Ha concluido la exhumación en Pujujil
Solicitan condicionar ayuda económica debido a la impunidad

Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Guatemala, a 9 de Junio, 2000. Gtm- Ha concluido la exhumación en Pujujil y solicitan condicionar ayuda económica debido a la impunidad. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información.

HA CONCLUIDO LA EXHUMACIÓN DEL CEMENTERIO CLANDESTINO DE PUJUJIL

La comunidad Pujujil, Sololá fue ocupada militarmente por el Ejército Nacional durante el mes de agosto de 1981, sembrando terror y muerte entre sus habitantes. Se encontraba en el poder el General Fernando Romeo Lucas García y las violaciones a los derechos humanos se empezaban a trasladar de las ciudades al interior del país.

La comunidad al percibir la llegada del Ejército logro escapar hacia las montañas cercanas, sin embargo mujeres, ancianos y niños quedaron en la ladea.

El ejército capturó a las 46 personas que no habían logrado escapar, violó a las mujeres y a las niñas, posteriormente los colocaron a todos en una vivienda y por último los quemaron vivos.

Pocos días después los sobrevivientes regresaron a Pujujil y al darse cuenta del dantesco escenario enterraron a sus familiares y vecinos en una fosa común.

19 años después el GAM impulsa la exhumación de esos restos contando con el respaldo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) quienes del 22 de mayo al 6 de junio recuperaron 21 osamentas y 17 restos humanos calcinados habiendo tenido que abrir 125 fosas.

En seis de las 125 fosas se logró encontrar restos humanos, en una de ellas se rescató 18 osamentas, en otras tres una osamenta por cada una, en una más instrumentos de tortura y en la última fragmentos de 17 personas calcinadas.

En estos momentos la FAFG se encuentra en el proceso de identificación de los restos, para posteriormente devolverlos a la comunidad, en donde se realizará la inhumación en un cementerio legal.

Los responsables de éste crimen además del presidente de la República de ese momento, son los Generales Ángel Aníbal Guevara, quien fungía como ministro de la Defensa Nacional y Benedicto Lucas García quien era el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Los restos constituyen una prueba contundente de la brutalidad con que se actúo contra la sociedad civil indefensa, además de la necesidad de que en Guatemala termine la impunidad.

Guatemala 8 de junio de 2000

Las asociaciones francesas de solidaridad internacional, miembros del intercolectivo Guatemala hemos podido constatar junto con nuestras contrapartes guatemaltecas, la deterioración del proceso paz en el país.

Tres años después de la firma de los acuerdos de paz, nos preocupa y nos alarma las deficiencias que hemos constatado en su aplicación. Estos acuerdos fueron negociados con el propósito de poner fin a las causas que originaron el conflicto interno armado y para remediar los efectos perversos de la política de exclusión y de guerra civil, dirigida por el Estado durante muchos decenios.

El gobierno saliente no institucionalizó en la práctica el proceso de paz y le faltó independencia frente a la oligarquía agrícola, financiera y militar, principal beneficiaria de las grandes injusticias económicas y sociales del país. Estos grupos de poder han puesto una serie de obstáculos destinados a evitar cada uno de los cambios del proceso de paz que pudieran perjudicar de cerca o de lejos sus intereses.

De la misma manera, los partidos políticos no fueron un canal de comunicación entre la sociedad y el Estado. Este disfuncionamiento afectó seriamente el trabajo legislativo del Congreso Nacional relativo a los acuerdos de paz.

Seguimos de cerca y alentamos los esfuerzos que realizan actualmente las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca para lograr salir de este impase. En la actualidad se trata de obtener del nuevo gobierno un real compromiso para una nueva agenda para la paz. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) ha declarado oficialmente su intención de continuar con la aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, la llegada a la escena política de numerosas personas acusadas de ser responsables de violaciones masivas de los derechos humanos nos hace compartir la inquietud de nuestras contrapartes en cuanto a la concretización de este compromiso.

Como ciudadanos franceses y europeos, en solidaridad con nuestros amigos guatemaltecos, nos dirigimos a los donantes de la comunidad internacional, para que condicionen su ayuda financiera al gobierno de Guatemala a la obtención de resultados concretos, que respondan a las prioridades estratégicas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Cerca de dos mil millones de dólares han sido prometidos para la ejecución del programa para la paz, de los cuales 260 millones por la Unión Europea. Estos financiamientos deben ser canalizados de acuerdo a criterios estrictos de transparencia y de aplicación participativa de los acuerdos de paz.

Las asociaciones francesas que suscriben este documento nos comprometemos a seguir atentamente los avances concretos en materia de participación, lucha contra la impunidad y reconciliación nacional.

Redefinición de las relaciones sociedad civil-Estado y participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

La transformación democrática del país reposa en la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Treinta años de dictadura han dejado secuelas muy grandes y se puede aún constatar el carácter excluyente del Estado guatemalteco. Sin embrago, se han abierto espacios de expresión y de concertación política que saludamos. A pesar de ello, la ausencia de mecanismos permanentes de comunicación y de participación no permiten la perennización (sic) de estos espacios. La fuerte tasa de abstención (82%) en las elecciones y el NO al reférendum organizado en mayo de 1999 para la aprobación de las reformas constitucionales emanadas de los acuerdos de paz, simbolizan el fracaso a obtener la participación ciudadana e ilustran sus dramáticas consecuencias para la viabilidad del proceso de paz.

Para remediarlo, las organizaciones de la sociedad civil[1] consideran que en materia de políticas públicas es indispensable establecer mecanismos de consulta e información a todos los niveles. Se deben buscar consensos mínimos entre los diferentes sectores para poder traducir las decisiones gubernamentales en decisiones nacionales. El Estado debe fortalecerse y democratizarse gracias a un proceso de descentralización con participación activa de los diferentes sectores de la sociedad. La aplicación de programas de fortalecimiento institucional, dirigidos a mejorar la capacidad de negociación, de concertación, de evaluación, de formulación de propuestas de las organizaciones sociales, deberían ser una prioridad de la comunidad internacional.

De igual manera, en el marco del proceso de paz han sido recientemente elaboradas muchas propuestas que el gobierno actual debe estudiar y legislar en consecuencia.

En materia de participación insistimos sobre:

· La promulgación de la nueva ley referente a los Consejos de desarrollo urbano y rural, en base al texto propuesto por más de 100 organizaciones de la sociedad civil con vistas a una efectiva descentralización.

· El respeto de los acuerdos, consenso y aplicación de la política de igualdad de oportunidades para la mujer formuladas en 1996, y tomar en cuenta las propuestas elaboradas por el Forum de mujeres sobre los aspectos socio-económicos de la política nacional.

· La reforma de la ley electoral y de partidos políticos, la iniciativa sobre las cuotas de participación política y estudio del ante proyecto de reformas al código municipal.

· Una reforma de la ley de telecomunicaciones debe preverse a fin de normalizar los esfuerzos de comunicación, asegurando la promoción del desarrollo social, económico y cultural de las comunidades indígenas.

Lucha contra la impunidad y reconciliación nacional.

Si bien después de la firma de los acuerdos de paz no existe más una política sistemática de violaciones de los derechos humanos, es preocupante constatar el aumento de la inseguridad y la falta de voluntad del Estado para poner fin a la impunidad. La construcción de un Estado de Derecho debe pasar por todas las etapas necesarias a la reconciliación nacional: Verdad, Justicia y Reparación.

Es una tarea urgente renovar el sistema judicial del país, marcado por su falta de independencia política, la corrupción, la incompetencia y/o la ineficacia de muchos magistrados. Las presiones y amenazas ejercidas por los responsables de violaciones de los derechos humanos son muy numerosas e insuficientemente combatidas por el gobierno, que se convierte así en cómplice de este estado de hecho (recientemente en el caso del asesinato de Monseñor Gerardi o en la masacre de Xaman). Esta incapacidad a hacer justicia conduce a una pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado y se traduce entre otras cosas en el hecho que el linchamiento se ha vuelto una práctica común y corriente. También el gobierno ha permitido al ejército realizar de manera autónoma su " reestructuración), sin reducir su presupuesto y formalizando a través de convenciones interministeriales su reorientación en campos de competencia civil.

Al igual que las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, reconocemos la importancia de las recomendaciones del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), elaborado a partir de un amplio proceso de consulta social.

Nos permitimos subrayar algunas de las recomendaciones hechas al Estado, cuya aplicación prestaremos particular atención:

· Hacer suyo y asumir el contenido del Informe. El gobierno debe impulsar una campaña de difusión de las conclusiones y recomendaciones de este Informe, esto debe hacerlo en coordinación con las organizaciones dela sociedad civil y particularmente con las organizaciones mayas, representantes de la población que más ha sufrido durante el conflicto. Las causas y consecuencias del conflicto, así como los acuerdos de paz, deben ser enseñados en primaria, secundaria y en la Universidad.

· Poner en marcha de manera urgente un Programa nacional de Reparación de víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de sus familias. Para hacerlo, el gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de ley, que tome en cuenta los principios enunciados por la Comisión. La participación activa de las víctimas en la definición y ejecución del Programa es indispensable · Crear y supervisar el trabajo de una Comisión que será encargada de examinar la conducta de las fuerzas armadas y de los diferentes cuerpos de seguridad que hayan tomado parte en el conflicto armado y proponer medidas administrativas en consecuencia.

· Aplicar y hacer cumplir la ley de Reconciliación nacional, persiguiendo, juzgando y condenando a todas las personas responsables de " delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada así como los delitos imprescriptibles o sin extinción penal en conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ya ratificados".

Asociaciones francesas de solidaridad Internacional que suscriben el documento, Mayo 2000: Comité catholique contre la faim et pour le dévélopement-CCFD, CIMADE, collectif Guatemala, Comité d'EVRY, Comité de Léman, Echanges pour une terre solidaire-ETS, Enfants réfugies du Monde-ERM, Fondation France Liberté, France Amérique Latine, Frères des Hommes, Terres des Hommes, Trois quarts du Monde, Volcans.

From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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