|
Colombianos piden a la CDH de la ONU el nombramiento de un relator especial
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 25 de Febrero, 2000. Col - Organismos colombianos piden a la Cdh de la ONU el nombramiento de
un relator especial.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
DECLARACIÓN CONJUNTA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS COLOMBIANOS ANTE EL 56 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS QUE SE CELEBRARÁ DEL 28 DE MARZO, AL 28 ABRIL EN GINEBRA.
La Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (la CDH o la Comisión) sobre
Colombia, en 1999 dijo que "lamenta que sus recomendaciones, así como las recomendaciones
formuladas por los mecanismos temáticos y otros órganos de Naciones Unidas, no han sido
implementadas debidamente".
A pesar de esto, el gobierno de Colombia sigue incumpliendo su obligación de implementar las
recomendaciones internacionales, tal y como se demuestra en el anexo de esta declaración
(disponible con las organizaciones firmantes), en el cual se hace un análisis comparativo entre
aquellas y su grado de cumplimiento.
En múltiples oportunidades, Naciones Unidas solicitó que se reformara el Código Penal Militar. En
1999 se expidió una ley aprobatoria de un nuevo código. Sin embargo, dicha reforma, lejos de
acatar las recomendaciones internacionales, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
colombiana (sentencia C-358 de 1997), permite que la justicia militar siga investigando y
juzgando violaciones de derechos humanos distintas de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Además, ese nuevo código no está vigente, pues se condicionó su vigencia a la expedición de una
nueva ley que organice administrativamente la justicia militar. A finales de 1999 todavía no
existía el proyecto de esa nueva ley.
Además, fue aprobada por el Congreso una ley que tipifica la desaparición forzada de personas,
después de 11 años y 5 proyectos fallidos. Sin embargo, de manera incomprensible el Presidente la
objetó y no la sancionó. Por esta decisión presidencial la legislación colombiana no se ajusta
todavía a los requerimientos de las normas y recomendaciones internacionales.
La impunidad por violaciones de derechos humanos es cercana al 100%. En desacato a la sentencia
de la Corte Constitucional, graves casos de violaciones de derechos humanos, se siguen juzgando
en la justicia militar. Además, están en la impunidad la mayoría de los casos tramitados
internacionalmente y en los cuales se ha condenado al Estado colombiano y se ha recomendado
juzgar a los responsables.
Durante 1999 la situación de derechos humanos y derecho humanitario continuó deteriorándose. En
1998 en promedio nueve personas fueron diariamente víctimas de la violencia sociopolítica. Este
número aumentó en 1999 a doce: seis murieron a causa de ejecuciones extrajudiciales, una fue
desaparecida, cuatro fueron muertas en combate y una persona mas fue muerta cada día por
pertenecer a sectores sociales considerados marginados. De las anteriores cifras, sin contar los
muertos en combate, una mujer pierde la vida cada dos días y una niña o niño cada diez días por
la violencia sociopolítica.
Los grupos paramilitares (que en repetidas ocasiones se ha demostrado actúan conjuntamente con
las fuerzas del Estado, o con su complicidad) son autores del 73% de estas violaciones; a la
fuerza pública se atribuye el 5%, para un total del 78%. El restante 22% se atribuye a las
guerrillas.
La fuerza pública no enfrenta decididamente a estos grupos. El gobierno anunció en agosto una
"Política Nacional de Derechos Humanos" (cuatro meses después de que la Comisión lo hubiera
felicitado, por la supuesta adopción de una política el año anterior). Se debe cumplir el
anuncio allí hecho de desvincular del servicio y juzgar los funcionarios comprometidos en graves
violaciones. Es necesario que el gobierno cumpla la reiterada recomendación de desmantelar los
grupos paramilitares.
Los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sindicales y sociales
continuaron. Desde mediados de 1996, han sido asesinados 36 defensores, cerca de cien han sido
amenazados y por lo menos 30 han debido salir del país por amenazas.
Son preocupantes las declaraciones hechas por altos mandos militares, como el Segundo Comandante
del Ejército, quien calificó públicamente en diciembre como adversarios del ejército "a los
insurgentes que presuntamente se han infiltrado en la Fiscalía, la Procuraduría y las fundaciones
que velan por los derechos humanos en el país". El Presidente de la República no rectificó estas
afirmaciones, a pesar de peticiones expresas del Procurador y el Fiscal, lo que aumenta el riesgo
de los defensores de derechos humanos.
El desplazamiento forzado sigue aumentando. Entre enero y septiembre fueron desplazadas 225.000
personas. En consecuencia, desde 1985 hasta 1999 se han desplazado más de 1.700.000 personas. La
principal causa del desplazamiento es el conflicto armado, aumentado por la existencia de
macroproyectos económicos.
La política gubernamental para la prevención del desplazamiento es ineficaz, ya que no ha
funcionado en desplazamientos anunciados previamente. Las víctimas carecen de atención efectiva
durante el desplazamiento y no existen medidas concretas y seguras para garantizar su protección.
Las partes en conflicto cometen graves infracciones al derecho humanitario. Las FARC secuestraron
y asesinaron a civiles incluidos tres reconocidos indigenistas. También el ELN, que introdujo
como nueva práctica los secuestros colectivos: 42 pasajeros en un avión, 59 personas en una
iglesia, 14 personas que se encontraban pescando.
Un ejemplo de infracción al derecho humanitario fue el ataque realizado en julio por las FARC, al
municipio de Nariño (Antioquia) con un carro-bomba que causó la muerte de cuatro civiles, entre
ellos dos niños. Un avión y helicópteros de la fuerza pública acudieron disparando
indiscriminadamente, en apoyo a la policía. Una niña que dormía en su casa, a 2 kilómetros de los
enfrentamientos, murió por un disparo realizado desde uno de los helicópteros.
A estas infracciones se suman la utilización de medios de guerra de efecto indiscriminado, las
ejecuciones fuera de combate y la ubicación de instalaciones militares en medio de las
poblaciones.
Colombia sufre hoy la peor crisis económica de los últimos setenta años que ha afectado a los
sectores más pobres, debido al alto nivel de concentración del ingreso y la propiedad. El 60% de
la población está en situación de pobreza. El desempleo es superior al 20%, con datos regionales
aún más dramáticos, como la ciudad de Buenaventura que alcanzó un índice superior al 60%.
Esta grave situación ha llevado a movilizaciones sociales descalificadas por el gobierno al
señalarlas como instrumentos de las guerrillas.
Por otra parte, las políticas planteadas en el Plan de Desarrollo no apuntan a solucionar los
principales problemas que se presentan en el disfrute de los derechos económicos y sociales. Por
el contrario se aumentó el presupuesto de las fuerzas militares a costa del gasto social.
Las organizaciones firmantes apoyamos las gestiones a favor de una solución política negociada
del conflicto armado. Como dijo la Alta Comisionada, la paz debe ser "construida sobre la base
del respeto por los derechos humanos". Desafortunadamente, la búsqueda de la paz en Colombia no
está acompañada de una política seria en derechos humanos, sino que se asume que serán respetados
automáticamente cuando se firme la paz. Pareciera que para el gobierno un compromiso con los
derechos humanos sería contraproducente para la búsqueda de la paz. Esto pone en peligro la
solidez del eventual acuerdo de paz que se logre. En las negociaciones de paz se deben garantizar
los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Una paz basada en la
impunidad sería una paz endeble.
Instamos a las guerrillas y al Estado a respetar los derechos de los no combatientes y a firmar
un acuerdo humanitario.
Por todo lo anterior, pedimos a la Comisión que:
- Sobre la base del informe analítico que le presente la Alta Comisionada, manifieste nuevamente
su profunda preocupación por la crisis de derechos humanos en Colombia y por el reiterado
incumplimiento de las recomendaciones formuladas, y no haga reconocimiento de falsas
realizaciones, como desafortunadamente ha ocurrido en el pasado.
- Renueve y fortalezca el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia, asegurando
una adecuada financiación, e invitando a los países miembros de la Comisión a respaldar
activamente la labor de la Oficina en Colombia y urgiendo al gobierno colombiano a cumplir sus
recomendaciones.
- Establezca formalmente un punto especial de su agenda, en el cual haga un seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas al gobierno colombiano,
(debido a su reiterado incumplimiento).
- Pida a la Alta Comisionada que presente también su informe sobre Colombia a la Asamblea General
de Naciones Unidas.
- Inste a los mecanismos temáticos de la Comisión a redoblar su atención a la crisis de derechos
humanos en Colombia, y les pida que vuelvan a visitar el país.
- Nombre un Relator Especial para Colombia, como mecanismo complementario a la Oficina de la Alta
Comisionada, para que la apoye en el seguimiento de las recomendaciones formuladas al gobierno
colombiano.
- Haga un llamado especial a los Estados que brindan ayuda militar al gobierno colombiano para
que ésta no se utilice en violaciones a los derechos humanos y para que tenga como supuesto el
cumplimiento de las reiteradas recomendaciones formuladas por Naciones Unidas.
- Decida todo lo anterior por medio de una Resolución, debido a la falta de cooperación del
gobierno colombiano, que aparentemente se compromete con las Declaraciones de la Presidencia de
la CDH, pero no implementa sus recomendaciones.
Bogotá, diciembre de 1999.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS; Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos - ASFADDES; Corporación Avre; Benposta Nación de Muchachos; Comunidades
Eclesiásticas de Base - CEBS; CEPECS; CINEP; CODHES; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo;
Comisión Colombiana de Juristas; Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz; Comité Permanente
por la Defensa de los Derechos Humanos; Comité de Solidaridad con los Presos POLÍTICOS; Defensa
de los Niños Internacional - DNI; Fedes; Franciscans International; Fundación Dos Mundos;
Humanidad Vigente Corporación Jurídica; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos - ILSA; Minga; Utopías; Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC;
Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI; Creer; Casa de la Mujer; CEDAVIDA; Centro
Justapaz; Cimarrón; Corriente De Renovación Socialista; Instituto Maria Cano; Promujer; Fundación
"Manuel Cepeda"; Sembrar; Viva la Ciudadanía; Fundación Parcomún; Corporación Cleber;
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC; Corporación Reiniciar; Grupo de Derechos
Humanos de Gays y Lesbianas;
CENTRALES OBRERAS - ORGANIZACIONES SINDICALES (LABOR ORGANIZATIONS AND UNIONS):
Central Unitaria De Trabajadores - CUT; Comisión de Derechos Humanos y Paz de la USO;
Confederación General De Trabajadores Democráticos - CGTD;
ANTIOQUIA: Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - CODHESEL; Viva la Ciudadanía;
Escuela Nacional Sindical; Instituto Popular de Capacitación - IPC; Organización Indígena de
Antioquia - OIA; Corporación Región; Asociación Campesina de Antioquia - ACA; Fundación Sumapaz;
Corporación Jurídica Libertad; Viva la Ciudadanía; ASFADDES - Seccional; Comité de Solidaridad
con los Presos POLÍTICOS - Seccional; CEBS;
ARAUCA: Comité de Derechos Humanos "Joel Sierra" - Saravena;
ATLÁNTICO: Corporación Para La Educación Y Autogestión Ciudadana - CEAC; FUNPECIS; Presbiterio de
la Costa; Comité de Solidaridad con los Presos POLÍTICOS - Seccional;
CAUCA: Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC; Fundación Estrella Orográfica del Macizo
Colombiano - Fundecima; Fundación Sol y Tierra - Popayan; ASFADDES - Seccional;
META: Pastoral Social;
SANTANDER: Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos - CREDHOS; Organización
Femenina Popular - OFP; Corporación Redes; Comité de Derechos Humanos de Piedecuesta; Corporación
Compromiso; Funprocep; ASFADDHES-Seccional;
NORTE DE SANTANDER: Diócesis de Tibu; Comité de Solidaridad con los Presos POLÍTICOS - Seccional;
VALLE DEL CAUCA: Comisión Vida Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali;
Comité de Solidaridad con los Presos POLÍTICOS - Seccional; Proyecto Solivida;
CHOCO: Diócesis de Quibdo;
CALDAS: Comité Permanente de Derechos Humanos de Caldas;
TOLIMA: CSPP - Seccional;
HUILA: ASFADDES -Seccional;
BUENAVENTURA: Proceso de Comunidades Negras;
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
Más información - Further information - Plus d'information
|