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En EUA presionan para dar de baja los "Coroneles Rebeldes"
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Ecuador, a 13 de Junio, 2000.
Desde: Equipo Nizkor.
SEGÚN FUENTES MILITARES, LOS ESTADOS UNIDOS
PRESIONAN PARA DAR DE BAJA DEL EJERCITO A LOS CORONELES REBELDES.
por Kintto Lucas (Agencia IPS)
QUITO. Los coroneles que acompañaron en enero al movimiento indígena de
Ecuador en la insurgencia contra el gobierno serían dados de baja como
parte de una "reorientación" del ejército impuesta por Estados Unidos,
aseguraron fuentes militares. Tras haber estado detenidos en diversos
cuarteles por la insurrección, los coroneles fueron liberados luego de la
amnistía aprobada por el Congreso legislativo el día 1, y se presentaron el
martes ante el comandante del Ejército, Norton Narváez.
Según versiones de prensa, Narváez los reprendió y les habría dicho que ya
no merecían la confianza de las fuerzas armadas.
Luego de la reunión, los mandos del ejército pusieron a los 18 oficiales
más comprometidos con la rebelión a disposición del Ministerio de Defensa
por 90 días, con la previsión de pasarlos a disponibilidad por seis meses,
medida previa a la baja.
De acuerdo con la medida, los militares no tendrán ningún cargo o función
castrense durante tres meses.
Una alta fuente militar que prefirió permanecer en el anonimato aseguró a
IPS que la represalia contra los coroneles responde más a presiones de
Estados Unidos que a la intención real de castigarlos por la rebelión de
enero contra el entonces presidente Jamil Mahuad.
"Está muy claro que los mandos no temen un cisma en el interior de las
fuerzas armadas, como se puede producir, porque así empiezan a cumplir el
objetivo de reestructuración impuesto por Estados Unidos", aseguró el
militar consultado.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, aseguró hace
pocos meses que tras el convenio que cede la base militar y el puerto de la
ciudad ecuatoriana de Manta a Estados Unidos, uno de los objetivos de los
militares en Washington es "reorientar" las fuerzas armadas ecuatorianas.
"Parte de esa reorientación es modificar la formación de los militares
ecuatorianos por una como la de los ejércitos del Cono Sur o del
colombiano, dentro de una doctrina represiva", según la fuente.
También aseguró que para cumplir ese objetivo "es necesario eliminar a los
elementos progresistas que puedan oponerse, y esto es sólo el comienzo".
En los próximos cinco días los coroneles piensan apelar la decisión de los
mandos apoyándose en leyes militares.
Jorge Brito, uno de los oficiales implicados, anunció que una de las bases
para la apelación será el hecho de que la decisión fue tomada sin haber
escuchado previamente la posición de los oficiales insurrectos.
También señaló que no está de acuerdo con la expresión de desconfianza y lo
reflejará "en los documentos pertinentes".
El coronel Lucio Gutiérrez, líder de los rebeldes, quien tras ser
amnistiado cumple un arresto de 96 horas por haber dado declaraciones a la
prensa sin autorización de los mandos, se mostró contrario a ceder la base
de Manta a tropas extranjeras y a la participación ecuatoriana en el Plan
Colombia.
El presidente colombiano Andrés Pastrana solicita a la comunidad
internacional financiamiento para ese plan, destinado a la lucha contra el
narcotráfico.
Gutiérrez recomendó, incluso, consultar a los ecuatorianos mediante un
plebiscito para definir la actitud del gobierno respecto de Manta y del
Plan Colombia.
El militar afirmó que, para ser justos, se debería sancionar a todos los
militares que de una u otra forma participaron en los hechos del 21 de
enero, y no solo a los coroneles.
"Si se sanciona a quienes apoyamos la rebelión indígena también debe
sancionarse a los que trabajaron en las sombras hacia otros objetivos",
aseguró.
Los diputados del indigenista Movimiento Plurinacional Pachakutik afirmaron
que plantearán un juicio político contra el ministro de Defensa, Hugo Unda,
en caso de que éste no acate la amnistía y sancione a los oficiales.
El movimiento indígena y los movimientos sociales entraron en la etapa
final de recolección de firmas para llamar a un referéndum en el que se
consulte a los ciudadanos si están de acuerdo con la amnistía, la entrega
de la base de Manta y la dolarización de la economía.
Según la Constitución, es necesario para lograr esa finalidad recoger
605.000 firmas que equivalen a ocho por ciento del padrón electoral. Hasta
el momento se han recogido un millón de firmas, pero el objetivo es
conseguir otro millón en los próximos días.
"Si los políticos y la cúpula militar no pueden resolver el problema tiene
que ser la soberanía nacional", dijo Napoleón Saltos, de la Coordinadora
de Movimientos Sociales.
"Si hay que ver responsabilidades que se vean todas, incluidas la de los
generales y el presidente Gustavo Noboa, cuya posesión el 22 de enero fue
al margen de la carta política, al haberlo hecho frente a la cúpula
militar", argumentó Saltos.
Para la religiosa católica Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica
de Derechos Humanos (CEDHU), el incumplimiento de la amnistía y la
participación de Ecuador en el Plan Colombia constituirían violaciones a la
Constitución.
"Esperamos que los intérpretes de la Constitución no inventen nuevos
argumentos que desconozcan el principio legal de una amnistía", aseguró
Monge. Para la religiosa, es ilegal que se pretenda hacer valer las leyes
internas militares para sancionar a los coroneles.
"Parece que la amnistía permite olvidar la actuación de los mandos y del
presidente Gustavo Noboa, que asumió ilegalmente. ¿'Se acepta amnistiar a
quienes participaron en el verdadero golpe de estado pero no se puede
olvidar la rebelión de los coroneles?", señaló.
En cuanto a la base de Manta, Monge aseguró que, de acuerdo con la
Constitución, cualquier convenio internacional que establezca alianzas
políticas o militares debe ser aprobado por el Congreso en pleno, lo que no
ocurrió.
"El convenio se firmó violando esta norma y sin la existencia de un
tratado bilateral discutido por la ciudadanía. Ahora estamos en medio de
una guerra y seremos víctimas de consecuencias que no estamos preparados a
enfrentar", arguyó Monge.
La directora de CEDHU tampoco encuentra explicaciones sobre el hecho de que
se incluya en el acuerdo el uso del puerto de Manta, cuando se ha insistido
que solo se utilizaría la base.
El tratado establece además que el gobierno de Ecuador renuncia a todo
reclamo por "daño, pérdida o destrucción de bienes a consecuencia de
actividades relacionadas con este acuerdo" o por concepto de "lesiones o
muertes sufridas por el personal en el desempeño de sus obligaciones".
A Monge también le preocupa la afirmación de Wilhelm, porque representa
"una intromisión estadounidense para reformar las fuerzas armadas
ecuatorianas".
La fuente del ejército consultada por IPS aseguró que el gobierno de
Estados Unidos tiene demasiados problemas para lograr que el Congreso
legislativo de su país apruebe el Plan Colombia y no quieren tener
oposición en Ecuador.
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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