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Piden investigar a las fuerzas de seguridad en el Estado de Vargas
Tlahui-Politic 9 I/2000. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Venezuela, a 10 de Enero, 2000. Ven - Piden investigar actuación de las fuerzas de seguridad en el Estado de Vargas.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign).
Información.
INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ZONAS AFECTADAS DEL ESTADO
DE VARGAS A 31DIC99
"Sin garantías no se paga muerto"
(funcionario de seguridad destacado en Caracas. Sucesos de febrero de 1989)
"Estamos en emergencia y podemos hacer lo que nos dé la gana"
(funcionario de seguridad destacado en Vargas. Catástrofe de diciembre de 1999)
PRESENTACIÓN:
El presente Informe pretende describir algunos posibles patrones de violación a los derechos
humanos que han tenido lugar en el estado Vargas en el contexto de la emergencia generada por la
catástrofe natural. No es un informe completo y tampoco fácilmente verificable. La absoluta
totalidad de los testigos denunciantes se rehusaron a hacer público sus nombres por temor a
represalias de los cuerpos de seguridad. Pese a las debilidades que puedan tener los datos que
siguen, Provea ha decidido la publicación de este Informe dada la gravedad de lo denunciado y la
dificultad operativa para producir otro de mayor rigurosidad sin que ello signifique una dilación
en la posibilidad de reacciones sociales y estatales que prevengan y pongan fin a los excesos que
presumiblemente están ocurriendo en Vargas.
Para la realización de este informe una comisión de Provea visitó distintos lugares del estado
Vargas (los días 29 y 30 de diciembre) recogiendo ahí relatos de testigos directos, médicos,
rescatistas y voluntarios de distintas organizaciones. Igualmente, en este Informe, se utilizan
como fuentes: reportajes de prensa y denuncias presentadas ante Provea.
Los derechos cuya violación se denuncian son: derecho a la vida, derecho a la integridad
personal, derecho a la inviolabilidad del hogar, derecho a la propiedad y derecho al libre
tránsito.
Al dolor que estamos viviendo los venezolanos por esta catástrofe no se le puede sumar otro,
vinculado a un uso desproporcionado de la fuerza que convierta el remedio en un catalizador de la
enfermedad. Si bien el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de las personas y los
bienes, ello no puede usarse como justificación para violar los derechos humanos. Lo que se
señala a continuación permite alertar sobre una Emergencia en materia de derechos humanos dentro
de la Emergencia que han ocasionado las lluvias y los años en los que, de manera sistemática, se
han violado los derechos a la vivienda y al ambiente sano.
TESTIMONIO 1
De acuerdo a esta declaración el testigo afirmó haber presenciado en fecha 26.12.99, alrededor de
las 3.00 p.m., una ejecución extrajudicial de tres ciudadanos que venían corriendo provenientes
del sector denominado Los Corales en dirección al Sector San Julián, cuando una patrulla de la
Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) integrada por funcionarios que
manejaban un vehículo marca Toyota, tipo Machito y tres motos los interceptaron, detuvieron,
arrodillaron y posteriormente ajusticiaron con armas de fuego. Una vez producido este hecho, los
cuerpos de las personas asesinadas fueron introducidos en el vehículo, el cual tomó vía hacia el
sector Quebrada Seca, donde se presume que habrían sido enterrados.
TESTIMONIO 2
Habitante del 27 de julio denuncia que han habido aproximadamente 17 muertes ejecutadas por
comandos pertenecientes a los Paracaidistas del Ejército en los barrios El Cojo, 27 de Julio y
Valle del Pino.
TESTIMONIO 3
Según declaración tomada por un testigo que presenció conversaciones en un lugar de alojamiento
(en Caraballeda) de diversos funcionarios de la Disip, la Policía Metropolitana (PM), la Guardia
Nacional (GN) y Paracaidistas del Ejército, estos habrían afirmado que están realizando
ajusticiamientos contra personas identificadas por las mismas fuerzas de seguridad como
"saqueadores, violadores y ladrones". Así mismo, se declaró en el testimonio el uso de
silenciadores por parte de estos funcionarios durante los operativos diurnos. De igual manera, el
uso de bates y palos es denunciado como práctica utilizada por los cuerpos de seguridad con el
fin de asemejar las evidencias físicas que podría causar una muerte ocasionada por el alud. De
acuerdo a este testimonio una persona fue golpeada por un bate hasta matarla. Por otra parte, el
denunciante alegó haber visto funcionarios policiales cometiendo actos de vandalismo en las
propiedades abandonadas. Otra de las afirmaciones recabadas por esta comisión apunta a la
existencia de fosas comunes en el Sector denominado Cerro Grande (cerca de Caraballeda), donde se
estarían depositando los cuerpos de personas ajusticiadas por los cuerpos de seguridad del
Estado.
Los funcionarios a quienes el denunciante habría escuchado, están identificados como 15 del
ejército bajo el mando del sargento Olson Montaño, 3 de la GN bajo el mando del Comandante
Márquez, 30 de la DISIP bajo el mando del Comandante "Elvis", 15 de la PM bajo el mando del
Comisario García Gómez.
TESTIMONIO 4
El denunciante relata que un joven de 17 años que estaba sacando sus pertenencias de su vivienda
fue asesinado por funcionarios del ejército al ser confundido con un saqueador. Este Hecho habría
ocurrido en el barrio Valle del Pino (sector Caraballeda) el 19/12/99.
TESTIMONIO 5
Luego de que un grupo de delincuentes saquearan el parque de armamentos de un puesto de un cuerpo
de seguridad ubicado en Naiguatá, el Ejército allanó distintas viviendas del barrio Pueblo Abajo.
En la calle Coromoto de ese barrio detuvieron a un ciudadano de origen portugués que al parecer
estaba involucrado con el robo del armamento. Este ciudadano, conocido con el mote de "El
Diamba", al parecer fue entregado a la Disip y posteriormente desaparecido.
TESTIMONIO 6
Un denunciante relata que un funcionario de seguridad le dijo la siguiente frase en el transcurso
de una conversación: "los choros (ladrones) están aprovechando para saquear y nosotros para
limpiar (asesinarlos). Nos hemos hechado (hemos asesinado) a cinco (...) No hay otra manera de
pararlos".
TESTIMONIO 7
En un reportaje de la periodista Vanessa Davies (ver anexo) publicado por el diario El Nacional
el 28/12/99 ("Una noche en estado de sitio", C-1) se recogen testimonios de violaciones a los
derechos humanos ocurridas en La Guaira, Los Corales, y Caraballeda los días 25 y 26 de
diciembre. En ese reportaje un habitante de Vargas denuncia "La Disip está buscando a quienes
tienen antecedentes, para matarlos. A mi hermano lo sacamos volando de aquí (...) Los policías se
llevaron a un vecino, a Robertico Hernández. Le dieron unos tiros y vimos la sangre. El señor no
apareció más. La familia no sabe nada de él. Era de noche".
El reportaje recoge, también, un fragmento de una conversación sostenida con un integrante de un
grupo comando en La Guaira, el 24.12.99, durante la cual relata el asesinato de 5 presuntos
saqueadores cometido por fuerzas de orden público en el sector El Piache, cerca de Catia La Mar
" -El comando (del Ejército) venía caminando (en la zona de El Piache, en Catia La Mar). Cuando
vieron que estaban desvalijando, el tipo (quien dirigía la patrulla) les hace una seña a sus
hombres y los aguanta, y les manda que saquen el equipo. Sacan el equipo, montan los FAL (fusiles
de asalto ligero) y bom, les prenden la luz, los encandilan y plomo pa' todos esos bichos. (...)
Aquí lo que hace falta son escopetas (...) La escopeta no tiene serial. Yo te doy un tiro con una
pistola y por mala suerte de repente me llevas a denuncia o algo, y por balística yo estoy
perdido. Con el perdigón, no. El perdigón no tiene serial. ¿Entiendes? Con la escopeta no pelas.
Tienes metro y medio arriba, y metro y medio abajo, y a medida que se va esparciendo, va abriendo
(...) pegas a 250 metros".
TESTIMONIO 8
De acuerdo a este testimonio, proporcionado en un dispensario médico localizado en el centro de
acopio Colegio "La Merced", ubicado en el sector Palmar Este, (Caraballeda) fue atendido Ricardo
Torregloza, de 49 años por haber recibido una golpiza por parte de efectivos policiales que le
ocasionó la fractura de uno de sus brazos. Los funcionarios habrían alegado que la víctima era un
saqueador. La víctima fue abandonada en el lugar de los hechos y posteriormente rescatada por
funcionarios militares quienes lo trasladaron al centro asistencial. Por otra parte, médicos
presentes en dicho centro informaron que las personas sobrevivientes de la tragedia, habitantes
de las zonas adyacentes, no están asistiendo al ambulatorio localizado en Palmar Este por temor a
los funcionarios de la DISIP.
TESTIMONIO 9
El denunciante, quien era parte de una caravana de carros que estaba recogiendo perros
abandonados en Vargas, denunció que un joven (José Alfredo Gutiérrez) se aproximó a uno de los
vehículos de la caravana con un martillo en la mano y se montó en la parte trasera del mismo. El
vehículo de atrás le avisó a unos GN que se encontraban cerca y estos lo detuvieron y golpearon
repetidas veces. Integrantes de la caravana le pidieron a los GN que no lo golpearan y estos
respondieron que era un saqueador. Existe un video de este hecho y estamos en trámites para
conseguirlo.
TESTIMONIO 10
El día 22/12/99, desde un helicóptero, las FAN repartieron a todo lo largo de las zonas
afectadas, volantes en donde se recomendaba a la población, entre otras cosas, evitar
"desplazamientos fuera de su casa o refugios después de las 7:00 pm" (Anexamos copia del
volante). Esa "recomendación" se convirtió, de facto, en orden, según comentan diversos
habitantes de las zonas afectadas, para quienes existe un toque de queda. Este toque de queda,
aunque estaría justificado dada la situación de emergencia, nunca fue decretado por el Ejecutivo
Nacional, razón por la cual constituye una violación al derecho al libre tránsito.
TESTIMONIO 11
Los denunciantes, que se encontraban en un helipuerto improvisado (antigua cancha de futbol) en
el sector Los Corales, fueron notificados aproximadamente a las 6:30 am del día 23/12/99 que se
estaba produciendo un saqueo en la casa del capitán Guillermo Hewer (no estamos seguros de que el
apellido se escriba así) ubicada justo al lado del helipuerto. Dos funcionarios se acercaron a la
casa de Hewer y en el camino se encontraron con una comisión de la Disip. La Disip ordenó a los
supuestos saqueadores que salieran. Ante esta orden, quienes se asomaron desde la ventana del
segundo piso fueron dos boinas rojas (paracaidistas). De la casa salieron 22 paracaidistas
quienes al ser interrogados respondieron que buscaban "armamento y municiones" por órdenes de sus
superiores. Los denunciantes dan fe de que la casa no había sido violentada antes de que entraran
los soldados y presumen que estos estaban saqueando y al verse descubiertos salieron sin ningún
objeto de valor. Más allá de que se haya producido o no un intento de violación al derecho a la
propiedad, lo que sí es seguro fue que se produjo una violación al derecho a la inviolabilidad
del hogar. Anexamos fotos de los soldados saliendo de la vivienda en cuestión.
TESTIMONIO 12
En Palmar Este (sector Caraballeda), un comando del Ejército allanó la vivienda de un
comerciante. Ahí encontraron distintos electrodomésticos sobre los cuales el comerciante, al
parecer, demostró su propiedad con facturas. Empero, según el testimonio, los funcionarios
ametrallaron los electrodomésticos, golpearon a otro de los habitantes de esa vivienda para
quitarle unos anillos y, dispararon una bengala contra una camioneta Caribe, propiedad del
comerciante. Esta denuncia, fue elevada a autoridades militares de la zona.
PATRONES
Violación al derecho a la vida y al derecho a la integridad personal
Los datos dispersos narrados anteriormente apuntan a señalar que los agentes armados del Estado
entienden que tiene legitimidad la acción de asesinar o golpear a personas que ellos consideran "
violadores o saqueadores".
El patrón de violación al derecho a la vida que estaría ocurriendo en Vargas es la Ejecución
extrajudicial. Según las denuncias existe una racionalidad expresa en la comisión de este tipo de
violaciones, en tanto: a) habría cementerios clandestinos para ocultar los cadáveres, b) estarían
utilizando instrumentos para esconder la causa de muerte (bates y palos) y c) estarían utilizando
silenciadores para evitar ser descubiertos en el momento del asesinato.
Violación al derecho a la inviolabilidad del hogar y el derecho a la propiedad
Según las denuncias, agentes armados del Estado están allanando sin orden judicial viviendas
para: a) buscar a presuntos delincuentes y b) robar bienes.
Violación al derecho al libre tránsito
Existe un toque de queda que, aunque podría estar justificado, no ha sido decretado por el
Ejecutivo. Esto facilita la discrecionalidad de los funcionarios públicos en un contexto lleno de
excesos.
RECOMENDACIONES
AL EJECUTIVO:
- Ordenar inmediatamente a los agentes armados del estado que se atengan a la legalidad en el
desarrollo de los operativos destinados a conjurar la emergencia
- Ordenar inmediatamente una investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos
que estarían teniendo lugar en el estado Vargas
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:
- Realizar un operativo de búsqueda de información, in loco, sobre posibles violaciones a los
derechos humanos
- Iniciar la investigación de los casos que se conozcan con el fin de lograr la sanción de los
responsables.
[Fuente: Provea, organismos de derechos humanos venezolano]
PROVEA RESPONDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: SOMOS TRANSPARENTES EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Provea no desea abrir una polémica con el Presidente de la República, quien el viernes calificó
como "superficial" e "irresponsable" el informe que la organización realizó sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado Vargas. Para Raúl Cubas y Antonio
González, miembros del equipo coordinador de esa organización de derechos humanos, "más
importante que polemizar con el Presidente es que se den instrucciones precisas para que los
funcionarios policiales y militares se atengan a la legalidad en el contexto del operativo y que
se produzca una investigación
seria e imparcial sobre las denuncias que, tanto Provea como otros sectores, han formulado.
Nosotros somos transparentes en la defensa de los derechos humanos".
Provea asume responsablemente como un error que el Informe haya llegado antes a la prensa que a
las autoridades. Antonio González explica que "por un error el informe se difundió en una lista
amplia de correo electrónico cuando la intención era que le llegara a personas allegadas a Provea
y a la autoridades competentes. En todo caso, jamás dimos una rueda de prensa como señala el
Presidente con una supuesta segunda intención de desprestigiar los operativos de rescate. Por el
contrario, en la misma reseña que molestó al Presidente, publicada el 06.01.00 por el diario El
País de Madrid, se reconocen estas labores y se lamenta el uso político que se le pueda dar al
informe.
Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de éste o cualquier otro Gobierno, estamos a favor
del respeto a los derechos humanos y en contra de su violación ".
Raúl Cubas, Coordinador General de esta organización comenta que "el informe fue publicado en la
prensa el 03.01.00 y entregado en Miraflores y en el despacho de Interiores el 04.01.00. El mismo
día fue entregado personalmente a la Subdirectora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de
la República, Dra. Teolinda Ramos y al Dr. Juan Navarrete, de la Defensoría del Pueblo. Con ambos
sostuvimos una reunión que valoramos positivamente, en tanto ambas instancias se comprometieron a
enviar una comunicación preventiva a los mandos policiales y militares destacados en Vargas y a
nombrar una comisión para que investigara tanto nuestras denuncias como
otras publicadas en la prensa nacional". El Informe, agrega Raúl Cubas, "reseña un conjunto de
indicios sobre presuntas violaciones y pretende ser un llamado de alerta a la autoridades. Desde
este punto de vista logró su cometido, en tanto desde el 23.12.99 según lo reconoce públicamente
la
Subdirectora de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, estamos en contacto con
esa institución y con la recién creada Defensoría del Pueblo, quienes ya han realizado labores
destinadas a prevenir, investigar y sancionar las posibles violaciones a los derechos humanos en
Vargas".
Los representantes de Provea aceptan el llamado público a reunirse que les formuló el viernes el
Presidente de la República. "El mismo viernes le solicitamos una audiencia y estamos esperando
que se concrete. Sin embargo, queremos dejar en claro que la nueva Constitución no establece como
requisito la presentación de denuncias de este tipo al Ejecutivo. Son la Defensoría del Pueblo y
la Fiscalía General de la República las instituciones responsables de recibir y procesar estas
denuncias y con ellos estamos trabajando desde que conocimos los primeros casos, precisamente
para fortalecer las instituciones por encima de las personas. Nos reuniremos con el Presidente
para aclarar las diferencias que puedan existir sobre lo denunciado y sobre los calificativos
poco felices que el Presidente utilizó para referirse al trabajo de una organización que tiene 11
años trabajando de modo responsable por mejorar la situación de los derechos humanos en
Venezuela. ".
Raúl Cubas, Coordinador General y Antonio González, Coordinador de Información
Caracas, 8ene00
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
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