Condenan asesinato de dirigente comunitario en Dos Quebradas

Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Guatemala, a 30 de Mayo, 2000. Gtm - Condenan el asesinato del dirigente comunitario ocurrido en Dos Quebradas. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información.

ACTUEMOS DE MANERA UNIDA PARA EVITAR QUE SE VUELVA A LA BARBARIE DEL PASADO

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala condena el asesinato del dirigente comunitario JOSÉ ANANCIO MENDOZA, ocurrido en la aldea Dos Quebradas, Camotán, Chiquimula. Mendoza era miembro del Comité de Educación Comunitaria, fue candidato a la alcaldía por la Alianza Nueva Nación, guardián de salud comunitaria y dirigente de la Iglesia Católica. El 4 de mayo el cuerpo de Mendoza fue localizado en un pozo de agua. Presentaba múltiples golpes.

En esa misma fecha, EDWIN RAFAEL FUENTES LÓPEZ, dirigente sindical, representante de los trabajadores de la azucarera Palo Gordo en la Costa Sur, sufrió un intento de asesinato por parte de Marío García, capataz de la azucarera. Posterior al atentado, García ha amenazado de muerte a Fuentes López.

A estos hechos se suman las denuncias de amenazas contra periodistas, contra la fiscal especial del caso Gerardi, contra miembros y dirigentes de organizaciones populares y del movimiento social y la desaparición, el 7 de abril, de la catedrática universitaria MAYRA GUTIÉRREZ.

La CDHG insta a las organizaciones de la sociedad civil para tomar acciones conjuntas y así evitar que se regrese a las prácticas violatorias de los derechos humanos del pasado.

Las violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal lamentablemente no han cesado. Es preocupante, además, el evidente clima de violencia, la crisis de gobernabilidad y el ambiente de inestabilidad institucional que amenazan a nuestra frágil e incipiente democracia. A esto se suma el aparecimiento de cadáveres no identificados con señales de tortura y tratos crueles, lo que apunta a acciones de "limpieza social". Estos hechos son algunos de los indicios de la debilidad institucional existente.

Es necesaria una sociedad civil fortalecida que actúe para redoblar la vigilancia sobre los posibles abusos y violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir, que los rechace y denuncie de inmediato; una sociedad civil que se constituya en defensora de la institucionalidad del país, y evitar las prácticas del pasado que tanto sufrimiento y dolor causaron a nuestro pueblo.

"POR EL DERECHO DE UN PUEBLO A VIVIR"
Guatemala 26 de mayo del 2000

PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS INTENTOS DE PERPETUAR LA IMPUNIDAD Y EL TERROR

Ante el creciente número de amenazas y hostigamientos que afecta a diversos grupos de la ciudadanía y amenaza con plantear para el país un retroceso respecto de los avances democráticos impulsados por la firma de los acuerdos de paz, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, la Fundación que lleva su nombre, el Centro de Acción Legal para la Defensa de los Derechos Humanos (CALDH), Alianza contra la Impunidad (AI), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Famdegua),

MANIFIESTAN:

Luego de la finalización de un prolongado conflicto armado los guatemaltecos parecíamos tener claridad sobre el camino a seguir para instaurar en el país un sistema democrático, participativo, que nos permitiera transitar hacia una cultura de paz, con justicia, equidad y desarrollo social sostenible, de cara a una inserción exitosa en el ámbito mundial.

Los sectores nacionales, incluyendo todos los organismos e instituciones que conforman el Estado, parecían entender su papel respecto a las metas comunes, de lograr la justicia social, el resarcimiento a las víctimas del conflicto, la instauración de un verdadero Estado de Derecho, así como un Ejército que abandonara su papel de violador de los Derechos Humanos y, en cambio, se preparara para desempeñar su papel como institución democrática.

No obstante vemos con profunda preocupación cómo en lugar de un clima donde los sectores nacionales realizan esfuerzos para la apertura de espacios y dónde el Estado y sus aparatos se encaminan a cumplir su papel de protector de los guatemaltecos, lo que prevalece hoy es un panorama distinto.

Ha vuelto a instaurarse en el país un clima de amenazas que empiezan a agobiar a la ciudadanía. Jueces y periodistas comienzan a vivir bajo un régimen de terror, que alcanza también a activistas y miembros de organizaciones sociales. Hay seguimiento e intimidación directa a personas, se utilizan los medios electrónicos para lanzar amenazas y en las entidades que velan por la vigencia de los derechos humanos crecen las denuncias sobre espionaje telefónico.

Pero nos preocupa, sobre todo, el hostigamiento constante contra aquellas organizaciones y personas que se han convertido en querellantes en la causa abierta en España a solicitud de la Premio Nobel, incluyendo a miembros de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, situación que ha sido puesta en conocimiento de organizaciones nacionales e internacionales.

De manera especial preocupa el atentado sufrido por Feliciano Pu, trabajador de la Procuraduría de los Derechos Humanos y hermano de Rosario Pu, quien es querellante en el proceso por genocidio abierto en España. Feliciano Pu fue brutalmente agredido con arma blanca por siete hombres el pasado martes 23 en Chimaltenango. Como resultado de la agresión su estado de salud es delicado. Nos preocupa, asimismo, la censura que se ha instaurado en varios medios de comunicación social, lo cual contribuye a alimentar este clima de inestabilidad, zozobra e incertidumbre.

A la vez que rechazamos estos nuevos intentos por perpetuar en el país un régimen de impunidad y terror,

SOLICITAMOS:

1. A la sociedad guatemalteca, que comprenda que los fines de los sectores de poder que amenazan e intimidan son cerrar el círculo de la impunidad para la consecución de intereses particulares y en detrimento del espíritu de nación. Bajo esta comprensión, que con valentía y fuerza cumpla su papel de exigir el cumplimiento de aquellos compromisos que nos lleven a forjar la nación a la que todos aspiramos, pues no es momento de tolerar retrocesos.

2. A la comunidad internacional, y en especial a las naciones amigas, que no manifiesten ceguera ante estos intentos de poderes fácticos por cerrar espacios democráticos y apoye con firmeza todos los esfuerzos de los sectores sociales para evitar el dominio de la impunidad. Asimismo, que incremente sus niveles de observancia de la situación nacional y actúe a favor de la vigencia en el país de los derechos humanos y un Estado democrático de Derecho.

3. A las organizaciones de la sociedad civil, que se unan en las causas iniciadas en Guatemala y ante tribunales extranjeros en búsqueda de justicia contra los responsables de genocidio. Asimismo, que exijan una investigación seria y a profundidad sobre la desaparición de la catedrática universitaria Mayra Gutiérrez. Creemos que nos debe guiar la comprensión de que sólo juntos podremos encarar a estos poderes ocultos que intentan instaurar un régimen que representa terror, muerte y humillación para los guatemaltecos, así como el retorno a un pasado que creíamos superado.

Fundación Rigoberta Menchú
Guatemala, 26 de mayo de 2000

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