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Continúa las acciones criminales en el Magdalena Medio
Denuncian incumplimiento de los Acuerdos del Éxodo Campesino
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 19 de Abril, 2000. Col - Continúa la acción de las
organizaciones criminales en el Magdalena Medio y denuncian
incumplimiento de los Acuerdos del Éxodo Campesino de
1998.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Solidaridad Urgente.
ASESINATOS SELECTIVOS Y MASACRES PARAMILITARES ANUNCIADAS: EL ESTADO ACTUAL DE
LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MAGDALENA MEDIO.
La Región del Magdalena Medio colombiano soporta en la actualidad un plan
sistemático de asesinato de la población civil y de sus líderes.
Este plan se hace evidente en un cerco militar - paramilitar que está
dispuesto en forma romboidal con sus vértices ubicados en Puerto Berrío, Ciénaga
de Chucurí - Corregimiento de Puerto Parra, corregimiento de San Blas del
Municipio de Santa Rosa, cabeceras Municipales de Santa Rosa, Simití y San
Pablo. En estos lugares se constata la presencia de bases permanentes del
Ejército Nacional, la Policía y de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes
operan desde estas localidades en abierta connivencia.
Desde junio de 1998, las AUC realizan acciones terroristas en las áreas rurales
y urbanas de los municipios de Morales, Arenal, Tiquisio, Montecristo, San
Jacinto, Barranco de Loba, Regidor, Altos del Rosario y San Martín de Loba,
consolidando un territorio que les permite conectar el corredor estratégico
entre la región de Urabá, el Sur del Cesar y la región del Catatumbo.
Desde noviembre del pasado año se inició una arremetida paramilitar contra
veinte veredas ubicadas en la parte alta de los municipios de Simití y San
Pablo; se realizan permanentemente operativos militares y paramilitares en el
corredor inscrito a lo largo de Cerro Azul, Villanueva, Yanacué, Coroncoros, San
Lorenzo, La Victoria y Cuatro Bocas; desde Puerto Berrío se ejecutan acciones
paramilitares contra el área de San Juan de Ité, La Congoja, El Porvenir y San
Francisco Alto; entrando por el Río Magdalena, desde Puerto Berrío y Ciénaga de
Chucurí, corregimiento de Puerto Parra, se ataca a la población civil de los
corregimientos de San Luis Beltrán, Yondó Nuevo, Barbacoas y Caño Huila,
jurisdicción del municipio de Yondó; desde Bajo Simacota y el Corregimiento El
Centro, municipio de Barrancabermeja, se realizan permanentes incursiones
paramilitares contra las veredas del corregimiento Ciénaga del Opón.
Paralelamente a ésta acciones, se reportan amenazas públicas contra la población
y sus líderes. En todas sus incursiones los paramilitares reúnen forzadamente a
los campesinos y los conminan a abandonar sus lugares habituales de residencia y
trabajo con la amenaza de regresar para cometer nuevos atropellos; el 6 de marzo
del presente año, en desarrollo del Consejo de Seguridad del municipio Yondó,
el Teniente Coronel Jesús María Clavijo Clavijo, Comandante del Batallón 45
Héroes de Majagual, se refirió a los planes que estarían desarrollando los
paramilitares en el área, se declaró incapaz de contenerlos, anunció la
ocurrencia de crímenes selectivos en la cabecera municipal y señaló con sus
nombres propios a varios líderes comunitarios, quienes según afirmó, por tener
presuntamente contactos con la insurgencia, serían víctimas seguras de los
paramilitares; el día 4 de abril, alias Julián, Comandante de las AUC en el
Magdalena Medio, declaró a través de una emisora local, que ya se encontraba en
Barrancabermeja, ciudad en la cual su grupo había asesinado a 33 personas en las
últimas semanas, aseguró que venía al puerto petrolero para quedarse y que
intensificaría sus acciones, específicamente en los días de semana santa.
El 25 de febrero, durante el Comité de Convivencia y Paz de Yondó, la personería
municipal informó que desde el pasado año fuentes de la Defensoría del Pueblo
dieron a conocer que habría una incursión de las AUC contra el casco urbano de
esa población, reporte confirmado por la policía departamental; en reunión del
Consejo Municipal de Barrancabermeja el alcalde aseguró conocer la existencia de
una lista de 40 personas que serían asesinadas por los paramilitares.
En el último año se han incrementado las amenazas y asesinatos contra los
líderes de la comunidad. El vocero del éxodo campesino, firmante de los Acuerdos
de octubre de 1998 con el Gobierno Nacional, Edgar Quiroga, fue retenido
desaparecido junto con Gildardo Fuentes, en acción que se adjudicaron las AUC;
el administrador de la Cooperativa de San Juan Alto, Neftalí Oyola, fue
desaparecido por paramilitares en el casco urbano de San Pablo; el directivo de
la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, Diomedes Playonero
Ortiz, fue asesinado por integrantes del Bloque METRO de las AUC el día 31 de
marzo en la vereda San Francisco Alto; se reportan amenazas contra Miguel
Cifuentes, Andrés Gil y todos los integrantes de la ACVC y sus proyectos
productivos y sociales. De igual manera se conoce de amenazas contra Pablo
Arenales, de la Junta Directiva de CREDHOS y los Voceros de la Mesa de Trabajo
Permanente por la Paz del Magdalena Medio.
Ante la inminencia de esta arremetida paramilitar en la región del Magdalena
Medio y la amenaza
concreta de una masacre el miércoles Santo 19 de abril en la ciudad de
Barrancabermeja por parte de los paramilitares, exigimos al Estado Colombiano:
1. Al Presidente de la República Andrés Pastrana como jefe máximo de las Fuerzas
Armadas garantizar la seguridad de las poblaciones amenazadas.
2. Decretar una alerta institucional frente a estas amenazas paramilitares.
3. Tomar las medidas institucionales pertinentes que imposibiliten la
efectividad de las amenazas.
4. Crear y reglamentar una comisión interinstitucional de defensa de los
derechos humanos y de verificación e investigación de la sistemática violación
de los Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio.
5. Crear una comisión institucional de emergencia que permanezca en la ciudad de
Barrancabermeja durante toda la Semana Santa.
6. Decretar una emergencia humanitaria que permita implementar la ayuda
humanitaria de emergencia necesaria ante eventuales desplazamientos masivos en
la región.
A los organismos internacionales y a la comunidad internacional les solicitamos
pronunciarse y exigir al Estado Colombiano tomar las medidas y correctivos
necesarios con el fin de evitar los actos violentos anunciados contra la
población civil del Magdalena Medio.
Barrancabermeja, Abril 14 del 2000
CrREDHOS, Asociación de Desplazados Asentados en Barrancabermeja, Asociación
Campesina de Desplazados de Yondó, Corporación Mujer, Familia y Comunidad,
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, Minga, Humanidad Vigente, Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos, Coordinación Nacional de Desplazados, Comité Permanente de
Derechos Humanos, Reiniciar, ANDAS, CODHES, IlSA.
LA ACVC DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO ESTATAL DE LOS ACUERDOS DEL ÉXODO
CAMPESINO DE 1.998, EL PLAN COLOMBIA Y EL PLAN DE EXTERMINIO SISTEMÁTICO DE
POBLACIÓN CIVIL EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO.
En la región del Magdalena Medio colombiano se desarrolla actualmente un plan
sistemático de exterminio del campesinado, de los pobladores, de las
organizaciones sociales y de sus representates a través de la implementación de
un cerco militar - paramilitar agenciado por el Estado Colombiano sobre la
Región del Valle del Río Cimitarra, el sur de Bolívar y la Ciudad de
Barrancabermeja, territorios que son el último bastión de la histórica lucha del
campesinado y de los habitantes del Magdalena Medio por la defensa de la vida y
la dignidad frente al paramilitarismo de Estado.
Sólo durante los últimos meses la barbarie del paramilitarismo se ha visto
reflejada en los siguientes hechos:
1) La arremetida paramilitar sobre veinte veredas (Vallecito, El Diamante y
Villanueva etc), en límites entre los Municipios de San Pablo y Simití, donde
fueron asesinados decenas de campesinos y desplazados otros miles;
2) la desaparición de EDGAR QUIROGA en el mes de Noviembre de 1999, vocero del
éxodo campesino de 1.998;
3) el ataque directo de las Fuerzas Armadas del Estado sobre la población civil
en las veredas de San Lorenzo, Yanacué, Coroncoros y Cuatro Bocas, como lo
corroboró la Comisión Interinstitucional del gobierno que verificó los hechos;
4) el asesinato de 4 campesinos en San Juan del Ité;
5) la masacre de 8 campesinos en San Luis Beltrán;
6) la desaparición y el asesinato de NECTALY OYOLA, administrador de la Tienda
Cooperativa de la vereda Alto San Juan en pleno casco urbano del Municipio de
San Pablo, así como los asesinatos selectivos que a diario cometen los
paramilitares en este pueblo.
7) El asesinato por parte de paramilitares de DIOMEDES PLAYONERO miembro de la
Junta Directiva de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra;
8) el asesinato de decenas de campesinos en zona rural del Municipio de Yondó en
las últimas semanas;
9) los permanentes hostigamientos y amenazas paramilitares contra los habitantes
de los cascos urbanos de Yondó y Cantagallo;
10) los asesinatos selectivos que realiza el paramilitarismo en la ciudad de
Barrancabermeja, donde solo durante los 3 primeros meses del año se cometieron
más de 100 homicidios y la permanente amenaza sobre el campesinado, los
pobladores urbanos, sobre las organizaciones sociales y sobre sus líderes.
Estas sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en la región evidencian
tristemente el incumplimiento de los acuerdos del 4 de Octubre de 1998 firmado
entre los voceros campesinos y el Presidente Andrés Pastrana, para culminar
concertadamente con el Éxodo Campesino del Magdalena Medio. Muy por el contrario
han sido masacrados después de los acuerdos más de 500 campesinos y desplazados
otros 30.000 pobladores rurales. La estrategia modernizante y autoritaria
paraestatal se ha consolidado en la mayoría de los cascos urbanos del Magdalena
Medio, donde como ocurrió en los Municipios de Puerto Boyacá y Puerto Berrío,
las Fuerzas Armadas, la policía y las administraciones locales junto con el
narcotráfico y el latifundio hacen diariamente los planes genocidas contra
inermes campesinos, como sucede actualmente en los cascos urbanos de Rosa, San
Pablo y Simití.
En una calculada estrategia del paramilitarismo de Estado para burlar el
cumplimiento de los acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio y entrabar
una posible zona de despeje que posibilite el inicio de diálogos con la
guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar, se dieron, en un hecho sin precedentes,
las primeras marchas paramilitares en Colombia.
Bajo un clima de terror e intimidación permanente, centenares de campesinos
fueron obligados a financiar y participar en el taponamiento de las vías más
importantes que comunican al Magdalena Medio con el resto del país. Otras
movilizaciones de respaldo se dieron al mismo en el norte del país en zonas de
dominio del proyecto paramilitar. Descaradamente altos funcionarios del Estado
como el Ministro del Interior y el propio comandante de las Fuerzas Armadas,
respaldaron abiertamente estas movilizaciones paramilitares, demostrando los
nexos del Estado con el paramilitarismo.
Los paramilitares conformaron una asociación denominada por ellos ASOCIPAZ, la
cual tiene dos objetivos fundamentales: de un lado canalizar los recursos
comprometidos por el Estado Colombiano con el campesinado real en los acuerdos
de las marchas del 96 y el Éxodo Campesino del 98 y así "legalmente" fortalecer
su proyecto fascista. Por otro lado, impedir una zona de despeje para la
guerrilla del ELN en el Sur de Bolívar. Para tal efecto instalaron en el
Municipio de Santa Rosa una mesa de trabajo paralela a la Mesa Permanente de
Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, donde ya iniciaron la revisión del
cumplimiento de los acuerdos con la participación activa del gobierno, burlando
así todos los acuerdos y las expectativas de inversión plasmadas en el Plan de
Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio,
formulado por las comunidades campesinas y mineras.
La dura realidad que diariamente vivencia el campesinado y los pobladores del
Magdalena Medio se torna cada día más oscura con la anunciada ayuda
estado-unidense de 1.600 millones de dólares para la ejecución del Plan
Colombia, supuestamente un plan antidrogas y de inversión social. Está claro que
las víctimas de este disfrazado plan militarista seguirán siendo los campesinos,
pues este plan pretende fundamentalmente consolidar el paramilitarismo en la
región. Este plan se verá reflejado aquí en la compra de aviones bombarderos,
lanchas y sofisticados armamentos, miles de campesinos serán asesinados y
nuevamente desplazados bajo el discurso de la lucha antinarcóticos. Tal como
está plasmado en la "Estrategia para el Desarrollo Alternativo", la escasa
"inversión social" del plan en la región se verá reflejada en miles de hectáreas
sembradas de Palma Africana, donde el campesino será de nuevo siervo de los
nuevos señores feudales: los narcolatifundistas del Magdalena Medio. Ante este
panorama desolador, denunciamos ante el país y la comunidad internacional:
1. La presencia actualmente en la región de más de 1.000 efectivos paramilitares
que obedecen a un plan sistemático de exterminio del campesinado y los
pobladores del Magdalena Medio.
2. La implementación de una calculada estrategia por parte del paramilitarismo
de Estado para burlar el cumplimiento de los acuerdos de las marchas campesinas
de 1996 y el Éxodo Campesino de 1998.
3. La evidente implementación del Plan Colombia en la región para fortalecer el
paramilitarismo y la práctica foránea y excluyente de la economía de la palma
africana.
4. El anunciado recrudecimiento del accionar paramilitar en la región durante
semana santa que incluiría la ejecución de una "gran masacre" por parte de los
paramilitares en la Ciudad de Barrancabermeja el día Miércoles 19 de Abril.
5. Las permanentes amenazas por parte de los paramilitares, las cuales son
divulgadas por los mismos comandantes militares y policiales de la región, sobre
los miembros de la MESA REGIONAL DE TRABAJO PERMANENTE POR LA PAZ, CREDHOS,
FEDEAGROMISBOL, la ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA, y las demás
organizaciones sociales del Magdalena Medio.
Las organizaciones sociales del Magdalena Medio convocamos a la sociedad
colombiana a unir esfuerzos con el fin de:
1. Exigir al Estado Colombiano el cumplimiento de los acuerdos del Éxodo
Campesino de 1.998, firmados por el presidente Pastrana.
2. Iniciar un proceso de inversión social participativa a partir de la ejecución
del Plan de Desarrollo y de protección de los Derechos Humanos del Magdalena
Medio pactado en los acuerdos de 1998.
3. Impedir la impunidad, castigar a todos los culpables por las sistemáticas
violaciones de los derechos humanos en la región y reparar integralmente a las
víctimas.
No más masacres, no más desplazamientos campesinos, no más impunidad!.
Exigimos verdad, justicia y reparación integral para estos crímenes de lesa
humanidad cometidos contra el campesinado del Magdalena Medio!
Barrancabermeja, Abril 15 del 2000
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC
FUNDAMENTACIÓN DEL EQUIPO NIZKOR
Los paramilitares están efectuando un exterminio planificado de población civil.
1) Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias
posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de
1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y
dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son
responsables de no impedir la actuación de los paramilitares con las mismas
responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones
en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando
de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables
de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que componen los
grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinación
territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza. Estas
responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que
"no sólo deben saber, sino que están obligados a saber" lo que ocurre en sus
zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el
caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia.
2) La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de
instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a
los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de crímenes de
guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la
figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni
son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en los informes que afectan al Batallón Atlacatl en El Salvador. Lo
mismo ocurriría si sus responsabilidades fueran depuradas con los parámetros
utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre
el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los
mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de
guerra y que además serán juzgados por ser
integrantes de una organización.
4) Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población civil
que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la utilización
de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas
que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que son: a)
son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de determinación del blanco
a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas de
actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad
en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinación
y finalmente se determina el momento de la ejecución.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y
planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la Comisión
Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados
el 81, 8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de
seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares
y militares se han más que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo
el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la
humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II(1) (c) de
la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en
Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y
Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluyó también en los
estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia
(artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr.
11 y 1996: artículo 18(b)].
6) Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Pública del
Comité Permanente
de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Canadiense de
16oct99 que dice
expresamente "Hace un llamado al Gobierno de Colombia a intensificar tanto la
investigación de
la masacre de Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a
reducir y prevenir
la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a que ponga fin
a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa Humanidad".
En concordancia con esta Declaración solicitamos a otros gobiernos que adopten
similares posturas
y que revisen las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno
Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones frente al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario,
para ello creemos se debe utilizar como cláusula
de condicionalidad el cumplimiento irrestricto de la doctrina emergente de los
dictámenes e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo
incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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