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Actualización del juicio contra militares argis en Italia
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Italia, a 13 de Junio, 2000. Ita/Arg - Actualización del juicio por contumacia
contra militares argis en Italia.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
EL EX GENERAL SUÁREZ MASON SERÁ JUZGADO EN AUSENCIA EN ITALIA.
Después de trece años y de una larga historia de intentos para que la justicia
italiana diera por terminado el caso, ha dado comienzo en Roma la última parte
del procedimiento por la desaparición de ciudadanos italianos en la Argentina de
la última dictadura militar.
Las primeras maniobras de obstrucción al procedimiento fueron llevadas adelante
por Licio Gelli, todopoderoso jefe de la Logia P2, en 1983. En aquel entonces
intentaba algo que ha conseguido hasta la fecha: no ser imputado en ningún
procedimiento europeo por su colaboración en la organización de la AAA y tras su
colaboración con la dictadura argentina. A la logia P2 pertenecieron criminales
tan ilustres como el General Suárez Mason, jefe del I Cuerpo de Ejército y del
siniestro batallón de inteligencia 610, el cual no sólo realizó operaciones en
territorio argentino (es el auténtico G2 del proceso militar), sino también en
el territorio centroamericano; el Almirante Eduardo Emilio Massera, quien
facilitó la penetración, en condición de profesores, en la Universidad Nacional
del Sur de los representantes de la Logia P2 y que consiguiera que miembros del
equipo directivo del Diario La Nueva Provincia fueran nombrados en la embajada
argentina en Roma, donde Licio Gelli ejercía como agregado comercial y desde
donde se preciaba ante la prensa internacional de ser el estratega de los grupos
de ultraderecha argentinos y de financiar clandestinamente a las fuerzas
militares en su guerra sucia.
Desde esa embajada se dirigió la campaña de imagen a favor del Gobierno
argentino, que se serviría del Mundial de Fútbol de 1978 y daría lugar al
imaginativo slogan publicitario "Los argentinos somos derechos y humanos", que
sirviera para enfrentar a los miembros de la Corte Interamericana que visitaban
por primera vez Argentina con las masas en la calle alentadas por las emisiones
radiales similares a las utilizadas años después por la emisora ruandesa de las
"Mil Colinas", y por las que ya ha sido condenado un periodista de origen belga
por incitación a la comisión colaboración de genocidio.
En este trabajo diplomático ejercía sus labores profesionales el profesor de
historia de la Universidad Nacional del Sur, ex Secretario de Extensión
Universitaria durante la dictadura del General Onganía, editorialista de La
Nueva Provincia de Bahía Blanca y miembro del equipo de la embajada en Roma,
Bruno Pasarelli.
La segunda oportunidad en que el procedimiento estuvo a punto de ser cerrado fue
a causa de una negociación entre el Estado italiano, dirigido por el Primer
Ministro Berlusconi y el ex presidente Menem. En este caso Argentina se encargó
de entregar al miembro de las SS Priebke, quien vivía con identidad falsa y con
la aceptación de todos los gobiernos argentinos desde 1950 en adelante en la
ciudad de Bariloche. Priebke fue el responsable de los fusilamientos de las
fosas argentinas en Roma, donde se procedió al fusilamiento de rehenes, una de
las formas típicas de represalias que usaba la organización criminal de las SS
ante actos de resistencia legítima en contra de sus fuerzas ocupantes. Esta
operación fue desmantelada a causa de una denuncia pública realizada a través de
varios organismos internacionales de derechos humanos contra el Estado italiano
en una de las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas; esta denuncia fue organizada por Jorge Ithurburu en representación de la
Liga por la Liberación y los Derechos de los Pueblos de Milán, y por Gregorio
Dionis, del Equipo Nizkor y ante las protestas intimidatorias del entonces
embajador argentino ante ese organismo.
El ex General Suárez Mason y el General Riveros, son los dos máximos acusados en
este procedimiento que se realiza bajo las premisas de un procedimiento
ordinario previsto en el Código Penal italiano. Suárez Mason se hizo famoso por
haber producido un fraude de más de 7.000 millones de dólares en la empresa de
petróleos argentina y por haberse fugado a España cuando comprendió que se
abrirían los procesos hoy conocidos como "Causa 13".
En España, su detención fue organizada directamente por el ex Presidente
argentino Alfonsín y por el entonces Presidente del Gobierno español Felipe
González. Suárez Mason, que se encontraba en aquel entonces en Galicia, fue
avisado de esta "intención" de detenerlo y que se llevaba con el máximo secreto;
se supone que esta filtración fue posibilitada por la cercana relación de muchos
militares argentinos que vivían con identidad falsa en España y que colaboraban
con los servicios de inteligencia españoles o incluso por parte del aparato de
inteligencia de la ESMA, que sigue activo y que entonces tenía relaciones con el
Ministerio del Interior español y con algunos dirigentes socialistas. Suárez
Mason decidió fugarse hacia los Estados Unidos en un avión privado que lo
trasladó hasta ese país. Con tal mala suerte para sus planes, que aterrizó en
una pequeña ciudad donde vivían algunos argentinos que habían sufrido sus artes
criminales. Fue detenido y procesado en ese país por la vía civil.
El Estado argentino decidió presentar una solicitud de extradición por numerosos
crímenes y básicamente por la figura de la responsabilidad del comandante, o
sea, por haber dirigido una organización criminal. Es la única vez que el Estado
argentino reconoció este tipo de figura legal, que no se utilizó nunca en los
procedimientos internos y sí en cambio para esta solicitud de extradición a los
Estados Unidos. Si se utilizaran estos mismos argumentos, los criminales como
Suárez Mason podrían ser juzgados por la justicia Argentina sin ningún tipo de
obstáculo.
La solicitud de extradición fue presentada por Ricardo Gil Lavedra,
interinamente a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal de la República Argentina, al
Honorable Lowell Jensen, Juez Federal del Distrito Norte de California en los
Estados Unidos, con fecha 12 de junio de 1987; fue tramitada por el Cónsul de
los Estados Unidos en Buenos Aires, Thomas L Holada, en esa misma fecha. Uno de
los documentos oficialmente presentados por el Estado argentino (del que tiene
copia el Equipo Nizkor) fue la Directiva del Consejo de Defensa No. 1/75 (Lucha
contra la subversión), de carácter secreto y donde el ejército argentino
planifica la represión y da instrucciones precisas sobre las formas de
funcionamiento a todos los organismos represivos argentinos. Este documento está
firmado por el entonces Jefe III - Operaciones, General de Brigada, Cristino
Nicolaides. Obviamente, su retorno a la Argentina no estuvo acompañado de la
condena necesaria por los crímenes reconocidos por el propio Estado argentino en
los documentos aportados como prueba a los Estados Unidos y que dieron lugar a
una resolución favorable por parte de ese Estado.
Los documentos originales de este procedimiento de 1987 no fueron recuperados
hasta 1999, debido a que un error de archivo hizo imposible su localización. A
instancias del equipo Nizkor, el trabajo de búsqueda fue realizado por alumnos
de una Universidad norteamericana y posteriormente fueron seleccionados para el
Equipo Nizkor por una profesora, también norteamericana, especialista en
derechos humanos.
La última maniobra de Suárez Mason fue instrumentada a través del procedimiento
de los "niños robados" que se sustancia ante el Juez Bagnasco en Buenos Aires.
Consistió en utilizar su detención domiciliaria por estos delitos para decir que
él no tenía ningún problema en colaborar con la justicia italiana, pero que esto
era imposible debido a que su detención se lo impedía. Esta maniobra jurídica
pretendía el archivo definitivo del juicio en Roma.
El procedimiento en ausencia o por contumacia que permite el Código de Justicia
italiano sólo es posible si el imputado no comparece por propia voluntad; pero
en caso de que no pueda estar presente mediando causa legítima que se lo impida,
el procedimiento se archiva y no abre la vía al juicio por contumacia. Esta
instrumentación no es inocente y en ella ha influido el Ministro de Exteriores
del Gobierno Menem, quien la instrumentó como forma de terminar con el caso en
Roma a través de la Comisión especial que dirigía el Jefe del Servicio de
Inteligencia del Estado (SIDE) para actuar en contra de los procedimientos en
Europa.
La fórmula utilizada ahora e instrumentada con el apoyo del Primer Ministro de
Italia, y que podríamos considerar un corolario de las negociaciones del caso
Pinochet, fue negociada por la diplomacia italiana, pero para ello hacía falta
que el juez Bagnasco citara a declarar al General Suárez Mason y éste dijera
expresamente que no estaba dispuesto a ir como imputado al juicio de Roma. La
estrategia diplomática se basaba en la conocida cobardía del general Suárez
Mason ante los procedimientos judiciales. Así ocurrió, y al negar su
participación como imputado quedó obviada la última maniobra para cerrar este
caso después de trece años. Ahora serán juzgados en ausencia él y sus colegas.
El General Suárez Masón asistirá como testigo en el marco del Convenio de
colaboración judicial entre Argentina e Italia, el cual permite que sea testigo
en su propio juicio sin ser detenido por ello. Esta figura fue pensada por
juristas italo norteamericanos para permitir que el banquero de la Mafia y
miembro de la P2, Michele Sindona, detenido y condenado en los Estados Unidos,
pudiera testimoniar en Italia. También fue utilizado para el caso del gran
arrepentido de la mafia siciliana, Tomasso Buscetta.
De este modo, se ha conseguido que después de trece años se comience en Roma el
primer juicio en contra de los imputados en la organización de la desaparición y
asesinato de algunos de los más de 600 italianos que vivían en Argentina.
A pesar de sus limitaciones procesales y de fundamentación jurídica, este
procedimiento ha sido clave para que otros procedimientos fueran activados, y
muy especialmente el de España. La lucha contra la impunidad permite diversas
fórmulas procesales. Pero todas tienen un fin único: la deslegitimación
definitiva de un modelo que ha sobrevivido más de treinta años con la
complicidad de gobiernos y dirigentes políticos de diversas ideologías.
13jun00
Goyo Dionisss
Equipo Nizkor
SUÁREZ MASON DEBERÁ COMPARECER ANTE LA JUSTICIA ITALIANA POR LA DESAPARICIÓN
DE ITALIANOS EN ARGENTINA.
El ex Jefe del I Cuerpo del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, sería
trasladado a Roma en para testificar en un proceso que se sigue en Italia por la
desaparición de ciudadanos de esa nacionalidad en la Argentina durante la última
dictadura militar.
Así lo informaron fuentes relacionadas con el procedimiento, que manifestaron
que el juez federal Adolfo Bagnasco recibió una comunicación de la Cancillería
argentina en la que se le notifica la aprobación de un pedido de la Corte de
Roma para que Suárez Mason declare en ese país el 7 de junio próximo.
Esta es la primera vez que un militar argentino protagonista de la última
dictadura comparecerá ante un tribunal extranjero por los delitos cometidos
durante el Proceso, y sentaría un precedente jurisprudencial que podría hacer
desfilar por juzgados europeos a decenas de ex militares. La postura argentina
es que los integrantes de la última dictadura fueron juzgados y condenados en el
país, y posteriormente indultados por el ex presidente Carlos Menem, y que no
pueden ser juzgados en otra jurisdicción por ser los delitos cometidos "cosa
juzgada".
La figura que se aplicará para el trámite judicial es el de la "extradición
transitoria", consistente en trasladar al detenido hacia el país que lo reclama,
cumplir con todos los actos procesales y regresar al país, sin que exista, en
principio, la posibilidad de que Suárez Mason quede detenido en Italia.
Las fuentes indicaron que Bagnasco aprobaría el "traslado transitorio" y daría
la autorización en las
próximas horas, luego de que se expida el fiscal Eduardo Freiler, y que "la
decisión se tomará de inmediato dada la proximidad de la fecha en la que deberá
declarar". Suárez Mason, detenido a disposición de Bagnasco en la causa en la
que se investiga la apropiación de bebés durante la dictadura, fue conducido hoy
a los Tribunales de Retiro para notificarse de la decisión de Cancillería, que
aprobó el traslado en virtud del Tratado de Asistencia Recíproca firmado con
Italia.
En el juzgado señalaron que no habría inconvenientes para que Suárez Mason
declare en Italia, para contribuir al esclarecimiento de los casos que allí se
investigan. En marzo de este año, Suárez Mason fue citado por Bagnasco para
ratificar el contenido de una carta enviada por el al juez italiano Mario
D`Andria el 17 de diciembre de 1999, al que le habría manifestado que su
condición de detenido le impide participar del juicio que se lleva a cabo en
Italia. En esa carta, Suárez Mason habría afirmado que su presentación en ese
país sería para alegar que la Corte de Roma carece de jurisdicción para
juzgarlo, ya que está procesado y detenido en la Argentina, a disposición de un
juez competente. El ex represor cumple arresto domiciliario, luego de que fue
procesado por el juez
Bagnasco, quien lo responsabilizó por la apropiación de 12 menores que fueron
sustraídos a sus familias de origen durante la dictadura militar.
[Fuente: Sergio Sorin, Derechos Human Rights Argentina, 1jun00]
DENUNCIAN ANTE EL TRIBUNAL DE ROMA LA PLANIFICACIÓN EN LA EXTERMINACIÓN DE
TRABAJADORES SINDICALIZADOS.
El líder de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De
Gennaro, denunció ayer en Roma la connivencia entre las cúpulas militar y
empresarial en la represión política que sufrió el país durante la última
dictadura. "Las listas de representantes sindicales que debían ser secuestrados
sólo pudieron hacerlas los empresarios, o, al menos, estaban al corriente de
ello", dijo
De Gennaro ante el Tribunal de Roma que juzga a siete militares retirados
argentinos por la desaparición de ocho ciudadanos ítalo-argentinos. El
responsable de la CTA señaló que la colaboración entre los militares y la
patronal fue una combinación de "negocios, corrupción y represión, fruto de una
planificación perfecta y sistemática".
"El 70 por ciento de los 30 mil desaparecidos en Argentina fueron trabajadores y
sindicalistas", subrayó. De Gennaro ilustró a los miembros del Tribunal sobre la
represión de los sindicatos al declarar como testigo en el proceso que se sigue
en el aula-búnker de la cárcel romana de Rebbibia. Su testimonio apuntó a
arrojar luz sobre la desaparición en 1976 de Mario Marras y Marino Mastinu, dos
sindicalistas que trabajaban como obreros de la construcción naval en los
astilleros Astarsa. Entre los máximos responsables de las desapariciones, De
Gennaro citó al ex general Guillermo Suárez Mason y al ex comandante de la
cuarta zona militar, Santiago Omar Riveros, dos de los acusados en el proceso.
Ayer también ofrecieron su testimonio otros dos sindicalistas argentinos, Luis
Benencio y Juan Sosa. El Tribunal, presidido por el juez Renato D'Andria,
escuchó además la declaración de Santina Mastinu, esposa de uno de los
desaparecidos y a María Rufina Gastón, viuda de Aldo Ramírez, otra de las
víctimas de la represión política. Mastinu declaró a la prensa que fue "duro y
emocionante" revivir en Roma los momentos trágicos que vivió hace 24 años, pero
agregó que es necesario para
que "se haga justicia con los muertos".
"UNA HERENCIA TRISTE"
"Somos gente obrera, este juicio es el único patrimonio que tendrán nuestros
hijos. Será una herencia triste, pero de lucha", agregó. El resto de los
acusados, que se encuentran representados en la sala por dos abogados de oficio,
son el ex jefe de la Prefectura Naval de la zona del Tigre, Juan Carlos Girardi
y los suboficiales Julio Roberto Rossin, Alejandro Puertas, José Luis Porchetto
y Omar Héctor Maldonado.
Los siete están imputados por el secuestro desaparición y muerte de Laura Estela
Carlotto, Roberto Julio Morresi, Pedro Lucio Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri,
Daniel Jesús Ciuffo, Martíno Mastinu y Mario Marras, así como el secuestro y
presunto asesinato del bebé Guido, hijo de Carlotto.
Para hoy se espera el testimonio de los ex jueces argentinos Ángel Papalia y
Juan Ramos Padilla, así como Daniel Frontalini, Manuel Gaggero y Juan Carlos
Scarpati, sobreviviente del centro de detención de Campo de Mayo. Forman parte
de los más de 60 testigos que la justicia italiana llamará a declarar en un
proceso que se abrió el pasado mes de octubre, tras 17 años de batalla judicial
por parte de los familiares de los desaparecidos.
[Fuente: Diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 13jun00]
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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