|
ALAI: Operación "Tierra Arrasada" contra el Sindicalismo
ANDAS: Campesinos Sin Tierra y Sin Techo se movilizan a la Capital
FCSPP: Acción Urgente por los Desplazados de Barranquilla
FCSPP: Acción Urgente por los Desplazados de Medellín
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 17 de Junio, 2000. DDHH: Colombia: Llamados Urgentes.
12 de Junio
COLOMBIA: OPERACIÓN "TIERRA ARRASADA" CONTRA SINDICALISMO
Servicio Informativo alai-amlatina
Agencia Latinoamericana de Información http://alainet.org
Por Eduardo Tamayo G. (Ginebra)
Organizaciones sindicales de todo el mundo presionan para que la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, envíe una "Comisión de
Encuesta" a Colombia, que contribuya a frenar el asesinato de sindicalistas.
"El mejor sindicalista es el sindicalista muerto". Esta es la sentencia
que se viene aplicando sistemáticamente en Colombia, país en el que en los
últimos 7 meses han sido asesinados 39 sindicalistas, denunciaron
dirigentes laborales en el seno de la 88° Conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT.
Además de los asesinatos - que en los últimos 13 años suman 2700 - los
sindicalistas han sido víctimas de amenazas de muerte, secuestros,
desplazamientos forzados, represión de sus movilizaciones y atentados
contra las sedes de sus organizaciones. La mayor parte de estas acciones
se atribuyen a los grupos paramilitares de derecha que actúan con total
impunidad.
Las violaciones a los derechos laborales y al elemental derecho a la vida
revisten tal gravedad, que el movimiento sindical mundial viene planteado,
desde hace dos años, el envío de una "Comisión de Encuesta" de la OIT a
Colombia.
La "Comisión de Encuesta", según los trabajadores, si bien no implica una
"sanción" de fuerza legal, constituye una expresión de la preocupación de
la comunidad internacional sobre la situación reinante en un determinado
país. El gobierno colombiano de Andrés Pastrana, por su lado, está
moviendo cielo y tierra para impedir el envío de la Comisión, que, según su
criterio, es la "máxima sanción moral que puede imponer la OIT y, por ende,
tendrá repercusiones negativas en diversos ámbitos internacionales, pero
muy especialmente en el comercio internacional". El Consejo de
Administración de la OIT, que es el organismo que debe tomar la decisión,
adoptará una resolución definitiva el 16 de junio próximo.
¿Por qué asesinan?
Para el dirigente Héctor Abril, secretario general de la Central Unitaria
de Trabajadores, con los ataques al sindicalismo, lo que quieren es acabar
con aquella franja de la sociedad civil que aún queda en pie y que se opone
a las políticas gubernamentales.
Abril desmiente las acusaciones del gobierno de Andrés Pastrana en el
sentido de que el envío de una Comisión de Encuesta atentará contra el
proceso de paz. "Los trabajadores somos los que más hemos contribuido a la
búsqueda de la paz, hemos estado presentes en los procesos de incorporación
a la vida civil de los movimientos guerrilleros M-19 y Ejército Popular de
Liberación", añadió.
¿Cuántos muertos más deben haber en Colombia para que la comunidad
internacional reaccione y adopte medidas? Es la pregunta que formula Luis
Anderson, directivo de la Confederación Internacional de la Organizaciones
Sindicales Libres, CIOLS. "Colombia se ha convertido en un gran cementerio
de trabajadores: han sido asesinados hombres, mujeres, jóvenes, militantes
liberales, conservadores, comunistas, es decir cualquier sindicalista que
luche por sus derechos", enfatiza Anderson.
Violencia y políticas neoliberales
La violencia y las medidas legales contra los sindicatos tienen estrecha
vinculación con el modelo neoliberal que se aplica en Colombia, asegura por
su lado Julio Roberto Gómez, dirigente de la Confederación General de
Trabajadores Democráticos de Colombia, CGTD, quien vive rodeado de
escoltas, tras recibir amenazas de muerte.
"En 10 años de aplicación pasamos de tasas de desempleo del 7 al 22%,
tenemos hoy día 3 millones 100.000 personas en el desempleo abierto, un
millón 600.000 desplazados por la violencia, el 56% de la economía en la
informalidad, ha crecido el abismo entre la pobreza y la riqueza, cada vez
hay más pobres y menos ricos? Esto necesariamente alimenta guerras
internas, que hoy están bajo la batuta de la guerrilla, de los
paramilitares, de los propios militares, pero también de la delincuencia
común", agrega.
La reforma laboral en Colombia incrementa las inseguridades de todo tipo
entre los trabajadores: Inseguridad por la inestabilidad en el empleo,
inseguridad por la imposibilidad de encontrar trabajo, inseguridad por el
deterioro de los salarios e inseguridad por el debilitamiento de los
sindicatos, se escribe en el documento "Libertad Sindical y Derechos
Humanos en Colombia", de la Confederación Mundial del Trabajo.
El movimiento sindical está siendo herido de muerte: entre 1991 y 1994
desaparecieron un total de 1.044 organizaciones de trabajadores que
afiliaban a 95.229 trabajadores. Esto equivale a más del 10 % de los
obreros sindicalizados que totalizan 903.000 personas. Con la reforma
laboral se están imponiendo nuevos impedimentos para la organización de
nuevos sindicatos, que ahora se debe hacerlos en la clandestinidad.
13 de Junio
SIN TIERRA Y SIN TECHO, CAMPESINOS
SE MOVILIZAN A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA
Más de mil campesinos del sur del país, cansados de la indiferencia del
gobierno central, debieron movilizarse hasta la capital para reclamar el
cumplimiento a viejas promesas oficiales. Por más de 48 horas permanecen a
la intemperie, en el atrio de una catedral, demandando la solidaridad de
organizaciones sociales y populares.
En el mes de junio en Colombia se celebra el mes del campesino. Pero en
este año, que marca el comienzo de una nueva centuria e ilumina los albores
de un nuevo milenio, los labriegos colombianos se encuentran más
desprotegidos que nunca. Más de un millón de campesinos sin tierra, casi
dos millones de hombres y mujeres del campo desplazados por la violencia y
la casi total ausencia del Estado en la atención a servicios públicos
esenciales para la población, caracterizan la celebración del año 2000.
A finales de 1999, los campesinos del departamento del Cauca, en el sur del
país, se movilizaron masivamente y ocuparon la llamada carretera
panamericana, una vía neurálgica del país, que conecta un dinámico comercio
con los países vecinos. Bloquearon la vía para llamar la atención del
gobierno central para que negociara un pliego de cinco puntos básicos, que
en lo fundamental reclaman la puesta en marcha de una plan de reforma
agraria, mediante la compra de cinco mil hectáreas para entregar a familias
sin tierra y la legalización de otros predios ya ocupados por los campesinos.
Al lado de esta petición central, reclaman la entrega de una partida de 10
mil millones de pesos para planes de vivienda rural y la entrega de 18 mil
subsidios para programas de salud y seguridad social, además de atención en
planes de difusión cultural y protección del medio ambiente.
La protesta del sur del país debió prolongarse a lo largo de varias
semanas, por cuanto en principio las autoridades centrales, en una actitud
de desgreño y menosprecio hacia los promotores de la movilización, no
quisieron enviar negociadores con capacidad de celebrar compromisos
reales. Al final, el propio ministro del Interior debió encabezar la
comisión gubernamental, que junto a la de los líderes campesinos, pudieron
firmar un acta de arreglo y compromiso del gobierno.
Sin embargo, el documento de acuerdo se quedó en el papel y ocho meses
después, el gobierno no ha cumplido ni uno solo de los puntos a que se
comprometió. Esta ha sido la razón para que un grupo de campesinos de diez
municipios de la región caucana haya llegado hasta la capital de la
República.
En inmediaciones de la Plaza de Bolívar a un costado de la Catedral Primada
de Colombia, los campesinos, al lado de sus esposas, de hermanos, padres e
hijos, soportan el frío intenso de la noche y un calor quemante en el día,
sin posibilidad de disponer de una ducha, servicios sanitarios ni agua
potable, a la espera de que el gobierno central atienda de nuevo a una
comisión de los marchantes.
La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS, Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción, ANUC-UR, Integración de
Desplazados de Colombia, INTERDECOL, Asociación de Desplazados para la
Convivencia Pacífica, ADESCOP, Putumayenses por la Vida, Desplazados del
Sur de Bolívar, Ocupación Pacífica de las instalaciones del Comité
Internacional de la Cruz Roja y la COORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS,
hacemos un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja y a organismos
de solidaridad y defensores de derechos humanos, buscando coordinar
acciones urgentes de ayuda y apoyo a los campesinos ocupantes de la Plaza
de Bolívar.
Al mismo tiempo, exhortamos a la comunidad internacional, a organizaciones
humanitarias del exterior, a que expresen su apoyo a los campesinos que hoy
ocupan la Plaza de Bolívar de Bogotá y dirijan mensajes al gobierno del
Presidente Andrés Pastrana Arango, para que sus funcionarios se comprometan
en una acción real de solución a las dramáticas demandas de salud,
vivienda, tierras y educación para las familias de esta región colombiana.
Para mayor información, transcribimos el texto íntegro del pliego de
peticiones suscrito por el gobierno, producto de la movilización del sur
del país en noviembre del año pasado.
PLIEGO DE PETICIONES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
Bogotá, junio 12 de 2000
La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 64, establece la
obligatoriedad del Estado Colombiano de dotar a los campesinos de tierra,
crédito, sistemas de comercialización, vivienda, salud y todos los demás
servicios necesarios para el desarrollo de las comunidades rurales.
Sin embargo, medias como la apertura económica, las dificultades con el
acceso y costo del crédito, la contra-reforma agraria, el adelgazamiento,
liquidación y posterior privatización de las entidades que prestan los
servicios al sector agropecuario, al igual que la irrisoria inversión
social rural, deslegitiman al Estado y a sus gobernantes porque marchan
en contravía de la Constitución, el desarrollo y la paz.
Los campesinos de los municipios de Miranda, Corinto y Caloto en el norte
del Cauca y de El Tambo, Popayán, Puracé y Totoró en el centro y de Paez,
Inza y Belalcazar en el oriente, nos hemos visto obligados a realizar esta
jornada de protesta a fin de encontrar solución a los problemas que aquejan
a la economía campesina y nuestras comunidades rurales.
Esta jornada está precedida de años de infructuosa gestión y de un
memorando entregado a Mininterior, Minagricultura, y Gerencia General del
INCORA, del cual no obtuvimos respuesta alguna, pues el gobierno estaba
demasiado ocupado concertando acuerdos con las cúpulas políticas como para
escuchar los reclamos del pueblo, por eso y ante el olvido eterno del
Estado y el silencio del actual gobierno frente al memorando,
EXIGIMOS:
1. REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO CAMPESINO INVERSIÓN PARA INCORA:
a. Compra de 5.000 hectáreas para campesinos sin tierra de los
municipios movilizados.
b. Creación de las zonas de Reserva Campesina de Totoró, Popayán,
Ríochiquito. Belalcazar, Tambo y Corinto.
c. Legalización de la tenencia de la tierra (titulación de baldíos,
extinción de dominio) en los municipios de Tambo, Inza, Belalcazar y Popayán.
d. Adición de recursos de inversión suficientes al INCORA para la
reforma agraria, de manera que el Instituto pueda cumplir con su misión y
evitar su liquidación como consecuencia de la aplicación del Artículo 69
de la Ley 547/99.
2. VIVIENDA RURAL
Destinación de diez mil millones de pesos para vivienda y mejoramiento de
vivienda campesina.
3. SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
a. Destinación de 18.000 subsidios de salud a campesinos, ampliando
la cobertura del régimen subsidiado.
b. Destinación de 9.000 subsidios pensionales para trabajadores
independientes del campo.
4. CULTURA
a. Creación de una comisión interinstitucional permanente, de alto nivel,
que sirva como espacio permanente para disminuir los conflictos
interétnicos entre campesinos e indígenas que se viven en la región.
b. Apoyo a programas y a proyectos culturales de las comunidades
campesinas por dos mil millones de pesos.
1. MEDIO AMBIENTE
Destinación De cinco mil millones de pesos para proyectos de reforestación,
protección e instalación de sistemas productivos agroforestales y
silvopastoriles en los nueve municipios que participan en la jornada.
Las comunidades rurales movilizadas exigimos la presencia de una comisión
del alto gobierno, compuesta por: Los ministros del Interior, Agricultura,
Salud, Medio Ambiente, Cultura, Gerente General de INCORA, Gerente de la
Red de Solidaridad Social, Defensor del Pueblo, Procuraduría General de la
Nación, y Procurador Agrario, para que atiendan y resuelvan los problemas
que se recogen en el pliego de exigencias de las comunidades campesinas del
departamento del Cauca.
14 de Junio
ACCIÓN URGENTE POR DESPLAZADOS EN BARRANQUILLA
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha tenido conocimiento
por parte de La Coordinación de Derechos Humanos de Barranquilla, sobre las
violaciones de los Derechos Humanos que se vienen cometiendo contra las
comunidades de desplazados en el Distrito de Barranquilla y su área
metropolitana, de las cuales han resultado varios lideres asesinados,
familias enteras víctimas de desalojos arbitrarios e ilegales por parte de
la fuerza pública y amenazas directas a lideres. Estas comunidades, nos
informan han tenido que organizarse para reclamar los recursos ofrecidos
por las autoridades.
HECHOS
La información nos indica que el día Martes 6 de junio del 2000, cuatro
hombres y una mujer fuertemente armados que se movilizaban en una camioneta
gris, sin placas, llegaron hasta la vivienda de la familia Morelos,
asentados en el Corregimiento de La Playa. Que preguntaron por ÁLVARO
MORELOS, contestándoles su señora madre que no se encontraba, ante lo cual
le manifestaron "que le dijera que dejara de trabajar en eso de los
desplazados, porque lo iban a matar".
Que el día sábado 10 de Junio, apareció por debajo de la puerta de la
misma vivienda, un comunicado firmado por las "AUTO DEFENSAS DE COLOMBIA
PARA-MILITARES RURALES & URBANAS MONTES DE MARIA SUR DE BOLÍVAR & CÓRDOBA",
informándoles que dicha familia la habían declarado objetivo militar, y que
les daban 24 horas para salir con toda la familia, porque de lo contrario
los asesinaban como a VÍCTOR Y JOSÉ, dos lideres desplazados asesinados en
este corregimiento.
Que de estos hechos se presentó ese mismo día, la denuncia ante la Sijín,
informándosenos, que manifestaron en esa dependencia, que mientras no se
presentara algún hecho, ellos no podían hacer nada.
SOLICITUDES
1. Que el gobierno colombiano les brinde a las familias amenazadas y
perseguidas del área metropolitana de Barranquilla todas las medidas de
protección que se requieran, para salvaguardar su vida y sus derechos.
2. Que mediante los organismos de seguridad y policivos del Estado, actúen
pronta y eficazmente para perseguir y desmantelar los grupos paramilitares
que atentan contra la población desplazada.
Atentamente,
JUNTA NACIONAL
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
14 de Junio
ACCIÓN URGENTE POR DEZPLAZADOS DE MEDELLÍN
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha recibido una denuncia
originada desde el Comité de Derechos Humanos Semillas de Libertad
CODEHSEL, que ha puesto en conocimiento, la negligencia y desatención del
Estado con las comunidades desplazadas forzosamente de sus territorios, y
que hoy se encuentran en asentamientos provisionales en la ciudad de
Medellín. A estas comunidades, le son negados y violados todos sus derechos
fundamentales, en especial a las comunidades del asentamiento de Vallejuelos.
HECHOS:
1. Que el día 14 de diciembre de 1998, la alcaldía municipal de Medellín
firmó un Convenio en el cual se comprometió a reubicar a seiscientas (600)
familias que fueron desplazadas forzosamente y que se encontraban asentadas
provisionalmente en el barrio Vallejuelos. Que el presupuesto asignado al
Convenio es de seis mil doscientos millones de pesos ($6.200.000), para
ser ejecutados en un plazo de diez y ocho meses (18).
2. Que el día 14 de junio de 2000, se venció dicho plazo sin que hasta el
momento se haya realizado el objeto del convenio. Que el gobierno municipal
negligentemente ha incumplido todos los acuerdos pactados con la comunidad
y durante estos dos años de negociación, ha intentado cansar a sus líderes
para que desistan de sus reivindicaciones.
3. Que esta situación es clara evidencia de la falta de voluntad política
del gobierno municipal y de las instituciones del Estado, encargadas de la
atención a la población desplazada para dar solución real y efectiva a su
problemática.
SOLICITUDES
1. Que se respeten todos los derechos constitucionales que le corresponden
a las comunidades asentadas en la Ciudad de Medellín, en su condición de
desplazados forzados por la guerra y la situación social.
2. Dar cumplimiento a los convenios pactados entre la comunidad desplazada
y el gobierno, que nos informan fueron firmados en el año 1998:
a. Que se garantice la reubicación inmediata de las comunidades del
asentamiento de Vallejuelos.
b. Que se respeten íntegramente todos los derechos individuales y
colectivos de las comunidades desplazadas, así como las recomendaciones
formuladas al gobierno nacional por los organismos internaciones de
protección de los derechos humanos.
3. Exigimos de parte del gobierno Nacional, evitar un tratamiento represivo
al conflicto que se pueda presentar, ante las necesidades de la comunidad
desplazada.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
Más información - Further information - Plus d'information
|