Carta abierta al presidente Ricardo Lagos
Declaración de la AFDD sobre el informe de las FFAA

Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Chile, a 17 de Enero, 2001. Chl - Carta abierta al presidente Ricardo Lagos y declaración de la AFDD sobre el informe de las FFAA. Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información, 17ene01

i) CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DON RICARDO LAGOS ESCOBAR, Y A LA SOCIEDAD CHILENA.

Soy el esposo o ¿viudo? de Reinalda del Carmen Pereira Plaza quien fue secuestrada por agentes del Estado el 15 de diciembre de 1976. A la fecha tenía 29 años de edad y se encontraba en su sexto mes de embarazo. Era nuestro primer hijo o hija. El o ella debió haber nacido en el mes de marzo de 1977.

El mismo día fueron detenidos en diferentes lugares de la ciudad de Santiago seis chilenos. Todos ellos, incluida mi esposa, se encuentran hasta el día de hoy en la dramática y perversa categoría de ser detenidos desaparecidos.

Me dirijo a usted, entre otras cosas, porque el 6 de enero del presente año, usted habló al país para dar a conocer el informe emitido como resultado de la Mesa de Diálogo. Horas después fueron de conocimiento público los nombres, las fechas de detención, de muerte y el destino final de 200 chilenos, entre ellos seis mujeres.

No es mi intención referirme a la magnitud del crimen confesado por primera vez por las Fuerzas Armadas de Chile, luego de 27 años de silencio. Este conocimiento de responsabilidades, por parcial, distorsionado y contradictorio que sea, constituye un asomo a la verdad. Esta quedará, por desgracia, para siempre, en la memoria histórica y será infelizmente una mancha en el honor militar, una violación a la dignidad humana y a las leyes internacionales sobre derechos humanos. Me conmueve profundamente esta situación por el significado que tiene, no sólo para mí sino para nuestra sociedad en el curso de nuestras vidas y de las generaciones venideras.

Al entregar estos datos las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército comprometen y obligan al Presidente de Chile, a los abogados que participaron en la Mesa de Diálogo, a las iglesias y personalidades morales que la avalaron a exigir con más fuerza el esclarecimiento total, a exigir a los responsables -por lo demás ampliamente identificados por los organismos de derechos humanos- que respondan por lo que hicieron, que digan cómo lo hicieron, cómo los detuvieron, a qué lugar los llevaron, cómo los torturaron. No basta que se haya informado sólo ahora, fríamente y de manera genérica, que nuestro territorio está tachonado de fosas clandestinas y que en el Océano Pacífico que nos abraza hicieron desaparecer por segunda vez y para siempre a nuestros amigos, camaradas y tal vez, a mi esposa, que no aparece en ninguna lista, me pregunto ahora ¿en qué fosa del mar están?, ¿esto es verdad?, ¿no los encontraremos ahora nunca más y para siempre?.

Le recuerdo que en el preámbulo de la Declaración Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, se lee en su primer considerando "Que la desaparición forzada de personas, constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Organización de Estados Americanos".

En consecuencia, palabra suya esclarecedora y por lo mismo tal vez repetida, usted debe desentrañar profundamente esta afrenta que agrede y denigra la dignidad, no sólo de Chile, sino de todos los países de América Latina.

Pero no es este tema específico el motivo de mi carta. Perdóneme, en estos días, a veces por el dolor me confundo. Pienso y vuelvo a pensar, sufro y me tranquilizo. Finalmente me desespero. El motivo es recordarle que mi esposa y mi hijo o hija, como le dije al comienzo, fueron detenidos en esos días, junto a otros seis compañeros. En el listado entregado por usted, en forma tan "transparente" y rápida a los tribunales de justicia, sólo se sabe de algunos de ellos: Horacio Cepeda, Lincoyán Berríos, Luis Lazo, Fernando Navarro, Fernando Ortiz y Héctor Véliz los que estarían enterrados en un lugar de la Cuesta Barriga.

Durante estos días he estado junto a sus familias, hijos, viudas, nietos, mirando fija y detenidamente el lugar indicado en la lista. He observado el trabajo de los paleros, del juez, del personal del Instituto Médico Legal.

¿Estará Reinalda del Carmen también ahí? Y si estuviera, ¿cómo? ¿Habrá señales del niño? ¿Estará junto a Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario al igual que usted y padre de mis valerosas amigas, Estela y María Luisa?

Pero el informe que usted traspasó diligentemente a los tribunales, no dice nada de mi esposa, ni una seña ni un rastro. Habla en cambio de seis mujeres, dos de las cuales al igual que mi esposa, estaban embarazadas. Una que no está en esta categoría y que sin embargo, lo fue: Nilda Patricia Peña Solari, detenida el 10 de diciembre de 1974 y conducida al centro de torturas conocido como la "Venda Sexy"1. Desde allí, con una grave hemorragia producida por la tortura, fue trasladada a la clínica Santa Lucía, perteneciente a la DINA, en donde sufrió un aborto. Existen numerosos sobrevivientes que estuvieron con ella y a los cuales usted puede hacer citar, ya que fueron testigos de estos hechos2. La otra mujer mencionada en la lista, Michelle Peña Herreros, con ocho meses de embarazo, según el informe fue lanzada al mar. ¿Y Carmen dónde está? Omitieron su nombre.

¿Ella fue olvidada? ¿Nació mi hijo o mi hija?
¿Dónde están?

La desaparición de mi esposa, así como lo que pasó con miles de chilenos o chilenas, además de ser un crimen de lesa humanidad, en sí mismo constituye una doble tortura, un doble sufrimiento, pues, sin duda los detenidos desaparecidos fueron torturados desde el momento mismo en que los secuestraron con violencia, al tiempo que nosotros, sus familiares, hemos sufrido y seguimos sufriendo también una tortura psicológica permanente, crónica, profunda, extrema, con un torturador que está "ausente", puesto que, no conocemos ni hemos visto los rostros de los que la secuestraron, torturaron y la hicieron desaparecer.

Sin duda usted sabe que en el artículo 2 de la Declaración Americana que ya le mencioné, se define la desaparición forzada de personas como "la privación de la libertad de una o más personas cualquiera sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad y de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

Por lo tanto, ni el Estado chileno, ni los Tribunales de Justicia, ni menos usted, estadista, definido además como un gran humanista, podrían dar por terminado este crimen con una información parcial, que entrega en forma contradictoria sólo 200 casos, de los miles de detenidos desaparecidos, afirmando que 151 de ellos -en muchos casos con procesos abiertos- fueron lanzados al mar.

Desde que desapareció Carmen en estos largos años he simbolizado al torturador ausente en varios personajes que tienen múltiples representaciones mentales macabras, en mis dolorosas fantasías. Estos personajes están ausentes de la realidad, no tienen figura ni rostro, pero su presencia en mi imaginación me ha producido penas y sufrimientos mentales permanentes. La verdad para mí no ha existido y sin ella, no me ha sido posible construir un mundo interior estable. El universo de mi subjetividad se ha desestructurado y mis relaciones humanas y familiares en algún modo, se han pervertido y se han impregnado de temor.

Desde que se tuvieron noticias, desde fines noviembre hasta el 20 de diciembre de 1976, que trece personas fueron detenidas y hechas desaparecer, entre los cuales se encontraban los siete que ya mencioné, incluida mi esposa - once pertenecientes al Partido Comunista y dos al Movimiento de Izquierda Revolucionaria - se interpusieron los recursos legales pertinentes.

Después de variadas alternativas, en febrero de 1977 se inició el llamado "proceso de los trece", que estuvo a cargo de diferentes magistrados, llegó a tener más de ocho mil fojas, veintiún tomos y duró casi trece años. Después de recibir más de doscientos testimonios y de efectuar una vasta investigación, el ministro Carlos Cerda estableció la existencia del llamado "Comando Conjunto", asociación ilícita, que privó ilegítimamente de libertad a las personas identificadas y encargó reos a 40 funcionarios del estado, entre ellos el ex comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh, otros generales y oficiales y suboficiales de Carabineros, Fuerza Aérea y Marina de Chile, detectives de Investigaciones y dos civiles.

Los resultados de esta acuciosa investigación del Ministro Cerda, no derivaron en una acción efectiva de la justicia contra los autores de los crímenes cometidos y, en cambio, de manera escandalosa, determinaron sanciones al magistrado que había osado investigar la verdad y nombrar a los responsables.

¿Qué sucederá ahora con la justicia? Yo le digo a usted que, no solamente debe "dejar que la Justicia actúe", sino que, como Jefe de Estado, exija que se entregue toda la verdad y a través de ella se haga justicia. Sólo así, tal vez, los familiares y la sociedad entera podremos iniciar un largo proceso de reparación integral, jurídica, moral, ética y social, en que no sólo recuperemos la dignidad individual, sino de toda la sociedad. Ello permitirá que a través de los años tengamos una memoria común y una identificación real como ciudadanos de este país, en el cual hasta ahora nos hemos sentido excluidos y ajenos.

Max Santelices
Santiago, enero del año 2001

ii) DECLARACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ante la información entregada oficialmente por las Fuerzas Armadas, en cumplimiento del compromiso adoptado por la Mesa de Diálogo y que fue dada a conocer al país por el Presidente de la República, Ricardo Lagos, el domingo 7 de enero del presente, declara lo siguiente:

¿Qué nos produjo esta Información?

Recibir esta información nos produjo un profundo impacto y dolor, que recorre hoy el país a todo lo largo y que se extiende además al mundo entero, donde quiera que haya familiares de las víctimas. Estamos estremecidos de horror, tanto los familiares de quienes aparecen en la lista como los familiares de aquellos sobre los cuales nada se dice. Constatamos, otra vez, que la desaparición forzada de las personas no sólo es un crimen de lesa humanidad, sino, además, una tortura permanente para los familiares.

La Tortura, una omisión inexcusable.

La información entregada no hace mención alguna a la tortura que nosotros sabemos que padecieron nuestros seres queridos; aquella que comenzó en el momento mismo de su detención; que continuó luego en recintos secretos tales como: Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Londres 38, Colonia Dignidad, sólo por nombrar algunos, donde se les sometió a torturas con métodos inimaginables para la mente humana; llegando incluso, a través de ella, a la muerte misma. Esta omisión en el informe nos resulta inexcusable y de crueldad extrema. Sólo se nos entrega la fecha de detención y la supuesta fecha de muerte de nuestros familiares, como si en ese lapso no hubiese ocurrido nada, como si los institutos armados ignorasen lo que pasó entre ambas fechas.

El silencio del encubrimiento.

El informe es global y no individualiza la responsabilidad de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, y tampoco de los diversos organismos de seguridad, responsables de estos crímenes. Asimismo, quedan también en el silencio los nombres - tan conocidos para nosotros- de los culpables de la detención, de la tortura y de la muerte de nuestros seres queridos. Por eso, calificamos este informe de encubridor de las responsabilidades del: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Carabineros; Dina, Comando Conjunto, CNI, y otros, además de muchos civiles. En lo que respecta a las responsabilidades individuales, el listado lo encabeza Augusto Pinochet Ugarte, Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krasnoff Marchenko, Marcelo Moren Brito, Fernando Laureni Maturana y muchos más plenamente identificados en los procesos que se investigan en los Tribunales de Justicia por más de un cuarto de siglo.

Una información insuficiente. Lo entregado por los institutos armados es insuficiente en cuanto a su contenido y calidad. Se entrega información sobre 200 personas, de las cuales 180 están individualizadas con nombre y apellido y 20 corresponden a personas no identificadas, cuyos cuerpos podrían ser ubicados en una fosa de Colina. De los 180 casos individualizados, 138 figuran en nuestra nómina de 1.197 Detenidos Desaparecidos y 42 están incluidos en la nómina de Ejecutados Políticos. Evidentemente, los antecedentes entregados son insuficientes, porque las instituciones armadas tienen toda la información sobre el conjunto de los Detenidos Desaparecidos.

En cuanto a la calidad de la información, su insuficiencia se manifiesta en la falta de antecedentes de cómo fueron asesinados nuestros familiares. No basta con que nos digan que fueron lanzados al mar o que sus cuerpos yacen en lagos o ríos de nuestro país. Tampoco es aceptable que se nos diga que debemos excavar en tal o cul lugar. Estamos hablando de personas, de seres humanos, y por respeto a la vida y la dignidad humana es imprescindible saber toda la verdad y, como siempre lo hemos dicho, necesitamos conocer la verdad plena. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes?, son interrogantes abiertas y que deben ser respondidas por quiénes saben las respuestas.

El exterminio de las fuerzas opositoras a la Dictadura Militar. Entre los datos proporcionados por el informe está consignada la militancia política de nuestros familiares: Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Izquierda Cristiana (IC), Partido Radical (PR), y también los que no tenían ninguna militancia. Nosotros sabemos que el método de exterminio estuvo concentrado en el MIR, el PS y el PC. Es más, el método de la desaparición fue aplicado por la dictadura, cronológicamente, en ese orden, como señaló un titular de la revista Qué Pasa: "Del MIR al PC". Hoy este informe nos abre una interrogante más: ¿Por qué el grueso de la información se refiere a personas del PC y del PS, y sólo consigna información parcial de seis jóvenes militantes del MIR?

Una represión sin fronteras.

De los 138 casos de Detenidos Desaparecidos consignados en la información entregada por las Fuerzas Armadas, seis son extranjeros, cinco de nacionalidad uruguaya y uno brasileño. Nada se menciona acerca de los 53 chilenos detenidos en Argentina, uno en Bolivia, y uno en Paraguay. En muchos casos sabemos que ellos fueron trasladados a nuestro país. Esto confirma la actuación de la llamada "Operación Cóndor", donde hubo coordinación internacional de los servicios de seguridad latinoamericanos, liderado por Manuel Contreras Sepúlveda. Hoy esto está siendo investigado en Chile por el Ministro de Fuero Juan Guzmán y en España por el Juez Baltazar Garzón. También, forma parte de la "Operación Cóndor" el reciente juicio efectuado en Argentina por el crimen del General, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

Posición de la AFDD.

Nuestra Agrupación no valida ni descalifica la respuesta entregada respecto del paradero o destino final de una parte de los Detenidos Desaparecidos. Son los Tribunales de Justicia los que están obligados a investigar para establecer la veracidad o falsedad de dicha información. Y tienen hoy la oportunidad histórica de reivindicar su imagen frente a la ciudadanía, porque por largos años nos denegaron la justicia y dejaron a nuestros seres queridos en la más completa indefensión.

Pudieron haber salvado muchas vidas, y no lo hicieron. Con la más profunda convicción afirmamos: el espureo Decreto Ley de Amnistía, no puede aquí ser aplicado. Nuestros familiares son víctimas de crímenes de lesa humanidad, que son inamnistiables e imprescriptibles, como ha sido recientemente ratificado en el fallo del Pleno de la Corte Suprema que desaforó a Pinochet, y de otras importantes resoluciones de la Corte de Apelaciones.

Una vez más hacemos un público llamado a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que de una u otra manera tuvieron responsabilidad en los hechos que hoy lamentamos: entreguen toda la información que poseen, nosotros y ustedes sabemos que la tienen. Han dado un primer paso: han reconocido por primera vez en 27 años, que no sólo se detuvo, se torturó, se asesinó, sino que también se hizo desaparecer utilizando para ello prácticas de exterminio horrorosas como fue lanzar personas al mar o sepultarlas en lugares clandestinos con el fin de que nunca pudiéramos saber de ellos.

Por otro lado, aclaramos que no existen casos emblemáticos, para nosotros nunca han existido. Siempre hemos sostenido que no debió haber Detenidos Desaparecidos. Todos son iguales y merecen el mismo respeto y tienen los mismos derechos.

Hoy, más que nunca hemos sentido que no estamos solos. Que nuestro dolor es el dolor de muchos, de todo un país y del mundo entero. Agradecemos desde aquí a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas que nos acompañan y nos seguirán acompañando para que juntos terminemos cerrando esta herida abierta que corroe el alma nacional. La cerraremos con la Verdad, con la Justicia y con la memoria histórica de nuestros seres amados.

Finalmente, enviamos un abrazo fraterno a todos los familiares de Detenidos Desaparecidos aquí en Chile, y en cualquier país del mundo donde estén. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando hasta encontrar a todos y cada uno de nuestros seres queridos y lograr la justicia para ellos.

Agradecemos la solidaridad internacional que siempre ha estado presente en nuestra lucha.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

From: Editor Equipo Nizkor mailto:nizkor@teleline.es
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