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DDHH: Estados Unidos y su posición contraria a la CPI
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Notas Internacionales, a 17 de Junio, 2000. DDHH: Estados Unidos y su posición contraria a la CPI.
ESTADOS UNIDOS Y SU POSICIÓN CONTRARIA A LA CPI
Servicio Informativo alai-amlatina
Agencia Latinoamericana de Información
http://alainet.org
Por César Duque* (Quito)
Estados Unidos a pesar de que fue derrotado en julio de 1998 cuando 120
naciones del mundo contra 7 votaron a favor del establecimiento de una
Corte Penal Internacional y aprobaron el Estatuto de Roma, no se ha dado
por vencido y durante todas las reuniones de las Precom que se desarrollan
en Naciones Unidas, ha intentado introducir cláusulas que reforman el
Estatuto de Roma con la finalidad de limitar la jurisdicción y competencia
de la futura Corte Penal Internacional, con lo cual de admitirse las
pretensiones estadounidenses, ésta antes de su nacimiento estaría
encaminada a fracasar por cuanto se convertiría en un organismo
internacional ineficaz e incapaz de servir a su propósito de poner término
a la impunidad y hacer justicia.
Su oposición a la CPI se ha demostrado enfáticamente, cuando se negó a que
el Código Militar norteamericano sea utilizado como guía en los aspectos de
derecho internacional humanitario que contempla el Estatuto, especialmente
en lo que se refiere a la responsabilidad penal individual de superiores y
subordinados en la cadena de mando militar.
La preocupación más importante para los Estados Unidos continúa siendo la
posibilidad de que la CPI emprenda actuaciones respecto de nacionales
estadounidenses incluso si este país se mantiene fuera del Tratado de Roma.
El gobierno norteamericano durante la sesión efectuada entre Marzo/Abril
del 2000, de manera informal a través de su delegación hizo circular una
propuesta que, en efecto, requeriría de la aprobación de los gobiernos de
los Estados No Partes antes de que uno de sus nacionales pudiera ser
arrestado por la CPI. Esto se aplicaría a "actos oficiales" a no ser que de
otro modo lo decida específicamente el Consejo de Seguridad. Posteriormente
a dicha pre-com, el gobierno estadounidense formalmente la ha presentado a
los gobiernos de las diferentes capitales del mundo. En su debida
oportunidad los miembros de la Coalición y los expertos en la Prep-Com
expresaron de manera unánime que la propuesta de EE.UU. representaba un
intento "BACK DOOR" para enmendar el Estatuto de Roma, y, que si es
adoptado, socavaría seriamente los avances hacia la ratificación y entrada
en vigor del Estatuto de Roma. e incrementaría dramáticamente la capacidad
del Consejo de Seguridad para interferir con la CPI y proporcionaría una
exención de facto total para los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad con poder de veto y que no han ratificado el Estatuto.
Esto disminuiría significativamente la independencia de la CPI;
representaría una amenaza desde los principios de Nuremberg en relación a
"actos oficiales" y a la aplicación por igual y no selectiva del derecho
internacional. Dichos principios establecen que no hay excepciones a la
responsabilidad individual criminal para "actos oficiales". La propuesta de
una excepción para "actos oficiales" fue debatida durante la Conferencia de
Roma y firmemente rechazada, por lo que la petición del gobierno americano
excede el mandato que tiene la Comisión preparatoria.
El Derecho Humanitario ha alcanzado nuevos niveles con el Estatuto de Roma.
Estamos hablando de una Corte que juzgara el genocidio, los crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad, crímenes de los cuales somos testigos
cada día a través de los
medios de comunicación, atrocidades que vienen de diversas partes del mundo
ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, crímenes de violencia
sexual, tortura, detenciones arbitrarias hechos que afectan los derechos
más elementales de todo ser humano.
En los actuales momentos en que millones de personas y sus comunidades en
el mundo entero sufren las atrocidades que pretende perseguir y sancionar
el Estatuto de Roma, se hace indispensable la existencia de la CPI y
constituye la más significativa oportunidad que tiene la comunidad
internacional para responder a éste sufrimiento, al crear un mecanismo
permanente que actuaría como un freno a éstos crímenes al llevar a la
justicia a sus perpetradores.
Las diversas reuniones de la Pre-com tenían como uno de sus objetivos
definir o delimitar el delito de agresión, que desde el intento
desarrollado en Nuremberg no ha logrado un consenso. El delito más grave
que se puede cometer contra la humanidad es el de agresión, el que un país
o alguna coalición de países con diversos fines e intereses desencadenen
operaciones militares, bajo el supuesto control de un conflicto interno,
amparándose en el argumento de que los hechos que ocurren en dicho
conflicto violan derechos humanos, como es el caso de Colombia en éste
momento o como el que se vivió en la ex-Yugoslavia, en Irak con la famosa
guerra internacional del Golfo Pérsico, que consiste en desencadenar
operaciones militares para controlar un conflicto internacional. En éstos
conflictos se acusó a los militares de haber bombardeado poblaciones o
instalaciones civiles, lo cual es atentatorio del derecho humanitario que
es parte integrante del Estatuto de Roma.
No debemos olvidar que muchos de los conflictos internacionales han sido
avalados por el gobierno norteamericano con su apoyo a uno de los gobiernos
en conflicto, así ocurrió en la guerra iraní-iraquí o simplemente no ha
actuado cuando quien viola derechos fundamentales de una población
determinada es un aliado como en el caso de los perseguidos Kurdos en
Turquía. La actuación de los Estados Unidos en conflictos internos o
internacionales ha sido bajo cálculos geopolíticos para asegurar su dominio
y supremacía en el mundo, retornando a aquellas épocas aciagas de los
Estados Policiales, que creían tener la facultad de intervenir en cualquier
parte del mundo.
Posiblemente porque los militares americanos durante sus incursiones
internacionales si violan normas del derecho humanitario, es que su
gobierno impulse la propuesta de los
llamados "actos oficiales" y pretenda que sea el Consejo de Seguridad quien
autorice el juzgamiento de individuos que pertenecen a Estados no parte del
Estatuto, llegando incluso a amenazar a los gobiernos europeos que
retiraría sus fuerzas de dicha región si no apoyan su tesis, pero dichos
gobiernos han manifestado su oposición a tal pretensión, ello se demuestra
con el hecho de que varios Estados de Europa han ratificado ya el estatuto
y muchos otros han manifestado su interés de hacerlo lo más pronto posible.
Una táctica que ha desarrollado el gobierno americano y le permite
encontrar una alternativa diametralmente opuesta a los objetivos de
justicia internacional que persigue la Corte Penal Internacional, es
aquella que esta presente en lo VFA (Visiting
Forces Agreementes), que son acuerdos bilaterales, que ya se han celebrado
con algunos países.
Dichos instrumentos básicamente son
1.- Un acuerdo ejecutivo para los Estados Unidos, lo cual le quita el
carácter de convenio o tratado internacional y evita el control
parlamentario de los países que lo suscriben,
2.- Renuncia del país dependiente a la jurisdicción ordinaria civil y penal,
3.- Renuncia a todo tipo de control ya sea sanitario, aduanero y económico
sobre las actividades efectuadas por el personal civil o militar
norteamericano en operaciones,
4.- El país dependiente concede inmunidad diplomática a todos los
funcionarios norteamericanos que participan en las operaciones,
5.- Adjudicación automática a la jurisdicción militar norteamericana cuando
personal civil o militar americano resulte implicado en cualquier delito
común,
6.- Renuncia a cualquier reclamación por accidentes o muertes de personal
del país dependiente en el cumplimiento de las operaciones.
Este tipo de acuerdo se ha suscrito con el Estado ecuatoriano básicamente
ligado al problema colombiano bajo el argumento de controlar el narcotráfico.
Así dentro de la lógica global actual, el Plan Colombia y su clave de
acción: la Base de Manta; forman parte de la globalización de los
conflictos de la región que pretenden sofocarse desde los Estados Unidos de
Norteamérica a desmedro de mandatos constitucionales.
La expresión Plan Colombia surgió ligado al discurso político de paz del
Presidente Andrés Pastrana como parte del proceso de paz que se intenta
desarrollar en el país hermano. Apuntando a la ayuda internacional, el Plan
fue acogido por Mike de Wine y Grassley y Coverdell, quienes presentaron
una nueva versión del Plan ante el Congreso de los Estados Unidos.
Este país había presentado un informe en el que responsabiliza a Colombia
de ser el mayor productor de coca y la más peligrosa amenaza de la
seguridad hemisférica por el desbordamiento del conflicto armado hacia los
países vecinos, mientras el Gral. Barry McCarfree, el Zar Antidrogas
afirmaba que existe un involucramiento ascendente de la guerrilla en el
tráfico de drogas y anunciaba la necesidad de combatir a la narcoguerrilla.
Sin embargo nunca el gobierno americano menciona que en igual forma los
paramilitares o contras colombianos acuden o sobreviven de la ayuda que
reciben del narcotráfico.
En el informe de Human Rights Watch se establecen las relaciones que
existen entre militares y paramilitares, ahí se especifican nombres de más
de la mitad de brigadas del Ejército colombiano y algunos de sus oficiales
que colaboran directamente con los grupos paramilitares compartiendo datos
de inteligencia, entregando armas, municiones y soporte aéreo entre otras
cosas.
El Plan Colombia arranca con una inversión inicial que asciende a 1.600
millones de dólares, de los cuales gotearán 47 millones al Ecuador y una
propuesta de extender esta "ayuda" a otros países de la región como
Bolivia, Venezuela y Perú, el Plan Colombia propone el cumplimiento de seis
objetivos básicos:
1.- El control militar para erradicar las plantaciones de coca y lograr la
intercepción de narcóticos
2.- Fortalecer el sistema judicial mediante la capacitación de cuerpos
técnicos de investigación.
3.- Neutralizar las finanzas de los narcotraficantes mediante el decomiso
de activos
4.- Incorporar medidas antisecuestro y combatir a los aliados de los
narcotraficantes
5.- Realizar operativos conjuntos y compartir datos de inteligencia con
agencias de seguridad de otros países.
6.- Implementación de planes de desarrollo alternativo en las áreas
afectadas por la erradicación de cultivos.
El Plan contiene algunos puntos acerca de la protección a los derechos
humanos que además de partir de falsas premisas, son definitivamente
insuficientes.
No se ha tratado una estrategia dirigida siquiera a implementar
integralmente las
recomendaciones internacionales que en reiteradas ocasiones ha recibido
Colombia de diversos organismos de protección internacional, por las
violaciones a derechos humanos por parte de militares y paramilitares, esto
resulta aún más preocupante si tomamos en cuenta las palabras literales del
subsecretario de defensa para operaciones especiales, Bryan Sheridan que
afirma "la ayuda en sí perdería eficacia si se agregan condiciones para
garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los
militares...podría inhibirse o reducir la eficacia general".
En esta guerra se involucran todas las fuerzas beligerantes de Colombia y
los escenarios de violencia se amplían al punto de pensar en una guerra
regional y aunque los especialistas en política exterior han descartado una
intervención por tierra, para una intervención por aire a Estados Unidos le
hacía falta una base militar que garantice la logística y la eficacia de
las operaciones aéreas, para esto el territorio ecuatoriano presta todas
las facilidades gracias al acuerdo firmado por el gobierno del Ecuador que
otorga la Base y el puerto de Manta a los soldados y personal civil
norteamericanos.
El miedo de la sociedad civil que podría ser el "blanco" equivocado o
imprevisto de los ataques ya ha provocado el éxodo de miles de colombianos
hacia las fronteras. En lo que se refiere a la responsabilidad del Ecuador
en el tema de los refugiados y desplazados el Ministro de Defensa Hugo Unda
ha respondido que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen un "dispositivo
preparado" para evitar que miembros de la subversión o vinculados al
tráfico de drogas traspasen la frontera del Ecuador, y que, de los demás se
harán cargo las personas del ACNUR, pero no mencionó en que consiste este
"dispositivo" para discriminar el paso a la frontera.
Además de los miles de desplazados por la violencia con la aplicación del
Plan, esta será la realidad de aproximadamente 150.000 colombianos que,
según Juliet Tab, responsable de la Oficina de Refugiados del Departamento
de Estado norteamericano, se verán forzados a salir de su país y buscarán
refugio especialmente en Ecuador y Perú. Ante estas declaraciones, el zar
McCaffrey, ha dicho "El costo es muy modesto si se lo compara con el daño
que causan la cocaína y la heroína".
Los solados norteamericanos tan recordados por sus innumerables
intervenciones directas e indirectas en Latinoamérica (la intervención en
Panamá o el apoyo a los escuadrones de la muerte en El Salvador, entre
otras) ya se están instalando en el Puerto de Manta con funciones, según el
acuerdo firmado entre ambos países, de "inteligencia y vigilancia".
Rápidamente se está erigiendo una fortaleza militar para albergar a los
soldados que gozarán de facilidades que ningún ecuatoriano ha soñado tener
alguna vez, estarán libres de impuestos, inspecciones, licencias,
regulaciones y tarifas, podrán caminar libremente y hacer uso de las
futuras áreas de "recreación" que ya se están construyendo para aliviar su
estrés.
Pero esta intervención militar no es tan reciente ni está limitada a la
Base de Manta. A pesar de que el acuerdo especifica la prohibición de
vuelos de reconocimiento fuera de la zona del pacífico, ya el Ministro de
Defensa confirmó la presencia de un avión de la Fuerza Aérea norteamericana
el pasado 11 de diciembre en Lago Agrio junto a la frontera con Colombia.
Este avión con siglas AMC que corresponden a un cuartel general de comandos
especiales donde se desarrolla la tecnología más avanzada en materia de
comunicación satelital, aterrizó en Lago Agrio y estuvo durante más de tres
horas en ese territorio, según el Ministro de Defensa, realizando "labores
humanitarias".
Entre los objetivos de los militares norteamericanos en nuestro país
también está la "reorientación" de las fuerzas armadas ecuatorianas según
palabras textuales de Charles Wilhem, Jefe del Comando Sur de los Estados
Unidos. El Zar antidrogas ha prometido que su país "introducirá la ley en
el sur.
No existen explicaciones para tantas facilidades y obsequios de parte del
gobierno ecuatoriano, así como tampoco se explica por qué decidieron
incluir en el acuerdo el uso del puerto de Manta, cuando se ha insistido en
el uso únicamente de una base de
control aéreo.
De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 161,
numeral dos establece que es el Congreso en pleno el que aprobará o
improbará los tratados y convenios internacionales que establezcan alianzas
políticas o militares, como sucede en este caso, sin embargo para evitarse
el control legislativo se lo catalogó como un acuerdo que no reviste las
características de un convenio o tratado internacional, por lo que solo lo
firmó el Canciller de la República y posteriormente el Ejecutivo mediante
decreto ratificó dicho Acuerdo que tendrá una vigencia inicial de 10 años.
De esta forma se obvio un debate público del tema, a fin de que no sea
analizado y discutido por la ciudadanía. Sin embargo todas y todos quienes
hacemos el Ecuador estamos ahora en medio de una guerra y seremos además
víctimas de las consecuencias que definitivamente no estamos preparados a
enfrentar.
Si el gobierno americano sostiene siempre que sus operaciones
internacionales son humanitarias, es incomprensible que actualmente realice
acciones que pretenden restringir la competencia de la CPI.
* César Duque es asistente legal de la Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU)
From: Comité Internacionalista Arco Iris ale.ramon@numerica.it
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