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La FIDH sobre libertades civiles y elecciones en Perú
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 20 de Febrero, 2000. Per - Informe de la FIDH sobre libertades civiles y elecciones en
Perú.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
INFORME SOBRE LIBERTADES CIVILES Y ELECCIONES EN EL PERÚ REALIZADO POR LA FIDH
PRESENTACIÓN.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con sede en París es una organización no
gubernamental que está dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos. Creada en
1922, agrupa actualmente a 105 afiliados nacionales en el mundo entero. La FIDH tiene estatuto
consultivo en Naciones Unidas y la UNESCO y tiene el estatuto de asesor del Comité Directivo de
Derechos Humanos del Consejo de Europa y de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de
los Pueblos.
La FIDH ha seguido con mucho detenimiento y preocupación el desarrollo del proceso democrático
peruano mediante Misiones de Observación Judicial, Misiones de Investigación, y actividades de
cooperación jurídica. En esta ocasión envió una Misión de Observación Electoral en razón de las
preocupaciones existente frente al proceso electoral a realizarse en abril del año 2000.
Esta Misión de Observación realizará su trabajo en dos etapas, la primera entre el 5 y 14 de
febrero y la segunda a fines del mes de marzo.
Durante el desarrollo de la primera etapa la Misión, integrada por Mariclaire Acosta, Roland
Anrup y Bianca Jagger, se ha entrevistado con representantes del Estado, del gobierno, de los
partidos políticos y de la sociedad civil.
OBJETIVOS DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
Evaluar las condiciones en que se desarrollará el proceso electoral de abril del 2000, con el
fin de contribuir a la realización de un proceso electoral justo y democrático en el Perú.
Sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional sobre la necesidad de garantizar un
proceso electoral justo y democrático en el Perú.
AUSENCIA DE UN ESTADO DE DERECHO.
Esta Misión ha enfocado su atención al proceso electoral en el contexto general de los derechos
humanos en el Perú. Anteriores misiones de la FIDH, integradas por magistrados y abogados, han
observado la ausencia de un estado de derecho en el país, caracterizando la situación como de un
"golpe de estado permanente".
El proceso electoral actual tiene gran significado para el futuro de la democracia en el Perú.
Constatamos una competencia desigual entre las agrupaciones políticas de oposición y el aparato
del Estado.
La Misión ha tomado nota de la existencia de una fuerte controversia respecto a la reelección
presidencial, incluyendo la irregular situación del Tribunal Constitucional luego de la
destitución de los tres magistrados que se opusieron a la reelección presidencial. El Tribunal
Constitucional ha sido desarticulado, de suerte tal que actualmente el Perú carece de un órgano
de control constitucional.
La Misión constata una situación irregular de las instituciones jurídicas; incluyendo el Poder
Judicial y el Ministerio Público controlado por Comisiones ejecutivas, y el cambio de normas
respecto a los organismos electorales. Es particularmente significativa la existencia de
denuncias de que el Poder Judicial sea utilizado para perseguir y hostigar a los opositores.
El desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial se ha reforzado por la
relación entre el Presidente, el SIN y la cúpula militar. Es notorio que con el apoyo del alto
mando del ejército y del Servicio de Inteligencia Nacional, la Presidencia ha concentrado un
poder excesivo, y a la vez ha generado una dependencia exagerada de estas instituciones.
La injerencia del Servicio de Inteligencia Nacional en los asuntos públicos y privados, en la
administración de justicia, intervenida por Comisiones Ejecutivas y en la investigación de
delitos comunes, distorsiona la independencia de poderes y subordina su función natural de servir
a la seguridad del país para convertirlo en una herramienta del Poder Ejecutivo.
También es
frecuente la intercepción telefónica, atribuida a los servicios de inteligencia y/o las fuerzas
de seguridad.
Existen numerosas denuncias de propietarios de medios de comunicación y periodistas que
identifican al SIN como la fuente de amenazas e intimidaciones. El despojo de Frecuencia Latina
(Canal 2) es quizás el caso más relevante en este terreno. También se ha señalado al SIN como
responsable de las campañas difamatorias de las que han sido víctimas periodistas y candidatos de
la oposición, a través de la prensa amarilla e Internet. A la fecha no ha prosperado ningún
recuso legal interpuesto por los afectados.
Algunas regiones del país continúan en estado de emergencia, y ciertas competencias civiles se
mantienen en las Fuerzas Armadas. El ofrecimiento presidencial de levantar los estados de
emergencia a comienzos del mes de febrero, a escasas semanas de las elecciones, aún no se ha
llevado a cabo.
El deterioro del estado de derecho, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, el
pretendido alejamiento del Estado peruano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, agravan la indefensión jurídica de las personas y las organizaciones de la
sociedad que carecen recursos de protección sencillos y efectivos de sus derechos.
ABUSOS EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO.
La excesiva concentración de funciones de asistencia social en el Ministerio de la Presidencia,
agrava el desequilibrio de poder señalado arriba, y contribuye significativamente a la
desigualdad de condiciones de competencia efectiva en la contienda electoral.
El empleo de recursos públicos destinados a los programas de ayuda social administrados por el
gobierno, para inducir apoyo para la candidatura del Presidente Fujimori, ha sido reiteradamente
denunciado a los miembros de esta Misión. Constituye un motivo de grave preocupación por cuanto
contraviene la legislación vigente, destruye cualquier posibilidad de realizar una contienda
electoral mínimamente equitativa y atenta contra la dignidad de las personas.
Existe un extendido ambiente de temor en diversos estratos de la sociedad por las represalias que
pudieran sufrir desde el poder por su postura discrepante, ya sea perdiendo su trabajo, la ayuda
que eventualmente reciben del Estado (alimentos, por ejemplo), la apertura de procesos judiciales
o alguna forma de agresión.
EL PROCESO ELECTORAL.
Existen motivos fundados de preocupación por la falta de garantías para el proceso electoral. El
Jurado Nacional de Elecciones, instancia encargada de garantizar la vigilancia del proceso, no
reúne las condiciones de independencia e imparcialidad necesarias para el correcto desempeño de
su función de asegurar la transparencia y credibilidad de la competencia electoral.
Los Jurados Electorales Especiales, órganos de carácter temporal, han sido integrados en su
mayoría por magistrados suplentes y provisionales. Este hecho también pone en duda la
imparcialidad e independencia de estos órganos que constituyen la primera instancia para resolver
los asuntos controversiales del proceso electoral.
La Misión ha observado la falta de equidad en el acceso de los candidatos a la televisión de
señal abierta, cuyos dueños argumentan razones de índole empresarial para impedir la compra de
espacios publicitarios de los partidos en sus transmisiones. Este hecho es insólito en la
historia electoral reciente del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones no ha jugado un papel
activo en aplicar la Ley de Telecomunicaciones. El gobierno también se ha desentendido de este
problema, crucial para el desarrollo de un proceso electoral limpio y justo. Estas conductas
transgreden el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.
Recientemente el gobierno ha anunciado que entregará recursos a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, ONPE, para contratar espacios en medios públicos de escasa audiencia. Esta Misión
saluda la iniciativa pero la considera insuficiente.
Esta Misión ha observado la utilización de los recursos del estado para fines electorales que
favorecen al candidato-Presidente Alberto Fujimori, especialmente la abrumadora publicidad en los
medios masivos sobre los logros del gobierno en materia social y de infraestructura, cuyo efecto
en la inducción del voto puede ser pernicioso.
La Misión ha constatado la existencia de numerosas pintas alusivas al movimiento político del
candidato-presidente, en los cerros próximos a Lima, ubicados en zonas bajo control militar.
Asimismo, la Misión ha recibido denuncias sobre la existencia de esta propaganda en
establecimientos públicos y militares en Ayacucho, Arequipa e Iquitos, en abierta contravención
de la Ley Orgánica de Elecciones (artículos 346 y 347). Reconocemos la decisión anunciada por el
Presidente Fujimori de retirar dicha propaganda de los establecimientos militares, que es apenas
la manifestación más visible de la injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.
Los ataques y hostigamiento a los candidatos de la oposición y a sus simpatizantes, son
reiteradas. Ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público,
ni el gobierno, han adoptado medidas efectivas para detenerlas.
EL SUFRAGIO.
En lo relativo a la organización del sufragio, la Misión ha podido constatar el alto grado de
complejidad tecnológica de los sistemas empleados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales
para asegurar la libertad de sufragio en el momento de la votación que habrá de realizarse el 9
de abril. Las boletas electorales y las actas de instalación de las mesas, del sufragio y del
cómputo han sido diseñadas para evitar al máximo la posibilidad de su mal uso o alteración. Esto
sin duda constituye un avance.
Sin embargo, la insuficiencia de recursos por las reducciones en el presupuesto de las entidades
electorales, la merma en sus ingresos propios y los recortes en los plazos legales para la
realización de todas las etapas del proceso electoral, previstas en la ley, han propiciado
retardos en el cumplimiento de sus funciones, como son la debida integración de los funcionarios
de las mesas de votación y su adecuada capacitación, así como en la integración de las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales, ODPES. El efecto de esta morosidad podría repercutir en
el sufragio.
La Misión ha constatado un difundido temor en la ciudadanía de que no se va respetar el secreto
del voto, uno de los resguardos esenciales para que se pueda manifestar con libertad. Muchos
ciudadanos temen que los nuevos documentos de identificación D. N. I., y la sofisticada
tecnología informática puedan servir al Estado para identificar cómo han votado cada individuo y
comunidad. La Misión ha recibido incluso denuncias sobre advertencias amenazantes de parte de las
fuerzas armadas en este sentido.
La difusión de información respecto a la modernización de los sistemas de votación realizada por
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debería servir para reforzar las seguridades de un
proceso electoral limpio y justo. Sin embargo, hemos podido observar en algunos lugares de
provincias, específicamente en Ayacucho, que existe entre la población la sensación que no está
garantizado el secreto del voto. En este contexto de una cultura de miedo, la impartición de
cursos de capacitación cívica a la población organizados por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, con la presencia de las Fuerzas Armadas, especialmente en las regiones más pobres
del país y que han sido asoladas por la violencia política, tenga un efecto intimidatorio que
induzca un voto a favor del régimen.
Esta Misión ha recibido denuncias provenientes de Ayacucho, de dirigentes de partidos de
oposición que fueron impedidos por las Fuerzas Armadas de ingresar a ciertos distritos durante la
realización de cursos de capacitación electoral impartidos por la ONPE.
Asimismo, preocupa seriamente a los integrantes de esta Misión, el papel otorgado a las Fuerzas
Armadas en el proceso electoral, especialmente el que, de acuerdo con la Ley Orgánica de
Elecciones, sean depositarias de una copia de todas las actas levantadas en las mesas de
votación, incluyendo las impugnaciones de los personeros de los partidos. En las condiciones
políticas del Perú, este hecho puede tener un efecto intimidatorio entre los sufragantes, los
funcionarios de mesa y los personeros de los partidos.
Existen fundadas dudas sobre la debida actualización del padrón electoral. Estas se han agravado
por la negativa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de responder a la
petición de los partidos de otorgarles los códigos de encriptamiento del mismo para su adecuada
revisión.
Para concluir, lo anterior, aunado a las dudas expresadas por esta Misión sobre la efectiva
imparcialidad e independencia de las instancias encargadas de la vigilancia electoral, así como
la falta de credibilidad y legitimidad del proceso electoral en su conjunto. Hemos constatado que
no existen las condiciones para realizar elecciones democráticas, libres y transparentes. Tenemos
temor por la autenticidad del sufragio próximo a efectuarse.
La Misión ha constatado la existencia de un sentimiento generalizado de indefensión de la
población frente al poder del Estado, lo que hace temer que la votación a favor del
candidato-presidente sea el resultado de un conjunto de presiones de variada índole, y no la
expresión auténtica de la voluntad popular.
En este contexto, el proceso electoral no parece ser una competencia libre y democrática, en la
que los ciudadanos pueden optar por los candidatos y propuestas de sus preferencias, sino más
bien un procedimiento que busca justificar o disfrazar lo que en realidad es la perpetuación de
un régimen autoritario con fuerte presencia militar.
RECOMENDACIONES AL ESTADO PERUANO, LA SOCIEDAD CIVIL Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
1. Planteamos que se discontinúe el uso de recursos del Estado para fines de proselitismo del
candidato-presidente, incluyendo la abstención de realizar inauguraciones e inspecciones de obra
pública.
2. Proponemos que el Estado, bajo el amparo de la Ley de Telecomunicaciones, ponga a disposición
gratuita de las agrupaciones políticas espacios equitativos en los canales comerciales de
televisión de señal abierta.
3. Exhortamos al Congreso de la República que restituya en sus cargos a los tres magistrados
destituidos del Tribunal Constitucional, atendiendo la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
4. Asimismo, exhortamos al Estado peruano a dejar sin efecto alguno el pretendido retiro de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. Proponemos que el gobierno levante la declaratoria del estado de emergencia en los territorios
donde aún no lo ha hecho, y restituya todas sus competencias a las autoridades civiles.
6. Debería retirarse a los Comités de Autodefensa en las zonas rurales de cualquier injerencia en
el proceso electoral, ya que su presencia en las mesas de elecciones puede infundir temor a la
ciudadanía.
7. Exhortamos al gobierno, a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil y los
medios, especialmente la televisión de señal abierta, así como a la Defensoría del Pueblo, a
realizar una gran campaña sobre el carácter secreto del voto, y a tomar todas las medidas para
asegurar que así sea.
8. Exhortamos a las agrupaciones políticas a redoblar sus esfuerzos de vigilancia del proceso
electoral y de defensa del voto.
9. Esta Misión quiere hacer un reconocimiento a la labor de la Defensoría del Pueblo y recomendar
al gobierno, a la sociedad civil y la comunidad internacional, que apoyen y refuercen su
importante labor.
10. Hacemos un llamado a La comunidad internacional a prestar todo su apoyo a las organizaciones
de la sociedad civil que velan por los derechos humanos y ciudadanos, como la Coordinadora
Nacional de DDHH, Transparencia, el Foro Democrático y otras.
11. Recomendamos a la FIDH y a otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos
humanos, mantener su vigilancia constante sobre la situación de estos en el Perú, a lo largo y
después del proceso electoral y especialmente luego la instalación del nuevo gobierno.
12. Por último, queremos plantear el cese del apoyo del gobierno de Estados Unidos al SIN, y en
general a las Fuerzas Armadas, en vista de que sirve para fortalecer el régimen imperante en el
Perú, dada la participación de estas instituciones en el proceso electoral favoreciendo al
candidato oficial.
Lima, Perú, 5 al 14 febrero del 2000
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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