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Denuncian ante Pastrana el exterminio de campesinos en el Magdalena Medio
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 12 de Junio, 2000. Col - Denuncian ante el presidente Pastrana el exterminio de campesinos
en el Magdalena Medio.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
CARTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA REGIÓN, DEL PAÍS Y DEL MUNDO AL
PRESIDENTE ANDRÉS PASTRANA SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL
MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO
Barrancabermeja, mayo 22 del 2000
Señor:
ANDRÉS PASTRANA ARANGO
Presidente de la República de Colombia
Ref.: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL ÉXODO CAMPESINO DE 1.998 POR PARTE
DEL GOBIERNO Y EL ESTADO, EL AUGE DEL PARAMILITARISMO Y LA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO
Reciba Usted un cordial saludo.
En la región del Magdalena Medio colombiano se desarrolla actualmente un plan
sistemático de exterminio del campesinado, de los pobladores, de las
organizaciones sociales y de sus representantes a través de la implementación de
un cerco militar - paramilitar agenciado por sectores autoritarios del Estado
Colombiano sobre la Región del Valle del Río Cimitarra, el sur
de Bolívar y la Ciudad de Barrancabermeja, territorios que son el último bastión
de la histórica lucha del campesinado y de los habitantes del Magdalena Medio
por la defensa de la vida y la dignidad frente al paramilitarismo de Estado.
Sólo durante los últimos meses la barbarie del paramilitarismo se ha visto
reflejada en los siguientes hechos: La arremetida paramilitar sobre veinte
veredas (Vallecito, El Diamante y Villanueva etc), en límites entre los
Municipios de San Pablo y Simití, donde fueron asesinados decenas de campesinos
y desplazados otros miles; la desaparición de EDGAR QUIROGA en el mes de
Noviembre de 1999, vocero del éxodo campesino de 1.998; el ataque directo de
las Fuerzas Armadas del Estado sobre la población civil en las veredas de San
Lorenzo, Yanacué, Coroncoros y Cuatro Bocas, como lo corroboró la Comisión
Interinstitucional del gobierno que verificó los hechos; el asesinato de 4
campesinos en San Juan del Ité; la masacre de 8
campesinos en San Luis Beltrán; la desaparición y el asesinato de NECTALY OYOLA,
administrador de la Tienda
Cooperativa de la vereda Alto San Juan en pleno casco urbano del Municipio de
San Pablo, así como los asesinatos selectivos que a diario cometen los
paramilitares en este pueblo. El asesinato por parte de paramilitares de
DIOMEDES PLAYONERO miembro de la Junta Directiva de la Asociación Campesina del
Valle del Río Cimitarra - ACVC; el asesinato de 23 campesinos y 3 desaparecidos
y aproximadamente unas 350 familias desplazadas en zona rural del Municipio de
Yondó en las últimas semanas; el asalto y saqueo por parte de 300 paramilitares
de la sede de la cooperativa de la ACVC en Cuatrobocas, donde además fueron
asesinados dos campesinos; los permanentes hostigamientos y amenazas
paramilitares contra los
habitantes de los cascos urbanos de Yondó y Cantagallo; el establecimiento de un
reten paramilitar a escasos 10 minutos del reten de la Armada Nacional en
Barrancabermeja, en el sitio conocido como La Rompida; los asesinatos
selectivos que realiza el paramilitarismo en la ciudad de Barrancabermeja, donde
solo durante los 3 primeros meses del año se
cometieron más de 100 homicidios y la permanente amenaza sobre el campesinado,
los pobladores urbanos, sobre las organizaciones sociales y sobre sus líderes.
Estas sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en la región evidencian
tristemente el incumplimiento de los acuerdos del 4 de Octubre de 1998 firmado
entre los voceros campesinos y el Presidente Andrés Pastrana, para culminar
concertadamente con el Éxodo Campesino del Magdalena Medio. Muy por el contrario
han sido masacrados después de los
acuerdos más de 500 campesinos y desplazados otros 30.000 pobladores rurales.
La estrategia modernizante y autoritaria paraestatal se ha consolidado en la
mayoría de los cascos urbanos del Magdalena
Medio, donde como ocurrió en los Municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrío,
las Fuerzas Armadas, la policía y las administraciones locales junto con el
narcotráfico y el latifundio hacen diariamente los planes genocidas contra
inermes campesinos, como sucede actualmente en los cascos urbanos de Rosa, San
Pablo y Simití.
En una calculada estrategia del paramilitarismo de Estado para burlar el
cumplimiento de los acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio y entrabar
una posible zona de despeje que posibilite el inicio de diálogos con la
guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar, se dieron, en un hecho sin precedentes,
las primeras marchas impulsadas por paramilitares en Colombia. Bajo
un clima de terror e intimidación permanente, centenares de familias campesinas
fueron obligadas bajo la intimidación y la amenaza a financiar y participar en
el taponamiento de las vías más importantes que comunican al Magdalena Medio con
el resto del país.
Otras movilizaciones de respaldo se dieron al mismo tiempo en el norte del país
en zonas de dominio del proyecto paramilitar.
Descaradamente altos funcionarios del Estado como el Ministro del Interior y el
propio comandante de las Fuerzas Armadas, respaldaron abiertamente estas
movilizaciones impulsadas por paramilitares, demostrando los nexos del Estado
con el paramilitarismo.
Este tipo de movilizaciones impulsadas por administraciones municipales,
autoridades civiles, con la participación directa e indirecta de la fuerza
pública y paramilitares se volvieron a presentar actualmente con el anuncio del
Gobierno de crear una zona de despeje en los Municipios de San Pablo, Cantagallo
y Yondó, secuestrando a miles de campesinos y pobladores de
la Región y manteniendo incomunicada la Región del Magdalena Medio con el resto
del país, sin que el Gobierno y el Estado colombianos hallan asumido
responsabilidad y acción alguna.
Por otro lado el gobierno ha incumplido todos los acuerdos y las expectativas
de inversión plasmadas en el Plan de Desarrollo y de Protección integral de los
Derechos Humanos del Magdalena Medio, formulado por las comunidades campesinas
y mineras. Por el contrario la dura realidad que diariamente sufre el
campesinado y los pobladores del Magdalena Medio se torna cada día más oscura
con la anunciada "ayuda" estadounidense de 1.600 millones de dólares para la
ejecución del Plan Colombia, supuestamente un plan antidrogas y de inversión
social.
Está claro que las víctimas de este disfrazado plan militarista seguirán siendo
los campesinos, pues este plan pretende fundamentalmente consolidar el
paramilitarismo en la región. Este plan se verá reflejado aquí en la compra de
aviones bombarderos, lanchas y sofisticados armamentos, miles de campesinos
serán asesinados y nuevamente serán desplazados bajo el pretexto de la lucha
antinarcóticos. Tal como está plasmado en la "Estrategia para el Desarrollo
Alternativo", la escasa "inversión social" del plan en la región se verá
reflejada en miles de hectáreas sembradas de Palma Africana, donde el campesino
será de nuevo siervo de los señores feudales: los narcolatifundistas del
Magdalena Medio.
Ante este panorama desolador, denunciamos ante el país y la comunidad
internacional:
1. La presencia actualmente en la región de más de 1.000 efectivos paramilitares
que obedecen a un plan sistemático de exterminio del campesinado y los
pobladores del Magdalena Medio.
2. La implementación de una calculada estrategia por parte del paramilitarismo
de Estado para burlar el cumplimiento de los acuerdos de las marchas campesinas
de 1996 y el Éxodo Campesino de 1998.
3. La evidente implementación del Pla n Colombia en la región para fortalecer
el paramilitarismo y la práctica foránea y excluyente de la economía de la palma
africana.
4. El anunciado recrudecimiento del accionar paramilitar en la región.
5. Las permanentes amenazas por parte de los paramilitares, las cuales han sido
confirmadas por los mismos comandantes militares y policiales de la región en
los distintos consejos de seguridad, sobre los miembros de la MESA REGIONAL DE
TRABAJO PERMANENTE POR LA PAZ, CREDHOS, FEDEAGROMISBOL, la ASOCIACIÓN CAMPESINA
DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA, la USO, la OFP y las demás organizaciones sociales
del Magdalena Medio.
Las organizaciones abajo firmantes exigimos al Gobierno y Estado colombiano:
1. Verificar estos hechos violatorios de los DDHH y crear inmediatamente por
decreto una comisión interinstitucional con presencia Nacional e Internacional
de carácter permanente y financiada por el gobierno para que verifique las
violaciones de los derechos humanos en la región según lo pactado en los
acuerdos de 1.998, para que acopie información, aporte y recoja
pruebas, evalúe el estado de las investigaciones y los mecanismos de impunidad
que han operado históricamente en la región, impulse las investigaciones
dilatorias y elabore un diagnóstico general sobre las prácticas violatorias de
los derechos humanos en el Magdalena Medio.
2. Impedir la impunidad, castigar a todos los culpables por las sistemáticas
violaciones de los derechos humanos en la región y reparar integralmente a las
víctimas.
3. Conformar inmediatamente el bloque de búsqueda paramilitar del Magdalena
Medio pactado en los acuerdos de 1998.
4. Convocar de urgencia al "Centro de coordinación de lucha contra los grupos de
autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley" para que según
su mandato, establecido en el decreto 324 del 2000, se combata a los grupos
paramilitares, se capture y judicialice a los paramilitares y se den los
mecanismos institucionales que permitan evitar masacres, asesinatos selectivos y
atentados contrae el campesinado y las organizaciones sociales del Magdalena
Medio.
5. Atender humanitariamente de emergencia a la población víctima y desplazada.
6. Reparar totalmente todos los daños y las pérdidas infringidas a la sede de la
Cooperativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en la vereda
Cuatrobocas resultado del criminal accionar paramilitar.
7. Cumplir con los acuerdos del Éxodo Campesino de 1998, firmados con los
voceros campesinos por el presidente Andrés Pastrana.
8. Iniciar un proceso de inversión social participativa a partir de la ejecución
del Plan de Desarrollo y de Protección de los Derechos Humanos del Magdalena
Medio pactado en los acuerdos de 1998.
NO MÁS MASACRES PARAMILITARES, NO MÁS DESPLAZAMIENTOS CAMPESINOS, NO MÁS
IMPUNIDAD!
EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA ESTOS CRIMENES DE LESA
HUMANIDAD COMETIDOS CONTRA EL CAMPESINADO Y LOS POBLADORES DEL MAGDALENA
MEDIO!
Atentamente,
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA - ACVC - ESPACIO DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE DERECHOS HUMANOS DEL MAGDALENA MEDIO, CREDHOS,
MESA REGIONAL DE TRABAJO PERMANENTE POR LA PAZ DEL MAGDALENA MEDIO, DERECHOS DE
LOS
NIÑOS INTERNACIONAL, MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE BARRANCABERMEJA - MEB, ASPROPAZ,
MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MAGDALENA MEDIO, ASOCIACIÓN DE
DESPLAZADOS ASENTADOS EN BARRANCABERMEJA, ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE YONDÓ
CORPORACIÓN MUJER, FAMILIA Y COMUNIDAD, SINTRADITB, COMUNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ,
FAMILIA FRANCISCANA, CENTRO DE ASESORÍA LABORAL DEL PERÚ (CEDAL) - PERÚ, LIGA
ARGENTINA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE (LADH) - ARGENTINA, ASFADES - MEDELLÍN, CUT.
- ANTIOQUIA, COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU) - CHILE, CEAC
- BARRANQUILLA, CSPP, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE El SALVADOR (CDGH) - EL
SALVADOR, COALICIÓN DE ONG PARA LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, CENTRO DE ESTUDIOS
LEGALES Y SOCIALES (CELS) - ARGENTINA, UNEB - BOGOTA, ANUC - UR, ASPU,
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, PNM, CFU (CIMA) - CAUCA, AVRE,
REINICIAR, ANDAS, ASOCIACIÓN POR DERECHOS HUMANOS (APRODEH) - PERÚ, CEBS,
MOVIMIENTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (MDN) - BRASIL, CENTRO NICARAGÜENSE DE
DERECHOS HUMANOS (CENIDH) - NICARAGUA, UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES DE ESPAÑA,
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ, SIEMPREVIVA, AFAVIT - TRUJILLO, ASFADES -
CUNDINAMARCA, INREDH - ECUADOR, AFROORICHA,
ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS (PDH) - BOLIVIA, PROGRAMA DE MUJERES Y
FAMILIA, FUNDACIÓN MANUEL CEPEDA, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA
(CDHG) - GUATEMALA, FECODE, LIGUE DES DROITS ET LIBERTES (LDL) - CANADA, LIGA
MEXICANA POR LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS (LIMEDDH) - MÉXICO, COMISIÓN
MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CODPDH) - MEXICO,
CENTER FOR CONSTITUCIONAL RIGHTS - USA, COMITÉ DE ACCIÓN JURIDICA (ARGENTINA),
CENTRO DE CAPACITACIÓN SOCIAL DE PANAMÁ, ODHAG - GUATEMALA, FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE LIGAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORPORACIÓN DE INVESTIGACIONES Y
ASESORÍAS PROFESIONALES COMUNITARIAS - CIENCIA APLICADA, CONSEJO ESTUDIANTIL DE
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA, ASOCIACIÓN CAMPESINA ARAUCANA, HUMANIDAD
VIGENTE CORPORACIÓN JURÍDICA, ILSA, MAESTROS ITINERANTES, PLAN DE DESARROLLO
INTEGRAL Y PAZ PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO, FUNDACIÓN RENACER LA VIDA EN EL
CATATUMBO,
Si su organización está interesada en respaldar esté documento y firmarlo, por
favor comunicarse con: cimitarra@mixmail.com
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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