que trascienden la obligación nacional de obediencia impuesta
por el Estado en cuestión. El que viola las leyes de la guerra no puede obtener
inmunidad cuando actúa en cumplimiento de la autoridad del Estado si el Estado
en cuestión, al autorizar esos actos, excede la competencia que ejerce en virtud
del derecho internacional.
Y el ejército chileno se consideraba a sí mismo como un ejército en operaciones,
estando sus integrantes obligados por el derecho de las convenciones de Ginebra
y todo el derecho de guerra consuetudinario de obligado cumplimiento anterior a
1949.
En consecuencia, conforme al derecho internacional ningún Estado tiene poder
para promulgar leyes internas que dispongan la inmunidad de cualquier individuo
frente a su responsabilidad penal o civil por crímenes de lesa humanidad.
No abordaremos en este escrito el tema de la no inmunidad de los Jefes de
Estados e individuos en cargos oficiales por crímenes contra la humanidad y el
desarrollo de este principio en el derecho internacional a lo largo de los 50
últimos años.
Sí diremos que el principio de derecho internacional según el cual los jefes de
Estado y los funcionarios del Estado no disfrutan de inmunidad procesal se
aplica tanto a los tribunales internacionales como a los tribunales nacionales;
es más, así lo indican claramente los instrumentos internacionales. Por
ejemplo, la Ley Núm. 10 del Consejo del Control Aliado, promulgada por las
potencias aliadas, que creó los tribunales militares nacionales encargados del
enjuiciamiento de los acusados pertenecientes al Eje por crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y crímenes contra la paz, disponía en su Artículo
4(a) que "el cargo oficial de una persona, ya sea como Jefe de Estado o
responsable oficial en un Departamento de Gobierno, no la exime de
responsabilidad por un crimen ni constituye motivo para reducir la pena". El
Artículo IV de la Convención para la Prevención y 1a Sanción del Delito de
Genocidio es aplicable tanto a los tribunales internacionales como a los
procesamientos que, conforme al Artículo VI, los Estados Partes tienen la
obligación de emprender en sus tribunales nacionales. El Principio 18 de los
Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones
Extalegales, Arbitrarias o Sumarias, de las Naciones Unidas, estipula: "Los
Gobiernos harán comparecer a esas personas [las identificadas como participantes
en ese tipo de homicidios] ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a
otros países que se propongan someterlas a juicio [...] con independencia de
quienes sean los perpetradores". El Artículo 14 de la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, de las
Naciones Unidas, dispone: "Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas y
apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo presunto autor de un
acto de desaparición forzosa, perteneciente a la jurisdicción o bajo el control
del Estado de que se trate, sea sometido a juicio".
La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas ha explicado por qué
es parte esencial del sistema legal internacional el principio de que los jefes
de Estado y los funcionarios del Estado no distan de inmunidad procesal cuando
cometen crímenes comprendidos en el derecho internacional:
"[L]os crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad suelen requerir la
participación de personas que ocupan puestos de autoridad pública, capaces de
formular planes o políticas que entrañen actos de gravedad y magnitud
excepcionales. Estos crímenes requieren el poder de utilizar o autorizar el uso
de los medios esenciales de destrucción y de movilizar el personal requerido
para ejecutar esos crímenes. El funcionario público que proyecte, instigue,
autorice u ordene estos crímenes no sólo proporciona los medios y el personal
requerido para cometerlos, sino que además abusa de la autoridad y el poder que
le han sido conferidos. Por tanto, puede incluso ser considerado más culpable
que el subordinado que de hecho comete el acto criminal. Sería paradójico
permitir a individuos, que en algunos aspectos son los más responsables de los
crímenes previstos en el Código, invocar la soberanía del Estado y escudarse
tras la inmunidad que su carácter oficial les confiere, particularmente dado que
esos crímenes odiosos consternan a la conciencia de la humanidad, violan
algunas de las normas más fundamentales del derecho internacional y amenazan la
paz y la seguridad internacionales". (Código de Crímenes, doc. cit., p. 50)
3) A las personas responsables o sospechosas de haber cometido un crimen contra
la humanidad no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder
refugio, tal cual prevén los Principios de cooperación internacional en la
identificación, detención extradición y castigo de los culpables de crímenes de
guerra o de crímenes de lesa humanidad (Principio 5), adoptados por Resolución
3074 (XXVII) de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 1. F) y
Declaración sobre el Asilo Territorial (artículo 1. 2).
4) Como crimen internacional, la naturaleza del crimen contra la humanidad y las
condiciones de su responsabilidad son establecidas por el derecho internacional
con independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de los
Estados. Esto significa que el hecho de que el derecho interno del Estado no
imponga pena alguna por un acto que constituye un crimen de lesa humanidad, no
exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido. Por
ello, es que precisamente el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, establece que aún cuando nadie podrá ser condenado por
"actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivo según el
derecho nacional o internacional", se podrá llevar a juicio y condenar a una
persona por "actos y omisiones que en el momento de cometerse, fueran delictivos
según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional". Similar cláusula tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Así que la ausencia de tipos penales en el derecho penal interno para reprimir
los crímenes contra la humanidad, reconocidos como parte de estos principios del
derecho internacional, no puede invocarse como obstáculo para enjuiciar y
sancionar a sus autores.
5) Estos crímenes no son amnistiables, por lo que las amnistías e indultos que
han permitido la impunidad de los militares chilenos autores de estos crímenes,
no pueden ser invocadas. Primeramente, porque estas medidas que han permitido la
impunidad, han denegado el derecho a un recurso judicial y a saber la verdad que
le asiste a las víctimas, han sido consideradas incompatibles con el Pacto
Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esta característica la desarrollaremos brevemente en un epígrafe aparte.
6) Estos crímenes están sujetos a jurisdicción penal universal, tanto de los
tribunales internacionales como de los tribunales internos de los estados.
Como ya se ha mencionado, este principio de jurisdicción universal, ha quedado
reconocido por el derecho internacional desde el establecimiento del Tribunal
Militar Internacional de Nuremberg, que tenía jurisdicción sobre los crímenes de
lesa humanidad con independencia del lugar en el que se hubieran cometido. Los
principios articulados en el Estatuto y la Sentencia de Nuremberg fueron
reconocidos en 1946 como principios de derecho internacional por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (Resolución 95 (I)). [Ver epígrafe siguiente].
CONTINUA 2/2
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