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Asesinan a una fiscal que investigaba narcotráfico y paramilitares
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 5 de Abril, 2000. Col - Asesinan a una fiscal especializada que investigaba
narcotráfico y paramilitares.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
MUERE ASESINADA POR SICARIOS UNA FISCAL QUE INVESTIGABA NARCOTRÁFICO Y
PARAMILITARES EN MEDELLÍN.
Margarita María Pulgarin Trujillo se desempeñaba como Fiscal Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín, en la unidad encargada
de la investigación y acusación de los delitos de mayor gravedad en nuestro
medio. Ayer, al salir de su residencia hacia la oficina, dos sicarios le
descerrajaron cuatro tiros en el cráneo acabando inmediatamente con su vida. El
atentado ocurrió hacia las 7:30 de la mañana del 3abr00, cuando la Fiscal salía
de su casa, situada en la calle 37E número 95B 20 del barrio Santa Mónica número
2, al occidente de la ciudad.
Pulgarín era abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, era soltera y
vivía en compañía de su madre. La joven funcionaria se desempeñó como fiscal sin
rostro y actualmente hacía parte de la Unidad de Terrorismo, donde adelantaba
investigaciones relacionadas con paramilitarismo y narcotráfico. Sus familiares
y compañeros de la Fiscalía dijeron que no tenían conocimiento de que hubiera
sido víctima de amenazas.
No es este un hecho aislado contra esta unidad del sistema judicial en Medellín.
Durante los últimos ocho meses, siete de sus Fiscales integrantes han tenido que
exiliarse en países diferentes para evitar correr la misma suerte que MARGARITA
MARIA. Varios han sido trasladados a otras ciudades dentro del país con la misma
finalidad.
Los Fiscales carecen de las condiciones mínimas de seguridad para cumplir con
sus funciones y se encuentran embargados de un profundo sentimiento, mezcla de
rabia, dolor y orfandad institucional. El Estado no les ofrece ninguna
protección.
Investigaba casos de paramilitarismo y narcotráfico y ante el asesinato los
Fiscales Delegados amenazaron con renunciar a sus cargos o exiliarse
masivamente. La Unidad de Fiscalías Especializada, Asonal Judicial, y el Colegio
de Jueces y Fiscales de Antioquia coincidieron en señalar que el asesinato de su
compañera se debió al "abandono y orfandad en que el Estado tiene a la
administración de justicia bajo el manido argumento de la falta de presupuesto".
Según el Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, con el asesinato de
Margarita María Pulgarín el crimen organizado "prentende inútilmente amedrentar
a los servidores de la Fiscalía". Desde julio de 1999, cuando fue levantada la
reserva de identidad a los fiscales y jueces encargados de las investigaciones
y fallos de los delitos de mayor trascendencia, en Antioquia han sido asesinados
2 fiscales seccionales, otros 7 están en el exilio y un número no precisado
debió retirarse por amenazas. También han sido asesinados 12 funcionarios del
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Fiscalía Delegada ante el
Gaula fue objeto de un atentado, donde murió un Fiscal y varios empleados más.
ARGUMENTOS DEL EQUIPO NIZKOR:
Es evidente que el estado de derecho no puede funcionar en condiciones donde el
crimen organizado en el sentido de las organizaciones mafiosas de tipo
sociopolítico típicos de los delitos de narcotráfico se une a organizaciones
criminales en el sentido que dieron los Tribunales de Nuremberg y que se
relaciona con las organizaciones paramilitares.
Los hecho narrados expresan por si solos la incapacidad de que la justicia
colombiana pueda actuar en forma independiente y recuerda a las presiones
mafiosas contra los jueces que como Falcone fueron asesinados por sus
investigaciones contra la mafia en Sicilia y Nápoles.
No cabe ningún tipo de disculpa a la falta de cobertura de seguridad,
financiera, logística o de otro tipo con que cuentan estas unides
especializadas contra los delitos de esta naturaleza. Es importante destacar que
el índice de impunidad en Colombia es en este momento del 96 por ciento.
A pesar de la guerra civil que asola Colombia es necesario destacar que en 1997,
el total de víctimas de violencia sociopolítica fue de 3.490 en todos los
concepto o sea el 12, 6 por ciento del total y que los homicidios relacionados
con delitos comunes fueron 24.306 o sea el 87, 4 por ciento. En 1998, último año
del que tenemos estos datos, fueron 3280 o sea el 11, 2 por ciento los homicidios
relacionados con la guerra civil y delitos sociales y los ocasionados por
delitos comunes fueron de 26.062 o sea el 88, 8 por ciento.
Por todo ello es evidente que la situación de los fiscales y demás fuerzas
judiciales es insostenible y que el Gobierno de Colombia tiene una
responsabilidad directa en estos hechos. No existe ningún argumento posible
desde el punto de vista de los derechos civiles y de las libertades que justifique
esta forma de desprotección.
Es más inexplicable aún que se otorgue medios excepcionales técnicos y
financieros a las fuerzas militares acusadas de colaboración con las
organizaciones criminales paramilitares, como es por ejemplo el nuevo sistema de
escaneo de comunicaciones en que la República de Colombia se ha gastado 14
millones de dólares y que las fuerzas judiciales especializadas tengan que
recurrir al exilio en terceros países ante las amenazas de las organizaciones de
narcotraficantes y paramilitares.
POR TODO ELLO:
Rogamos dirigir cartas o mensajes fundados pidiendo al Gobierno Colombiano:
1) Que investigue el asesinato de la fiscal Margarita Maria Pulgarin Trujillo.
2) Que se dote a las fuerzas de investigación judicial especializadas en delitos
contra el narcotráfico y paramilitares de los medios técnicos, financieros y
logísticos necesarios y proporcionales al problema de violencia existente en
Colombia.
3) Que se garantice la existencia de los sistemas judiciales que un estado de
derecho debe ser capaz de organizar y sostener.
4) Que los recursos financieros que se dedican a las fuerzas militares se dediquen a
una efectiva lucha contra la impunidad y esclarecimiento de los miles de
colombianos que son asesinados sin que nunca se lleguen a esclarecer los hechos,
negando así el derecho a la justicia.
UE, 5abr00
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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