ACVC: Declaración y Acciones Urgentes

Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 26 de Marzo, 2000. COLOMBIA: ACVC: Declaración y Acciones Urgentes. Desde: Pakito Arriaran

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA
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A LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO
AL PAÍS Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:

DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA - ACVC- 7

Los días 26, 27 y 28 de Febrero del año 2000, se realizó la Segunda Asamblea General de la ACVC. Esta Asamblea, de vital importancia para el proceso de consolidación de la organización social campesina en el Magdalena Medio, se realiza en medio de un cerco militar - paramilitar agenciado por el Estado Colombiano, sobre la Región del Valle del Río Cimitarra, territorio que se convierte en el último bastión de la histórica lucha del campesinado del Magdalena Medio por la defensa de la vida y la dignidad frente al paramilitarismo de Estado, el cual es planificado, promovido y financiado por las Fuerzas Armadas, el narco latifundio ganadero, los grupos económicos, la prostituída "clase" política nacional, las multinacionales y la administración Estadounidense.

Los hechos de las veredas Vallecito, El Diamante y Villanueva, en límites entre los Municipios de San Pablo y Simití donde fueron asesinados decenas de campesinos y desplazados otros miles. El ataque directo de las Fuerzas Armadas del Estado sobre la población civil en las veredas de San Lorenzo, Yanacue, Coroncoros y Cuatro Bocas, como lo corroboró la Comisión Interinstitucional del gobierno que verificó los hechos, el asesinato de 4 campesinos en San Juan del Ité y la permanente amenaza sobre el campesinado, sobre la ACVC y sobre sus líderes, evidencia tristemente el incumplimiento de los acuerdos del 4 de Octubre de 1998 firmado entre los voceros campesinos y el Presidente Andrés Pastrana, para culminar concertadamente con el Éxodo Campesino del Magdalena Medio.

Muy por el contrario han sido masacrados después de los acuerdos más de 500 campesinos y desplazados otros 30.000 pobladores rurales. La estrategia modernizante y autoritaria paraestatal se ha consolidado en la mayoría de los cascos urbanos del Magdalena Medio, donde como ocurrió en los Municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrio, las Fuerzas Armadas, la policía y las administraciones locales junto con el narcotráfico y el latifundio hacen diariamente los planes genocidas contra inermes campesinos. Así funciona este negocio de la barbarie en los Municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití.

En una calculada estrategia del paramilitarismo de Estado para burlar el cumplimiento de los acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio y entrabar una posible zona de despeje que posibilite el inicio de diálogos con la guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar, se dieron, en un hecho sin precedentes, las primeras marchas paramilitares en Colombia. Bajo un clima de terror e intimidación permanente, centenares de campesinos fueron obligados a financiar y participar en el taponamiento de las vías más importantes que comunican al Magdalena Medio con el resto del país. Otras movilizaciones de respaldo se dieron en el norte del país en zonas de dominio del proyecto paramilitar.

Descaradamente altos funcionarios del Estado como el Ministro del Interior y el propio comandante de las Fuerzas Armadas, respaldaron abiertamente estas movilizaciones paramilitares, demostrando los nexos del Estado con el paramilitarismo. Los paramilitares conformaron una asociación denominada por ellos ASOCIPAZ, la cual tiene dos objetivos fundamentales: de un lado canalizar los recursos comprometidos por el Estado Colombiano con el campesinado real en los acuerdos de las marchas del 96 y el Éxodo Campesino del 98, y así "legalmente" fortalecer su proyecto fascista. Por otro lado, impedir una zona de despeje para la guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar. Para tal efecto instalaron en el Municipio de Santa Rosa una mesa de trabajo paralela a la Mesa Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, donde ya iniciaron la revisión del cumplimiento de los acuerdos con la participación activa del gobierno, burlando así todos los acuerdos y las expectativas de inversión plasmadas en el Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, formulado por las comunidades campesinas.

La dura realidad que diariamente vivencia el campesinado del Magdalena Medio se torna cada día más oscura con la anunciada ayuda Estadounidense de 1.600 millones de dólares para la ejecución del Plan Colombia, supuestamente un plan antidrogas y de inversión social. Para la ACVC está claro que las víctimas de este disfrazado plan militarista seguirán siendo los campesinos, pues este plan pretende fundamentalmente consolidar el paramilitarismo en la región. Este plan se verá reflejado aquí en la compra de aviones bombarderos, lanchas y sofisticados armamentos, miles de campesinos serán asesinados y nuevamente desplazados bajo el discurso de la lucha antinarcóticos. Tal como está plasmado en la "Estrategia para el Desarrollo Alternativo", la escasa inversión social de este plan en la región se verá reflejada en miles de hectáreas sembradas de Palma Africana, donde el campesino será de nuevo siervo de los nuevos señores feudales: los narcolatifundistas del Magdalena Medio.

Ante este panorama desolador, la ACVC denuncia ante el país y la comunidad internacional:

1- La presencia actualmente en la región de más de 500 efectivos militares y paramilitares que obedecen a un plan sistemático de exterminio del campesinado del Valle del Río Cimitarra 2- La implementación de una calculada estrategia por parte del paramilitarismo de Estado para burlar el cumplimiento de los acuerdos de las marchas campesinas de 1996 y el Éxodo Campesino de 1998. 3- La evidente implementación del Plan Colombia en la región para fortalecer el paramilitarismo y la práctica foránea y excluyente de la economía de la palma africana.

La ACVC frente a la realidad regional actual propone un ACUERDO REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO POR LA PAZ en el marco de las posibles salidas negociadas al conflicto en la región con el fin de:

1- Exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de los acuerdos del Éxodo Campesino de 1.998, firmados por el presidente Pastrana. 2- Iniciar un proceso de inversión social participativa a partir de la ejecución del Plan de Desarrollo y de protección de los Derechos Humanos del Magdalena Medio pactado en los acuerdos de 1.998.

3- Impedir la impunidad, castigar a todos los culpables por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en la región y reparar integralmente a las víctimas.

Valle del Río Cimitarra, Magdalena Medio colombiano, Febrero 28 del 2000

ACCIONES URGENTES

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS Y DEL MUNDO:

PARAMILITARES MASACRAN CAMPESINOS DEL MAGDALENA MEDIO
(7 DE MARZO DEL 2000)

Durante la última semana se han presentado en la Región del Magdalena Medio una serie de reiterativos hechos violatorios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, estas violaciones se dan de manera sistemática durante los últimos meses como ha sido denunciado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, las últimas violaciones a los derechos humanos en la Región son las que a continuación describimos:

El día jueves 2 de marzo hacia las 4: 15 a.m. un grupo de hombres fuertemente armados los cuales se identificaron como paramilitares llegaron al Corregimiento Ciénaga del Opón, en Jurisdicción del Municipio de Barrancabermeja; bajo intimidaciones reunieron a los pobladores en el caserío y se llevaron a las siguientes pescadores y campesinos JOSÉ BELEÑO, CRISTÓBAL FERNÁNDEZ TRUJILLO, OSCAR SIMANCA, DANIEL MEJÍA Y JHONNY MEJÍA, los cuales estuvieron detenidos y desaparecidos durante dos días. En hechos simultáneos quemaron una canoa y se llevaron un motor Yamaha 40 de propiedad de Ricaute Acosta presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda; los paramilitares se retiraron por la vía hacia el bajo Simacota, siendo las 6: 30 a.m.

El día sábado 4 de marzo un grupo de 8 paramilitares instalaron un reten sobre el Río Magdalena en el sitio conocido como La Rompida, en jurisdicción del Municipio de Yondó a escasos 5 minutos de la Base Naval de la Armada, procediendo a detener cerca de veinte (20) embarcaciones con sus ocupantes, los cuales fueron detenidos durante cuatro horas. Los paramilitares se llevaron seis personas de las cuales han aparecido cinco, un campesino llamado Luis N fue sindicado por uno de los paramilitares, el cual se encontraba encapuchado, de ser guerrillero. Luis N, según testimonios de los campesinos, se encontraba esposado hasta el día domingo en el casco urbano de San Pablo. Los paramilitares igualmente amenazaron con regresar para atacar las cooperativas de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en las veredas de Puerto Nuevo Ité y Cuatrobocas.

El día domingo 5 de marzo en el Corregimiento de San Luis Beltrán, Municipio de Yondó a las 5: 00 a.m. incursionó un grupo de 150 paramilitares de las "autodefensas unidas de Córdoba y Uraba - ACCU", los cuales masacraron a ocho campesinos: PEDRO CHACÓN de 60 años de edad, PASTOR CHACÓN de 38 años, EVANGELISTA CHACÓN de 35 años, DAGOBERTO MÉNDEZ de 25 años, LEONEL PEDROZO VILLAREAL de 25 años, OSCAR MAURICIO PEDROZO de 16 años, y presumiblemente asesinados y arrojados al Río Magdalena PEDRO CHACÓN ALBARRACIN de 35 años y ALFREDO N. de 60 años de edad. Esta masacre ocurrió a escasos 15 minutos del casco urbano del Municipio de Yondó lo que confirma las amenazas del paramilitarismo sobre los cascos urbanos de Cantagallo, Puerto Wilches, Yondó y Barrancabermeja; sin que las autoridades civiles, policiales y militares tomen las medidas preventivas necesarias.

El día lunes 6 de marzo en la Alcaldía Municipal del Municipio de Yondó se celebró un Consejo de Seguridad a raíz de la masacre paramilitar del corregimiento de San Luis Beltrán, al cual asistieron representantes de la administración, del Consejo Municipal, de la comunidad y el Coronel Jesús María Clavijo - Comandante del Batallón 45 Héroes de Majagual, el cual corroboró las inminentes amenazas de muerte contra los pobladores del casco urbano de Yondó, sus dirigentes y líderes sociales por parte de los grupos paramilitares, manifestando que impediría futuras masacres pero que era imposible evitar los asesinatos selectivos que evidentemente se presentarán en el Municipio. El Coronel Clavijo, reiteradamente manifestó y previno sobre las amenazas de los grupos paramilitares del Magdalena Medio sobre el líder y vocero campesino ANDRÉS GIL negociador y firmante de los acuerdos del Éxodo Campesino de 1998 y miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC. El coronel dijo tener pleno conocimiento de las amenazas e intenciones de exterminio por parte del paramilitarismo sobre los pobladores del Valle del Río Cimitarra y sobre "todo aquel que durante los últimos quince años haya tenido algún tipo vínculo con la guerrilla en la región". Este consejo de seguridad además de reconfirmar las amenazas y permanentes intimidaciones sobre los pobladores, las organizaciones sociales y sus líderes no tomó ninguna medida efectivamente preventiva, lo que hace prever la permanencia de la arremetida paramilitar en la región del Magdalena Medio colombiano durante estas semanas.

Estos hechos abiertamente violatorios de los derechos humanos confirman que el paramilitarismo es una calculada estrategia autoritaria y paraestatal en la región del Magdalena Medio.

Por lo tanto le solicitamos:

* A la comunidad internacional manifestarse sobre estas violaciones y ejercer la solidaridad y la presión política necesaria para impedir que el genocidio y la barberie contra el campesinado del Magdalena Medio continúe.

* A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos le solicitamos medidas cautelares para todos los pobladores del Valle del Río Cimitarra y para los líderes y miembros de la Junta Directiva de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra: GILBERTO GUERRA, CARLOS MARTÍNEZ, ANDRÉS GIL, LUIS CARLOS ARIZA, CÉSAR JEREZ, DIÓGENES PLAYONERO, MIGUEL CIFUENTES, EXEHOBER POLANÍA, MIGUEL GONZÁLEZ Y RAMIRO ORTEGA.

* A la Organización de las Naciones Unidas le solicitamos abrir una oficina filial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la ONU en Colombia en la ciudad de Barrancabermeja para que en el marco de su mandato realice una labor de observación permanente sobre las violaciones de los derechos humanos en la Región del Magdalena Medio y se pronuncie sobre las mismas ante la comunidad internacional. * A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR en Colombia le solicitamos que realice las acciones necesarias que permitan que su oficina filial de Barrancabermeja sea verdaderamente operativa y comience a ejecutar su mandato en el Magdalena Medio.

Al Estado colombiano le exigimos:

* Crear inmediatamente por decreto una comisión interinstitucional de carácter permanente y financiada por el gobierno para que verifique las violaciones de los derechos humanos en la región según lo pactado en los acuerdos de 1.998, para que acopie información, aporte y recoja pruebas, evalúe el estado de las investigaciones y los mecanismos de impunidad que han operado históricamente en la región, impulse las investigaciones dilatorias y elabore un diagnóstico general sobre las prácticas violatorias de los derechos humanos en el Magdalena Medio.

* Garantizar la vida y la honra de los campesinos del Valle del Río Cimitarra, la existencia de la ACVC como la organización que representa los intereses del campesinado, así como la integridad y la seguridad de nuestros líderes y voceros.

* Investigar las amenazas contra Andrés Gil, miembro de la ACVC, vocero campesino y firmante de los acuerdos del Éxodo Campesino con el presidente Andrés Pastrana, por parte de grupos paramilitares, el cual ha sido acusado por estos de ser "vocero político de las FARC en el Magdalena Medio", queriendo desvirtuar su reconocida labor civil de vocero y líder campesino de la región.

* Garantizar el regreso con vida del líder campesino y firmante de los acuerdos de 1.998 Edgar Quiroga y de Gildardo Fuentes, de cuya desaparición es responsable el Estado colombiano (ver acuerdos del 98).

* Brindar inmediatamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger la vida y la integridad física de los señores: LIBARDO TRASLAVIÑA, GILBERTO GUERRA, ANDRÉS GIL, FRANCISCO CAMPO, RAMÓN RANGEL, JOSÉ CEDIEL MONDRAGÓN, ISIDRO ALARCÓN, EDGAR QUIROGA y TITO MUÑOZ, Voceros de la "Mesa de Trabajo Regional permanente por la paz y los Derechos Humanos del Magdalena Medio" y firmantes de los acuerdos del 4 de octubre de 1.998 con el Gobierno Nacional.

* Cumplir con los acuerdos del éxodo campesino firmados por el Presidente Pastrana el 4 de Octubre de 1.998 para detener las masacres de los campesinos, erradicar el paramilitarismo, castigar a todos los culpables por acción u omisión en la violación de los DD.HH, reparar integralmente a las víctimas e iniciar un proceso de desarrollo económico y social participativo en el Magdalena Medio.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y a las organizaciones sociales en general para que se pronuncien sobre el Estado colombiano denunciando estos crímenes y exigiendo el derecho a la vida del campesinado del Magdalena Medio, a la comunidad internacional para que realicen pronunciamientos sobre el Estado colombiano exigiendo el respeto de los DD.HH en el Magdalena Medio en el marco de su constitucionalidad y de sus compromisos internacionales.

Barrancabermeja, Magdalena Medio colombiano, Marzo 7 del 2000.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS Y DEL MUNDO:

CONTINUA EL CLIMA DE TERROR EN EL MAGDALENA MEDIO
(11 DE MARZO DEL 2000)

El día sábado 11 de marzo continúa la arremetida militar - paramilitar contra los campesinos del Valle del Río Cimitarra denunciada en la DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA - ACVC y en nuestros últimos comunicados (para mayor información cimitarra@mixmail.com). La población del casco urbano de Yondó y de toda la región vive un clima de terror y de zozobra permanente. Los paramilitares han desatado una campaña de intimidación a través de amenazas escritas y llamadas telefónicas que prácticamente han paralizado el normal devenir social, económico y cultural de los pobladores.

Los últimos hechos son los siguientes:

Paramilitares asentados en la localidad de Las Vegas - Ciénaga de Chucurí en límites entre el Municipio de Puerto Parra (Departamento de Santander) y los Municipios de Puerto Berrío y Yondó (Departamento de Antioquia), los cuales perpetraron la masacre en el Corregimiento San Luis Beltran, Municipio de Yondó, donde fueron asesinados ocho campesinos el pasado 5 de Marzo, han proferido amenazas permanentes contra los habitantes de esta zona, específicamente en el Corregimiento de Barbacoas, en límites entre los Municipios de Puerto Berrío y Yondó (Departamento de Antioquia) dieron un plazo de ocho días para que se evacuara todo el caserío, de lo contrario "al que se quede lo matamos" según palabras textuales de los paramilitares.

400 paramilitares asentados en límites entre los Municipios de Puerto Berrio y Yondó, en el sitio conocido como La Culebra, se dirigieron hasta Puerto Mico donde se encuentran hasta el momento, Puerto Mico está localizado entre las veredas Campo Bijao y Puerto Nuevo Ité, donde se desarrolla el proyecto cooperativo de la ACVC, según las últimas amenazas el objetivo de los paramilitares es quemar la cooperativa y masacrar a los campesinos de la vereda.

Desde la localidad de El Recreo en límites entre los Municipios de Remedios, Puerto Berrío y Yondó se emprendió hoy un operativo de 200 militares sobre el área de los proyectos de Cultivos de arroz, de Caña Panelera, Ingenio Panelero y Trilladora de Arroz de la ACVC.

200 paramilitares que se movilizan desde el casco urbano del Municipio San Pablo atacan el día de hoy a las veredas del Corregimiento de Cerro Azul en jurisdicción del Municipio de San Pablo y a las veredas Bajo San Juan y Alto San Juan en Jurisdicción del Municipio de Cantagallo. Estos campesinos en un número de 400 familias (2000 personas aproximadamente) se desplazan selva adentro.

Frente a estas reiterativas violaciones de los Derechos Humanos le exigimos al Estado colombiano:

* Verificar estos hechos y crear inmediatamente por decreto una comisión interinstitucional de carácter permanente y financiada por el gobierno para que verifique las violaciones de los derechos humanos en la región según lo pactado en los acuerdos de 1.998, para que acopie información, aporte y recoja pruebas, evalúe el estado de las investigaciones y los mecanismos de impunidad que han operado históricamente en la región, impulse las investigaciones dilatorias y elabore un diagnóstico general sobre las prácticas violatorias de los derechos humanos en el Magdalena Medio.

* Atender humanitariamente de emergencia a la población víctima y desplazada. Valle del Río Cimitarra, Marzo 11 del 2000.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS Y DEL MUNDO:

ACCIÓN URGENTE POR LOS CAMPESINOS
DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO
(16 de marzo del 2000)

Desde el día Sábado 11 de Marzo se efectúa un operativo militar por parte de efectivos del Batallón 45 Héroes de Majagual en los Corregimientos de Cerro Azul, Alto San Juán, Bajo San Juán y Villanueva en jurisdicción del Municipio de San Pablo. Según versiones oficiales, publicadas en la prensa local el día 15 de Marzo, este operativo tiene un carácter contrainsurgente y antinarcóticos. Los efectivos de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano en desarrollo del operativo ametrallaron objetivos civiles produciendo el desplazamiento de más de 2000 personas e hiriendo a la señora Estrella Niño, de 89 años de edad en un a pierna, la cual fue evacuada por la Cruz Roja Internacional a la Ciudad de Barrancabermeja.

En los mismos hechos, en el Corregimiento de Villanueva, jurisdicción del Municipio de San Pablo fue asesinado un campesino arriero el cual no ha sido posible identificar hasta el momento, según las primeros testimonios de los campesinos el arriero habría sido asesinado por la Fuerzas Armadas.

El día Miércoles 15 de Marzo a las 10 de la mañana, en el casco urbano del Municipio de San Pablo fueron desaparecidos, por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta, Nectaly Oyola - administrador de la Tienda Cooperativa de la Vereda Alto San Juán y Hernando Ruiz - conductor del camión que transporta los víveres y alimentos desde el casco urbano hacia las veredas del Municipio de San Pablo. Nectaly y Hernando se encontraban en ese momento efectuando las compras en el Granero Popular para surtir la tienda cooperativa, la cual debido a la permanente presencia paramilitar y los reiterados operativos militares no había sido posible surtir en los últimos meses, por lo que se presenta un problema alimentario grave en la zona. La tienda cooperativa de Alto San Juan es un proyecto promovido e impulsado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y auspiciado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno colombiano.

Estos lamentables hechos se suman a la cadena de permanentes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el Valle del Río Cimitarra y el Magdalena Medio colombiano en general dentro de un sistemático plan del paramilitarismo incrustado en el Estado para asesinar, desplazar y expropiar a miles de campesinos inermes.

Exigimos al Estado colombiano:

* Verificar estos hechos e iniciar las investigaciones correspondientes, para lo cual exigimos decretar la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MAGDALENA MEDIO.

* Dar inmediatamente con el paradero de NECTALY OYOLA y HERNANDO RUIZ desaparecidos por paramilitares en el casco urbano del Municipio de San Pablo, Municipio donde es evidente la connivencia entre paramilitares, Policía, Fuerzas Armadas y Administración Local.

* Asistir humanitariamente de emergencia a la población víctima y desplazada.

* Proteger la vida y honra de los campesinos del Valle del río Cimitarra, a la Asociación campesina del Valle del Río Cimitarra, organización que representa los intereses del campesinado de la región.

* Cumplir con los acuerdos del Éxodo campesino del Magdalena Medio firmados 4 de Octubre de 1.998 entre el Presidente Pastrana y el campesinado de la región.

NO MÁS MASACRES, NO MÁS DESPLAZAMIENTOS CAMPESINOS, NO MÁS IMPUNIDAD!

EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA ESTOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS CONTRA EL CAMPESINADO DEL MAGDALENA MEDIO!

Valle del Río Cimitarra, Marzo 16 del 2000.

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA - ACVC

From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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