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Encuentran archivos del control social de civiles en ordenadores militares
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Guatemala, a 9 de Mayo, 2000. Gtm - Encuentran archivos para el control social de
población civil en ordenadores militares.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
ENCUENTRAN UN ARCHIVO DE USO MILITAR CON 650.428 FICHAS DE CIUDADANOS, LO QUE
EQUIVALE A MÁS DEL 50 POR CIENTO DE LOS REGISTROS DE LA GUÍA TELEFÓNICA DE
GUATEMALA.
Nota del Equipo Nizkor:
Los programas militares de control de población civil fueron analizados en un
documento tipo STOA editado por el Parlamento Europeo al que se puede acceder a
través de nuestro sitio web. En él se analizan los riesgos ciertos de la
utilización en la represión sistemática de población civil de medios
informáticos. Este mismo documento menciona el testimonio de un coronel
guatemalteco refugiado en Londres que explica que el Estado Mayor del ejército
guatemalteco utilizó ordenadores para confeccionar las listas de blancos, según
el lenguaje militar, lo que equivale en lenguaje de derechos humanos a detenidos
desaparecidos.
El que hayan aparecido ficheros como los que han informado las autoridades
nacionales guatemaltecas es por lo tanto algo que no debería extrañar a los
activistas de derechos humanos. No es más que una constatación de un informe ya
conocido.
El modus operandi de este tipo de actividades lo podemos verificar en Colombia,
a cuya población le toca sufrir este tipo de tecnología social en tiempo real y
que Nizkor viene denunciando en cada uno de sus comunicados de Solidaridad
Urgente ante la actuación desembozada de las fuerzas militares y paramilitares
colombianas: "Es evidente que se están utilizando formas de exterminio de
población civil que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con
el empleo de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de
personas que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que
son: a) son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de determinación
del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas
de actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de
seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y
coordinación y finalmente se determina el momento de la ejecución."
Nos parece que el hecho de que un gobierno latinoamericano haya decidido
supervisar los ordenadores de los sistemas militares de inteligencia tiene una
importancia cualitativa. Hasta la fecha creemos que es el primer caso en América
Latina. Es necesario que este camino se recorra con todas las consecuencias. En
la realidad represiva del siglo XXI sólo se desarma a las organizaciones
criminales de esta naturaleza con la destrucción y control de los sistemas
masivos de análisis y control social, de la misma forma que a mediados del siglo
XX se los desarmaba con la verificación de la entrega de los arsenales.
Por eso es importante que el Gobierno guatemalteco realice una verdadera
auditoría de los equipos de información bajo cualquier jurisdicción, pero
también de los programas que se utilizaron para tratar esa información y las
conexiones de comunicaciones con terceros países o con ordenadores fuera de
Guatemala. No basta en absoluto con conocer la existencia de 8 ficheros.
Ese tipo de información puede ser tratada por sistemas informáticos "ad hoc" que
sirven para realizar modelos de control social y que tienen programas
informáticos específicos, o sea, que han sido construidos para eso. En ese caso
el conocimiento de los archivos con los datos de aproximadamente 650.000
personas no sería más que la materia prima producto de la recolección de
información de un sistema de inteligencia cuyo modelo puede ser la disuelta
Brigada XX de inteligencia del ejército de Colombia y que ha sido muy bien
analizada por Human Rights Watch.
La utilización para el control social de este tipo de información no se concluye
con el conocimiento de los 147 descriptores que dicen haber encontrado en uno de
los ficheros, sino con los parámetros de modelización sociológica que tienen que
haberse realizado para construir la forma de control de la estructura social. Y
eso se puede hacer desde Guatemala o desde un centro de análisis de información
en cualquier lugar del mundo. O en los ordenadores de la NSA norteamericana.
Las auditorías o inspecciones de esta naturaleza tienen que hacerse con el mismo
celo con se realizan las reconstrucciones de los asesinatos en masa que realizan
los antropólogos forenses latinoamericanos. Pero esta vez para encontrar los
modernos mecanismos del control social que permite eliminar a una parte de la
población en forma sistemática provocando así cambios irreversibles en la
estructura social que modelicen sociológicamente a la sociedad emergente de una
catástrofe de esta naturaleza.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y
planificación sistemática de exterminio de población civil y sus responsables
deben ser investigados, juzgados y condenados bajo los parámetros de este tipo
de legislación. Su actuación permitió el exterminio de parte de la población
civil y el exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible
bajo el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la
humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II(1) (c) de
la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en
Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y
Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluyó también en los
estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia
(artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de
Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr.
11 y 1996: artículo 18(b)].
Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias
posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de
1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y
dirigentes civiles que controlan la zona donde se cometieron estos crimines son
responsables de no impedirlos. Los comandantes de la zonas militares que son
responsables en la cadena de mando de la que dependen los Batallones y los jefes
de los Batallones son responsables de no impedir la actuación de las
organizaciones criminales que componen los cuerpos militares dedicados a la
inteligencia, no es suficiente las alegaciones de subordinación territorial ante
la comisión de delitos de esta naturaleza. Estas responsabilidades deben ser
depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que "no sólo deben saber, sino
que están obligados a saber" lo que ocurre en sus zonas de comando, como ha
reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el caso TIHOMIR BLASKIC, el
Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoeslavia.
Editor Equipo Nizkor
Mayo de 2000
DENUNCIAN PÚBLICAMENTE EL HALLAZGO DE LOS FICHEROS.
A luz base de datos usada por Ejército para controlar a población civil; figuran
obispo Gerardi y antropóloga Mack, ambos asesinados.
El titular de la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, Edgar Gutiérrez,
sorprendió ayer a la opinión pública al dar a conocer una base de datos que
contiene 650 mil 428 nombres, utilizados por el Gobierno y el Ejército para el
control de la población civil.
A menos de un día de que comparezca al Congreso de la República, a donde fue
citado por varios diputados de la oposición, el titular de la SAE, en rueda de
prensa, hizo públicos los archivos que contienen nombres de niños, políticos, ex
guerrilleros, empresarios, religiosos, estudiantes, campesinos y sindicalistas.
Los archivos fueron obtenidos en el servidor de computadoras de la SAE,
específicamente en la sección destinada al supervisor del sistema, el 10 de
marzo; los técnicos de la SAE tuvieron que descifrar los códigos.
De acuerdo con el secretario de la SAE, los datos fueron introducidos a las
computadoras de esta dependencia gubernamental del 26 de diciembre de 1995 al 18
de enero de 1996, en el período de transición entre la Presidencia de Ramiro de
León Carpio y Alvaro Arzú.
TOTALMENTE IRREGULAR
Gutiérrez explicó que presentó la denuncia porque considera "totalmente
irregular" la existencia de dicha información, y la misma "refleja una clara
violación constitucional, por intervenir la vida privada de esas personas".
Estos archivos ya fueron entregados al Ministerio Público, MP; la Misión de
Verificación de Naciones Unidas para Guatemala, Minugua, y Procuraduría de los
Derechos Humanos, PDH; está última los pondrá a disposición de todos los
guatemaltecos, aseguró.
Asimismo, el funcionario agregó que se halló tres archivos, en el primero de los
cuales "están registrados 650 mil 428 nombres, debidamente clasificados". De la
cifra mencionada, el segundo archivo amplía el seguimiento de actividades de
"147 mil 99 personas, referidas a publicaciones de prensa; estas últimas tenían
vida pública, a diferencia de las 503 mil 329 restantes".
El tercer archivo contiene la clasificación de mil 191 características para
identificar a las personas, como antecedentes penales, afiliación política,
códigos de seguridad, profesiones y oficios, departamentos y municipios, indicó
Gutiérrez.
FALTA INFORMACIÓN
Entre los tres archivos pueden hacerse "cruces" de información, y se presume la
existencia de ciertos registros que no fue posible recuperar, los cuales
permitirían enlazar los nombres de los individuos con sus características
personales, afirmó el titular de la SAE.
Gutiérrez puntualizó que en los archivos en mención aparece dos veces el nombre
de monseñor Juan Gerardi y la antropóloga Myrna Mack, ambos asesinados.
"Aparecen los dos con sus respectivos códigos, los cuales aún no sabemos qué
quieren decir", señaló.
AÑOS DE RECOPILACIÓN
Para ingresar a todos los registros en los archivos, según cálculos de las
autoridades de la SAE, fue necesario haber recopilado información durante más de
10 años, "porque los nombres superan casi en 50 por ciento a la guía
telefónica", concluyó.
¿QUÉ SE BUSCA CON SU DIVULGACIÓN?
Diversas interrogantes acerca del verdadero propósito de la presentación del
documento surgieron ayer, luego de que el titular de la SAE, Edgar Gutiérrez,
sorpresivamente, hizo públicos los archivos del Ejército para el control de la
sociedad civil.
¿Por qué convocó a conferencia de prensa en domingo, inusual en la burocracia
gubernamental?; ¿Tendrá relación con su próxima comparecencia al Congreso de la
República?; ¿Quién dirigía la SAE en la época en que introdujeron los archivos?;
¿Deducirán responsabilidad penal individual e institucional a los autores del
registro?; ¿Cuántos archivos similares a estos tendrá el Gobierno o el
Ejército?; ¿Qué significan las claves cifradas en los archivos?; ¿Cuántas
personas incluidas en el registro han dejado de existir, y en qué
circunstancias?; ¿Cuánto tiempo necesitaron los órganos del Estado y el Ejército
para recopilar toda la información hallada en la SAE?; ¿Cuándo enviará el
Ejecutivo al Congreso la iniciativa de ley de "habeas data", para facilitar el
acceso de la población a información de este tipo?;
[Fuente: Por Pavel Arellano y Miguel González Moraga para el diario Prensa Libre
de Guatelama, 8may00]
EL PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS AFIRMA QUE "EL EJÉRCITO TENÍA CONTROL
TOTAL" DE LOS FICHEROS
Los archivos encontrados en la SAE fueron entregados ayer al Procurador de los
Derechos Humanos, Julio Arango Escobar, quién anunció que los pondrá a
disposición de todos los guatemaltecos. "Es una muestra de que el Ejército tenía
control total sobre la sociedad", aseguró.
Arango, quién participó como espectador en la rueda de prensa convocada
inusualmente en domingo por Edgar Gutiérrez, secretario de Análisis Estratégico
de la Presidencia, SAE, recibió un disco láser que contiene la información.
El Procurador dijo estar seguro de que los archivos "fueron utilizados para
actividades represivas del Ejército contra los opositores políticos, obedeciendo
a la doctrina de seguridad nacional".
"El Ejército y sus órganos represivos comenzaron a elaborar esos archivos
alrededor de 1985, con la intención de tener control total de la población",
enfatizó Arango Escobar.
El Procurador adelantó que hará públicos los nombres de las personas que
soliciten información sobre sus registros, "porque los guatemaltecos tienen
derecho a conocer cómo el Ejército los tenía vigilados".
[Diario Prensa Libre de Guatemala, 8may00]
ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS Y DIPUTADOS RECLAMAN QUE SE REVELEN TODOS
LOS ARCHIVOS EXISTENTES
Representantes de diversos sectores exigieron al Gobierno del presidente Alfonso
Portillo dar a conocer expedientes en poder del Ejército, que incluyen informes
sobre la sociedad civil.
La petición se originó luego de que la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE,
reveló ayer la existencia de "bases de datos" con más de 600 mil nombres de
guatemaltecos de diverso origen social y filiación política.
En esa línea coincidieron los activistas pro Derechos Humanos Helen Mack y Frank
La Rue. A ellos se sumó la congresista opositora Anabella de León y el dirigente
sindical Victoriano Zacarías.
Casos como el dado a conocer por Edgar Gutiérrez, titular de la SAE, "demuestran
el control que ha ejercido el Ejército sobre la población", asevera La Rue. Por
su parte, Zacarías expresó que las fuerzas armadas usaron ese tipo de informes
para reprimir a los opositores del gobierno de turno.
Es el momento para que las instituciones gubernamentales divulguen las "fichas"
(expedientes) que tienen sobre diversas personalidades y organizaciones, subrayó
De León.
PRÁCTICA CONTRAINSURGENTE
Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, "El sistema
de inteligencia militar fue el conductor de la política de Estado, que aprovechó
el escenario del enfrentamiento armado para controlar a la población, a la
sociedad, al Estado y al propio Ejército".
Por ello, durante el conflicto interno el aparato de inteligencia castrense no
escatimó recursos para detectar a potenciales enemigos del Estado. Contaba con
oficinas especiales en la Dirección General de Correos y en la Empresa
Guatemalteca de Telecomunicaciones.
Ejemplo de ello es el llamado "dossier de la muerte", que incluyó datos de más
de 180 personas, la mayoría presuntamente ejecutada durante el régimen de Oscar
Mejía Victores, de 1983 a 1986.
CONTROL MILITAR
Los aparatos de inteligencia militar, cuyo fin era detectar a los enemigos del
Estado, alcanzaron su plenitud a finales de la década de 1970.
En 1980, durante el gobierno de Romeo Lucas García, fue creada la Escuela de
Inteligencia; un año después se le agregó el Centro de Reunión de Información y
Operaciones, CRIO.
La inteligencia militar ha generado temor, incluso al interior del Ejército. Sus
agentes se agrupaban en la llamada Cofradía.
[Fuente: Por Pavel Arellano y Miguel González Moraga para el diario Prensa Libre
de Guatemala, 8may00]
PORTILLO DESTITUYE AL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO Y ANTIGUO JEFE DE
INTELIGENCIA MILITAR.
El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, ordenó la destitución del jefe del
Estado Mayor del Ejército, coronel César Ruiz, ``por no convenir al servicio",
y nombró como relevo al coronel Eduardo Arévalo, confirmó el domingo una fuente
oficial.
La separación de Ruiz forma parte de los ``cambios necesarios" en el proceso de
reestructuración del Ejército en el actual gobierno, declaró a la prensa local
la portavoz presidencial Fernanda Castejó.
El coronel retirado y ex jefe de Inteligencia Militar Mario Mérida estimó por su
parte que la destitución pudo obedecer a su actuación durante las protestas
violentas realizadas a fines de abril contra un alza en las tarifas del
transporte público, que dejaron cinco muertos.
``En forma preliminar los señalamientos contra Ruiz, quien era el jefe operativo
del Ministerio de la Defensa, podrían ser alguna resistencia al no recomendar o
colaborar a prevenir y combatir los disturbios", explicó Mérida.
La prensa local, citando fuentes castrenses que pidieron el anonimato, indicó
que la destitución de Ruiz ``dejó sin hombre fuerte, dentro de las filas
militares, al general (r) Efraín Ríos Montt", presidente del Congreso y
secretario general del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG,
derecha).
El diario Siglo XXI añadió que ``Ruiz, un fiel asistente a la iglesia donde
predica Ríos Montt, se había convertido en los ojos y oídos del jerarca del FRG
dentro de los cuarteles, y amenazaba con convertirse en el poder detrás del
trono cuando se concretara la asunción de un civil como ministro de la
Defensa".
El rotativo afirmó --citando dichas fuentes-- que la intención de Ríos Montt
``fue descubierta por Portillo, quien en su papel de Comandante General del
Ejército ordenó la destitución de Ruiz y nombró a Arévalo, un militar de
confianza del mandatario".
Ríos Montt, que dirigió un régimen de facto de 18 meses entre 1982 y 1983,
tendría el control en la mayoría de los 63 diputados del FRG, de 113 puestos en
el Congreso.
[Fuente: Agencia France Press publicada en el Diario Nuevo Herald de Miami el
8may00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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