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Actualización: Caso del oficial de inteligencia Anderson Kohatsu
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 14 de Marzo, 2000. Per/Mex/Usa - Actualización sobre el caso del oficial
de inteligencia Anderson Kohatsu.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
UN AGENTE DE VLADIMIRO MONTESINOS DETENIDO EN HOUSTON Y MÉXICO Y LIBERADO A CAUSA DE UNA VISA
COMO TESTIGO ANTE LA CIDH.
Ayer [10mar00], la sombra de la justicia penal internacional -la que retuvo más de un año al ex
dictador chileno Augusto Pinochet en Londres- empezó a rondar al gobierno de Alberto Fujimori,
cuando el torturador de Leonor La Rosa, el mayor EP (r) Ricardo Anderson Kohatsu, fue detenido en
México, luego de arribar de Houston, Estados Unidos, donde el día anteayer también había sido
arrestado.
El mayor retirado del Ejército Peruano, Ricardo Anderson Kohatsu, sobre el que pesan graves
acusaciones por delito de tortura interpuestas por organismos de derechos humanos nacionales e
internacionales, regresó precipitadamente anoche a Lima, liberado gracias al pasaporte
diplomático que el gobierno le extendió indebidamente.
El jueves por la tarde, en la ciudad norteamericana de Houston, Texas, Ricardo Anderson fue
intervenido por personal del FBI, pero fue liberado en la madrugada del viernes, después de
reconocersele una discutible inmunidad diplomática.
Ayer mismo, por la tarde, a su paso por el aeropuerto de la ciudad de México en tránsito a Perú
volvió a ser detenido esta vez por la policía mexicana, pero luego se le permitió proseguir viaje
a Lima.
Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó hoy que Anderson Kohatsu, que
fue acusado en Perú por cargos de tortura, fue detenido en la tarde del jueves en Houston, Texas,
pero liberado esta madrugada.
Anderson Kohatsu y el general retirado del ejército peruano Enrique Oliveros habían concurrido
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como testigos del gobierno en las
reclamaciones contra el Estado peruano por espionaje telefónico. La concurrencia de los dos
testigos causó protestas entre los abogados de derechos humanos, quienes señalaron que Oliveros
fue el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) entre 1995 y 1997, cuando ocurrió el
supuesto espionaje telefónico.
El FBI quería interrogar al militar peruano sobre la tortura contra Leonor de la Rosa, agente del
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) peruano. En agosto de 1997, Anderson, junto con el
mayor Percy Salcedo Sandoval, el coronel Carlos Sánchez y el teniente coronel Joes Salinas
Suzunaga, fueron condenados en un tribunal militar a ocho anos de prisión por su responsabilidad
en la tortura de De La Rosa. No obstante, en noviembre de 1997 la Sala Revisora del Consejo Supremo
de Justicia Militar absolvió a Anderson y Sanchez con el argumento de que no habían participado
directamente en la tortura de La Rosa.
[Fuete: Diario La República, Lima, Perú, 14mar00]
ACLARACIÓN DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN PERÚ
El embajador de Estados Unidos (EEUU) en el Perú, Jhon Hamilton descartó ayer que el mayor
retirado del Ejército, Ricardo Anderson Kohatsu, denunciado por organismos de derechos humanos
por haber participado en actos de tortura, haya sido liberado por una decisión política.
Indicó que los criterios adoptados para liberar a Anderson Kohatsu es que viajó a Estados Unidos
para cooperar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para cooperar
como testigo en el caso sobre la supuesta intervención telefónica que se ventila en ese foro
interamericano.
Expresó que el Departamento de Estado del gobierno de los EEUU consideró las circunstancias de la
visita de Anderson a su país para cooperar y actuar como testigo ante la CIDH además que tenía
inmunidad por la labor que tenía que desempeñar ante la OEA.
"La CIDH es un órgano de la OEA y había recibido una visa para actuar como testigo", refirió sin
dar más detalles al respecto durante la entrevista que concedió a CPN radio.
[Fuente: Diario La República, Lima, Perú, 12mar00]
Varios organismos de derechos humanos denuncian la liberación de un oficial de inteligencia
responsable de torturas.
El 9 de marzo, oficiales de los Estados Unidos detuvieron a Tomás Ricardo Kohatsu, un agente de
inteligencia militar peruano implicado en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Pruebas contundentes implican a Anderson en la tortura de Leonor La Rosa Bustamante - ex agente
militar - quien sufre de severas secuelas físicas a causa de la tortura infringida. Otras
víctimas de tortura han prestado testimonio ante la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Perú y
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implicando a Anderson en hechos de tortura.
El Departamento de Justicia de los EEUU estaba dispuesto a procesar a Anderson basado en el
"Torture Victim Protection Act" 18USC Sec 2340ª que contempla la extraterritorialidad para
perseguir a individuos implicados en casos de tortura. Una decisión cuestionable del Departamento
de Estado de los Estados Unidos bloqueó el arresto del señor Anderson argumentando que éste
gozaba de inmunidad porque fue traído por el gobierno de Perú para participar en una audiencia
ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos de la OEA.
Las organizaciones de derechos humanos apoyamos la voluntad del Departamento de Justicia para
perseguir este caso. Con ellos se ha enviado una señal contundente a los torturadores del mundo,
y el Perú específicamente, en el sentido de que los crímenes en contra de la humanidad cruzan
fronteras y no deben de quedarse impunes.
Deploramos asimismo la decisión del Departamento de Estado de bloquear ésta oportunidad única de
iniciar acción penal en contra del señor Anderson. La evidencia abrumadora que implica al mismo
en actos reiterados de tortura, claramente constituye prueba suficiente para ejercer acción penal
en su contra y obligaba a los Estados Unidos a actuar conforme al derecho nacional e
internacional. Entendemos la decisión del Departamento de Estado, como una expoliación
injustificada del principio de inmunidad. Más aún, el derecho internacional prohíbe claramente
otorgar inmunidad a cualquier acusado de cometer crímenes contra la humanidad, incluyendo a jefes
de Estado, tal como se estableció claramente en el caso de Pinochet.
Manifestamos nuestra decisión y voluntad de actuar en todos los casos similares que puedan surgir
en el futuro. Los códigos legales deben acompañarse de la voluntad política de las autoridades de
los Estados Unidos para cumplir la ley.
Lima 10 de marzo de 2000
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) - Coalición por la Justicia
Internacional (Bianca Jagger) - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú - Human Rights
Watch (HRW) - The Washington Office on Latin American (WOLA)
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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