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Piden dimisión del vice presidente y se movilizan campesinos del Cauca
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 15 de Junio, 2000. Col - Piden la dimisión del vice presidente y se movilizan mil campesinos del Cauca.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
DECLARACIÓN FINAL DEL IX FORO DE LOS DERECHOS HUMANOS
El IX Foro de los Derechos Humanos, reunido en Bogotá, Colombia, del 8 al 10 de
junio de 2000, ha sido un escenario privilegiado del clamor popular por cambios
políticos y sociales profundos en Colombia que permitan superar el actual estado
de inseguridad social, crisis económica, política, moral y escalada de la guerra
interior, con todas sus consecuencias para la sociedad.
El ideal de lograr la vigencia de los derechos humanos en su sentido integral
depende, ahora más que nunca, de dichos cambios. Y ellos implican la voluntad y
compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, actores directos o indirectos
de la crisis actual, para encontrar soluciones democráticas, que ataquen y
resuelvan sus causas estructurales a favor de la inmensa mayoría de los 42
millones de compatriotas.
El IX Foro ha dado un paso más en identificar los rumbos a seguir en la actual
coyuntura. Lo esencial es que se consoliden los procesos de diálogo para la paz
entre el Estado y las fuerzas insurgentes. Lo que significa que se pongan en
ejecución, sin vacilaciones ni salidas en falso, los acuerdos que garantizan los
diálogos dentro del país, las zonas de distensión, las Agendas comunes, las
audiencias públicas y las mesas de negociación Al cabo de un año y medio de
conversaciones es primordial que los avances se midan por los compromisos
concretos logrados en la negociación sustantiva en torno de las agendas
económica y social, política e institucional, así como en los medios para
transformar los acuerdos en cambios reales, perceptibles para la sociedad. En
esta perspectiva son importantes los aportes de todos los actores, empezando por
el Estado, alrededor del respeto de la población civil. La existencia de fuerzas
paraestatales que actúan en complicidad con
funcionarios públicos es, de por sí, el obstáculo más serio a remover en una
negociación conducente al acuerdo. Los movimientos guerrilleros deben asumir con
responsabilidad sus métodos y acciones en cuanto afectan a sectores civiles
indefensos.
Los derechos humanos integrales exigen cambios sustanciales en la actitud, las
políticas y el tratamiento del Estado a los reclamos populares. La búsqueda de
la paz debe ir a la par con la justicia y el bienestar sociales. El terrorismo
de Estado, la criminalización de la protesta y el inconformismo, la represión
mediante la violencia y el autoritarismo, alimentan la profundización de la
guerra y la mayor violación de los derechos fundamentales. La agresión contra
los pobladores rurales, la Universidad, el magisterio, el sindicalismo, los
periodistas, los creyentes, los defensores de los derechos humanos y la
oposición de izquierda no puede escudarse en el pretexto de la polarización del
conflicto y de las represalias. El Estado tiene la obligación, reafirmada en los
pactos
internacionales de los que es signatario, de garantizar las libertades y
derechos ciudadanos para todos, sin exclusiones ni excepciones. Existen
recomendaciones precisas de los organismos multilaterales de derechos humanos, a
nivel de la ONU, la OIT y la OEA, que deben ser ejecutadas de inmediato.
Esos derechos humanos integrales exigen la revisión y la modificación del actual
modelo económico y social inequitativo y polarizador. Ningún acuerdo nacional o
concertación podría ignorar la necesidad de este viraje, menos aún reafirmar el
rumbo actual so pretexto de los compromisos con el Fondo Monetario
Internacional. Dicho modelo debe ser reemplazado por políticas cuyo objetivo no
sea la acumulación de dinero sino la equidad social y la supresión de la
miseria. Problemas como la deuda pública, el empleo, los salarios e ingresos;
reformas como la agraria, las que desconcentren la propiedad y la riqueza,
estimulen la producción nacional, fortalezcan y reformen la educación pública,
regulen racionalmente el uso y desarrollo del medio ambiente y los recursos, son
temas prioritarias del nuevo enfoque social de la economía.
El IX Foro proclama que la solución de los problemas de Colombia debe ser obra
de los colombianos y colombianas, sin intervención militar de potencias
externas. Así mismo reconoce que la cooperación de la comunidad internacional es
un hecho positivo y necesario en la solución política de nuestro conflicto
interno, principal tarea de todos y todas hoy.
La política norteamericana de guerra contra las drogas ha fracasado. Esta
realidad ha reabierto una discusión desde enfoques plurales para elaborar una
política no centrada en el prohibicionismo ni la militarización. En este
sentido, el IX Foro de los Derechos Humanos considera negativo el Plan
Colombia en su concepción y en los medios de su ejecución, y llama a la opinión
nacional e internacional a proponer vías novedosas que no impliquen el
escalamiento de la guerra, los desplazamientos masivos de poblaciones, las
carreras armamentistas y la ingerencia militar externa. Apoya la petición de
organismos no gubernamentales en el sentido de no condescender a los donativos
que bajo el rubro del Plan se ofrecen para legitimar el ahondamiento y
prolongación del conflicto. Las audiencias internacionales multilaterales sobre
los narcóticos, como la que está prevista en El Caguán, contribuyen a la
búsqueda de nuevas salidas al flagelo de las economías
ilegales, agenciadas por el capital de los narcóticos con sus terribles efectos
sociales.
El IX Foro llama a todos los compatriotas a unir esfuerzos en una movilización
nacional que reivindique la búsqueda de la paz con justicia social, soberanía y
democracia; con participación de todos los colombianos y colombianas sin
excepción; para lograr una patria donde impere un criterio
social de solidaridad y la integralidad de los derechos humanos se constituya en
el fundamento de la convivencia democrática.
Bogotá, junio 10 de 2000
IX FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS EXIGE EL RELEVO INMEDIATO
DEL VICE-PRESIDENTE GUSTAVO BELL Y SE SOLIDARIZA CON LOS PERIODISTAS
AMENAZADOS
El IX Foro nacional por los derechos humanos, realizado en Bogotá los pasados 8,
9 y 10 de junio, con la participación de más de 800 delegados de todo el país,
exigió "el relevo inmediato del Vice-Presidente de la República, Gustavo Bell,
de sus funciones como promotor de la política nacional de derechos humanos por
considerarlo incompetente en la protección de los derechos humanos de todo los
colombianos".
El Foro también exigió pronta y humana solución al drama de las familias
desplazadas que ocupan la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
así como el respeto al derecho de asociación sindical, afectado por hechos como
la reciente desaparición de Gilberto Agudelo Martínez, presidente de
SINTRAUNICOL Medellín y el libro-bomba dirigido contra la dirigencia sindical
de los empleados del municipio de Yumbo (Valle).
Respecto del Plan Colombia, los deliberantes expresaron su rotundo rechazo, por
considerarlo un instrumento de guerra que no sólo agudizaría el conflicto
interno armado sino que generaría mayor desplazamiento y miseria en las
comunidades rurales. No obstante, saludaron la disposición de colaboración de la
comunidad internacional en la sustitución de cultivos, en la reubicación de las
comunidades en tierras aptas para la agricultura y en la preservación de los
ecosistemas frágiles de la Orinoquia y la Amazonia colombiana.
Finalmente, el IX Foro denunció la persistente persecución contra los
periodistas, 17 de los cuales han debido abandonar el país por amenazas contra
su vida, expresando además su solidaridad con ellos y sus familias.
Oficina de Prensa
Bogotá, junio 12 del 2000
LAS COMUNIDADES DEL CAUCA, CANSADAS DE ESPERAR CUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL GOBIERNO, LLEGAMOS HOY A BOGOTA
Este mes, que es el "mes del campesino" cerca de mil campesinos provenientes de
nueve municipios del Cauca llegamos hoy a Bogotá y estamos concentrados en la
Plaza de Bolívar.
Cansados de esperar una verdadera reforma agraria que apoye a la economía
campesina y resuelva
el crónico problema agrario, las comunidades movilizadas exigimos que una
Comisión del Alto Gobierno nos reciba y resuelva los puntos contenidos en el
"Pliego de exigencias de las comunidades del departamento del Cauca", en el cual
se exige:
1. REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO CAMPESINO -- INVERSIÓN PARA EL INCORA: compra
(5.000 hectáreas) y legalización de tierras, creación de zonas de Reserva
Campesinas, adición de recursos de inversión al INCORA y su NO LIQUIDACIÓN.
2.VIVIENDA RURAL: 10.000 millones para construcción y mejoramiento.
3. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL: 18.000 subsidios de salud para campesinos y 9.000
subsidios pensiónales para trabajadores del campo.
4. CULTURA: 2000 millones para apoyar programas culturales de las comunidades
rurales y creación de una comisión interinstitucional para resolver conflictos
inter-éctnicos.
5. MEDIO AMBIENTE: 5.000 millones para proyectos de reforestación, protección e
instalación de sistemas productivos agroforestales y silvopastoriles.
Nuestra permanencia en Bogotá, será hasta que el Gobierno pase de la retórica a
los hechos, atendiendo, de una vez por todas, nuestra crítica situación de
pobreza, pérdida de tierras, falta de crédito y demás problemáticas que atentan
contra la economía campesina y nuestras comunidades
rurales.
Hacemos un llamado a la opinión pública nacional e internacional, a las
personalidades y organizaciones democráticas, el movimiento obrero y popular, a
los organismos defensores de los
derechos humanos y a las organizaciones solidarias nacionales e internacionales
a solidarizarse con nuestra lucha, emitiendo pronunciamientos de apoyo y de
exigencias ante el gobierno nacional.
COMUNIDADES CAMPESINAS MOVILIZADAS DEL CAUCA
Santa Fe de Bogotá, 12 de Junio de 2000
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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