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La corrupción es un gran obstáculo para las libertades civiles y los DH
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Notas Internacionales, a 2 de Abril, 2000. ONU - La corrupción es un gran
obstáculo para las libertades civiles y los derechos
humanos.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN UN GRAN PROBLEMA PARA LAS LIBERTADES CIVILES Y EL
DESARROLLO...
Los expertos en economía de todo el mundo convienen actualmente que la
corrupción -desde el soborno y la extorsión hasta el nepotismo- puede tener
efectos devastadores sobre las economías que pasan por una situación difícil.
En un estudio del Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y
ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaban a la
corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollaran y
crecieran económicamente.
Las prácticas corruptas vacían las arcas de los Estados, arruinan el libre
comercio y espantan a los inversores. El Banco Mundial estima que la corrupción
puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 puntos
porcentuales por año. Según las investigaciones del FMI, la inversión en los
países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de
corrupción.
Según la agencia de calificación de valores Standard and Poor=s, hay una
probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversores pierdan todas sus
inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados de
corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo -la que más beneficia a un
país- sea peligrosa e improbable.
En general se reconoce que la corrupción ahuyenta la inversión extranjera y la
asistencia para el desarrollo, afirma Pino Arlacchi, Director Ejecutivo de la
Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito de las Naciones
Unidas, con sede en Viena. Desde luego que es más prudente invertir en los
países donde hay más transparencia, bancos independientes y bien reglamentados y
sistemas judiciales sólidos.
Mientras se ponen cada vez más de manifiesto los enormes costos resultantes de
la corrupción, las Naciones Unidas han decidido redoblar los esfuerzos para
combatirla. En el Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebrará en abril de este año en
Viena, habrá un seminario especial sobre el problema. En el seminario, que será
coordinado por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, se analizará la corrupción
en los llamados niveles de la calle, de los negocios y de las altas esferas.
VENTA DE LICENCIAS Y COMPRA DE LEYES
La corrupción a nivel de la calle infesta las oficinas públicas y los
departamentos de policía, donde tal vez se efectúen pagos bajo cuerda para
obtener licencias u otros permisos o se soborne a los funcionarios para que
pasen por alto leyes inconvenientes.
En una encuesta llevada a cabo en 1996 y 1997 sobre las víctimas del delito
internacional, un promedio del 18% de los entrevistados de países en desarrollo,
del 13% de los países en transición y del 1% del mundo industrializado
declararon que en el año anterior habían hecho pagos para sobornar a diferentes
funcionarios públicos.
En los países en desarrollo y en transición, los bajos salarios y la poco
prestigiosa condición social pueden inducir a los funcionarios a incurrir en
prácticas corruptas, según un estudio realizado por el Banco Mundial en 1997. En
un informe de 1999 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), se observaba que los sueldos de los empleados públicos de
varios países del Asia meridional habían bajado considerablemente en los últimos
cincuenta años, lo cual podría contribuir a la gran corrupción existente en esa
región.
Pero la corrupción también puede surgir de una actitud moral o cultural, de
acuerdo con Fred Schenkelaar, Asesor Especial del Programa del PNUD de Rendición
de Cuentas y Transparencia, quien ha manifestado: La corrupción de baja escala
podría ser consecuencia de los bajos salarios en la región de Asia meridional,
pero no se puede garantizar que desaparezca aumentando los sueldos de los
funcionarios.
EL SOBORNO EN LOS NEGOCIOS
Tal vez sea más difícil resistirse a los sobornos en los negocios, ya que las
empresas mismas, nacionales o extranjeras, pueden ofrecer recompensas suculentas
a cambio del otorgamiento de licencias y contratos, o incluso para evadir
impuestos y aranceles.
Algunas empresas, sobre todo las pequeñas, pueden sentir que deben pagar
sobornos simplemente para sobrevivir. Alrededor del 97% del total de las
condenas por prácticas corruptas en las sentencias dictadas por los tribunales
federales de los Estados Unidos recae en pequeñas empresas de menos de 50
empleados, según las actas de una conferencia internacional celebrada en Milán
(Italia) en 1999.
En una encuesta realizada por el Banco Mundial, la gente de negocios de un país
de Europa oriental atribuía la corrupción a los altos impuestos, agravados por
las reglamentaciones ineficaces, las normas confusas, el otorgamiento de
licencias según el arbitrio de los funcionarios y las intrusiones de un enjambre
de burócratas sobre el terreno. Los funcionarios de menor jerarquía calculaban
la deuda tributaria de una empresa -con frecuencia de modo caprichoso- y
aplicaban elevadas multas por las violaciones.
Con normas inciertas que los funcionarios aplicaban según su capricho, las
empresas se sentían libres de regatear. La mayoría de ellas pagaban derechos de
exportación e importación Ano oficiales, y casi siempre tenían que sobornar a
los funcionarios para obtener líneas de teléfonos. Era frecuente hacer pagos
bajo cuerda a los inspectores de sanidad, impuestos y de prevención de
incendios, así como pagar Comisiones no oficiales para tener acceso a
arrendamientos o a crédito.
Además de estos costos, las gerencias de las empresas malgastaban por lo menos
el 37% de su tiempo en sus tratos con el gobierno.
El Banco Mundial ha señalado que el pago de sobornos a los funcionarios públicos
representa un alto costo para las empresas, lo que las mueve a declarar a las
autoridades menores ventas, costos y nómina, para pagar menos impuestos. Por
supuesto que el Estado pierde una cantidad sustancial de sus ingresos y que los
pobres puedan tener que enjugar la diferencia soportando mayores impuestos y
recibiendo menos beneficios sociales.
La corrupción reduce los ingresos impositivos y aduaneros de muchos países en
transición y en desarrollo. Los impuestos se evaden mediante el contrabando y
mediante transacciones no asentadas en los libros y una contabilidad
fraudulenta.
En un país de África se determinó que por derechos de aduanas e impuestos a la
renta no percibidos se perdía entre el 8% y el 9% del producto interno bruto
(PIB), cifra igual a seis o siete veces el gasto nacional en salud. Sólo la
evasión del impuesto a la renta representaba el 70% de esa cantidad.
En un estudio que llevó a cabo el Banco Mundial sobre este problema se señaló
que sólo el 40% de las pequeñas y medianas empresas del país pagaban impuestos y
que muchas personas no presentaban la declaración.
Al no haber directrices claras ni aranceles aduaneros publicados, se dejaban de
pagar sumas enormes por concepto de derechos de aduana. Los funcionarios podían
actuar a su total discreción, lo cual alentaba el pago de sobornos y la evasión
arancelaria.
SOBORNOS PARA OBTENER GANANCIAS ILEGALES
La delincuencia organizada puede usar deliberadamente la corrupción para
aumentar su participación en los mercados ilegales. Por ejemplo, los que
trafican con el juego y con la droga en América del Norte y en América Latina
han pagado a los funcionarios para que hagan redadas entre sus competidores o
los mantengan alejados del país, según observa el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). O bien las empresas corruptas pueden intimidar
directamente a los posibles rivales pagando con frecuencia a la policía para que
no intervenga.
La delincuencia organizada puede usar prácticas corruptas para extorsionar a
empresas legales. Por ejemplo, según la conferencia celebrada en Milán, durante
tres años y medio una compañía de aviación asiática pagó alrededor de 215.000
dólares a una sociedad pantalla de delincuencia organizada para que le
garantizara que las asambleas de accionistas se desarrollarían en paz. En una
ciudad de América del Norte las empresas pudieron reducir en 330 millones de
dólares sus gastos anuales de recolección de desperdicios, que ascendían a 1.500
millones, gracias a que lograron liberar al sector de recolección de residuos
del dominio de la mafia.
Las organizaciones de delincuentes que actúan mediante la corrupción pueden
significar una particular amenaza para los países en transición, donde tienen a
su disposición toda la riqueza del Estado, según el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Creando una
situación de inseguridad y de violencia, estas organizaciones pueden ahuyentar a
la competencia, especialmente a las empresas de occidente, y quedarse con el
campo libre.
En un esfuerzo por cerrar filas contra esta clase de corrupción, en la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional
Organizada -que estará lista para su aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2000- se tipificarán como delitos los actos de
corrupción vinculados con los grupos de delincuencia organizada. Además, las
naciones han decidido redactar otro tratado internacional contra la corrupción.
LA CORRUPCIÓN EN LAS ALTAS ESFERAS
Cuando la corrupción irrumpe en las altas esferas oficiales puede tener efectos
devastadores y de gran alcance. Los funcionarios corruptos que ocupan altos
cargos pueden hacer un mal uso de la ayuda internacional, abandonar proyectos de
desarrollo esenciales o, debido a los gastos excesivos, mantener el nivel de
vida por debajo de lo tolerable.
Hasta 30.000 millones de dólares de ayuda destinada a África -cantidad igual al
doble del producto interno bruto (PIB) combinado de Ghana, Kenya y Uganda- fue a
parar a cuentas en bancos extranjeros, de acuerdo con Transparency
International, organización de lucha contra la corrupción. Según estimaciones
del Banco Mundial, un país de Asia perdió, debido a la corrupción, 48.000
millones de dólares en los últimos 20 años, cifra que supera la totalidad de su
deuda externa de 40.600 millones de dólares.
En muchos casos la corrupción de alto nivel recibe una ayuda considerable de
socios occidentales. Los bancos internacionales han permitido que se abran
cuentas extranjeras secretas donde se depositan fondos producto de
malversaciones. Según algunas estimaciones, aproximadamente 30.000 millones de
dólares de capitales que se han fugado de Nigeria están depositados en bancos
europeos y norteamericanos.
Las sociedades extranjeras ansiosas por vender sus mercancías han sobornado a
ministros o han añadido a contratos o acuerdos de inversión (comisiones) para
altos funcionarios. En algunas naciones occidentales el soborno de extranjeros
con fines comerciales es legal e incluso constituye una deducción impositiva
legítima.
Las propias naciones industrializadas están plagadas de corrupción. En un
escándalo muy comentado en Europa, varias sociedades pagaron sobornos para
obtener contratos por un valor de 1.340 millones de dólares para la construcción
de una nueva terminal en un importante aeropuerto internacional. Catorce
personas de otro ministerio europeo fueron acusadas de corrupción en relación
con el otorgamiento de contratos para la instalación de equipo informático, lo
que había significado una pérdida de 787.000 dólares, según Transparency
International.
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Uno de los mejores métodos para frustrar la corrupción ha sido permitir el
acceso del público a los registros contables. Otros métodos han sido establecer
reglamentos de contrataciones, sistemas de frenos y contrapesos entre
departamentos importantes y organismos de vigilancia o de auditoría.
En algunos países se han utilizado comisiones independientes de lucha contra la
corrupción para vigilar, verificar y examinar las transacciones públicas, lo que
ha logrado reducir considerablemente las prácticas corruptas en Australia, Hong
Kong, Polonia, Singapur y Uganda.
La lucha contra la corrupción ha sido también impulsada por varios tratados
internacionales que fueron aprobados por las Naciones Unidas, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo de Europa, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Por
medio de estos acuerdos se ha buscado fundamentalmente reforzar y armonizar las
normas comerciales, ambientales y fiscales para eliminar los resquicios legales
que podrían hacer posible la corrupción.
El año pasado se dio un paso adelante muy grande con la aprobación por los
países de la OCDE de la Convención para la represión del cohecho de funcionarios
públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. El
tratado obliga a las naciones a tipificar como delito el soborno de funcionarios
públicos extranjeros y castigarlo con penas comparables a las impuestas a los
funcionarios nacionales.
Para mantener un control más estricto de los pagos por concepto de ayuda, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) convino recientemente en negar asistencia
financiera a los países en donde la corrupción podría hacer fracasar los
programas de recuperación económica.
Varias otras organizaciones, como la OCDE, el Banco Mundial, Transparency
International, el PNUD y el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención
Internacional del Delito -la subdivisión de prevención del delito de la Oficina
de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito- están trabajando
intensamente con los gobiernos a nivel de los países, para ayudar a reformar las
instituciones y los sistemas públicos poco sólidos.
El Centro para la Prevención Internacional del Delito ha prestado asistencia a
varias naciones en cuestiones como la reforma de la legislación, la gestión de
la administración pública, la capacitación de funcionarios públicos y de
empleados de los tribunales de justicia penal y en la presentación de proyectos
para recibir ayuda internacional. El año pasado redactó un código internacional
de conducta para funcionarios públicos.
En 1999, el Centro para la Prevención Internacional del Delito puso en marcha un
programa mundial contra la corrupción, mediante el cual se está ayudando a los
países a evaluar las medidas nacionales contra las prácticas corruptas y a
capacitar a los encargados de la adopción de políticas, los jueces, los
fiscales, los encargados de hacer cumplir la ley y a los responsables del mundo
de las finanzas. Asimismo, está reuniendo información sobre medidas contra la
corrupción en todo el mundo, la que se incorporará a una base de datos
internacional que creará el Centro en colaboración con el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia
y la Justicia (UNICRI)
Por medio del programa mundial se obtendrán datos comparados acerca de la
corrupción, para promover la responsabilidad, la transparencia y el
mantenimiento del Estado de derecho. En particular, se investigará la
vinculación entre la corrupción y la delincuencia organizada, declaró Pino
Arlacchi, Director Ejecutivo de la Oficina de Fiscalización de Drogas y de
Prevención del Delito.
TRATADOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La Convención de la OCDE para la represión del cohecho de funcionarios públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 1999 obliga a
las naciones a tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos
extranjeros.
En la Convención Civil del Consejo de Europa sobre Corrupción, de 1999 se
definen los principios y normas comunes de nivel internacional en materia de
derecho civil y corrupción. En el Código del FMI sobre prácticas de
transparencia en las políticas monetaria y financieras y su declaración de
principios, de 1999, se intenta aumentar la transparencia de los sectores
público y financiero.
La Convención Penal del Consejo de Europa sobre Corrupción, de 1998, obliga a
las naciones a tipificar como delito una variedad de actos corruptos y a
impulsar la cooperación internacional para el enjuiciamiento de los delitos de
corrupción.
En el Convenio de la Unión Europea de 1997 relativo a la lucha contra los actos
de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, se tipifica como delito
la corrupción activa y pasiva de los funcionarios.
El Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General en 1996, contiene una
cláusula que establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
deben evitar la corrupción y luchar contra ella vigorosamente.
En la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en
las transacciones comerciales internacionales, de 1996, se insta tanto al sector
privado como al sector público a cumplir con las leyes y normas de las naciones
donde realizan negocios y a tener en cuenta las consecuencias de sus actos sobre
el desarrollo económico y social y el medio ambiente.
En un Protocolo a la Convención sobre la protección de los intereses financieros
de la Unión Europea, de 1996, se tipifica como delito la corrupción activa y
pasiva de los funcionarios nacionales y de la Comunidad. En un segundo
Protocolo, de 1997, se tipifica como delito el lavado de dinero producto de la
corrupción y se hace responsables a las empresas y sociedades que hayan
participado.
En la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de
Estados Americanos (OEA), de 1996, se procura luchar contra la corrupción a fin
de promover las instituciones democráticas y evitar que se distorsione la
economía, que se cometan faltas en la administración pública y que se perjudique
a la sociedad civil.
[Fuente: Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas DPI/2088/B]
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