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II. Declaración sobre el Acuerdo de la Mesa de Diálogo
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 20 de Junio, 2000. Chl - 2/2 Declaración pública sobre el Acuerdo de
la Mesa de Diálogo.
Equipo Nizkor. Derechos Human Rights. Serpaj Europa.
Información.
DECLARACIÓN PÚBLICA DEL EQUIPO NIZKOR ANTE EL ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO.
http://www.derechos.org/nizkor/Chile/doc/nizkor.html
4.- LOS ESTADOS ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR ANTE LA JUSTICIA A LOS
CULPABLES DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, CON INDEPENDENCIA DE SI ESTÁN
CODIFICADOS COMO DELITOS EN EL DERECHO INTERNO DE UN ESTADO. ESTA OBLIGACIÓN
EMANA TANTO DEL DERECHO CODIFICADO POR LAS NACIONES UNIDAS COMO DEL DERECHO DEL
SISTEMA INTERAMERICANO.
El hecho de que la legislación internacional sobre crímenes de lesa humanidad no
haya sido incorporada al derecho penal interno de un Estado no exime a éste de
responsabilidad internacional por abstenerse de llevar a cabo investigaciones
judiciales. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las
Naciones Unidas (Artículo 15(2)) como el Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa
(Artículo 7(2)) establecen que una persona acusada de crímenes de lesa humanidad
puede ser procesada conforme a los principios establecidos y reconocidos por el
derecho internacional. Recordando los principios que inspiraron el Fallo de
Nuremberg y la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Comité contra la Tortura ha considerado que, en lo que hace a la tortura, esta
obligación impera con independencia de si un Estado ha ratificado o no la
Convención contra la Tortura, ya que existe "una norma general de derecho
internacional que obliga a los Estados a tomar medidas eficaces para impedir la
tortura y para castigar su prácticas" (Comité contra la Tortura, decisión del 23
de noviembre de 1989, Comunicaciones No l/1988, 2/1988 y 3/1988, Argentina,
decisiones de noviembre de 1989, párrafo 7. 2).
Los crímenes de lesa humanidad se rigen por el derecho de gentes: Los crímenes
de lesa humanidad y las normas que los regulan forman parte del jus cogens
(derecho de gentes). Como tales, son normas imperativas del derecho
internacional general que, tal como lo reconoce el Artículo 53 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), no pueden ser modificadas o
revocadas por tratados o por leyes nacionales. Este Artículo dispone: "una norma
imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma
ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter".
Como explicó una eminente autoridad en la materia, "el jus cogens se refiere al
estatuto legal que alcanzan ciertos crímenes internacionales, y la obligación
erga omnes se deriva de los efectos legales que tiene la caracterización de
determinado crimen como sujeto al jus cogens... Existe suficiente fundamentación
legal para llegar a la conclusión de que todos estos crímenes [incluidos la
tortura, el genocidio y otros crímenes contra la humanidad] forman parte del jus
cogens" [Bassiouni, M. Cherif, International Crimes: Jus Cogens and obligatio
Erga Omnes, en Law & Contemp. Prob., 25 (1996), pp. 63, 68] Así lo reconoció,
como ya se ha expuesto, la Corte Internacional de Justicia en el fallo sobre el
asunto Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd. La prohibición por el
derecho internacional de actos como los imputados en estos casos es una
obligación erga omnes, y todos los Estados tienen un interés jurídico en velar
por su cumplimiento.
Esto significa que todos los Estados tienen la obligación de perseguir
judicialmente a los autores de estos crímenes, independientemente del lugar
donde estos fueron cometidos o de la nacionalidad del autor o de las víctimas.
Existe la obligación internacional de investigar, juzgar y condenar a los
culpables de crímenes contra la humanidad así como un interés de la comunidad
internacional para reprimir esta clase de crímenes.
Pero además, en virtud del principio de supremacía del derecho internacional
-principio que además esta codificado en el artículo 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado tanto Chile en 1981-, el
derecho interno de los Estados no es pertinente para modificar, mediante actos
de los poderes públicos de ningún tipo, incluidos los indultos y las amnistías,
la naturaleza jurídica de los Crímenes contra la Humanidad ni las obligaciones
internacionales que tiene el Estado de juzgar y sancionar los autores de estos
crímenes. Pero además, las normas relativas a los crímenes contra la humanidad
tienen la jerarquía de jus cogens y, como tales, no admiten acuerdo en
contrario: esto significa que no puede reconocerse validez jurídica a actos
unilaterales de los Estados tendientes a dejarlas sin efecto dentro de su
respectiva jurisdicción y tales actos unilaterales no son oponibles frente a los
demás Estados y a la comunidad internacional en su conjunto.
EL ESTADO CHILENO VIENE INCUMPLIENDO SISTEMÁTICAMENTE LA DOCTRINA Y LA
JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS: NULIDAD PER SE DE LAS LEYES DE AMNISTÍA Y OBLIGACIÓN DE EJERCER EL
DERECHO A LA JUSTICIA.
La reciente decisión de 22dic99 de la Comisión Interamericana en el caso de los
Jesuitas asesinados en El Salvador, viene a resumir la doctrina de la Corte al
Respecto [Informe n° 136/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CASO 10. 488: Ignacio Ellacuría, S. J. ; Segundo Montes, S. J. ; Armando López, S. J. ;
Ignacio Martín Baró, S. J. ; Joaquín López Y López, S. J. ; Juan Ramón Moreno, S. J. ;
Julia Elba Ramos; Y Celina Mariceth Ramos. El Salvador, 22 de diciembre de 1999,
par. 197-217. Versión oficial disponible en:
http://www.derechos.org/nizkor/salvador/doc/jesuitas.html]:
"4. La compatibilidad de la Ley de Amnistía General con la Convención Americana.
a. Consideraciones generales
197. Los Estados partes en la Convención Americana han asumido la obligación de
respetar y garantizar a las personas sometidas a su jurisdicción todos los
derechos y libertades protegidos en ella y de adecuar su legislación con el fin
de hacer efectivo el goce y ejercicio de esos derechos y libertades (artículos
1(1) y 2 de la Convención).
198. Algunos Estados, en busca de mecanismos de pacificación y reconciliación
nacional, han recurrido al dictado de leyes de amnistía que han desamparado a
las víctimas de serias violaciones de los derechos humanos al privarlas del
derecho de acceder a la justicia.
199. La compatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana ha
sido examinada por la Comisión en varias oportunidades en el contexto de la
decisión de casos individuales. La normativa examinada amparaba con la impunidad
serias violaciones de derechos humanos cometidas contra personas sujetas a la
jurisdicción del Estado parte de que se tratara.
200. La CIDH ha señalado reiteradamente que la aplicación de leyes de amnistía
que impiden el acceso a la justicia en casos de serias violaciones de los
derechos humanos hace ineficaz la obligación de los Estados partes de respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de ninguna
clase, según establece el artículo 1(1) de la Convención Americana. En efecto,
dichas leyes eliminan la medida más efectiva para la vigencia de los derechos
humanos, vale decir, el enjuiciamiento y castigo a los responsables. [En el
derecho internacional existen normas en igual sentido. Así, por ejemplo: el
artículo 1o de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (aprobada por la Asamblea General el
10 de diciembre de 1984), señala que constituyen actos de tortura "todo acto por
el cual se infrinja intencionadamente a un persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, (...) cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".
El artículo 4 establece que "Todo Estado Parte velará por que todos los actos de
tortura constituyan delitos conforme a su legislación... " y "castigará esos
delitos con penas adecuadas en las que tenga en cuenta su gravedad". Asimismo,
el artículo 12 de dicha Convención dispone que "Todo Estado Parte velará por
que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su
jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes
procedan a una investigación pronta e imparcial". Nota 105 del informe No.
136/99 de la CIDH.]
201. En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, la
CIDH se refirió específicamente a la Ley de Amnistía General (Decreto No. 486 de
1993) que nos ocupa. En efecto, el 26 de marzo de 1993, dentro del término que
tenía el Presidente Cristiani para vetar la recién aprobada ley de amnistía, la
CIDH se dirigió al Estado salvadoreño para manifestar, inter alia, lo siguiente:
(...)
"La Comisión desea llamar la atención de Su Excelencia respecto al hecho de que
los acuerdos de carácter político celebrados entre las partes, no pueden eximir
de ningún modo al Estado de las obligaciones y responsabilidades que éste ha
asumido en virtud de la ratificación, tanto de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como de otros instrumentos internacionales sobre la materia.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el Artículo 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados prohíbe que un Estado invoque
unilateralmente la ley nacional como justificación para no cumplir con las
obligaciones legales impuestas por un tratado internacional. Finalmente, en este
orden de ideas, el artículo 144, Inciso 2º de la Constitución de El Salvador
consagra que "La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado
vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley,
prevalecerá el tratado".
La Comisión Interamericana se permite recordar, además, al Gobierno de Su
Excelencia que El Salvador, como Estado parte en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, tiene, en virtud de la ratificación de la Convención
Americana, según señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el deber
jurídico de (...) investigar seriamente con los medios a su alcance las
violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de
identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de
asegurar a la víctima una adecuada reparación". Y agregó la Corte, refiriéndose
al artículo 1º de la Convención, que: "Si el aparato del Estado actúa de modo
que tal violación quede impune (...) puede afirmarse que ha incumplido el deber
de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su
jurisdicción".
(...)
203. Por su parte la Corte Interamericana ha dicho que "los Estados no pueden,
para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar
disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en este caso la Ley
de Amnistía que a juicio de esta Corte, obstaculiza la investigación y el acceso
a la justicia. Por estas razones, el argumento en el sentido de que le es
imposible cumplir con ese deber de investigar los hechos que dieron origen al
presente caso debe ser rechazado. En consecuencia, el Estado tiene el deber de
investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables
y evitar la impunidad". La Corte ha definido la impunidad como "la falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención
Americana" y ha señalado que:
El Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus
familiares (Caso Paniagua Morales y otros, supra 57, párr. 173).
204. La doctrina y la práctica de la CIDH en materia de amnistías coincide con
las conclusiones del estudio sobre impunidad preparado recientemente por Louis
Joinet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Impunidad. En su estudio,
presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2 de
octubre de 1997, Joinet recomendó la adopción de cuarenta y dos principios
destinados a la protección y promoción de los derechos humanos por medio de
acciones tendientes a combatir la impunidad.
205. El principio 20 se refiere al deber de los Estados en relación con la
administración de justicia. En este sentido, Joinet expresa que la impunidad
surge del hecho que los Estados no cumplen con su obligación de investigar estas
violaciones y adoptar, particularmente en el área de la administración de
justicia, medidas que garanticen que los responsables de haberlas cometido sean
acusados, juzgados y castigados. Surge, además, del hecho que los Estados no
adoptan medidas apropiadas para proveer a las víctimas de recursos efectivos,
para reparar los daños sufridos por ellas y para prevenir la repetición de
dichas violaciones.
(...)
209. Dicha ley [de amnistía] se aplicó con el fin de evitar el castigo o
juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 1° de
enero de 1992, incluidos aquellos examinados por la Comisión de la Verdad, entre
los que se cuenta el presente caso. El efecto de la amnistía se extendió, entre
otros, a delitos tales como las ejecuciones sumarias, la tortura y la
desaparición forzada de personas practicadas por agentes del Estado. Algunos de
los delitos amparados por este Decreto han sido considerados de tal gravedad por
la comunidad internacional que han justificado la adopción de Convenciones
especiales sobre la materia y la inclusión de medidas específicas para evitar su
impunidad, incluso la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de la
acción. [Corte I. D. H, Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997,
párr. 86]
b. Las violaciones a la Convención Americana por la Ley de Amnistía.
i. El deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la
Convención Americana)
210. El artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación de los
Estados partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que
fueran necesarias" para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en
la Convención. Esta disposición incluye una obligación negativa que consiste en
que los Estados están también obligados a abstenerse de dictar normas que
eliminen, restrinjan o hagan nugatorios los derechos y libertades consagrados en
la Convención o su eficacia.
211. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido en su opinión
consultiva OC-13/93, del 16 de julio de 1993, que:
Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y,
específicamente la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo,
omitiendo dictar las normas a la que está obligado por el artículo 2. También,
por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de
él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. Si esas normas se han
adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él, es
indiferente para estos efectos.
212. En el mismo sentido, la Corte ha expresado que:
El deber general del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen
violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición
de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de
dichas garantías.
213. En relación con la competencia de la CIDH para establecer que una norma
resulta incompatible con la Convención Americana, la Corte ha establecido que:
"No debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene a ese respecto las mismas
facultades que tendría frente a cualquier otro tipo de violación y podría
expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo en los demás casos.
Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de "leyes internas" y de que éstas
hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución", nada
significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades
protegidos. Las atribuciones de la Comisión en este sentido no están de manera
alguna restringidas por la forma como la Convención es violada". [La Comisión se
ha pronunciado previamente en este sentido en el Informe individual No. 25/98
(Chile) OEA/Ser/L/V/II. 98, así como en los Informes individuales No. 28/92
(Argentina), págs. 42-53, y No. 29/92 (Uruguay), págs 162-174 publicados en el
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1992-1993,
OEA/Ser. L/V/II. 83, Doc. 14, 12 marzo 1993]
En el ámbito internacional lo que interesa determinar es si una ley resulta
violatoria de las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en virtud
de un tratado. Esto puede y debe hacerlo la Comisión a la hora de analizar las
comunicaciones y peticiones sometidas a su conocimiento sobre violaciones de
derechos humanos y libertades protegidos por la Convención.
214. La CIDH considera, como lo expresó en su Informe 1/99 Caso 10. 480 (Lucio
Parada Cea), El Salvador, recientemente publicado, que el Decreto 486 de 1993 es
incompatible con las obligaciones convencionales de El Salvador, pues torna
legalmente ineficaz el derecho a la justicia establecido en los artículos 1(1),
8(1) y 25 de la Convención Americana y la obligación general asumida por El
Salvador de respetar y garantizar los derechos establecidos en dicha Convención
(artículo 1(1)).
(...)
216. En consecuencia, la Comisión reitera, con base en las consideraciones
precedentes, que dadas las circunstancias, fines y efectos de la ley general de
amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador mediante el decreto
486 de 1993, dicho acto violó las obligaciones internacionales asumidas por el
Estado al ratificar la Convención Americana, al permitir la figura de la
"amnistía recíproca" (que no tuvo como paso previo un reconocimiento de
responsabilidad) pese a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; su
aplicación a crímenes de lesa humanidad, y la eliminación de la posibilidad de
obtener una adecuada reparación integral, incluida la patrimonial, por el daño
causado. [Theo Van Boven, Relator Especial, Comisión de Derechos Humanos,
Naciones Unidas, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, Consejo Económico y Social, Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 451 período de
sesiones, Tema 4 del programa provisional, E/CN. 4/Sub. 2/1993/8, 2 de julio de
1993. En este sentido se pronuncian, también, otros relatores especiales que han
conocido de la materia. Vgr. L. Joinet, "Question of Impunity of perpetrators of
Violations of Human Rights (Civil and Political Rights)", Final Report, pursuant
to Subcommissión Resolution 1995/35, U. N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., 48th
Sess., Provisional Agenda Item 10, U. N. Doc. E/CN. 4/Sub. 2/1996/18 (1996).
217. Por ello, la CIDH concluye que el Estado ha violado el artículo 2 de la
Convención en concordancia con el artículo 1(1) del mismo instrumento
internacional".
En el caso del Decreto-Ley No. 2191 de 1978 de amnistía promulgado por el
gobierno del General Augusto Pinochet, igualmente la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos consideró que era incompatible con la Convención Americana
sobre Derechos Humanos [Informe No. 36/96, Caso 10. 843, Chile, 15 de octubre de
1996].
Las conclusiones a las que llegó CDIH en el mencionado informe [Garay Hermosilla
et al. v. Chile, Caso 10. 843, Informe No. 36/96,
Inter-Am. C. H. R.,OEA/Ser. L/V/II. 95 Doc. 7 rev. en 156 (1997)] son las siguientes:
"IX. CONCLUSIONES
104. Con fundamento en las consideraciones formuladas en el presente Informe, la
Comisión llega a las siguientes conclusiones:
105. Que el acto de poder mediante el cual el régimen militar que se instaló en
Chile, dictó en 1978, el denominado Decreto-Ley No. 2. 191 de auto-amnistía, es
incompatible con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ratificada por ese Estado el 21 de agosto de 1990.
106. Que la sentencia de la Corte Suprema de Chile, dictada el 28 de agosto de
1990 y su confirmatoria de 28 de septiembre del mismo año, que declara
constitucional y de aplicación obligatoria por el Poder Judicial el citado
"Decreto-Ley" No. 2191, cuando ya había entrado en vigor para Chile la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, viola lo dispuesto por los
artículos 1. 1 y 2 de la misma.
107. Que las decisiones judiciales de sobreseimiento definitivo dictadas en las
causas criminales abiertas por la detención y desaparición de las 70 personas a
cuyo nombre se inició el presente caso, no sólo agravan la situación de
impunidad, sino que, en definitiva, violan el derecho a la justicia que les
asiste a los familiares de las víctimas, de identificar a sus autores y de que
se establezcan sus responsabilidades y sanciones correspondientes, y obtener
reparación judicial por parte de éstos.
108. Que respecto de las 70 personas en cuyo nombre se promueve el presente
caso, el Estado de Chile ha dejado de cumplir con su obligación de reconocer y
garantizar los derechos contenidos en los artículos 8 y 25, en conexión con los
artículos 1. 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual
Chile es Estado parte.
109. Que el Estado de Chile no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en
el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de
que no ha adaptado su legislación sobre amnistía a las disposiciones de dicha
Convención. Sin perjuicio de ello, la Comisión valora positivamente las
iniciativas del Gobierno tendientes a que, por los órganos competentes, adopten
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legales vigentes, las
medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivo el
derecho de las mencionadas personas a obtener justicia."
En igual sentido: Meneses Reyes et al. v. Chile, Casos 11. 228, 11. 229,11. 231 and
11. 182 Informe No. 34/96, Inter-Am. C. H. R.,OEA/Ser. L/V/II. 95 Doc. 7 rev. en 196
(1997) y el Informe 25/98.
Ciertamente y como se ha mencionado, esta postura está respaldada por la
Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos en 1993, que insta a los gobiernos a "abrogar la legislación
que favorezca la impunidad de los autores de violaciones graves de derechos
humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las
bases para el imperio de la ley" [Documento de Naciones Unidas, A/CONF. 157/23.]
Igualmente, la Conferencia reafirmó que "es una obligación de todos los Estados,
en cualquier circunstancia, emprender una investigación siempre que haya motivos
suficientes para creer que se ha producido una desaparición forzada en un
territorio sujeto a su jurisdicción y, si se confirman las denuncias, enjuiciar
a los autores del hecho". Igualmente, la Declaración sobre la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas
establece en su artículo 18 que los autores o presuntos autores de
desapariciones forzadas no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u
otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier
procedimiento o sanción penal.
A su vez, en el caso Carmelo Soria [Informe No. 133/99 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso 11. 725 Carmelo Soria Espinoza
]la CIDH declara:
"78. La violación del derecho a la justicia y la consiguiente impunidad en el
presente caso son el resultado de una concatenación de hechos que se inician
cuando el gobierno militar expide en su favor y en el de los agentes del Estado
que cometieron violaciones de los derechos humanos, una sucesión de normas
destinadas a formar un complejo marco jurídico de impunidad. Este proceso
comenzó formalmente en 1978 cuando el gobierno militar sancionó el decreto-ley
No. 2. 191 de autoamnistía y se consumó con la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia en 23 de agosto de 1996, mediante la cual se aplicó dicho
Decreto Ley de amnistía en contra de Carmelo Soria Espinoza, al declarar
sobreseído el proceso por su muerte violenta."
Y entre sus conclusiones:
"157. La Comisión reitera asimismo que el Decreto Ley No. 2. 191 de autoamnistía,
dictado en el año 1978 por el pasado régimen militar de Chile, es incompatible
con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana, ratificada por ese
Estado el 21 de agosto de 1990.
158. La Comisión ratifica igualmente que el Estado chileno ha violado sus
obligaciones internacionales conforme a lo dispuesto en los artículos 1(1) y 2
de la Convención Americana a través de la sentencia de la Corte Suprema de Chile
de 23 de agosto de 1996 y su confirmación de 28 de septiembre del mismo año, que
declaran constitucional y de aplicación obligatoria por el Poder Judicial el
citado Decreto Ley No. 2191, cuando ya había entrado en vigor para Chile la
referida Convención Americana.
159. La Comisión ratifica además que el Estado chileno no ha dado cumplimiento a
las normas contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana, puesto que no
ha adaptado su legislación interna sobre amnistía a las disposiciones de dicha
Convención.
160. La Comisión reitera asimismo que el Estado chileno ha violado sus
obligaciones internacionales derivadas de las normas contenidas en el Convenio
sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente
Protegidas al haber aplicado el Decreto Ley 2. 191 de amnistía en virtud de que
sus órganos competentes de administración de justicia no han observado dichas
obligaciones internacionales al haber decidido la Corte Suprema de Chile, en
sentencia de 23 de agosto de 1996, la aplicación de dicho Decreto Ley. Por
tanto, el Estado chileno ha violado dicho Convenio Internacional en su artículo
2º, párrafo 1 --como norma de derechos humanos--al no haber dado castigo a los
delitos cometidos contra Carmelo Soria, persona internacionalmente protegida por
dicho Convenio quien, de acuerdo con la constancia emitida por la CEPAL el 8 de
septiembre de 1994 a solicitud de la Cancillería chilena, tenía la "calidad de
funcionario internacional superior permanente de las Naciones Unidas".
El Estado chileno incumple pues con sus obligaciones internacionales, tanto bajo
lo instrumentos que ha suscrito en el marco de las Naciones Unidas, como en el
sistema Interamericano e incluso en su derecho interno.
UE, 19 de junio de 2000
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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