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En el Senado condicionan el Plan Colombia a la certificación de los DH
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 28 de Mayo, 2000. Col/Usa - Comité del Senado propone condicionar el
Plan Colombia a el cumplimiento de certificaciones sobre respeto a los
Derechos Humanos.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
UN COMITÉ DEL SENADO NORTEAMERICANO CONDICIONA LOS DESEMBOLSOS DEL PLAN
COLOMBIA A EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS DE DERECHOS HUMANOS.
TEXTO COMPLETO.
LEY SOBRE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA OPERACIONES EXTRANJERAS, FINANCIACIÓN
DE EXPORTACIONES Y PROGRAMAS CONEXOS PARA 2001.
11 de Mayo de 2000
El Comité toma nota de que si bien el Gobierno Colombiano ha destituido a
algunos oficiales del ejército por su vinculación con grupos paramilitares,
ninguno de estos oficiales ha sido procesado. Durante el debate sobre la
solicitud suplementaria, el Comité ha escuchado testimonios sobre los
persistentes y extendidos vínculos entre el personal militar del Ejército
colombiano y los grupos paramilitares. La Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR) ha informado del notable incremento de
las masacres a manos de grupos paramilitares a lo largo de 1999. El Comité está
al corriente de las promesas públicas efectuadas por los oficiales colombianos
en el sentido de proteger los derechos humanos y procesar en los tribunales
civiles ordinarios a los miembros de las fuerzas armadas responsables de
violaciones a los mismos y del apoyo, ayuda o encubrimiento a grupos
paramilitares.
Sin embargo, al Comité le preocupa el hecho de que el Gobierno colombiano no
haya otorgado prioridad suficiente a la cuestión de los derechos humanos. En
1997 el Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que las violaciones graves
contra los derechos humanos debieran ser enjuiciadas por tribunales civiles,
pero sin embargo, el ejército colombiano ha intentado regularmente y conseguido
que tales casos sean transferidos a los tribunales militares en los que ha
menudo languidecen indefinidamente. El Comité advierte que, en cambio, la
Policía Nacional colombiana ha sido más contundente a la hora de destituir a
aquellos miembros de la misma implicados en violaciones a los Derechos Humanos,
corrupción y tráfico de drogas.
La solicitud de la administración incluye financiación para programas
relacionados con los derechos humanos, la administración de justicia y programas
para la paz. El Comité apoya estas actividades y ha provisto de financiación
adicional para las mismas.
Sin embargo, el sistema judicial colombiano es corrupto e ineficaz, y cientos de
investigadores y fiscales de derechos humanos han tenido que abandonar el país
por motivos de las amenazas de muerte. Llevará años conseguir que el estado de
derecho prevalezca en Colombia. Dados los persistentes y extendidos problemas de
derechos humanos existentes en Colombia, el Comité considera que las cantidades
substanciales en asistencia para las fuerzas armadas colombianas previstas en
esta Ley deben ser supeditadas a la protección eficaz de los derechos humanos y
al castigo de los individuos que los violan. El Comité ha incluido tales
condiciones, las cuales son coherentes con las promesas de los oficiales
colombianos. Además, el Comité encarga al Secretario de Estado que presente un
informe a los Comités presupuestarios del Congreso, que ha de contemplar lo
siguiente:
1. Una descripción del alcance en que las Fuerzas Armadas colombianas hayan
procedido a suspender a miembros de las mismas sobre los que existan acusaciones
fundamentadas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, y si
estos han sido puestos a disposición de la justicia civil colombiana, incluyendo
una descripción de los cargos que se les imputan y el estado de tales casos.
2. Un informe de evaluación de los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas
colombianas, la Policía Nacional y el Fiscal General para desmantelar los grupos
paramilitares, incluyendo los nombres del personal de las Fuerzas Armadas
colombianas puestos a disposición de la justicia por apoyar y encubrir a grupos
paramilitares y los nombres de los líderes y miembros de estos grupos que han
sido imputados, arrestados y enjuiciados.
3. Una descripción del alcance de la cooperación de las Fuerzas Armadas
colombianas con las autoridades civiles en materia de investigación y
persecución jurídica de las violaciones de los derechos humanos cometidas por su
personal, incluyendo el número de su personal que está siendo investigado por
violaciones a los derechos humanos y que ha sido suspendido de sus obligaciones
por ello.
4. Una descripción del alcance en que se está investigando los ataques contra
defensores de los derechos humanos, fiscales e investigadores gubernamentales,
y oficiales del sistema de justicia civil en Colombia, así como aquellos
perpetradores de estos actos que hayan sido puestos a disposición de la
justicia.
5. Una estimación del número de civiles colombianos desplazados como
consecuencia de la "estrategia en el sur de Colombia", y las acciones que se
hayan tomado para satisfacer las necesidades sociales y económicas de estas
personas.
6. Una descripción de las medidas adoptadas por los Estados Unidos para promover
y apoyar un acuerdo negociado entre las partes del conflicto colombiano. Este
informe ha de ser presentado a los 60 días de la fecha de promulgación de la
Ley, y a partir de entonces, cada 180 días durante el tiempo dure la provisión
de recursos presupuestarios contemplada por esta Ley.
NIÑOS SOLDADOS.
El Comité reconoce el serio problema de los niños soldados enrolados por todas
las partes del conflicto en Colombia. El uso de los niños soldados continúa
siendo generalizado no sólo a manos de los militares, sino también de los grupos
paramilitares y guerrilleros. Hay miles de niños menores de 18 años que están
sirviendo en las Fuerzas Armadas colombianas. Hasta el 50 por cien de algunas
unidades paramilitares se componen de niños cuya edad llega incluso a los ocho
años.
Los tres mayores grupos colombianos reclutan niños, y algunas unidades de la
milicia están formadas por hasta un 85 por ciento de niños, muchos de ellos por
debajo de los quince años. El Comité ordena al Secretario de Estado que
transfiera 5 millones de dólares al Departamento de Trabajo para la
rehabilitación y desmovilización de niños soldados. El Comité reconoce el
importante trabajo en materia de rehabilitación de niños soldados que está
siendo llevado a cabo en Colombia por organizaciones no gubernamentales, entres
ellas, la Coalición Colombiana contra el Uso de Niños Soldados, Justapaz, Asoda,
Ceda Vida y Defensa de los Niños Internacional. El Comité urge al Departamento
de Trabajo para que coopere con estos y otros grupos similares en el desarrollo
y la financiación de programas encaminados a la asesoría, educación y servicios
de reintegración a ex niños soldados.
SEC. 6101. CONDICIONES PARA LA AYUDA A COLOMBIA.
(a) CONDICIONES
(1) CERTIFICACIONES REQUERIDAS- La ayuda prevista en este epígrafe puede ser
suministrada a Colombia en los ejercicios fiscales 2000 y 2001 solamente si el
Secretario de Estado certifica a los Comités del Congreso sobre asignaciones
presupuestarias antes de que la disposición efectiva de los fondos se lleva a
cabo para cada uno de esos años fiscales, que:
(A)(i) el Presidente de Colombia ordene por escrito que el personal de las
Fuerzas Armadas colombiana sobre el que pesen acusaciones fundadas de haber
cometido graves violaciones a los derechos humanos será puesto a disposición de
la justicia civil, de conformidad con la Sentencia de 1997 del Tribunal
Constitucional de Colombia relativa a las jurisdicción de los Tribunales civiles
en materia de Derechos Humanos, y
(ii) que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas colombianas procesada a
suspender de su cargo inmediatamente a todos los miembros de las Fuerzas Armadas
colombianas sobre los que pese acusaciones fundadas de haber cometido graves
violaciones a los derechos humanos o de haber ayudado o encubierto a grupos
paramilitares, y
(iii) que las Fuerzas Armadas colombianas y su Comandante en Jefe den pleno
cumplimiento a los puntos (A)(i) y (ii); y
(B) que las Fuerzas Armadas de Colombia cooperen plenamente con las
autoridades civiles en la investigación, enjuiciamiento y castigo por los
Tribunales civiles del personal de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre el que
pese acusaciones fundadas de haber cometidos graves violaciones a los derechos
humanos; y
(C) que el Gobierno de Colombia persiga vigorosamente en los Tribunales civiles
a los líderes y miembros de los grupos paramilitares y al personal de las
Fuerzas Armadas de Colombia que está ayudando o encubriendo a tales grupos.
(2) PROCESO CONSULTATIVO- El Secretario de Estado consultará a las
organizaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidas en relación
con los progresos del gobierno de Colombia a la hora de satisfacer las
condiciones contenidas en el parágrafo (1), con anterioridad a la emisión del
Certificado requerido bajo el parágrafo (1)
(3) APLICACIÓN DE LAS LEYES EXISTENTES- Las mismas restricciones contenidas en la
sección 564 de la Ley de Asignaciones Presupuestarias para operaciones en el
extranjero, financiación de exportaciones y programas conexos, referida al año
2000 (Public Law 106-113), y la sección 8098 de la Ley de Asignaciones
presupuestarias del Departamento de Defensa, referida al año 2000 (Public Law
106-79), serán de aplicación a la disponibilidad de fondos bajo este epígrafe.
(b) DEFINICIONES- En esta sección:
(1) AYUDAR O ENCUBRIR- El término "ayudar o encubrir" significa apoyo directo o
indirecto a los grupos paramilitares, incluyendo la conspiración para permitir,
facilitar, o promover las actividades de tales grupos.
(3) GRUPOS PARAMILITARES- El término "Grupos Paramilitares", se refiere a los
grupos ilegales de Autodefensa y las Cooperativas de Seguridad.
[Nota documenta: Traduccción del original en inglés realizada por el Equipo
Nizkor]
MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ DE EUROPA A COLOMBIA.
El presente comunicado es emitido por la delegación de la Conferencia de
Comisiones Justicia y Paz de Europa, que ha estado en Colombia del 4 al 15 de
mayo. La delegación ha estado compuesta por representantes de Justicia y Paz de
Austria, Bélgica, España, Francia y Holanda.
El objeto de esta visita ha sido conocer la realidad de las víctimas del
desplazamiento por razón de la violencia. Nos hemos encontrado con la comunidad
de paz de San José de Apartadó y con las comunidades en retorno al Cacarica,
Autodeterminación, Vida y Dignidad. Visitamos a los desplazados que aún están en
Turbo y a los de Bogotá. Asimismo, nos entrevistamos con los familiares de las
víctimas de Trujillo (Valle).
Las comunidades del Cacarica y de San José de Apartadó reciben apoyo de la
Comisión Intercongregacional Justicia y Paz de Colombia. En ellas hemos visto la
fuerza y la decisión de sus miembros para retornar a sus tierras, después de
varios años en condiciones de vida inhumana. En un contexto de guerra, nos ha
impresionado el poder de organización y conciencia para crear un clima de
convivencia comunitaria y defender un espacio de neutralidad frente a todos los
actores armados.
Hemos constatado cómo, una vez más, la población civil ajena a los conflictos
armados es quien sufre principalmente las atrocidades de la guerra, comunidades
pequeñas que semanalmente ven a miembros de sus familias asesinatos brutalmente.
Hemos observado cómo las comunidades del Cacarica, después de dos meses de
camino tras su primera fase de retorno realizada el 28 de febrero, gracias a las
pautas marcadas por la propia comunidad, están haciendo que renazca la
esperanza. Se han limpiado los terrenos de cultivo, se han practicado las
primeras plantaciones, y, por otra parte, las actitudes de la población para el
mantenimiento del ecosistema son una muestra concreta de la vitalidad de estas
comunidades. Pero junto a esto, y a pesar de haber recibido una pequeña parte
del dinero pactado con el Gobierno, vemos con preocupación el incumplimiento de
los acuerdos para la vida diaria y la seguridad de las personas.
Queremos fijar nuestra atención en las comunidades negras del Cacarica que han
vuelto a sus lugares de origen sin el drenaje y limpieza de los caños de los
afluentes del río Atrato, lo que las deja incomunicadas económicamente y a
merced de cualquier acto violento. La promesa de creación de la Casa de Justicia
con presencia de la Fiscalía y de la Procuraduría es otra de las peticiones
pendientes. En el aspecto educativo, las comunidades aún no tienen maestros para
que los niños puedan ejercer el derecho fundamental de ser escolarizados.
Podernos también mencionar la dificultad en que se encuentra la comunidad de San
José de Apartadó, incomunicada al tener su única carretera cortada por un
derrumbe. Estos son unos pocos ejemplos de lo que la población desplazada en
Colombia padece al intentar volver a su casa, aunque, desgraciadamente, la
mayoría de los casi dos millones de personas desplazadas por la guerra no se
pueden ni plantear el regreso.
La delegación de la Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa se ha
entrevistado con algunas de las principales autoridades nacionales: la Fiscalía
General de la Nación, la Red de Solidaridad, y la Procuraduría General de la
Nación, para plantear las dificultades con que se encuentra la población
desplazada. Vemos con preocupación la sensación de impotencia que nos transmitía
la Fiscalía para poder ejercer sus funciones, puesto que las amenazas y la
inseguridad que padecen sus funcionarios no ayudan a la aplicación de la
justicia. En la Red de Solidaridad se apreciaron las peticiones efectuadas,
aunque no hubo respuestas concretas; y, en todo caso, fueron delegadas las
responsabilidades a otras instancias administrativas. Finalmente, la visita a la
Procuraduría fue la más desalentadora.
Animamos el trabajo valiente y constante de acompañamiento a las comunidades de
desplazados que realiza el equipo de la Comisión Intercongregacional Justicia y
Paz de Colombia, apoyo que realiza frente a una fuerte presión y corriendo un
gran riesgo las vidas de los componentes de dicha comisión.
Somos conscientes de que nuestras experiencias de estos días en Colombia han
sido limitadas. Pero, por muy limitadas que sean, son representativas del
problema del desplazamiento forzado en el ámbito nacional. El último informe de
la oficina del Alto Comisionado de la ONU dice al respecto: "El desplazamiento
forzado de la población civil provocado por los actores armados en el conflicto
se ha incrementado en el transcurso del año, convirtiéndose en una de las
principales estrategias de guerra adoptadas tanto por parte de los paramilitares
como por parte de la guerrilla" (cf. págs. 9-23).
El desplazamiento forzado refleja una situación problemática más amplia. En
efecto, nos damos cuenta de que, junto a la violencia, en Colombia subyace el
grave problema de la injusticia social y la desigual distribución de la riqueza.
Queremos aquí referirnos tan solo a los llamados derechos fundamentales.
La experiencia de estos días en Colombia y los múltiples testimonios de las
víctimas de la violación de los derechos humanos nos impulsan a dirigirnos, en
primer lugar, a todos los actores en el conflicto pidiéndoles enfáticamente que
respeten el Derecho Internacional Humanitario.
A la vez que comprendemos las limitaciones y presiones que condicionan en una
situación de guerra la realización de la justicia, queremos insistir en la
necesidad que el Estado Colombiano dé pruebas fehacientes de la puesta en
práctica de su voluntad, tantas veces expresada, de poner fin a la impunidad
generalizada que reina en el país. Durante una visita a Trujillo hemos podido
comprobar in situ cómo la impunidad causa un profundo dolor en los familiares de
las víctimas y quita toda credibilidad a un Estado que no cumple su deber de
ejercer la justicia.
Corno representantes de las Comisiones Justicia y Paz, que formamos parte de la
Iglesia universal, nos dirigimos a la Iglesia colombiana.
En los contactos que hemos tenido con representantes de varios sectores de la
Iglesia católica hemos podido comprobar la valiosa labor de la Iglesia a favor
de la paz. Convencidos de que no hay paz sin justicia, como la Iglesia
latinoamericana repetidas veces nos ha enseñado, querríamos animar a la Iglesia
Colombiana a que no solamente acompañe a las víctimas de la violencia, sino que
incremente sus esfuerzos para luchar contra la impunidad; y que, de forma
inequívoca, denuncie los atropellos cometidos por quienquiera que sea contra la
población civil.
Además, pedimos que redoble sus esfuerzos para difundir la doctrina social entre
el clero y los laicos. Es el mismo Espíritu quien nos enseña a discernir los
signos de los tiempos y nos da a conocer el Kairós, el momento oportuno para
actuar y dar testimonio de una liberación integral, de la cual nos hablan las
Asambleas Episcopales de Medellín y Puebla.
Solicitamos al Estado Colombiano que, en el contexto de las negociaciones de
paz, cumpla con la declaración aprobada en el 56º período de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y adopte un acuerdo global
con todas las partes del conflicto armado sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario. El respeto a los derechos humanos es el punto clave
de un Estado de Derecho. Un estado que no respeta los derechos humanos no
existe. Definimos los derechos humanos en la línea de la Conferencia
Internacional de Viena de 1993. Y con ella reafirmamos que los derechos humanos
son indivisibles, inalienables, universales e interdependientes.
Particularmente en Colombia, el control y respeto de este acuerdo y la lucha
contra los autores de sus violaciones forman parte de los principios fundadores
del Estado de derecho. En este sentido, pedimos al Gobierno Colombiano que ponga
todos los medios para luchar contra la impunidad existente, controlar y prevenir
las violaciones de los derechos humanos y asegurar el cumplimiento del derecho
internacional humanitario.
Muchos testimonios particulares, confirmados en el Informe Internacional de la
ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por ONG's
internacionales, expresan los vínculos existentes entre las fuerzas de seguridad
del Estado y los grupos paramilitares; en este sentido, solicitamos al Gobierno
de Colombia que desmonte el paramilitarismo.
En la misma perspectiva, solicitamos al Gobierno colombiano que asegure la
protección de los defensores de los derechos humanos, y particularmente que
utilice los medios precisos para asegurar su integridad física y moral.
Además, en el contexto de las negociaciones de paz, pedimos que se dé
oportunidad para que haya una alta y verdadera participación de la sociedad
civil (entre otros, los desplazados y organizaciones acompañantes). No basta
consultar a las partes, sino que deben ser integradas en los acuerdos
resultantes. En atención a los desplazados, exigimos que se cumpla la ley 387 y
los acuerdos firmados entre el Gobierno y las comunidades desplazadas.
Solicitamos a los gobiernos y a las instituciones europeos, en el contexto de
los acuerdos entre Colombia y la Unión Europea (y particularmente ante las
próximas negociaciones en relación con el llamado "Plan Colombia"), que se hagan
corresponsables de los acuerdos globales sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario. Cabe recordar aquí que 53 estados aprobaron la
declaración del 56º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
Insistimos en que en estas negociaciones se ponga sobre la mesa la verdadera
situación colombiana. Es decir, que no se pretenda adoptar soluciones fáciles
ante la compleja situación del país (como podría ser el dar ayuda humanitaria y
militar). Todas las relaciones económicas y políticas están condicionadas por el
respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Asimismo, comunicamos nuestra intención de seguir atentamente el desarrollo de
los trabajos de la mesa de donantes que, en relación con el Plan Colombia antes
mencionado, se habrá de reunir en Madrid el próximo mes de julio. Y procuraremos
hacer llegar hasta esa mesa las voces de los desplazados de Colombia, que hemos
podido escuchar directamente durante el cumplimiento de nuestra misión.
Santafé de Bogotá, 15 de mayo 2000.
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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