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El Senador Jesse Helms es contestado por un antiguo Fiscal de Nuremberg
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. USA, a 15 de Junio, 2000. Usa/Cpi - El Senador Jesse Helms es contestado por un antiguo Fiscal de
Nuremberg.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO USA,
JESSE HELMS, EN LA AUDIENCIA SOBRE "LA LEY DE PROTECCIÓN PARA LOS SOLDADOS
ESTADOUNIDENSES".
14 de junio del 2000
SR. HELMS. Con el establecimiento de una Corte Penal Internacional permanente
cada vez más cerca, la amenaza de que los soldados y oficiales estadounidenses
puedan ser algún día aprehendidos, extraditados y juzgados por "crímenes de
guerra", es cada vez mayor.
De hecho, ese día quizás ya haya llegado. En un pequeño artículo publicado
recientemente en The New York Times, se informó que luego de la detención del
Gen. Pinochet "el FBI había advertido a [varios ex oficiales estadounidenses] no
viajar a algunos países, incluyendo algunos de Europa, donde existe el riesgo de
una extradición por otros países interesados en juzgarlos."
Lo que es más, este año, por primera vez, hemos visto a un tribunal penal
internacional investigar acusaciones acerca de que la OTAN había cometido
crímenes de guerra durante la campaña militar
en Kosovo.
Un mes antes, en mayo, el Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, fue
sometido a una denigrante interrogación escrita por una mujer llamada Carla del
Ponte, la Fiscal del Tribunal para Crímenes de Guerra de la Antigua Yugoslavia.
Después de examinar las respuestas de Lord Robertson, la Srta. del Ponte decidió
concluir con su investigación de once meses sobre la OTAN sin formular cargos en
contra del Presidente Clinton, los comandantes de la OTAN o los soldados
aliados.
Pero el daño ya estaba hecho. Simplemente al cooperar con la investigación, Lord
Robertson reconoció de manera equivocada que el Tribunal de Yugoslavia tenia
jurisdicción sobre la OTAN y sus estados miembros, y por lo tanto tenía
autoridad para juzgar las acciones de la OTAN. Este precedente extremadamente
peligroso volverá a molestar a Estados Unidos.
Los comandantes y funcionarios de la OTAN puede que hayan evitado la acusación
esta vez. Pero fíjense en lo que les digo: no está lejos el día en que los
soldados y funcionarios estadounidenses tengan que enfrentar una acusación de
parte de una Corte Penal Internacional.
Esta Comisión está reunida hoy para evaluar la amenaza colocada sobre los
soldados y funcionarios estadounidenses debido a esta peligrosa evolución del
"derecho internacional", y para considerar un arreglo legislativo que he
presentado esta mañana junto con los líderes de la Mayoría del Senado Trent
Lott, y los senadores Warner, Grams, Hatch, Shelby y otros: "La Ley de
Protección para los solados estadounidenses del 2000".
"La Ley de protección para los solados estadounidenses" prohibirá cualquier
cooperación con la CPI mientras Estados Unidos no haya firmado o ratificado el
Estatuto de Roma. Esto requiere que el personal estadounidense tenga inmunidad
en relación con la competencia de la CPI antes de que Estados Unidos pueda
participar en cualquier operación de mantenimiento de la paz de NN.UU. Impide la
entrega a la Corte de información clasificada considerada de seguridad nacional
y prohíbe el apoyo militar a cualquier país que haya ratificado el Estatuto de
Roma (con una renuncia para los aliados de Estados Unidos que tienen acuerdos
que protegen a los ciudadanos estadounidenses de la extradición). Y autoriza al
Presidente a emplear todos los medios necesarios y convenientes para llevar de
regreso a casa a cualquier ciudadano estadounidense o personal aliado detenido
en contra de su voluntad o en nombre de la Corte.
Esta legislación no impide a los Estados Unidos cooperar con los actuales o
futuros tribunales Ad-Hoc creados a través del Consejo de Seguridad -- esto no
impedirá el enjuiciamiento de futuros Pol Pot y Saddam Husseins. Lo que será un
hecho es que Estados Unidos no reconocerá la legitimidad del falso derecho de la
CPI de ejercer su competencia sobre ciudadanos estadounidenses.
¿Por qué es necesaria dicha legislación? Debido a que la Corte Penal
Internacional insiste en que los ciudadanos estén bajo su competencia a pesar de
que los Estados Unidos no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma.
Sin embargo a pesar de esto, la Secretaria Albright ha declarado que Estados
Unidos intenta seguir la política del "buen vecino" con la CPI. ¿Cómo podemos
ser "buen vecino" de una Corte que insiste en su "derecho" a juzgar a los
soldados y funcionarios estadounidenses, aunque Estados Unidos se haya negado a
unirse a la Corte?
Si otras naciones insisten en colocar a los estadounidenses bajo la competencia
de la Corte en contra de su voluntad, el Congreso tiene el derecho y la
responsabilidad de poner un precio a su obstinación y garantizar que nuestros
hombres y mujeres uniformados sean protegidos.
Nos complace dar la bienvenida al Honorable Capar Weinberger, que compartirá su
visión como ex Secretario de Defensa de los EE.UU., sobre por qué los probables
enjuiciamientos de soldados y funcionarios estadounidenses tendrían un efecto
estremecedor en la toma de decisiones de seguridad nacional.
También damos la bienvenida al Profesor Jeremy Rabkin de la Cornell University,
que es uno de los principales expertos nacionales (y opositores) de estos
avances en el derecho internacional. Y saludamos al Dr. Ruth Wedgewood, profesor
de la Universidad de Yale y Senior Fellow del Consejo de Relaciones Exteriores,
que ha escrito extensamente sobre la Corte Penal Internacional.
Debido a que las delegaciones estadounidenses se están reuniendo en Nueva York
esta semana para discutir sobre la competencia de la Corte sobre los ciudadanos
estadounidenses, sus testimonios son
particularmente oportunos. Senador Biden.
[Nota Documental: Hearing before the Committee On Foreign Relations United
States Senate One Hundred Sixth Congress, Second Session: "The International
Criminal Court: Protecting American Servicemen and Officials from the Threat of
International Prosecution" - Wednesday, 14jun00 - Time: 3:30 P.M.- Place: 419
Dirksen Senate Office Building - Presiding: Senator Helms.
- Senator's Statements: Senator Jesse Helms, Chairman
- Witnesses: The Honorable Caspar W. Weinberger - Former Secretary of Defense;
and Chief Executive Officer Forbes, Inc. Washington, DC / Dr. Jeremy Rabkin -
Professor Department of Government - Cornell University - Ithaca, NY
- Delete Witness: The Honorable Jeane Kirkpatrick - Professor of Government -
Georgetown University; and Former U.S. Permanent Representative to the United
Nations
- Note new witness: Ms. Ruth Wedgwood - Professor of Law Yale University; and
Senior Fellow and Director Project on International Organizations and Law
Council on Foreign Relations - New Haven, CT.
Traducción no oficial por el Equipo de Trabajo de APRODEH-FIDH]
ANTIGUO FISCAL DE NUREMBERG ARGUMENTA LO INFUNDADO DE LOS TEMORES DE LOS
ESTADOS UNIDOS FRENTE A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
Los miedos infundados frente a la Corte Penal Internacional.
Tras los horrores de la II Guerra Mundial, nuestro Gobierno dio ejemplo al mundo
al proclamar que nunca más la agresión, los crímenes contra la humanidad, tales
como el genocidio, o los mayores crímenes de guerra, quedarían impunes. Sin
embargo, en la actualidad, las voces de poderosos conservadores norteamericanos
amenazan con sabotear la nueva corte penal internacional creada para acoger los
principios de Nuremberg.
La legislación presentada por líderes republicanos el 14 de junio impediría la
cooperación de los Estados Unidos con este tribunal de crímenes de guerra que ha
sido respaldado por la inmensa mayoría de las naciones, incluidos muchos de
nuestros más firmes aliados. Quienes se oponen a la corte insisten en que los
militares estadounidenses deben quedar fuera de cualquier posible procesamiento,
que de alguna manera la eficacia de las intervenciones militares de los Estados
Unidos de carácter humanitario chocarían con un obstáculo si la nueva corte
entra en funcionamiento. Tales temores son infundados y socavan la credibilidad
y seguridad de los Estados Unidos.
El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Robert M. Jackson, nuestro
máximo representante en Nuremberg, y su sucesor, el General Telford Taylor,
dejaron bien claro que la ley debe aplicarse a todos en condiciones de igualdad.
"Pasar a estos acusados un cáliz envenenado", advertía Jackson, "es como si nos
lo pusiéramos en nuestros propios labios también". Los inocentes jamás necesitan
temer al estado de derecho. Ciertamente, el Pentágono no se involucra
deliberadamente en actividades que sabe son delictivas. La intencionalidad
criminal ha de ser probada antes de establecer la culpabilidad. Si las leyes
internacionales son ambiguas, éstas deben ser clarificadas por la comunidad
internacional. Aparecer como un matón que quiere estar por encima de la ley
disminuye, más que refuerza, nuestra influencia. Sin una corte internacional que
funcione bajo las reglas establecidas por la comunidad de naciones, los
capturados permanecerán al arbitrio de sus captores. El derecho vinculante
ofrece un escudo protector a todos aquellos que se encuentran al servicio del
ejército.
Resulta claro, más allá de cualquier duda, que la jurisdicción de la nueva corte
penal internacional -a diferencia de los tribunales especiales creados por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- no será retroactiva. La nueva
corte, una vez ratificada por 60 naciones, irá conformando un régimen jurídico
que salvaguarde en el futuro a todas las naciones frente a los ultrajantes
abusos que continúan asolando a la humanidad en nuestros días.
Un reciente artículo de un juez militar altamente respetado, el Profesor
Robinson Everett, de la Universidad de Duke, sugiere una manera más comprensiva
de garantizar una prioridad absoluta a los tribunales americanos mediante la
promulgación de legislación interna que asegure que los tribunales
estadounidenses estarán investidos de jurisdicción para enjuiciar a cualquier
ciudadano de esta nacionalidad acusado de violar el derecho de gentes tal cual
se contempla en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Esto garantizaría a
los acusados estadounidenses todos sus derechos constitucionales en todos los
casos posibles, y, si el juicio fuera justo, excluiría por completo cualquier
procesamiento por la corte internacional. Es de esperar que los negociadores de
la delegación estadounidense no insistan en el derecho de los Estados Unidos a
conducir falsos juicios para evadir la justicia internacional. La decisión final
sobre la adecuación de los juicios internos reside en la corte internacional,
pero existen las salvaguardias apropiadas para prevenir cualquier tipo de abuso.
Muchas de las disposiciones del Estatuto de la Corte se redactaron para proteger
a los militares estadounidenses en servicio frente a acusaciones infundadas o
políticamente motivadas. El Fiscal está sujeto a la supervisión de varios jueces
cuidadosamente seleccionados y de la Asamblea de Estados Parte. Existen
numerosos controles presupuestarios y administrativos. La nueva Corte carece de
un mecanismo independiente que la afiance y debe descansar en la comunidad
internacional para ser eficaz. Una corte parcial o incompetente dejaría de
existir de inmediato.
Al promover un orden mundial mejor para el próximo milenio, debiéramos recordar
las palabras de Tom Paine, que inspiró la revolución americana: "Tenemos en
nuestras manos remodelar de nuevo el mundo". Los militares estadounidenses deben
estar preparados para dar una oportunidad a la paz, en beneficio propio y en el
de todos nosotros. En esta era termonuclear de comunicación instantánea y
universal no debemos olvidar nunca que el derecho es siempre más seguro que la
guerra.
15 de junio de 2000
Benjamin B. Ferencz - Antiguo Fiscal en los procesos de Nuremberg.
[Nota Documental: Traducción al español de la versión original en inglés por el
Equipo Nizkor].
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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