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Organización criminal asesina a un desplazado de Cacarica
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 28 de Marzo, 2000. Col - Miembros de una organización criminal asesinan a un desplazado de Cacarica.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
PARAMILITARES ASESINAN A UN DESPLAZADO DEL CACARICA.
Otra vez, a menos de 24 horas de nuestra última Constancia Histórica y Censura
Moral, solo nos resta decir de lo que hemos dejado testimonio, de lo que
hemos visto, de lo que damos fe, que se está desarrollando una acción
sistemática de asesinatos contra las comunidades desplazadas del Cacarica que se
encuentran en Turbo.
El 26mar00 a la 1: 00 p.m. en el "Ubert Quintero", uno de los tantos barrios, en
que han intentado sobrevivir cientos de miles de víctimas de la guerra, quienes
silenciosa y activamente, han logrado enfrentar la acción del paraestado en
Turbo, se produjo el tercer asesinato, en menos de tres días, de un desplazado
del Cacarica. Ahora se trata de ANTONIO HINESTROZA MOSQUERA. De 21 años de edad,
ANTONIO junto con su esposa, una hermana y una hija, acompañaba el lavado de la
ropa en un pequeño riachuelo. Al lugar llegó un hombre de tez trigueña y
estatura media, con un arma oculta entre su vestimenta preguntando por ANTONIO.
Al no encontrarlo regresó unos 20 minutos más tarde cuando el joven ya había
regresado. Luego de pronunciar el nombre de ANTONIO le interrogó, por espacio de
diez minutos, acerca de su condición de desplazado, si estaba vinculado al
proceso del Coliseo, si era del Cacarica, y preguntó por varios de los
integrantes de la comunidad desplazada. Al terminar el interrogatorio, el
paramilitar le disparó en el rostro y la cabeza. Varios tiros cegaron la vida de
ANTONIO. El victimario, luego de disparar por primera vez, se regresó y lo
remató.
ANTONIO es la tercera víctima, asesinada en menos de 36 horas.
Para nadie es un secreto que los generadores del desplazamiento, que actuaron en
coordinación con las Fuerzas Militares en un operativo por aire, agua y tierra,
hace tres años, continúan actuando y moviéndose entre Turbo - Necoclí, Necoclí-
Riosucio; y por el río Atrato desde Turbo hasta Quibdó.
Hoy su criminal actuación no se estaría presentando si los causantes del
desplazamiento y de los 70 asesinatos y desapariciones hubieran sido
perseguidos, castigados, sancionados y se hubiera iniciado un proceso de
reparación a sus víctimas. Hoy quienes han gozado y gozarán del privilegio de la
impunidad, estructurada desde el inicio del desplazamiento en el Estado,
persistirán en su actuación, en este momento desplegada en Turbo; porque en
estos 37 meses, quiénes fueron víctimas del Estado, no han logrado que este
mismo Estado que ha desarrollado una barbara ejecución de estrategia
contrainsurgente, la haya desmontado.
Los autores materiales del desplazamiento se encuentran en Turbo. Desde el
Puerto de Turbo o en las calles de Turbo están vigilantes para asesinar.
Vicente, quien guió el operativo militar al lado de los militares, se encuentra
en las calles de este municipio; los paramilitares conocidos como "El Indio",
"El Cholo", "El Gringo", siguen señalando, siguen merodeando, siguen operando
con sus nuevos victimarios. Los paramilitares en los alrededores de Turbo, entre
los corregimientos de "El Dos" y "El Tres", en el sitio "La Caleta" donde
arrojan sus víctimas, siguen operando, y nada, absolutamente nada se hace, se
hizo, y tal vez se hará.
Mientras avanza la ronda paramilitar, los retenes policiales en los alrededores
del Coliseo y de los Albergues no existen, no hay medidas adoptadas serias y
eficaces. Reconocidos paramilitares entran al Coliseo de Turbo en motos, a pie,
con radios, y la policía ni siquiera los requisa ni les interroga. No se
responde humanitariamente con el agua que requieren las familias y estas se ven
obligadas a exponerse más fácilmente a sus victimarios. En Turbo por los
barrios hoy se censa diferenciando quiénes son o no desplazados. Se desconoce a
los encuestadores. En Bocas del Atrato, las familias que allí se encuentran
viven prisioneras del terror porque ven deambular por el río pangas de
paramilitares, algunos de los pobladores han visto como las embarcaciones han
sido retenidas, saqueadas y sus propietarios intimidados, como ocurrió hace tres
días. Y en la Hacienda "El Cacique" en Bahía Cupica, sobre el Pacífico, la
situación es cada vez más preocupante: allí las familias que fueron repatriadas
ilegalmente desde hace tres años, perciben el permanente y creciente movimiento
de sus desplazadores.
En este escrito consignamos un destello del profundo dolor que embarga a la
comunidad del Cacarica, de la honda afección de su proceso de Retorno, del
terror interiorizado, y el nuevo destierro que se ve venir: ahora, tal vez
nunca, puedan seguir el camino de su retorno, el sueño de volver a su propia
tierra, ajena de este lugar, donde sus victimarios han intimidado, han amenazado
. Pero hoy no solo se trata de eso, hoy asesinan como en el comienzo, cumpliendo
sus bárbaros y repudiables crímenes, de hombres que han decidido construir un
Proyecto de Autodeterminación, Vida y Dignidad. Crímenes y atentados que se
hubieran podido haber evitado. Daños que aún pueden ser evitados que se repitan
en el Cacarica donde las comunidades llevan 25 días de haber iniciado su primera
fase de retorno.
A ustedes nuestra Constancia y expresión de Censura Moral con la única esperanza
que el futuro nuestro erosionado Estado de Derecho, logre reconstruirse.
Con profunda preocupación,
COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ
FUNDAMENTACIÓN DEL EQUIPO NIZKOR:
Los paramilitares están efectuando un exterminio planificado de población civil.
1) Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias
posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de
1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y
dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son
responsables de no impedir la actuación de los paramilitares con
las mismas responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las
operaciones en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando
de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables
de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que componen los
grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinación
territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza.. Estas
responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que
"no sólo deben saber, sino que están obligados a saber" lo que ocurre en sus
zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el
caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia.
2) La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de
instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a
los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de crímenes de
guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la
figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni
prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al Batallón
Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurriría si sus responsabilidades fueran
depuradas con los parámetros utilizados por los Tribunales Penales
Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los
mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de
guerra y que además serán juzgados por ser integrantes de una organización.
4) Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población civil
que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la utilización
de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas
que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que son: a)
son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de
determinación del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las
áreas geográficas de actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de
cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de
comunicaciones y coordinación y finalmente se determina el momento de la
ejecución.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y
planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la Comisión
Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados
el 81, 8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de
seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares
y militares se han más que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo
el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la
humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II(1) (c) de
la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en
Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y
Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluyó también en los
estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia
(artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr.
11 y 1996: artículo 18(b)].
6) Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Pública del
Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del
Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente "Hace un llamado al
Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigación de la masacre de
Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a reducir y
prevenir la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a que
ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa
Humanidad".
En concordancia con esta Declaración solicitamos a otros gobiernos que adopten
similares posturas y que revisen las relaciones diplomáticas y económicas con
el gobierno Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones
frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, para ello creemos se debe utilizar como cláusula de
condicionalidad el cumplimiento irrestricto de la doctrina emergente de los
dictámenes e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo
incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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