|
Paramilitares continuar exterminio de población civil
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 14 de Marzo, 2000. Col - 1/2 Continua el exterminio de población civil
por parte de organizaciones criminales en el área de comando de la
marina de guerra.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
CONTINUA LA MASIVA Y SISTEMATICA ACTUACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMIANAL CONTRA LOS CAMPESINOS DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA.
El día sábado 11 de marzo continúa la arremetida militar - paramilitar contra los campesinos del
Valle del Río Cimitarra denunciada en la DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA - ACVC y en nuestros últimos comunicados. La
población del casco urbano de Yondó y de toda la región vive un clima de terror y de zozobra
permanente. Los paramilitares han desatado una campaña de intimidación a través de amenazas
escritas y llamadas telefónicas que prácticamente han paralizado el normal devenir social,
económico y cultural de los pobladores.
Los últimos hechos son los siguientes:
Paramilitares asentados en la localidad de Las Vegas - Ciénaga de Chucurí en límites entre el
Municipio de Puerto Parra (Departamento de Santander) y los Municipios de Puerto Berrío y Yondó
(Departamento de Antioquia), los cuales perpetraron la masacre en el Corregimiento San Luis
Beltran, Municipio de Yondó, donde fueron asesinados ocho campesinos el pasado 5 de Marzo, han
proferido amenazas permanentes contra los habitantes de esta zona, específicamente en el
Corregimiento de Barbacoas, en límites entre los Municipios de Puerto Berrío y Yondó
(Departamento de Antioquia) dieron un plazo de ocho días para que se evacuara todo el caserío, de
lo contrario "al que se quede lo matamos" según palabras textuales de los paramilitares.
400 paramilitares asentados en límites entre los Municipios de Puerto Berrio y Yondó, en el sitio
conocido como La Culebra, se dirigieron hasta Puerto Mico donde se encuentran hasta el momento,
Puerto Mico está localizado entre las veredas Campo Bijao y Puerto Nuevo Ité, donde se desarrolla
el proyecto cooperativo de la ACVC, según las últimas amenazas el objetivo de los paramilitares
es quemar la cooperativa y masacrar a los campesinos de la vereda.
Desde la localidad de El Recreo en límites entre los Municipios de Remedios, Puerto Berrío y
Yondó se emprendió hoy un operativo de 200 militares sobre el área de los proyectos de Cultivos
de arroz, de Caña Panelera, Ingenio Panelero y Trilladora de Arroz de la ACVC.
200 paramilitares que se movilizan desde el casco urbano del Municipio San Pablo atacan el día de
hoy a las veredas del Corregimiento de Cerro Azul en jurisdicción del Municipio de San Pablo y a
las veredas Bajo San Juan y Alto San Juan en Jurisdicción del Municipio de Cantagallo. Estos
campesinos en un número de 400 familias (2000 personas aproximadamente) se desplazan selva
adentro.
Frente a estas reiterativas violaciones de los Derechos Humanos le exigimos al Estado colombiano:
- Verificar estos hechos y crear inmediatamente por decreto una comisión interinstitucional de
carácter permanente y financiada por el gobierno para que verifique las violaciones de los
derechos humanos en la región según lo pactado en los acuerdos de 1.998, para que acopie
información, aporte y recoja pruebas, evalúe el estado de las investigaciones y los mecanismos de
impunidad que han operado históricamente en la región, impulse las investigaciones dilatorias y
elabore un diagnóstico general sobre las prácticas violatorias de los derechos humanos en el
Magdalena Medio.
- Atender humanitariamente de emergencia a la población víctima y desplazada.
11 de marzo de 2000.
CONTINUAN EL EXTERMINIO DE POBLACIÓN CIVIL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES DENTRO
DE LA ZONA DE COMANDO DE LA ARMADA COLOMBIANA
Durante la última semana se han presentado en la Región del Magdalena Medio una serie de
reiterativos hechos violatorios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
estas violaciones se dan de manera sistemática durante los últimos meses como ha sido denunciado
por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, las últimas violaciones a los
derechos humanos en la Región son las que a continuación describimos:
El día jueves 2 de marzo hacia las 4: 15 a.m. un grupo de hombres fuertemente armados los cuales
se identificaron como paramilitares llegaron al Corregimiento Ciénaga del Opón, en Jurisdicción
del Municipio de Barrancabermeja; bajo intimidaciones reunieron a los pobladores en el caserío y
se llevaron a las siguientes pescadores y campesinos JOSÉ BELEÑO, CRISTOBAL FERNANDEZ TRUJILLO,
OSCAR SIMANCA, DANIEL MEJIA Y JHONNY MEJIA, los cuales estuvieron detenidos y desaparecidos
durante dos días. En hechos simultáneos quemaron una canoa y se llevaron un motor Yamaha 40 de
propiedad de Ricaute Acosta presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda; los
paramilitares se retiraron por la vía hacia el bajo Simacota, siendo las 6: 30 a.m.
El día sábado 4 de marzo un grupo de 8 paramilitares instalaron un reten sobre el Río Magdalena
en el sitio conocido como La Rompida, en jurisdicción del Municipio de Yondó a escasos 5 minutos
de la Base Naval de la Armada, procediendo a detener cerca de veinte (20) embarcaciones con sus
ocupantes, los cuales fueron detenidos durante cuatro horas. Los paramilitares se llevaron seis
personas de las cuales han aparecido cinco, un campesino llamado Luis N fue sindicado por uno de
los paramilitares, el cual se encontraba encapuchado, de ser guerrillero. Luis N, según
testimonios de los campesinos, se encontraba esposado hasta el día domingo en el casco urbano de
San Pablo.
Los paramilitares igualmente amenazaron con regresar para atacar las cooperativas de la
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en las veredas de Puerto Nuevo Ité y Cuatrobocas.
El día domingo 5 de marzo en el Corregimiento de San Luis Beltrán, Municipio de Yondó a las 5: 00
a.m. incursionó un grupo de 150 paramilitares de las "autodefensas unidas de Córdoba y Uraba -
ACCU", los cuales masacraron a ocho campesinos: PEDRO CHACÓN de 60 años de edad, PASTOR CHACÓN de
38 años, EVANGELISTA CHACÓN de 35 años, DAGOBERTO MÉNDEZ de 25 años, LEONEL PEDROZO VILLAREAL de
25 años, OSCAR MAURICIO PEDROZO de 16 años, y presumiblemente asesinados y arrojados al Río
Magdalena PEDRO CHACÓN ALBARRACIN de 35 años y ALFREDO N. de 60 años de edad. Esta masacre
ocurrió a escasos 15 minutos del casco urbano del Municipio de Yondó lo que confirma las amenazas
del paramilitarismo sobre los cascos urbanos de Cantagallo, Puerto Wilches, Yondó y
Barrancabermeja; sin que las autoridades civiles, policiales y militares tomen las medidas
preventivas necesarias.
El día lunes 6 de marzo en la Alcaldía Municipal del Municipio de Yondó se celebró un Consejo de
Seguridad a raíz de la masacre paramilitar del corregimiento de San Luis Beltrán, al cual
asistieron representantes de la administración, del Consejo Municipal, de la comunidad y el
Coronel Jesús María Clavijo - Comandante del Batallón 45 Héroes de Majagual, el cual corroboró
las inminentes amenazas de muerte contra los pobladores del casco urbano de Yondó, sus dirigentes
y líderes sociales por parte de los grupos paramilitares, manifestando que impediría futuras
masacres pero que era imposible evitar los asesinatos selectivos que evidentemente se presentarán
en el Municipio. El Coronel Clavijo, reiteradamente manifestó y previno sobre las amenazas de
los grupos paramilitares del Magdalena Medio sobre el líder y vocero campesino ANDRÉS GIL
negociador y firmante de los acuerdos del Éxodo Campesino de 1998 y miembro de la Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC. El coronel dijo tener pleno conocimiento de las
amenazas e intenciones de exterminio por parte del paramilitarismo sobre los pobladores del Valle
del Río Cimitarra y sobre "todo aquel que durante los últimos quince años haya tenido algún tipo
vínculo con la guerrilla en la región".
Este consejo de seguridad además de reconfirmar las amenazas y permanentes intimidaciones sobre
los pobladores, las organizaciones sociales y sus líderes no tomó ninguna medida efectivamente
preventiva, lo que hace prever la permanencia de la arremetida paramilitar en la región del
Magdalena Medio colombiano durante estas semanas.
Estos hechos abiertamente violatorios de los derechos humanos confirman que el paramilitarismo es
una calculada estrategia autoritaria y paraestatal en la región del Magdalena Medio. Por lo tanto
le solicitamos a la comunidad internacional manifestarse sobre estas violaciones y ejercer la
solidaridad y la presión política necesaria para impedir que el genocidio y la barberie contra el
campesinado del Magdalena Medio continúe.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos le
solicitamos medidas cautelares para todos los pobladores del Valle del Río Cimitarra y para los
líderes y miembros de la Junta Directiva de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra:
GILBERTO GUERRA, CARLOS MARTÍNEZ, ANDRÉS GIL, LUIS CARLOS ARIZA, CÉSAR JEREZ, DIÓGENES PLAYONERO,
MIGUEL CIFUENTES, EXEHOBER POLANIA, MIGUEL GONZÁLEZ Y RAMIRO ORTEGA.
A la Organización de las Naciones Unidas le solicitamos abrir una oficina filial de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz de la ONU en Colombia en la ciudad de Barrancabermeja para que
en el marco de su mandato realice una labor de observación permanente sobre las violaciones de
los derechos humanos en la Región del Magdalena Medio y se pronuncie sobre las mismas ante la
comunidad internacional.
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR en Colombia
le solicitamos que realice las acciones necesarias que permitan que su oficina filial de
Barrancabermeja sea verdaderamente operativa y comience a ejecutar su mandato en el Magdalena
Medio.
Al Estado colombiano le exigimos:
- Crear inmediatamente por decreto una comisión interinstitucional de carácter permanente y
financiada por el gobierno para que verifique las violaciones de los derechos humanos en la
región según lo pactado en los acuerdos de 1.998, para que acopie información, aporte y recoja
pruebas, evalúe el estado de las investigaciones y los mecanismos de impunidad que han operado
históricamente en la región, impulse las investigaciones dilatorias y elabore un diagnóstico
general sobre las prácticas violatorias de los derechos humanos en el Magdalena Medio.
- Garantizar la vida y la honra de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, la existencia de
la ACVC como la organización que representa los intereses del campesinado, así como la integridad
y la seguridad de nuestros líderes y voceros.
- Investigar las amenazas contra Andrés Gil, miembro de la ACVC, vocero campesino y firmante de
los acuerdos del Éxodo Campesino con el presidente Andrés Pastrana, por parte de grupos
paramilitares, el cual ha sido acusado por estos de ser "vocero político de las FARC en el
Magdalena Medio", queriendo desvirtuar su reconocida labor civil de vocero y líder campesino de
la región.
- Garantizar el regreso con vida del líder campesino y firmante de los acuerdos de 1.998 Edgar
Quiroga y de Gildardo Fuentes, de cuya desaparición es responsable el Estado colombiano (ver
acuerdos del 98).
- Brindar inmediatamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger la vida y la
integridad física de los señores: LIBARDO TRASLAVIÑA, GILBERTO GUERRA, ANDRÉS GIL, FRANCISCO
CAMPO, RAMÓN RANGEL, JOSÉ CEDIEL MONDRAGÓN, ISIDRO ALARCÓN, EDGAR QUIROGA y TITO MUÑOZ, Voceros
de la "Mesa de Trabajo Regional permanente por la paz y los Derechos Humanos del Magdalena Medio"
y firmantes de los acuerdos del 4 de octubre de 1.998 con el Gobierno Nacional
- Cumplir con los acuerdos del éxodo campesino firmados por el Presidente Pastrana el 4 de
Octubre de 1.998 para detener las masacres de los campesinos, erradicar el paramilitarismo,
castigar a todos los culpables por acción u omisión en la violación de los DD.HH, reparar
integralmente a las víctimas e iniciar un proceso de desarrollo económico y social participativo
en el Magdalena Medio.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y a las
organizaciones sociales en general para que se pronuncien sobre el Estado colombiano denunciando
estos crímenes y exigiendo el derecho a la vida del campesinado del Magdalena Medio, a la
comunidad internacional para que realicen pronunciamientos sobre el Estado colombiano exigiendo
el respeto de los DD.HH en el Magdalena Medio en el marco de su constitucionalidad y de sus
compromisos internacionales.
Barrancabermeja, Magdalena Medio colombiano,
Marzo 7 del 2000.
DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA - ACVC- A LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO, AL PAÍS Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
Los días 26, 27 y 28 de Febrero del año 2000, se realizó la Segunda Asamblea General de la ACVC.
Esta Asamblea, de vital importancia para el proceso de consolidación de la organización social
campesina en el Magdalena Medio, se realiza en medio de un cerco militar - paramilitar agenciado
por el Estado Colombiano, sobre la Región del Valle del Río Cimitarra, territorio que se
convierte en el último bastión de la histórica lucha del campesinado del Magdalena Medio por la
defensa de la vida y la dignidad frente al paramilitarismo de Estado, el cual es planificado,
promovido y financiado por las Fuerzas Armadas, el narco latifundio ganadero, los grupos
económicos, la prostituida "clase" política nacional, las multinacionales y la administración
Estadounidense.
Los hechos de las veredas Vallecito, El Diamante y Villanueva, en límites entre los Municipios de
San Pablo y Simití donde fueron asesinados decenas de campesinos y desplazados otros miles. El
ataque directo de las Fuerzas Armadas del Estado sobre la población civil en las veredas de San
Lorenzo, Yanacue, Coroncoros y Cuatro Bocas, como lo corroboró la Comisión Interinstitucional del
gobierno que verificó los hechos, el asesinato de 4 campesinos en San Juan del Ité y la
permanente amenaza sobre el campesinado, sobre la ACVC y sobre sus líderes, evidencia tristemente
el incumplimiento de los acuerdos del 4 de Octubre de 1998 firmado entre los voceros campesinos y
el Presidente Andrés Pastrana, para culminar concertadamente con el Éxodo Campesino del Magdalena
Medio.
Muy por el contrario han sido masacrados después de los acuerdos más de 500 campesinos y
desplazados otros 30.000 pobladores rurales. La estrategia modernizante y autoritaria paraestatal
se ha consolidado en la mayoría de los cascos urbanos del Magdalena Medio, donde como ocurrió en
los Municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrio, las Fuerzas Armadas, la policía y las
administraciones locales junto con el narcotráfico y el latifundio hacen diariamente los planes
genocidas contra inermes campesinos. Así funciona este negocio de la barbarie en los Municipios
de Santa Rosa, San Pablo y Simití.
En una calculada estrategia del paramilitarismo de Estado para burlar el cumplimiento de los
acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio y entrabar una posible zona de despeje que
posibilite el inicio de diálogos con la guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar, se dieron, en un
hecho sin precedentes, las primeras marchas paramilitares en Colombia. Bajo un clima de terror e
intimidación permanente, centenares de campesinos fueron obligados a financiar y participar en
el taponamiento de las vías más importantes que comunican al Magdalena Medio con el resto del
país. Otras movilizaciones de respaldo se dieron en el norte del país en zonas de dominio del
proyecto paramilitar.
Descaradamente altos funcionarios del Estado como el Ministro del Interior y el propio comandante
de las Fuerzas Armadas, respaldaron abiertamente estas movilizaciones paramilitares, demostrando
los nexos del Estado con el paramilitarismo. Los paramilitares conformaron una asociación
denominada por ellos ASOCIPAZ, la cual tiene dos objetivos fundamentales: de un lado canalizar
los recursos comprometidos por el Estado Colombiano con el campesinado real en los acuerdos de
las marchas del 96 y el Éxodo Campesino del 98, y así "legalmente" fortalecer su proyecto
fascista.
Por otro lado, impedir una zona de despeje para la guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar. Para
tal efecto instalaron en el Municipio de Santa Rosa una mesa de trabajo paralela a la Mesa
Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, donde ya iniciaron la revisión del
cumplimiento de los acuerdos con la participación activa del gobierno, burlando así todos los
acuerdos y las expectativas de inversión plasmadas en el Plan de Desarrollo y de Protección
Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, formulado por las comunidades campesinas.
La dura realidad que diariamente vivencia el campesinado del Magdalena Medio se torna cada día
más oscura con la anunciada ayuda Estado-unidense de 1.600 millones de dólares para la ejecución
del Plan Colombia, supuestamente un plan antidrogas y de inversión social. Para la ACVC está
claro que las víctimas de este disfrazado plan militarista seguirán siendo los campesinos, pues
este plan pretende fundamentalmente consolidar el paramilitarismo en la región. Este plan se verá
reflejado aquí en la compra de aviones bombarderos, lanchas y sofisticados armamentos, miles de
campesinos serán asesinados y nuevamente desplazados bajo el discurso de la lucha antinarcóticos.
Tal como está plasmado en la "Estrategia para el Desarrollo Alternativo", la escasa inversión
social de este plan en la región se verá reflejada en miles de hectáreas sembradas de Palma
Africana, donde el campesino será de nuevo siervo de los nuevos señores feudales: los
narcolatifundistas del Magdalena Medio.
Ante este panorama desolador, la ACVC denuncia ante el país y la comunidad internacional:
1- La presencia actualmente en la región de más de 500 efectivos militares y paramilitares que
obedecen a un plan sistemático de exterminio del campesinado del Valle del Río Cimitarra
2- La implementación de una calculada estrategia por parte del paramilitarismo de Estado para
burlar el cumplimiento de los acuerdos de las marchas campesinas de 1996 y el Éxodo Campesino de
1998.
3- La evidente implementación del Plan Colombia en la región para fortalecer el paramilitarismo y
la práctica foránea y excluyente de la economía de la palma africana.
La ACVC frente a la realidad regional actual propone un ACUERDO REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO POR
LA PAZ en el marco de las posibles salidas negociadas al conflicto en la región con el fin de:
1- Exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de los acuerdos del Éxodo Campesino de 1.998,
firmados por el presidente Pastrana.
2- Iniciar un proceso de inversión social participativa a partir de la ejecución del Plan de
Desarrollo y de protección de los Derechos Humanos del Magdalena Medio pactado en los acuerdos de
1.998.
3- Impedir la impunidad, castigar a todos los culpables por las sistemáticas violaciones de los
derechos humanos en la región y reparar integralmente a las víctimas.
Valle del Río Cimitarra, Magdalena Medio colombiano,
Febrero 28 del 2000.
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA
Mailto: cimitarra@mixmail.com
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
Más información - Further information - Plus d'information
|