Declaración de las organismos de DH y sociales ante la CDH de la ONU
The Colombian ONG's hereby make known at the Human Rights Commission's ...
Les ONG's colombiennes déclarent devant la 57ème session de la Commission des droits de l'homme que...

Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Colombia, a 25 de Enero, 2001. Col - Declaración de las organismos de DH y sociales ante la CDH de la ONU (57 período). Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información [English and French version below], 20ene01

DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES COLOMBIANAS ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU (57 PERIODO).

Las organizaciones no gubernamentales y sociales colombianas declaramos ante el 57 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que continúa vigente la afirmación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (E/CN.4/2000/8): "Los derechos humanos (en Colombia) no han sido objeto de un tratamiento suficientemente prioritario por parte del Gobierno; así mismo tampoco lo han sido las recomendaciones internacionales"(párr.168).

La Oficina de la Alta Comisionada en Colombia (OACNUDH) ha desarrollado adecuadamente su doble mandato, pero el gobierno colombiano sigue sin atender sus recomendaciones, por lo que la situación de derechos humanos y derecho humanitario continúa deteriorándose. Mientras en 1999 en promedio doce personas fueron diariamente muertas o desaparecidas por la violencia sociopolítica, en 2000 este número aumentó a catorce: ocho murieron a causa de ejecuciones extrajudiciales, cerca de una fue desaparecida, una persona más fue muerta cada dos días por pertenecer a sectores sociales considerados marginados, y más de cuatro murieron en combate.

Respecto de estas muertes y desapariciones en las cuales se conoce el presunto autor, el 79,95% se atribuyó a agentes estatales: 2.44% directamente (29 víctimas), e indirectamente, por grupos paramilitares 77.51%, (920 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 20.05% de los casos (238 víctimas).

Grupos paramilitares han realizado múltiples masacres en 2000, entre ellas las ocurridas en El Salado el 18 de febrero, donde fueron ejecutados 45 campesinos y en Nueva Venecia, el 22 de noviembre, con saldo de 49 pescadores ejecutados y 30 desaparecidos.

El 15 de agosto de 2000, en Pueblorrico, murieron seis niños entre los 7 y 11 años de edad y cuatro resultaron heridos. Cuando 50 estudiantes realizaban un paseo escolar acompañados de adultos, tropas de la IV Brigada del ejército los atacaron mientras el grupo suplicaba que cesara el ataque. Posteriormente los militares no prestaron debida atención a las víctimas: al menos una de las niñas heridas murió desangrada por falta de atención médica inmediata. La Fiscalía comprobó que no hubo combates al momento de la acción. Voceros del ejército y el ministro de defensa pretendieron explicar el hecho señalando que guerrilleros habían utilizado a los niños como escudos humanos, hipótesis desvirtuada por la Fiscalía. Un juez penal militar, a quien esta última entregó el caso, desvinculó del proceso a 16 de los implicados en el hecho.

La población desplazada forzadamente ha seguido en aumento, como consecuencia del escalamiento del conflicto armado y, en ocasiones, para facilitar la realización de megaproyectos. Se estima que en 2000 ha habido más de 300.000 personas desplazadas, mientras que las políticas del gobierno han resultado inadecuadas para prevenir el fenómeno y atender las víctimas.

El "Plan Colombia", aprobado por el congreso estadounidense, incrementará el enfrentamiento interno y aumentará las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, como sucede ya en el Putumayo. Los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales y sindicales continuaron. Altos funcionarios de las fuerzas armadas se han referido a las ONG de derechos humanos en abierta contradicción con la directiva presidencial sobre la materia, sin que esto haya implicado una sanción disciplinaria.

La situación carcelaria continúa agravándose: los paramilitares detenidos intentan controlar las cárceles, con la complicidad de la guardia, atacando a los demás detenidos, especialmente a los presos políticos. En una masacre fueron asesinados 27 internos, con la completa omisión de las autoridades.

En Colombia, la mayoría de la población no disfruta de los derechos económicos, sociales y culturales. La tasa de desempleo supera el 20% y las propuestas del gobierno para disminuirla agravan las precarias condiciones de los trabajadores. La tasa de mortalidad infantil en la zona rural duplica la urbana: 54.0 y 27.2 respectivamente y aproximadamente 3'000.000 de menores en edad escolar están fuera del sistema educativo.

Continúan vulnerándose los derechos de comunidades negras y pueblos indígenas, especialmente el de consulta previa en proyectos de infraestructura establecido por convenios de la OIT, con consecuencias graves para la vida y la salud de los pueblos Embera-Katío y U'wa, entre otros.

Las partes en conflicto cometen graves infracciones al derecho humanitario. El ELN sigue realizando secuestros colectivos. Las FARC continuaron secuestrando, y afectaron en repetidas ocasiones bienes y población civil con medios de guerra de efectos indiscriminados como las pipetas de gas, causando muertes a civiles. La fuerza pública continúa ubicando sus emplazamientos en medio de bienes y personas protegidas, con el riesgo que ello implica. El Ejército Nacional bombardeó y ametralló el 16 de enero de 2000 un caserío en el valle del río Cimitarra, causando el desplazamiento de 400 campesinos y la destrucción de viviendas.

El gobierno ha adoptado medidas que limitan las libertades fundamentales, y anunció la presentación al Congreso de un proyecto para restringir la figura de Habeas Corpus, crear zonas especiales de orden público y dar facultades especiales a las Fuerzas Militares para que realicen allanamientos, detenciones e intercepten teléfonos.

La fuerza pública reconoce que no enfrenta a los grupos paramilitares. Un informe del Ministerio de Defensa afirma que los resultados contra los paramilitares "difícilmente pueden ser proporcionales puesto que mientras los grupos guerrilleros atacan y enfrentan a la Fuerza Pública (...), los grupos de autodefensa rehuyen la acción de esa Fuerza Pública y tienen como lineamiento no enfrentarla, lo cual genera menos oportunidades para provocarles bajas y capturas " . A esto se agrega la constatación de la Alta Comisionada en su tercer informe sobre Colombia cuando dice: "la Oficina ha sido testigo de declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos".

En octubre de 2000 fueron retirados del servicio activo 388 militares. No fueron publicados sus nombres y no hay información sobre si su retiro obedeció a violación de derechos humanos. En todo caso, no se inició investigación judicial en su contra, y se conoce que oficiales de la fuerza pública sobre los cuales recaen serios indicios de mantener vínculos con los grupos paramilitares no fueron retirados del servicio. Varios de los oficiales retirados ingresaron a grupos paramilitares, según lo informó el ministro de defensa.

La impunidad por violaciones de derechos humanos es cercana al 100%. En muchas ocasiones la Fiscalía no es apoyada por los cuerpos de seguridad del Estado. En otros casos, ésta ha entregado las investigaciones a la justicia penal militar, incumpliendo las recomendaciones internacionales, y la decisión de la Corte Constitucional que ordenó que todas las violaciones a los derechos humanos fuesen investigadas y juzgadas por la justicia civil ordinaria.

Las organizaciones firmantes apoyamos las gestiones a favor de una solución negociada del conflicto armado. La búsqueda de la paz debe estar acompañada de una política seria de derechos humanos, ausente en este gobierno, y deben garantizarse los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y a la justa sanción de los responsables. Reclamamos respeto de parte de los actores armados a los derechos de los no combatientes, y la firma de acuerdos humanitarios.

En consecuencia, pedimos a esta Comisión que:

- Basada en el informe de la Alta Comisionada, manifieste enérgicamente su profunda preocupación por la crisis de derechos humanos en Colombia y por el reiterado incumplimiento de las recomendaciones formuladas.

- Fortalezca el mandato de la OACNUDH en Colombia, asegurando una adecuada financiación, respaldando su labor y urgiendo al gobierno colombiano a cumplir sus recomendaciones.

- Pida a la Alta Comisionada que presente también su informe sobre Colombia a la Asamblea General de Naciones Unidas.

- Se nombre un Relator Especial para Colombia, como mecanismo complementario, que apoye a la OACNUDH en el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones internacionales.

- Inste a los mecanismos temáticos de la Comisión a redoblar su atención a la crisis de derechos humanos en Colombia, y les pida que visiten nuevamente el país.

- Haga un llamado especial a los países que brindan ayuda militar a Colombia para que ésta no se utilice en violaciones a los derechos humanos y tenga como condición el cumplimiento de las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas.

- Constituya un grupo del seno de la Comisión que analice las causas por las cuales el gobierno de Colombia no ha atendido las recomendaciones de la OACNUDH y presente un informe al próximo período de sesiones de la Comisión.

- Recomiende que el Consejo de Seguridad establezca un Tribunal Penal Ad Hoc para Colombia, para investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

- Decida todo lo anterior por medio de una Resolución, debido a la falta de cooperación del gobierno colombiano, evidenciada en el reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales.
Bogotá, diciembre de 2000.

ORGANIZACIONES QUE ADHIEREN AL INFORME:
1. ACGTD Confederación General de Trabajadores Democráticos, 2. Asociación Campesina de Antioquia, 3. Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, 4. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos - Asfades Medellín, 5. Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI, 6. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - Andas Bogotá, 7. Benposta Nación de Muchachos, 8. Casa de Paz Cali, 9. Cencooser Central Cooperativa de Servicios, 10. CEPECS Centro de Promoción Ecuménica Social, 11. Cinep Centro de Investigación Popular, 12. Corporación Avre, 13. Colectivo de Abogados, 14. Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - Codhesel, 15. Comisión Colombiana de Juristas, 16. Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, 17. Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", 18. Comité de Solidaridad con Presos Políticos - CSPP, 19. Comunidades Eclesiales de base, 20. Consejo Regional Indígena del Cauca - Cric, 21. Corporación Cleber, 22. Corporación Compromiso, 23. Corporación Jurídica Libertad, 24. Corporación Mujer y Dignidad Piedecuesta, 25. Corporación Utopías, 26. CPC Confederación de Pensionados de Colombia, 27. Credhos, 28. CSPP Valle, 29. CTC Confederación de trabajadores de Colombia, 30. Sub directivo de la CUT Norte de Santander, 31. Defensa de los Niños Internacional - DNI, 32. Diócesis de Quibdó, 33. Escuela Nacional Sindical, 34. FEDES Federación Educativa de desarrollo, 35. Franciscans International, 36. Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano - Fundecima, 37. Fundación Equipo Técnico, 38. Fundación Foro Costa Atlántica, 39. Fundación Sumapaz, 40. Funprocep, 41. GAD, 42. Grupo de Gays y Lesbianas, 43. Humanidad Vigente Bogotá, 44. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA, 45. Instituto María Cano, 46. Instituto Popular de Capacitación - IPC, 47. Justicia y Paz Medellín, 48. Mencoldes Fundación Menonita para el Desarrollo, 49. Organización Femenina Popular, 50. Organización Indígena de Antioquia - OIA, 51. Partido del Socialismo Democrático, 52. Pastoral Social Villavicencio, 53. Reiniciar, 54. Sintrainal Coordinadora Popular, 55. Solivida Cali, 56. Sol y Tierra

[ENGLISH VERSION]

The Colombian Non-Governmental and Social Organisations hereby make known at the Human Rights Commission's 57th Period of Sessions that the High Commissioner on Human Rights' report remains in effect (E/CN.4/2000/8): "Human rights (in Colombia) have not been given sufficiently high-priority treatment by the Government, nor have international recommendations been followed."(par.168).

The Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights (OUNHCHR) in Colombia has adequately fulfilled its double mandate, yet the Colombian government continues to disregard its recommendations, resulting in continued deterioration of the human rights and international humanitarian law situation. While an average of 12 persons per day were killed or disappeared due to socio-political violence in 1999, that figure rose to 14 in 2000 through extra-judicial executions, close to one person was disappeared daily, another person was killed every two days for belonging to marginalised social sectors, and over four died per day in combat.

Regarding the deaths and disappearances for which the alleged perpetrators are known, 79.95% are attributed to government agents: 2.44% directly (29 victims) and 77.51% indirectly through paramilitary groups, (920 victims). Guerrilla groups are purportedly the perpetrators of 20.05% of these cases (238 victims).

Paramilitary groups were responsible for multiple massacres in 2000, including the El Salado massacre on February 18 in which 45 peasants were executed, and that of Nueva Venecia on November 22 with a toll of 49 fishermen executed and 30 disappeared.

On August 15, 2000 in the town of Pueblorrico, six children between the ages of 7 and 11 died and four were wounded. When 50 students were on a school field trip in the company of adults, troops from the Army's IV Brigade attacked them, though the group begged them to stop the assault. Subsequently, military forces did not provide the victims with due care, and at least one wounded girl died of blood loss because she did not receive immediate medical attention. The Fiscalía ("Attorney General's Office") confirmed that there were no combats in progress when these acts took place. Army and Ministry of Defence spokespersons tried to justify these actions by claiming that the guerrillas had used the children as human shields, a version later disproved by the Attorney General's Office. The military criminal judge to whom the Attorney General's Office remanded the case dropped charges against 16 of those implicated in the proceedings.

The population subjected to forced displacement has continued to rise as a result of the escalated armed conflict and, on occasion, in efforts to facilitate the completion of large-scale projects. It is estimated that over 300,000 people were displaced in 2000, while government policies have been inadequate to prevent the phenomenon and take care of victims' needs.

"Plan Colombia", which was approved by the United States Congress, will intensify internal confrontations and increase human rights and humanitarian law violations, as is already the case in the Putumayo region.

Attacks continued on human rights defenders, journalists, and social and labour-union leaders. Upper-ranking officers in the armed forces have publicly opposed human rights NGOs in direct contradiction with presidential directives on this issue, without any disciplinary sanctions.

The situation in penitentiaries continues to become more serious. Members of paramilitary groups under arrest have tried to gain control of the jails, with the complicity of the guards, resulting in attacks on other inmates, especially political prisoners. In one massacre, 27 inmates were killed, yet the authorities failed to react in any way.

In Colombia, most of the population does not benefit from economic, social and cultural rights. The unemployment rate was higher than 20%, and governmental proposals to lower that figure have threatened the nation's workers' already precarious position. The rural infant mortality rate is double that of urban áreas, at 54.0 and 27.2, respectively, and approximately 3,000,000 school-aged minors are currently outside of the educational system.

Rights of black and indigenous communities continue to be violated, especially their rights to prior consultation in infrastructure projects, as established by ILO agreements, with severe consequences for the lives and health of the Embera-Kat'io and U'wa peoples, among others.

The parties to the conflict habitually commit serious violations of humanitarian law. ELN (Ejército de Liberación Nacional, "National Liberation Army") continued it mass kidnappings. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, "Colombian Revolutionary Armed Forces") also pursued kidnapping and on numerous occasions damaged property and the civilian population through indiscriminate use of war tactics, such as gas-tank launchings, often killing civilians. The security forces continue to position emplacements in áreas of protected property and persons, with the risks that such actions imply. The National Army bombed and machine-gunned a hamlet in the Cimitarra River Valley on January 16, 2000, resulting in the displacement of 400 peasants and the destruction of homes.

The government has adopted measures to restrict fundamental freedoms and has announced its presentation of a draft bill before Congress to limit habeas corpus, create special law-enforcement zones and grant special powers to the Military Forces for searches, arrests and wire taps.

The security forces have admitted that they do not confront paramilitary groups. A Ministry of Defence report states that results of efforts against paramilitary groups "can hardly be proportional due to the fact that guerrilla groups attack and confront Security Forces (...), self-defence groups shy away from actions against the Forces of Law and Order and have a policy of non-confrontation, which yields fewer opportunities to cause casualties and captures among their ranks." Further verification is provided in the High Commissioner's third report on Colombia, which states, "This Office has been witness to statements by high-ranking Army Officers that paramilitary groups do not threaten constitutional security and consequently, it is not the Army's responsibility to combat them."

In October, 2000, 388 military officers were removed from active duty. Their names were not published, and no information is available on whether their withdrawal was due to human rights violations. In any case, no legal investigation was opened against these officers, and it is known that security officers for whom there are serious indications of ties to paramilitary groups were not removed. Several retired officers entered paramilitary groups, according to Ministry of Defence reports.

Impunity is close to 100% for human rights violations. In many case, the Attorney General's Office does not have the support of the government's security forces. On other occasions, that Office has remanded investigations to military criminal justice, going against international recommendations and the decision of the Colombian Constitutional Court, which ordered that all human rights violations be investigated and judged by ordinary civil justice.

The signatory organisations support efforts favouring a negotiated solution to armed conflict. The quest for peace must go hand-in-hand with a serious human rights policy in which the government is not present. This policy must guarantee victims' rights to truth, reparation and just sanctions for responsible parties. We demand respect from the armed participants for the rights of non-combatants, as well as the signing of humanitarian agreements.

Consequently, we ask this Commission to do the following:

- Based on the High Commissioner's report, vigorously show your deep concern for the human rights crisis in Colombia, as well as for repeated breaches of recommendations made.

- Strengthen OUNHCHR's mandate in Colombia by ensuring adequate financing, supporting its work and urging the Colombian government to follow its recommendations.

- Ask the High Commissioner to present its report on Colombia also to the United Nations General Assembly.

- Name a Special Rapporteur for Colombia as a complementary mechanism to support OUNHCHR in the area of compliance of international recommendations.

Urge the Commission's thematic mechanisms to redouble their attention to Colombia's human rights crisis and ask them to visit the country once again Make a special call to countries providing military aid to Colombia so that such aid is not used to violate human rights and that a condition thereto is compliance with repeated United Nations recommendations.

- Form a group within the heart of the Commission to analyse OUNHCHR recommendations and present a report at the Commission's next series of sessions.

- Recommend that the Security Council establish an Ad Hoc Criminal Tribunal for Colombia to investigate and decide on serious human rights violations, war crimes and crimes against humanity.

- Decide on all of the foregoing through a Resolution, due to the lack of co-operation by the Colombian government, as seen in its repeated breaches of international recommendations.
Bogota, Colombia, December 2000.

[VERSION EN FRANÇAIS]

Les organisations non gouvernementales et sociales colombiennes déclarent devant la 57ème session de la Commission des droits de l'homme que l'affirmation du Haut Commissaire aux droits de l'homme reste valable (E/CN.4/2000/8): "Les droits de l'homme (en Colombie) n'ont pas été l'objet d'un traitement suffisamment prioritaire de la part du gouvernement; il en a été de même avec les recommandations internationales" (paragraphe168).

Le Haut Commissariat en Colombie (HCNUDH) assume sérieusement son double mandat. Cependant, la situation des droits de l'homme et du droit humanitaire continue de se dégrader car le gouvernement persiste à ne pas suivre les recommandations. En 1999, douze personnes en moyenne ont mort ou disparu chaque jour par suite de la violence socio-politique. En 2000 ce chiffre est passé à quatorze: huit ont mort dans des exécutions sommaires, environ une a disparu, et une autre a été tuée tous les deux jours pour appartenance à des secteurs sociaux jugés marginaux; enfin, plus de quatre sont tombées en combat.

Sur l'ensemble des ces morts et de ces disparitions -dont l'auteur présumé est connu- 79,95% a été attribué à des agents étatiques: 2,44% directement (29 victimes), et 77,51% indirectement, par des groupes paramilitaires (920 victimes). Les guérillas se sont vues attribuer 20,05% (238 victimes).

En 2000 les groupes paramilitaires ont commis de multiples massacres, parmi lesquelles celles de El Salado, le 18 février -45 paysans exécutés-, et Nueva Venecia, le 22 novembre -49 pêcheurs exécutés et 30 disparus-.

Le 15 août 2000, à Pueblorrico, six enfants, entre 7 et 11 ans, sont morts et quatre autres ont été blessés: 50 élèves, en sortie scolaire, encadrés par des adultes, ont été attaqués par des troupes de la IVème Brigade, malgré les prières du groupe d'arrêter les attaques. Les militaires n'ont pas porté aux victimes une attention adéquate; une enfant blessée est morte par suite d'une hémorragie, faute de soins immédiats. Le Parquet a constaté qu'il n'y avait pas de combats à ce moment-là. Des porte-paroles de l'armée et le ministre de la défense, ont prétendu que les guérilleros avaient utilisé les enfants comme écussons humains, hypothèse infirmé par le Parquet. Le juge pénal militaire saisi du cas, a dégagé de toute responsabilité 16 personnes parmi les inculpés.

La population déplacée augmente comme conséquence de l'escalade du conflit et, quelquefois, pour faciliter la mise en place de méga-projets. En 2000 le nombre de déplacés a dépassé les 300 000; les politiques gouvernementales se sont avérées inadéquates pour prévenir le phénomène et s'occuper des victimes.

Le "Plan Colombia", approuvé au congrès américain, entraînera sans doute une aggravation du conflit et des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, comme c'est déjà le cas au Putumayo.

Les attaques contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des leaders sociaux et syndicaux persistent. Hauts fonctionnaires de l'armée se sont référé aux ONGs dans des termes contredisant la directrice présidentielle en la matière; aucune sanction disciplinaire n'a été imposée.

La situation des prisons se dégrade: les paramilitaires détenus essaient de contrôler les prisons avec la complicité des gardiens, et attaquent les autres détenus, notamment les prisonniers politiques. Lors d'un massacre 27 internes sont assassiné été, sans aucune réaction de la part des autorités.

La plupart de la population colombienne ne jouit pas des droits économiques, sociaux et culturels. Le taux de chômage dépasse 20%; les propositions du gouvernement en vue de sa diminution aggravent les conditions, déjà précaires, des travailleurs. Le taux de mortalité infantile dans les zones rurales double celui des villes: 54,0% et 27,2% respectivement. Environ 3 millions d'enfants en âge scolaire sont exclus du système éducatif.

Les droits des communautés noires et autochtones continuent d'être lésés, notamment celui, établi par l'OIT, d'être consultées avant la prise de décisions concernant des projets d'infrastructure; ainsi, par exemple, la vie et la santé des Embera-Katío et des U'wa sont en danger.

Les parties au conflit enfreignent le droit humanitaire. Le ELN poursuit les enlèvements massifs. Les FARC maintiennent les enlèvements et ont utilisé en guise d'armes, plusieurs fois, des bonbonnes à gaz, n'épargnant ni la vie ni les biens de la population civile. La force publique continue d'aménager ses postes au milieu des biens et des habitants, avec tous les risques que cela comporte. Le 16 janvier 2000, l'armée bombarda et mitrailla un hameau proche de la rivière Cimitarra. Résultat: près de 400 paysans déplacés et des logements détruits.

Le gouvernement a adopté des mesures limitant les libertés fondamentales. Un projet sera soumis au Congrès pour restreindre l'Habeas Corpus, créer des zones spéciales d'ordre public et conférer aux Forces Militaires des facultés extraordinaires pour perquisitionner, et réaliser des arrestations et des écoutes téléphoniques.

La force publique reconnaît ne pas combattre les groupes paramilitaires. Selon un rapport du Ministère de la Défense, les résultats des actions contre les paramilitaires " sont difficilement comparables car les groupes de guérilla attaquent et s'affrontent à la force publique (...) tandis que les groupes d'autodéfense évitent les actions de cette dernière et ont pour principe de ne pas la combattre; d'où moins de possibilités de morts et de captures ". Dans son troisième rapport sur la Colombie, le Haut Commissaire signale: "le Haut Commissariat a été témoin de déclarations d'officiers de l'armée selon lesquels, étant donné que les paramilitaires ne mènent pas d'actions contre l'ordre constitutionnel, la fonction de l'armée n'est pas de les combattre".

En octobre 2000, 388 militaires dont les noms n'ont pas été publiés, ont été contraints d'abandonner l'armée. Reste à savoir si cette décision a été prise suite à des violations des droits de l'homme. En tout cas, aucune information judiciaire n'a été ouverte. De plus, des officiers contre lesquels pèsent de lourds indices d'avoir des liens avec les groupes paramilitaires se trouvent encore en service actif. Selon le ministre de la défense, parmi ceux qui ont dû retourner à la vie civile, certains sont devenus membres de groupes paramilitaires.

L'impunité pour cause de violation des droits de l'homme est proche de 100%. Souvent, le Parquet n'est pas suffisamment appuyé par les corps de sécurité de l'État. Dans certains cas, le Parquet a confié les enquêtes à la justice pénale militaire, ce qui est contraire aux recommandations internationales et à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle qui établit que toutes les violations des droits de l'homme doivent être poursuivies et jugées par la justice civile ordinaire.

Comme organisations signataires de la présente déclaration, nouns appuions les démarches pour une solution négociée au conflit. La quête de la paix doit aller de pair avec une politique sérieuse des droits de l'homme, inexistante sous le gouvernement actuel. Il faut également assurer le respect des droits des victimes à connaître la vérité, à obtenir réparation des dommages et à ce que les responsables soient punis justement. Nous exigeons que les acteurs armés respectent les droits des non combattants, et que des accords humanitaires soient signés.

Nouns demandons à cette Commission de:

- Compte tenu du rapport du Haut Commissaire, exprimer fermement sa profonde préoccupation concernant la crise des droits de l'homme en Colombie et le non-respect réitéré des recommandations.

- Renforcer le mandat du HCNUDH en Colombie, à travers un financement adéquat, en appuyant ses actions et en exigeant au gouvernement d'appliquer les recommandations.

- Demander au Haut Commissaire de présenter son rapport sur la Colombie devant l'Assemblée Générale des Nations Unies.

- Désigner un Rapporteur Spécial pour la Colombie, comme mécanisme complémentaire pour appuyer le HCNUDH dans le suivi de l'application des recommandations internationales.

- Demander aux mécanismes thématiques de la Commission de renforcer l'attention portée à la crise des droits de l'homme en Colombie et visiter de nouveau le pays.

- Lancer un appel aux pays qui appuient militairement la Colombie afin qu'ils exigent que l'aide ne soit pas utilisée pour des actions qui violent les droits de l'homme et que les recommandations réitérées des Nations Unies soient suivies.

- Créer, au sein de la Commission, un groupe chargé d'analyser les causes du non-respect par le gouvernement colombien des recommandations du HCNUDH, et de présenter un rapport à la prochaine session de la Commission.

- Recommander au Conseil de Sécurité d'établir un Tribunal Pénal Ad Hoc pour la Colombie, chargé de poursuivre et de juger les graves violations aux droits de l'homme, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

- Adopter ces actions au moyen d'une Résolution, vu le manque de coopération du gouvernement colombien, mis en évidence par le non-respect réitéré des recommandations internationales.
Bogotá, décembre 2000

From: Editor Equipo Nizkor mailto:nizkor@teleline.es
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