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En seis meses las fuerzas armadas en consensaron listado de asesinados
Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 7 de Enero, 2001. Chl - Seis meses tardaron las fuerzas armadas en consensar el listado
de asesinados por las Fuerzas Armadas.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
7ene01
i) SEIS MESES TARDARON LAS FUERZAS ARMADAS EN CONSENSAR EL LISTADO DE DETENIDOS
DESAPARECIDOS ENTREGADOS AL PRESIDENTE LAGOS.
Poco antes de las nueve de la mañana, del viernes cinco, llegó el Presidente
Ricardo Lagos a La Moneda. En el lugar, lo esperaba María Luisa Sepúlveda, la
encargada de procesar, por decisión del gobierno, la información que la Iglesia
Católica, la Masonería, las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, las
iglesias Evangélicas y la comunidad judía le entregarían sobre los detenidos
desaparecidos, luego de un silencioso trabajo de seis meses para recopilar los
datos que
permitieran esclarecer su destino.
Uno a uno los representantes de esas instituciones fueron llegando a Palacio,
pero el personero que se esperaba con mayor expectación, por la magnitud de los
antecedentes que contendría su informe, era el hombre en quien los uniformados
tuvieron la confianza para cumplir con esa tarea: el obispo castrense Pablo
Lizama. Y a la luz de los resultados de lo entregado por Lizama ese día, las
expectativas puestas en el documento estaban en lo cierto: las indagaciones
realizadas por el Ejército, La Armada, Carabineros y la Fuerza Aérea, según pudo
establecer La Tercera en fuentes del área de Defensa, permitió obtener
información verosímil y confiable de la suerte de 200 casos de detenidos
desaparecidos. De este total, 180 corresponden a personas que fueron
individualizadas por los militares encargados de recabar la información, con lo
que figuran con su nombre y apellido, además de su fecha presunta de muerte.
Mientras que respecto de otras 20, no fue posible identificarlas, pero de las
que se obtuvo antecedentes suficientes para dar con su paradero, esto es, del
lugar físico en el que fueron a parar sus restos, de acuerdo a la terminología
usada por los uniformados y estipulada por la ley que se dictó para estos fines.
El informe entregado en La Moneda, establece además que los principales casos
aclarados corresponden a hechos acaecidos entre septiembre de 1973 y marzo de
1974.
Respecto de los 180 casos en que fue posible identificar a los desaparecidos, el
documento elaborado por las ramas castrenses establece, en relación a la mayoría
de ellos, información que permite arrojar precisiones sobre su destino. Es
decir, si bien no se obtuvieron datos exactos del sitio en que fueron a parar
sus cuerpos, sí se pudo recopilar antecedentes generales acerca del lugar último
de donde se conoce información (el hecho que habrían arrojados al mar, a la
montaña, o que fueron incinerados). Así, en el documento se encuentran los datos
suficientes que permiten establecer que se trata de personas que efectivamente
murieron y de cuál fue su destino. Sin embargo, debido al largo tiempo pasado y
a la falta de certezas acerca de la ubicación exacta donde fueron arrojados los
cuerpos, se hace improbable encontrarlos.
El documento que se le hizo llegar a Lagos contiene como una de sus principales
revelaciones la información exacta de 45 casos de detenidos desaparecidos.
Respecto de éstos últimos fue posible
recabar datos precisos acerca del lugar en donde fueron inhumados los cuerpos.
Gracias a que en los anexos del informe están contenidos las coordenadas y los
mapas que detallan las ubicaciones, muchos de estos cuerpos podrían ser en breve
plazo desenterrados, tarea que tendrá que ser asumida por la Justicia una vez
que La Moneda le haga llegar este material.
Entre los antecedentes contenidos en el informe y a los cuales pudo acceder La
Tercera, destacan una serie de revelaciones. Una de las más importantes es el
reconocimiento hecho por el Ejército acerca de la existencia de un número
significativo de casos, correspondientes a 27 personas, respecto de las cuales
fue posible establecer que fueron arrojadas al mar. Se trata de detenidos
desaparecidos que fueron lanzados desde el aire frente a las costas de Pichilemu
(VI Región) y del puerto de San Antonio (V Región).
Otros casos que estarían aclarados -de acuerdo a los datos recopilados por el
Ejército y presentes en el informe-, respecto de los cuales se entregó la
ubicación exacta, son los de tres detenidos, quienes fueron fusilados, luego de
que se les realizaran consejos de guerra. Según la información aportada por la
institución, estas personas fueron inhumadas en un predio de la VII Región. El
documento entregado por Lizama en La Moneda señala otras situaciones similares,
de personas que fueron sometidas a consejos de guerra, las cuales fueron
posteriormente fusiladas y cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familiares.
En ellos, no obstante, fue posible establecer el lugar donde fueron enterrados
los restos.
También existen antecedentes sobre hechos que involucran a las otras ramas de
las Fuerzas Armadas. Así, la Armada recopiló los datos de ocho personas,
respecto de las que también se pudo
establecer su paradero. Se trata de una cifra considerable, si se toma en cuenta
que esa institución, según el trabajo recopilatorio efectuado en estos meses,
reconoce haber estado involucrada en 14 desapariciones (ver artículo páginas 6 y
7). De acuerdo a la información aportada por La Marina, estos cuerpos estarían
en las cercanías de Santiago, específicamente en la Cuesta Barriga. Para ello,
se entregó la latitud y longitud del lugar en que se encontrarían, coordenadas
que fueron comprobadas en terreno.
En las páginas del texto, hay información precisa de otros 20 cuerpos de
personas que, no obstante, no pudieron ser identificadas. Estas estarían
enterradas en las inmediaciones de una carretera de la Región Metropolitana.
Respecto del lugar en que se encontrarían, el informe revela el kilómetro y
otros datos que le permitirán a la justicia realizar las exhumaciones
pertinentes, una vez que reciba estos antecedentes de parte del gobierno.
Según el documento elaborado por los uniformados, también existen datos que
permiten establecer que hubo desaparecidos que fueron arrojados a los ríos Bío
Bío y Toltén, en la Octava y Novena regiones, así como de tres casos que
sufrieron igual suerte en las cercanías de Coyhaique. Si se cotejan estos
antecedentes con los del Informe Rettig, éstos últimos podrían ser el regidor
comunista Juan Vera Oyarzún, el obrero de Honsa Rosendo Pérez y el secretario de
las Juventudes Comunistas de la zona Néstor Castillo. Luego del 11 de septiembre
de 1973, estas personas se trasladaron a Río Mayo, localidad ubicada en
Argentina, donde solicitaron asilo político. Sin embargo, a los pocos días
fueron detenidos por militares de ese país, y el 27 de octubre, fueron
entregados a una patrulla del Ejército chileno, desconociéndose con
posterioridad su paradero.
De acuerdo al número de antecedentes aportados por el texto elaborado por los
militares, existirían motivos suficientes para que las ramas castrenses se
sientan satisfechas. En tal sentido, el Ejército
habría logrado aclarar el 66% de los casos que se le imputan en el Informe
Rettig, los cuales actualmente, según el análisis hecho por esa institución,
ascienden a 177 (ver artículo página 6 y 7). Sin embargo, el documento no
precisa caso a caso a qué institución se le atribuye. Los comandantes en jefe
optaron por aunar toda la información sobre el destino o paradero de los
desaparecidos sin discriminar por ramas de la Defensa.
Otra de las revelaciones que merecen ser destacadas del informe entregado por el
obispo Lizama, se refiere a lo ocurrido con numerosas personas en los días
inmediatamente posteriores al 11 de
septiembre de 1973, respecto de las cuales ya no será posible conocer su
identidad y paradero. En tal sentido, se logró recopilar datos relativos a
numerosas víctimas que llegaron con posterioridad
a esa fecha al Servicio Médico Legal. En su mayoría se trata de personas muertas
en diversos lugares de Santiago. De tal manera, la recopilación obtenida por los
uniformados constata que un primer grupo de cadáveres sin identificar fue
trasladado al Cementerio General, donde fueron cremados a raíz de un problema
sanitario. En total, fueron 182 cuerpos a los que se les incineró y cuyas
cenizas fueron esparcidas en el recinto mortuorio. Un segundo grupo de 160
cadáveres también fue llevado al campo santo, claro que esta vez fueron
enterrados, en el llamado Patio 29. De ellos, gracias a las investigaciones
judiciales de los últimos años, se ha podido exhumar e identificar a 31.
[Fuente: Diario La Tercera, Santiago de Chile, 7ene00]
ii) LAS FFAA ELABORARON DIEZ BORRADORES PREVIOS A LA ENTREGA DE DATOS.
Durante los seis meses de trabajo, al menos unos diez borradores se
confeccionaron antes del informe que finalmente llegó a manos del Presidente de
la República y que los máximos jefes uniformados resolvieron que sólo llevara la
firma del obispo general castrense, Pablo Lizama. Por primera vez, las Fuerzas
Armadas y de Orden reconocieron explícitamente que se cometieron hechos que no
se deberían haber producido.
El jueves 4 de enero, en el séptimo piso del Ministerio de Defensa, se llevó a
cabo la cita clave en la que quedó definido el contenido final del informe de
las Fuerzas Armadas y Carabineros sobre el paradero de los detenidos
desaparecidos. Los representantes de cada institución, encabezados por el
director de operaciones del Ejército, general Carlos Molina Johnson, afinaron
losúltimos detalles del histórico documento del que previamente se habían
elaborado una decena de borradores hasta que se logró acordar un texto final.
Previamente, los máximos representantes de las distintas ramas tuvieron que
imponer su propio sello al aprobar el informe. A último minuto y tras largas
deliberaciones decidieron incorporar en la introducción un párrafo en el que se
hace por primera vez un reconocimiento implícito de que se cometieron
violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Aunque no se
menciona directamente en esos términos, admiten que hubo situaciones que no
deberían haber ocurrido. En este párrafo, también dejaron constancia que las
víctimas fueron de ambos lados, tanto civiles como militares.
En la reunión del jueves -a la que también asistieron el jefe policial de la
Quinta Región, general Reinaldo Ríos Cataldo, por Carabineros; y los directores
de inteligencia de la Fuerza Aérea y de la Armada, general de brigada aérea
Ángel Campos Quiroga y el contralmirante José Marchant Ortega, respectivamente-
se terminaron por resolver los últimos detalles antes de la aprobación
definitiva que darían esa noche los comandantes en jefe y el general director de
Carabineros.
El documento, en la mañana del viernes llegó a manos del Presidente de la
República a través del obispo general castrense, Pablo Lizama, cuya firma es la
única que los máximos jefes uniformados estipularon que fuera estampada en el
informe.
LA RECOPILACIÓN
Durante los seis meses en los que se trabajó para recopilar información sobre el
paradero o destino de los detenidos desaparecidos, cada una de las instituciones
uniformadas lo hizo primero en forma separada con equipos designados
especialmente. Oficiales desde el grado de mayor a coronel fueron destinados
para este fin casi con exclusividad. El equipo más numeroso fue el del Ejército,
seguido por Carabineros.
En el caso de la policía uniformada se creó un método que consistió en la
instalación de urnas selladas en las unidades policiales para que todo el
personal introdujera formularios anónimos, con la absoluta garantía que no se
indagaría la procedencia de la información. A los funcionarios en retiro se les
envió el mismo formulario y se habilitó una casilla para que los remitieran,
también en forma anónima. Se enviaron 22 mil cartas a funcionarios en retiro y
en servicio activo, instándolos a entregar información y en las que se les
explicó la confidencialidad que ésta tendría. Incluso, para reforzar el
anonimato de los antecedentes, las misivas, que se distribuyeron junto a los
cheques de pago de pensiones y sueldos, incluían un listado de los lugares donde
habían sido instaladas las urnas selladas, en las que debería depositarse la
información. Esto se hizo en todas las zonas del país y además el general
director de Carabineros, Manuel Ugarte, recorrió todas las guarniciones
importantes instando al personal a colaborar.
La Fuerza Aérea y la Armada indagaron principalmente entre las personas que
habían trabajado en el ámbito de la inteligencia, igualmente que el Ejército. Se
buscó información tanto en el servicio
activo como en retiro, sea a nivel institucional como entre los funcionarios que
integraron los denominados comandos conjuntos que operaron en las décadas del
'70 y el '80.
PUNTO DE PARTIDA
En un inicio se analizó la información contenida en todos los documentos
existentes sobre detenidos desaparecidos, entre otros, el Informe Verdad y
Reconciliación (informe Rettig), los antecedentes
recopilados por la ex Vicaría de la Solidaridad, el de calificación de víctimas
de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el listado de detenidos
desaparecidos confeccionado por la Mesa de Diálogo y remitido por el Ministerio
de Defensa a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Con estos documentos formaron una base de datos llegándose a establecer 1.062
casos de detenidos desaparecidos que se atribuyeron a agentes de las diferentes
instituciones. El análisis caso a caso permitió comprobar que de los 1.062 casos
ya había 62 aclarados, que dos nombres estaban repetidos, y que otros no habían
sido incorporados en el listado oficial. Esto permitió que, en definitiva, se
llegara a determinar la cifra final de 985 casos. De éstos, 177 fueron
atribuidos al Ejército, 14 a la Armada, 17 a la Fuerza Aérea, 304 a Carabineros,
16 a Investigaciones, 359 a la
Dina, 11 a la CNI, 21 al Comando Conjunto, y 66 sin agentes individualizados.
El estudio realizado por los uniformados durantes estos seis meses continuó
ubicando los casos cronológicamente y se estableció que la mayor cantidad de
detenidos desaparecidos correspondieron a 1973 y 1974.
También se elaboró un informe sobre la ubicación geográfica de las
desapariciones por región, concentrando la Metropolitana 516 casos, seguida de
la VIII región con 159. El resto de la regiones quedó con cifras de detenidos
desaparecidos inferiores a 100 casos cada una.
La información recopilada sobre el paradero o destino de los detenidos
desaparecidos fue clasificada de acuerdo al nivel de confiabilidad. Para ello
fue fundamental el que coincidieran antecedentes remitidos por diferentes
fuentes. Así se fueron cotejando los datos y se logró elaborar el listado final
con los 200 casos en los que se obtuvo información sobre su destino o paradero.
Los equipos a cargo de la redacción del informe discutieron también la forma en
que los datos obtenidos iban a ser presentados en el documento final. La duda
era si se mencionaba exclusivamente el nombre de la víctima y la información que
se obtuvo de su destino o paradero, o se entregaba un informe más extenso, que
incluyera una ficha de cada persona, con su nombre, militancia política,
circunstancias de su muerte y la información que se obtuvo de su destino o bien
del lugar donde se encontrarían sus restos. Incluso de debatió hasta qué punto
se detallaba qué pasó con el desaparecido. Finalmente, se optó por entregar
información más genérica, porque el objetivo del informe era conocer el destino
o paradero y no responsabilidades penales.
INFORMACIÓN INCONDICIONAL
De todo el informe, lo que más demoró definir a las Fuerzas Armadas y
Carabineros fue la introducción, ya que hubo muchas discrepancias de lo que
debía incluirse en su redacción. Algunas de las ramas de la Defensa, como el
Ejército y Carabineros, eran de la idea de entregar la información
incondicionalmente, como una manera de contribuir a la pacificación nacional,
mientras que la Fach y la Armada eran partidarias que de la redacción del
documento debía desprenderse que también era necesario que al esfuerzo hecho por
las Fuerzas Armadas se sumara el de otros órganos del Estado, para que se
terminara el hostigamiento a los uniformados.
En este contexto, se discutió si era razonable y oportuno incorporar otros
planteamientos sobre la materia de los derechos humanos y sus posibles
soluciones, pidiendo un gesto político, pero finalmente se acordó que sólo era
el momento de hacer una entrega incondicional de la información.
EL INFORME FINAL
Para la entrega de la información se acordó, y así se hizo, colocar primero la
introducción, de unas 15 páginas, para exponer la forma en que se trabajó y
otros aspectos relacionados con lo que significó para las Fuerzas Armadas y
Carabineros realizar este trabajo. A continuación se colocaron diferentes
cuadros estadísticos de los casos de detenidos desaparecidos por año, por
región, por institución, e incluso proyecciones anuales. En la tercera parte, la
de las conclusiones, se decidió colocar en el informe que los datos entregados
son lo máximo que se pudo obtener, aunque la puerta
quedó abierta para otros trabajos a futuro, pero bajo otras circunstancias.
La parte medular del informe de las instituciones uniformadas está contenida en
los anexos elaborados. Aquí se colocaron los datos detallados de la información
conseguida, con la mayor precisión posible, para que en los casos en los que se
determinó el paradero los restos puedan ser exhumados en el corto plazo.
[Fuente: Diario La Tercera, Santiago de Chile, 7ene00]
From: Editor Equipo Nizkor mailto:nizkor@teleline.es
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