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FARC-EP: Carta Abierta al Señor Presidente de la República
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 1 de Febrero, 2000. COLOMBIA: FARC-EP: Carta Abierta al Señor Presidente de la República, http://burn.ucsd.edu/~FARC-ep
Doctor
Andrés Pastrana Arango.
Señores:
Alto Comisionado para la Paz, negociadores del gobierno y de las FARC-EP.,
temáticos, personalidades de la vida política, industriales, iglesias,
gobernadores, alcaldes, invitados internacionales, sindicalistas,
campesinos y Colombia en general:
Reciban un efusivo saludo bolivariano acompañando de un fuerte apretón de
manos y por que el encuentro de hoy, en los Pozos, sirva como señal de lo
que podemos hacer todos unidos, para encontrar la paz y el bienestar
social, cuando hay voluntad política en la parte oficial; en el entendido
que estamos inaugurando las instalaciones oficiales que servirán de
oficinas especiales para los negociadores y temáticos y así, dar comienzo
en próximos días, al debate sobre los 12 Puntos de la Agenda Común, en los
cuales hay gran expectativa de los colombianos y la comunidad
internacional, interesados en ayudar con sus aportes a erradicar de raíz
los males que han originado el conflicto social y armado, declarado el 27
de mayo de 1964, por el Estado al pueblo, en cabeza de los 48 hombres
marquetalianos. Siendo hoy lo prioritario para analizar en la mesa, la
búsqueda de la solución inmediata a la problemática del desempleo en
ciudades y campos, en ruina unos y otros, producido por la quiebra de más
de 20 mil empresas, en diversas ramas de la producción nacional, por la
competencia desleal, producto de la Política Neoliberal de anteriores
gobiernos, la que tendrá que ser modificada por el señor Presidente Andrés
Pastrana, a través de la mesa de negociaciones, para volver a restablecer
las empresas con nuevos criterios en la producción económica, con
desarrollo sostenido, mercadeo planificado nacional e internacional,
garantizando el bienestar social. Los propietarios de las empresas
beneficiadas, en contraprestación deberán comprometerse a generar empleo
con garantías sociales, estabilidad laboral, y el consumo interno con
precios justos y salarios dignos, en las diversas profesiones, para poder
sobrevivir al hambre. En este empeño las FARC-EP estaremos presentes hasta
lograr la solución a corto y largo plazo para terminar con el desempleo en
sus diversas manifestaciones exigiendo del Estado y los industriales,
grandes inversiones en nuevos frentes de trabajo; en el entendido que es
mas rentable invertir para la paz, que en la guerra como política de
Estado, para defender sus privilegios de clase y someter a los trabajadores
a salarios de hambre y explotación. El Estado y los industriales deberán
invertir en lo inmediato en la solución de los graves problemas sociales:
la salud, la vivienda, la educación, los servicios públicos etc., para
evitar movimientos sociales que por falta de atención oficial, generen
confrontación entre la fuerza pública y la población civil, víctima de las
injusticias sociales; y para completar el cuadro, después los dirigentes
son asesinados por el paramilitarismo expresión de la Política Oficial del
Estado. La opinión pública y los medios de comunicación han sido testigos
de permanentes visitas de altos funcionarios norteamericanos a Colombia y
de Colombianos encabeza del señor Presidente Andrés Pastrana, a Estados
Unidos, para gestionar una donación de 1.600 millones de dólares, cuya
cuantía todavía no sabemos cómo va ha ser distribuida en los ministerios
para "El Plan Colombia", por no tener información y claridad sobre el
particular. El pueblo con su malicia indígena habla, que la mayor parte va
ha ser invertida en la guerra y de ser así, las FARC-EP nos manifestamos en
desacuerdo con esta ayuda de los Estados Unidos; porque ante todo se
requiere de la ayuda para la inversión social y la paz, y no para
incrementar mas la confrontación con el beneplácito de unos pocos, directos
beneficiarios de la guerra. Por eso estamos haciendo lo posible y hasta lo
imposible, buscando salidas políticas para acabar con el conflicto social y
armado, por medio de las negociaciones en la mesa. El paramilitarismo de
Estado ha sido y sigue siendo uno de los grandes obstáculos para lograr la
paz y la reconciliación nacional, por los permanentes asesinatos
indiscriminados de la población civil, sindicándola de ser amiga o
simpatizante de la guerrilla; por lo cual exigimos del gobierno nacional,
garantías para proteger la ciudadanía víctima de este flagelo, en
cumplimiento del compromiso adquirido por el Presidente con el Comandante
de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, de combatir el paramilitarismo con
los instrumentos del Estado, para poder sentarnos a hablar en medio de la
confrontación armada entre las dos fuerzas: Estado e Insurgencia, en los 5
municipios despejados de Fuerza Pública. No es posible que transcurrido mas
de un año, el paramilitarismo siga el baño de sangre contra la población
indefensa, sin que el Estado haya mostrado resultados concretos; antes por
el contrario, la actitud asumida recientemente por el Señor Presidente,
cuando veto la Ley que tipificaba como delitos el genocidio político, la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, argumentando
"vicios de fondo" e "inconveniencia para el país", muestra que no es cierto
que el señor Pastrana quiera al igual que sus antecesores Gaviria y Samper,
poner fin a este aberrante y criminal comportamiento de la Fuerza Pública.
Situación que no podrá continuar indefinidamente para bien de Colombia.
En este aspecto creemos conveniente que el Señor Presidente de la
República, tal como lo señalo en su discurso de posesión, deberá liderar
personalmente el Proceso de Paz como fundamento filosófico, para evitar
malas interpretaciones e inconvenientes en sus lineamientos políticos, por
parte de algunas personas y autoridades, como es el caso concreto de los
generales Fernando Tapias y Jorge Mora Rangel, cuyas apreciaciones no
expresan la realidad objetiva del país, cuando formulan críticas y
cuestionamientos incausa justificada, contra el proceso paz, emprendido
entre el gobierno y las FARC-EP, cuando los resultados están a la vista de
Colombia y el mundo ahora lo importante es que sobre la mesa tenemos "La
Agenda Común", para analizarla y discutirla por ambas partes, sobre la base
de tener en cuenta los intereses del conjunto de colombianos, para lograr
la Nueva Colombia, con justicia social y soberanía, con la compresión de la
comunidad internacional, para que logremos el objetivo final: La Paz.
La propuesta de las FARC-EP a los tres poderes para convertir a Cartagena
del Chaira (Caquetá), en un municipio piloto para la erradicación de la
coca, por medios pacíficos, extensivo a otros municipios al cabo de 5 años
del experimento, con inversión social, con la ayuda de la comunidad
internacional. Hasta el momento no hemos recibido respuesta favorable. En
cambio, el gobierno nacional, con la asesoría y ayuda de Estados Unidos,
sigue fraguando planes de fumigación y la aplicación de métodos violentos
para la erradicación de la coca, sin inversión social, utilizando la Fuerza
Pública; para lo que invertirán 1.600 millones de dólares, con
consecuencias imprevisibles, prolongando mas las dificultades económicas,
tanto de los campesinos cultivadores de coca como medio de subsistencia,
como de la población colombiana en general.
La concepción política y estratégica del gobierno en cabeza de los
generales para combatir la guerrilla, con el sofisma de la coca, no es
acertada. Al igual que el análisis por los expertos nacionales y
extranjeros sobre el tema, porque nosotros no dependemos de este elemento.
Nosotros podemos ser atacados por la Fuerza Pública cuando el señor
Presidente lo estime conveniente, por ser una organización alzada en armas
contra el Estado, pero es injusto que lo traten de hacer con la
participación de Estados Unidos, utilizando el calumnioso pretexto, que
tenemos vínculos con el narcotráfico.
La propuesta de las FARC-EP a los tres poderes para que en sus sesiones
ordinarias discutieran y aprobaran una Ley de Canje, para lograr la
liberación de soldados y policías por guerrilleros presos, no encontró
mayor receptividad. En esta dirección los poderes fueron incapaces de
encontrar salidas justas y adecuadas y esgrimieron argumentos sin validez,
de acuerdo con la situación de confrontación que estamos viviendo hace mas
35 años.
Con argumentos como estos: que la Ley de Canje permitiría a la insurgencia
el Status de Beligerancia en el campo internacional, sin analizar, que de
hecho el conflicto esta internacionalizado y que el enfrentamiento existe
entre dos fuerzas y por tal motivo, somos atendidos por gobiernos,
parlamentos, personalidades de la vida política y económica de algunos
países; dicen, que nos permitiría comprar armas en el exterior, sin darse
cuenta que sin el Status de Beligerancia las hemos comprado hasta hoy; que
nos permitiría quedarnos con un municipio o parte de un departamento,
cuando nuestro proyecto político-militar, es para gobernar a toda Colombia,
produciendo cambios en las estructuras del Estado y ampliar la democracia;
que los generales no estarían dispuestos a darles cuartel a los
guerrilleros capturados en combate para después canjearlos, cuando siempre
lo han hecho; que las leyes colombianas no contemplan la figura del Canje,
como si las leyes fueran inmodificables y eternas; que todas sus
deliberaciones tienen que ser para la paz, cuando tenemos un país sumido en
guerra; que los guerrilleros están clasificados en tres categorías por la
justicia ordinaria, como: secuestradores, terroristas y delincuentes
comunes, porque desapareció de la constitución colombiana el delito
político en los gobiernos de Gaviria y Samper, y por ello, no son presos
políticos o prisioneros de guerra, sino tratados como delincuentes comunes;
afirman, que las leyes internacionales impiden liberar terroristas, cuando
todo esto son hechos conexos con la rebelión. Para terminar diciendo que
soldados y policías deberán quedarse olvidados en el cuarto de san alejo y
los guerrilleros en la cárcel de manera indefinida. Desconociendo que la
confrontación política y armada, es una forma de rebelión popular por el
cambio.
Por el Secretariado Nacional de las FARC-EP.
Manuel Marulanda Vélez.
Montañas de Colombia, enero 29 del 2000
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Ejército del Pueblo. FARC-EP
Comisión Internacional
E-mail: elbarcino@laneta.apc.org
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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