La Policía desata una represión indiscriminada contra presos

Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 20 de Mayo, 2000. Mex - La Policía Federal toma dos penales y desata una represión indiscriminada contra presos comunes. Equipo Nizkor, Derechos Human Rights, Serpaj Europa, Solidaridad Urgente, 19may00

LA POLICÍA FEDERAL ENTRA EN DOS PENALES Y PROCEDE CONTRA PRESOS COMUNES VIOLANDO EL ESTADO DE DERECHOS Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE TRATAMIENTO DE PRESOS.

Procedentes de la ciudad de México vía Monterrey, alrededor de 600 elementos de la policía federal preventiva llegaron a Nuevo Laredo el 15 de mayo de este año.

Un día después, ingresaron a los Ceresos I y II registrándose los problemas más graves en el Cereso I conocido como penal de "La Loma", a fin de restablecer el control de la cárcel, ya que los internos se negaban desde hace semanas, a aceptar el cambio de director del reclusorio.

Los internos señalan que los agentes ingresaron por la puerta y trepando a las paredes, y que incluso en el suelo existen muchos orificios de bala como resultado de los disparos que realizaron a su arribo.

Alrededor de 50 de estos agentes estaban encapuchados.

Los elementos de la Policía Federal Preventiva fueron apoyados en esta acción, por agentes de la policía judicial federal y efectivos de la policía ministerial del estado.

La explicación del gobierno del estado para esta acción, es que fue para restablecer el control por parte de las autoridades, ya que en su interior se habían formado grupos de poder, encabezados por el interno Guillermo Martínez Herrera, "El Borrado", miembro de la banda de pateros y narcotraficantes conocida como "Los Texas".

Un cable de la agencia de noticias Notimex fechado el 18 de este mes señala que el Comisionado de la PFP Wilfrido Robledo Madrid declaró que la intervención de la corporación que dirige, se fundamentó en el Artículo 4 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, señalando que sus elementos (entre 600 y 800, según testigos) coadyuvaron con las autoridades competentes en el estado y la PGR para implementar un operativo conjunto "para restablecer el orden y garantizar la estabilidad y seguridad de ese centro penitenciario.

Es importante señalar que hasta antes de la incursión policíaca no había ningún motín o protesta de los internos, pero se impedía el paso al nuevo director nombrado por el Gobierno del Estado.

Varios testigos declararon que los elementos de la PFP ingresaron al penal haciendo disparos con armas de fuego, y que incluso existe un video en donde se mezcla en ruido de las balas y gritos de los internos.

El gobierno del estado niega esta versión y señala que si ingresaron los elementos de la PFP es porque había un motín en el interior del penal, pero que nunca usaron sus armas de fuego.

Sin embargo en el operativo falleció el interno Juan Ramón Somela Salinas, que purgaba una condena de nueve años de prisión por homicidio.

El occiso presentaba un balazo en el ojo derecho, afirmando el Procurador General de Justicia en el Estado Licenciado Eduardo Garza Rivas (presidente de la CDHET durante 8 años) que los primeros informes señalan que murió asesinado a manos de otros internos y luego arrojado al patio "para demostrar a la policía que no le tenían miedo".

Hoy se sabe que al parecer sí realizaron disparos los internos con escopeta 12, pero que no se encontró en el interior del penal ninguna pistola, siendo de un arma de este tipo el balazo que le quitó la vida al recluso. Información proporcionada por varios internos señalan que al momento de ingresar la PFP, el interno fallecido se trastornó y salió gritando de su celda, siendo sometido por dos de éstos agentes, pero como no se callaba, llegó un tercero y le disparó.

Sobre este caso se está integrando la Averiguación Previa 472/2000, por parte del Agente Tercero del Ministerio Público Investigador, habiendo declarado hasta este día 32 personas entre internos y custodios, pero a pesar de que se ha señalado que los homicidas fueron elementos de la PFP, a ninguno de ellos se le ha citado a declarar.

Por otra parte queremos denunciar que violando toda disposición legal, los interrogatorios a autoridades de ambos penales y los interrogatorios se realizan en el Campo Militar, sede del 21 Batallón Motorizado, manteniendo en ese sitio como detenidas a varias personas que trabajaban en los centros de reclusión. Es importante señalar que 48 horas después del ingreso de la PFP, varios internos revelaron que a un número indeterminado de ellos se les mantenía acostados en las canchas deportivas, tirados boca abajo y a quienes intentan levantarse por las quemaduras del sol, se les golpeaba con las armas. También se supo que no hay servicio de alimentación para los internos porque la cocina fue destruida.

Por su parte a través de los medios de comunicación, el Gobierno del Estado manifestó que en el interior de los penales se han encontrado bebidas embriagantes, armas, equipo de vigilancia manejado por los internos y drogas. Señaló también que el reo Guillermo Martínez fue trasladado al Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, estado de México.

Debido a la tensa situación que existe en los penales por la presencia de la Policía Federal Preventiva y los rígidos controles para permitir el ingreso de las familias, además de las graves violaciones a los derechos humanos que se registran, solicitamos el envío de acciones urgentes en donde se solicite al gobierno federal:

1.- El retiro de los elementos de la PFP del penal de Nuevo Laredo, y que se impida su funcionamiento en operativos de esta naturaleza porque se viola su Mandato y la Constitución, además de que de manera peligrosa la están convirtiendo en un cuerpo represivo.

2.- Se restablezca el estado de derecho y que la integración de las averiguaciones y las declaraciones se tomen en la agencia del ministerio público, ya sea federal o estatal, y que los funcionarios detenidos y custodios detenidos se les traslade a una cárcel.

3.- Que se investigue por parte del gobierno federal la situación en el resto de los penales de Tamaulipas, pues en todos se expenden bebidas embriagantes, droga, y existen celdas de lujo para los reos pudientes mientras que el reo pobre se encuentra hacinado en una celda hasta con diez compañeros, cuando la capacidad es para cuatro reclusos.

4.- Se consigne a la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador a los policías que participaron en la agresión que culminó con la muerte del interno Juan Ramón Somela Salinas.

Al gobierno del Estado:

1.- Que se permita a los familiares de los internos de los penales de Nuevo Laredo, que puedan ingresar a visitar a sus familiares y se les permita que se les lleve de comer.
2.- Que se realicen cambios profundos en los penales del estado, ya que en todos existen los mismos vicios detectados en Nuevo Laredo.
3.- Que la integración de la averiguación previa 472/2000 se realice sin componendas para evitar enjuiciar a los verdaderos responsables del homicidio de Juan Ramón Somelas Salinas.

From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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