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I. Actualización sobre los procesos judiciales a militares
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Ecuador, a 4 de Febrero, 2000. Ecu - 1/2 Actualización de
información sobre los procesos judiciales a
militares.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
PROCESOS A MILITARES: EL GENERAL MENDOZA YA FORMA PARTE DEL PROCESO MILITAR JUNTO A 15 OFICIALES,
1 SUBOFICIAL Y 1 CABO PRIMERO. TAMBIÉN HAN SIDO SINDICADOS 100 OFICIALES SIN ORDEN DE PRISIÓN
PREVENTIVA Y 3 POLICÍAS.
LA CORTE ESPERA EL PROCESO CONTRA LOS MILITARES QUE PARTICIPARON EN LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA.
Un inusual movimiento se observó ayer en las oficinas de la Corte de Justicia Militar, hasta
donde deberá llegar el proceso en contra de los coroneles sindicados por insubordinación. Jorge
Salgado Molina, presidente de la Corte de Justicia Militar, dijo que se encuentra en espera del
proceso instaurado en el Juzgado Segundo de lo Penal Militar, cuyo titular se inhibió de
continuar con el trámite. El general de aviación en retiro adelantó que todos sus
pronunciamientos serán públicos mediante providencias.
Mientras el Consejo de Generales y Almirantes se reunía en el Ministerio de Defensa, se conoció
de manera extraoficial que el juez Luis Sangoquiza Cárdenas, habría sido removido de sus
funciones. El centinela de la Primera Zona, en Quito, se limitó a señalar: "mi mayor Sangoquiza
se fue con el pase a la Comandancia General".
Otro de los implicados, el teniente coronel de Policía, Fausto Terán, fue detenido y trasladado a
las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El ministro de Defensa, Hugo Unda,
reconoció que uno de los oficiales que participó en la asonada golpista del 21 de enero, mencionó
al ex jefe del Comando Conjunto, Carlos Mendoza dentro del proceso, lo cual no significa que haya
sido sindicado dentro del caso. (XP-MUP)
AMNISTÍA EN RUTA
Un proyecto de amnistía en favor de los civiles y militares involucrados en los hechos ocurridos
el 21 de enero, presentó ayer la diputada Nina Pacari con el respaldo de Pachakutik. El
presidente de la Conaie, Antonio Vargas, el ex presidente de la Corte Carlos Solórzano, el
coronel Lucio Gutiérrez y los ex generales Paco Moncayo y René Yandún, serían los beneficiados.
Pero el proyecto no tiene el apoyo mayoritario de los bloques legislativos. El Partido Social
Cristiano prefiere conocer el documento antes de pronunciarse. Alfredo Serrano, dijo: "no se
puede institucionalizar el irrespeto al orden jurídico". Juan José Pons considera que quien viola
la Constitución debe atenerse a las leyes. Ramiro Rivera, exige que los militares involucrados
se rijan a un consejo de guerra y los civiles a la justicia.
Jorge Marún (PRE) apoyará la amnistía, si se incluye en ella a todos los perseguidos políticos,
empezando por el ex presidente Abdalá Bucaram. (BAV)
VARGAS: 'LA CÚPULA MILITAR ES CORRUPTA'
Calificado como un 'Gandhi indígena', el presidente de la Conaie, Antonio Vargas, en una
entrevista publicada en el periódico español La Vanguardia, acusa a la cúpula militar ecuatoriana
de estar "metida hasta el cuello en la corrupción".
Esa afirmación hace después de afirmar que los generales les traicionaron. "Deberían dimitir por
mentirosos y traidores, y dejar paso a oficiales jóvenes que no están contaminados". "También nos
traicionó el ministro de Gobierno, Francisco Huerta, quien pide castigo para los coroneles",
acota.
En la misma entrevista, publicada ayer, Vargas dice que mantener presos a los coroneles agudizará
la fisura en las FFAA:"El Gobierno debe liberar a cientos de indígenas detenidos. Si no lo hace,
habrá otra convulsión".
Ricardo Ulcuango le dijo al diario HOY que unos siete indígenas fueron detenidos y ya están
libres. Vargas está de acuerdo con hacer una autonomía indígena como la catalana. Dice que estuvo
allá hace diez años y le impresionó "el alto grado de autogobierno sin separarse de España.. Los
indígenas pedimos autonomía y respeto a las distintas lenguas y pueblos del país". (OP)
[Fuente: El Diario, Zona Franca de Manabi., Ecuador 3feb00]
CIEN OFICIALES ENJUICIADOS Y 17 ÓRDENES DE PRISIÓN
QUITO.- Cien oficiales del Ejército enjuiciados, 17 órdenes de prisión y el pedido de un juez
militar para que la Corte Militar investigue al ex triunviro Carlos Mendoza, son los resultados
del proceso iniciado contra los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el golpe de
Estado.
Los oficiales pertenecen a la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), Academia de
Guerra y Brigada de apoyo logístico.
Además, Luis Sangoquiza, juez militar, se inhibió de seguir conociendo el proceso y lo remitió a
la Corte Militar, porque de los datos de prensa se deduce que podría haber responsabilidad de
Mendoza, que el 21 de enero era Ministro de Defensa encargado.
[Fuente: Diario El Universo, Guayaquil, Ecuador 03feb00]
EL GENERAL MENDOZA YA FORMA PARTE DEL PROCESO MILITAR JUNTO A 15 OFICIALES, 1 SUBOFICIAL Y 1
CABO PRIMERO. TAMBIÉN HAN SIDO SINDICADOS 100 OFICIALES SIN ORDEN DE PRISIÓN PREVENTIVA.
La Corte de Justicia Militar deberá continuar el proceso instaurado en contra del coronel Lucio
Gutiérrez y otros oficiales y voluntarios de la Fuerza Terrestre, sindicados por insubordinación
e infracciones conexas. El proceso que tiene cinco cuerpos, tres anexos y dos videocasetes,
sindica con orden de prisión preventiva a 15 oficiales, un suboficial y un cabo primero. También,
han sido sindicados, sin orden de prisión preventiva, 100 oficiales pertenecientes a la Academia
de Guerra del Ejército, Politécnica del Ejército y la Brigada de Apoyo Logístico No. 25.
El juez Segundo de lo Penal Militar, mayor Luis Sangoquiza, se inhibió de continuar conociendo la
causa No. 02-2000-IZM2J y remitió todo lo actuado hasta la fecha a la Corte de Justicia Militar.
El auto inhibitorio tiene fecha 28 de enero de 2000 y en él se argumenta que por desprenderse del
proceso y de las declaraciones rendidas por cinco de los sindicados, estaría presuntamente
inmerso el general Carlos Mendoza Poveda, en el delito de "afectar la legalidad
institucionalidad del poder legalmente constituido".
El juez sustenta su auto inhibitorio, remitido ayer a la Corte de Justicia Militar, en el
artículo 12, numeral cuatro y artículo cuatro, atribución tres de la Ley Orgánica del Servicio de
Justicia Militar que tiene relación con los artículos cinco y nueve del Código de Procedimiento
Penal Civil, que habla del fuero de que gozan los oficiales superiores con el grado de generales.
De esta manera, la causa se ventilará en el máximo tribunal de Justicia militar. Hasta el momento
se han evacuado algunas diligencias que ya se las remitió adjuntas al proceso para que el titular
de la Corte de Justicia Militar ordene las diligencias que considere necesarias dentro del
proceso. (XP)
UN OFICIAL DE JUSTICIA
Luis Gonzalo Sangoquiza Cárdenas, de 43 años, abogado de los Tribunales de Justicia, con el grado
de mayor de la Fuerza Terrestre, es el juez Segundo de lo Penal Militar, que instauró autocabeza
de proceso para establecer autores, cómplices y encubridores de los hechos ocurridos en el país
el 21 y 22 de enero de 2000.
En 1985 ingresa a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en donde luego de diez meses de curso
se gradúa como oficial de Justicia con el grado de subteniente. Desde entonces, ha trabajado como
secretario de juzgado, fiscal y juez, en las cuatro zonas en que se divide la Fuerza Terrestre en
el Ecuador. Hasta ayer fue el juez de los militares golpistas. (XP)
CONGRESO INVESTIGA GOLPISTAS
La Dirección de Recursos Humanos del Congreso inició una investigación para determinar si
funcionarios del Parlamento participaron o no en la asonada del 21 de enero. La pesquisa se
inició por orden directa del presidente Juan José Pons y se espera tener un resultado en los
próximos días para determinar las sanciones respectivas.
Paralelamente, la Asociación de Servidores Legislativos también designó una comisión para
investigar el tema. El presidente del gremio Francisco Erazo se reunirá en las próximas horas con
Pons para conocer detalles de la investigación, pues hasta el momento no existe una lista oficial
de quienes serían sancionados.
Entendemos, dijo Erazo, que las tomas de video de los diferentes canales de televisión serían la
base para las indagaciones, pero por el momento no hay un informe al respecto. 'Todo lo que hay
son rumores, pero será el presidente Pons quien nos aclare la situación", acotó.
En caso de que
se verifique la participación de empleados del Congreso en la asonada del 21 de enero, se los
sancionará según lo que dispone el reglamento interno, con la destitución del cargo.
Entre los primeros involucrados en este hecho se mencionan a tres asesores del Movimiento Popular
Democrático y de Pachakutik, a dos periodistas que trabajan con legisladores y a empleados a
contrato que tienen diferentes cargos y que no tenían razón de estar en el Congreso durante la
toma de los indígenas y militares. En caso de que se determine la participación de los empleados
del Congreso, a más de la destitución se les impondrá una multa equivalente al valor de los daños
ocasionados en las respectivas oficinas. (BAV)
NUEVAS MARCHAS DESDE EL JUEVES
El Frente Patriótico apoyará a los trabajadores del Instituto de Seguridad Social en un mitin que
se realizará hoy en Cuenca y también habrá otras marchas en Quito y Guayaquil en busca de que se
archive el Proyecto de Ley de Seguridad Social y se destituya a los miembros de la Comisión
Interventora y al director general del IESS.
En cambio, no habrá el jueves en el Azuay una respuesta al llamado del Frente Patriótico para una
movilización a nivel nacional.
Según Marco Auquilla, presidente del Frente Popular, la lección del 21 de enero ha sido la falta
de unidad entre el Frente Patriótico, la Coordinadora de Movimientos Sociales y la Confederación
de Nacionalidades Indígenas, por lo que se han realizado contactos para superar esta deficiencia.
A pesar de que la Conaie del Azuay comparte esta apreciación, la dirigente Robertina Vele dijo
que no se adherirá el jueves a la movilización, sino que más bien se realizará un 'Parlamento
Indígena' en Cuenca con la presencia del dirigente nacional Luis Quishpe. (SK)
[Fuente: Diario Hoy Digital, Ecuador, 3feb00]
GENERAL CARLOS MENDOZA ES INVESTIGADO POR CORTE MILITAR
QUITO.- El ex triunviro Carlos Mendoza será investigado por la Corte Militar por su presunta
participación en la asonada golpista del pasado 21 de enero. Luis Sangoquiza, juez de la Primera
Zona Militar, confirmó ayer que dictó el auto inhibitorio porque podrían haber indicios de
responsabilidad contra el General Carlos Mendoza, quien tiene fuero de Corte Militar.
Ayer en la Primera División Shyris, en la que se encuentra ubicado el juzgado, informaron en
forma escueta que Sangoquiza recibió el pase a Pastaza. Su puesto sería ocupado por un mayor de
apellido Jaramillo. Sin embargo, hacia las 15h00, Sangoquiza en diálogo telefónico dijo que
seguía prestando servicio en el lugar. En la Corte Militar desconocían la providencia de
Sangoquiza. El presidente de ese organismo, Gral. Jorge Salgado, explicó a las 11h00 que hasta
ese instante no tenía en su poder el proceso.
En el caso de Mendoza se podría dar un conflicto de competencia, puesto que, además de miembro
activo de las Fuerzas Armadas, en el momento en que fue parte del triunvirato era ministro de
Defensa encargado.
Una fuente militar puntualizó que el juez competente de un secretario de Estado es el presidente
de la Corte Suprema de Justicia y de un general la Corte Militar.
De su lado, Mendoza comentó informalmente a Teleamazonas que si lo juzgan a él "tendrán que
juzgar a todos los comandantes y oficiales que estuvieron ahí."
PRESOS POLICÍAS
Mientras tanto, los tres policías acusados de participar en el intento golpista del pasado 21 de
enero fueron detenidos a las 13h30 de ayer por disposición de la Corte Distrital de la Policía.
La orden judicial señala que los acusados deben permanecer en un recinto policial, pero fueron
trasladados al cuartel del GIR, para que cumplan la prisión.
La detención se la realizó tras un análisis de la excitativa fiscal y el informe de la Policía.
Los oficiales están acusados de haber participado en la revuelta del 21 de enero y son: el
coronel Fausto Terán, Gonzalo Suasnavas, cuñado del coronel del Ejército Lucio Gutiérrez, y el
subteniente Luis Erazo, los dos últimos agentes del SIAT.
UNDA: PROCESO PASA LO MILITAR
Recuperar la imagen que perdieron las FF.AA. en los incidentes del 21 de enero y buscar la verdad
sobre la insubordinación militar de ese día, son los grandes retos que reconoció el Ministro de
Defensa, Alm. Hugo Unda, está afrontando.
Sobre el proceso judicial-militar que se inició contra los oficiales implicados en la asonada,
Unda admitió que "este problema no es superficial, las implicaciones no son solo de carácter
militar y eso puede complicarnos bastante".
Sin embargo destacó que gracias a la equidad con la que están actuando "hemos bajado el nivel de
confrontación que se había desarrollado los días siguientes al 21 de enero y creo que ya estamos
creando un ambiente que permita, con tranquilidad, establecer una situación que nos lleve, sin
rencores, a buscar la verdad a través de los procesos legales".
En declaraciones a la estación de televisión Gamavisión, el Ministro de Defensa se abstuvo de
opinar sobre el juzgamiento o amnistía planteados para los militares involucrados en la
insubordinación porque dijo no tener todos los elementos de juicio necesarios y para "como dicen
los abogados, no prevaricar".
Unda confirmó que al momento trece oficiales se encuentran detenidos y negó que el ex ministro de
Defensa, Gral. Carlos Mendoza, se encuentre implicado en este caso. "Seguramente dentro de las
declaraciones de alguno de ellos (los oficiales detenidos) lo ha mencionado al Gral. Mendoza,
pero eso no quiere decir que está implicado", acotó. "Si ese fuese el caso, una vez que haya
avanzado la información sumaria entonces sí pasaría del juzgado a la Corte de Justicia Militar,
una instancia superior, pero el Gral. Mendoza no está procesado, no está enjuiciado ni acusado",
es una etapa de investigación expresó el Ministro.
Finalmente el secretario de Estado pidió a todos los sectores del país tranquilidad y ecuanimidad
para llegar a la verdad de los hechos, no para juzgar a los implicados sino para juzgar los
acontecimientos.
[Fuente: Diario El Universo de Guayaqui, Ecuador 3feb00]
JACINTO VELÁZQUEZ HERRERA ASUME DEFENSA LEGAL DE LOS MILITARES PROCESADOS.
El Dr. Jacinto Velázquez Herrera, ex candidato a la Presidencia de la República, asumió ayer la
defensa de los coroneles que participaron en las jornadas del 21 de enero y que determinaron la
salida del Dr. Jamil Mahuad Witt.
Al asumir la defensa de los militares y rememorar los hechos acaecidos el viernes 21 de enero,
Velázquez expresó que los coroneles Lucio Gutiérrez Borbúa, Fausto Terán, Fausto Cobo, Guillermo
Pacheco y todos los militares que participaron en estos hechos son inocentes. "No hubo ningún
delito en esa acción, apenas podría pensarse en faltas de carácter disciplinario al interior de
la institución militar como, por ejemplo, hacer una declaración pública y no haber pedido
autorización", sostuvo. "Hicieron declaraciones... interpretaron el sentir de los ecuatorianos
para que al fin termine la corrupción", comentó.
Velázquez fustigó a la democracia, la que dijo no está al servicio de los pobres y más
necesitados, "y ése es el sistema que no sólo los coroneles y no sólo los indígenas quisieron
terminar, sino que fue toda la sociedad en su conjunto".
Según Velásquez, estos hechos deben ser entendidos más allá de contexto militar, "se entiende que
no pueden intervenir en la vida administrativa del País, que no pueden gobernar, que no pueden
hacer reparos a cierto tipo de acciones de Gobierno, pero eso no significa y que quede muy claro
que están castrados intelectualmente, es gente que piensa como nosotros".
Los militares han esgrimido armas muy superiores a las de pólvora, dijo, han esgrimido las armas
de la razón, de la justicia y del prestigio de la institución militar. "Me siento profundamente
conmovido, tan emocionado como me sentí el viernes 21 y el sábado 22 considerar que era un acto
patriótico de incuestionable valor el que indígenas y algunos oficiales de las Fuerzas Armadas
expresen su deseo de que vinieran mejores días para la Patria", agregó.
Por su parte, las cónyuges de los militares y policías insurrectos iniciaron desde ayer su
defensa jurídica. El jueves se ha previsto una marcha hasta el Palacio de Gobierno. La Dra.
Ximena Bohórquez de Gutiérrez en representación de los familiares de los militares, tras defender
a Gutiérrez, explicó que "los indígenas, los movimientos sociales y el pueblo en general con el
apoyo patriótico de los oficiales y tropa del Ejército, le han dicho al País que ellos querían
acabar de una vez por todas con la corrupción en las instituciones del Estado...".
Bohórquez afirmó que los enjuiciados deberían ser "estos conspiradores -políticos y empresarios-,
aquellos que desde el Ejecutivo fraguaron un autogolpe". En tanto, miembros del Frente
Patriótico (FT), Unión Nacional de Educadores (UNE) y Movimiento Popular Democrático (MPD)
iniciaron la recolección de firmas en Guayaquil para pedir la libertad de los militares que
participaron en el derrocamiento de Mahud.
[Fuente: Redacción de Quito del Diario El Telégrafo de Guayaquil, Ecuador, 1feb00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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