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Diputados indígenas piden intervención de Alta Comisionada de la ONU para DH
Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Ecuador, a 4 de Febrero, 2001. Ecu - 3/3 Diputados indígenas piden la
intervención de la Alta Comisionada de la ONU para
Derechos Humanos ante el grave deterioro de la
situación.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
4feb01
DIPUTADOS ECUATORIANOS DENUNCIAN ANTE LA ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS
DERECHOS HUMANOS LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS EN ECUADOR.
Señora Mary Robinson
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Coordinadora del Decenio Internacional para los pueblos indígenas,
Ginebra, Suiza
De nuestras consideraciones:
Los diputados indígenas Dra. Nina Pacari y Gilberto Talahua, conjuntamente con
el Dr. Patricio Pazmiño Freire en representación del Centro de Derechos
Económicos y Sociales (CDES) con sede en Quito, Ecuador, respetuosamente
comparecen ante usted para exponer los actos y acciones impulsadas por el
Gobierno Ecuatoriano, en la persona del Dr. Gustavo Noboa en su calidad de
Presidente de la República, el Dr. Juan Manrique en su calidad de Ministro de
Gobierno y Policía y el Vicealmirante Hugo Unda, Ministro de Defensa. Estos
actos y omisiones violan derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política de la República y varios tratados internacionales ratificados por el
Ecuador, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación
Contra la Mujer y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
Ecuador enfrenta una persistente crisis social, económica y política en el marco
de una región altamente conflictiva e inestable. Es absolutamente irresponsable
que el gobierno enfrente las demandas y protestas pacíficas de su población,
cerrando toda vía de negociación. Sustituir el diálogo por la represión es una
política inadecuada que lo único que puede provocar es mayor violencia, ruptura
de las garantías constitucionales y violación de los derechos humanos,
instaurando en el país una espiral de confrontación inusitada.
En el Ecuador, fruto de su fragilidad política, corrupción y crisis económica,
en los últimos años se han destituido dos Presidentes de la República, sin
derramar una sola gota de sangre, hoy por hoy, la violencia y represión
desmedidas, ordenadas por el gobierno del Dr. Gustavo Noboa B., tiene a varios
indígenas con heridas de bala, y, a cerca de cinco mil indígenas, retenidos de
hecho, esto es, cercados por elementos de la Policía Nacional y el Ejército, en
los patios de la Universidad Politécnica Salesiana, entre los que están mujeres,
niños y ancianos, a quienes durante dos días no se les permitió que reciban la
ayuda humanitaria de la ciudadanía, consistente en medicinas, ropas, alimentos y
agua potable.
A más de la represión directa, se ha ejercido una masiva discriminación en
contra de los indígenas quienes han sido obligados por los militares a abandonar
los vehículos de transporte en que se movilizaban, han sido impedidos de
caminar por las calles de Quito, sean o no parte de la movilización indígena,
por el único y exclusivo hecho de tener una vestimenta que así lo caracteriza.
Un hecho alarmante que no puede dejar de denunciarse, por las profundas
implicaciones de discriminación y racismo que implican, es la acción de la
policía en la provincia de Imbabura, que procedía a detener a los choferes y a
requisar los vehículos de cooperativas de transporte, exclusivamente por el
"delito" de llevar nombre de indígenas.
De manera bastante sospechosa, coincidiendo con la llegada de los indígenas a la
capital de la República, han aparecido leyendas en las paredes de la ciudad con
frases como las siguientes: "Haz patria, mata un indio".
Por las consideraciones expuestas, y en consideración al alto cargo que usted
ostenta, pedimos a usted que exhorte al gobierno nacional el cese inmediato de
la violencia y represión, el respeto para los derechos fundamentales de los
indígenas y esfuerzos mayores, transparentes y eficaces para que los diálogos
tengan resultados y compromisos eficaces, que sean verificados por un delegado
independiente de su alta representación.
ANTECEDENTES
Diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y de trabajadores del Ecuador
iniciaron protestas y movilizaciones pacíficas desde los primeros días del año
2001 en contra de las continuas y duras medidas de austeridad tomadas por el
gobierno nacional, implementadas en cumplimiento de la Carta de Intención
suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Estas protestas comenzaron luego
de un año de intentos fallidos de dialogar con el gobierno. El 26 de Enero las
organizaciones indígenas (CONAIE, ECUARUNARI, FEINE, FENOCIN Y AFILIADOS DEL
SEGURO SOCIAL CAMPESINO) convocaron a una movilización indígena nacional e
iniciaron marchas pacíficas de comunidades de base desde diferentes lugares del
país hacia Quito, así como otros actos de protesta en diferentes ciudades del
país. El gobierno del Ecuador ha respondido con violencia y represión a estas
movilizaciones, dispersando a los indígenas en las carreteras con bombas
lagrimógenas, disparos y obligándolos a que no utilicen medios de transporte
para asegurarse que caminen hasta la capital de la República. El Alcalde
indígena de Cotacachi, Economista Auki Tituaña, de inmenso prestigio local e
internacional, por sus ejecutorias públicas, ha auspiciado la conformación de
una Comisión de Facilitación del conflicto, la misma que espera la reacción
positiva del gobierno nacional.
Las protestas indígenas son el resultado de toda una historia de discriminación,
abandono y pobreza masiva, especialmente sufrida por los pueblos indígenas. En
los últimos años, Ecuador ha vivido reiteradas crisis sociales. Hoy por hoy el
país tiene una de las tasas más altas de desigualdad en la distribución de la
riqueza en el mundo. La población indígena representa aproximadamente el 40% de
la población, pero se encuentra en el extremo más pobre de esa desigualdad:
solamente posee el 3% de los medios de producción y vive con un promedio de US$
2 diarios. La pobreza en el país ha llegado a niveles nunca antes vistos: se
considera que el 70% de la población está bajo la línea de pobreza, y de entre
ellos, un 20% son indigentes. Como es de suponer, las condiciones de los pueblos
y nacionalidades indígenas constituyen los extremos más alarmantes de estas
cifras.
Estos pueblos y nacionalidades sufren una terrible limitación de participación y
representación política. Menos del 3% de los miembros del Congreso Nacional son
indígenas, no hay ni un solo indígena en el Gabinete Ministerial. Muchos de los
espacios oficiales y medios de comunicación no tienen sus puertas al diálogo o a
una participación activa de este sector de la población. Para ellos, uno de los
pocos recursos para expresar sus opiniones, ser escuchados y participar en la
vida política del país termina por ser una movilización masiva hacia la capital.
De acuerdo a la información recibido hasta el día de hoy, entre 8.000 y 10.000
indígenas han llegado a la ciudad de Quito en los últimos cinco días, entre los
que se cuentan un gran número de mujeres y niños, incluso de pecho (aprox. 400
estos últimos). A su llegada el día Domingo 28 de Enero, un cerco policial -
bajo órdenes directas del presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa, el
Ministro de Gobierno, Dr. Juan Manrique y el Ministro de Defensa, Vicealmirante
Mario Unda, impidió que estas personas se pudieran reunir y acampar en el Parque
El Arbolito, en los alrededores de la Casa de la Cultura, siendo este un parque
de uso público.
Desde el día Domingo, la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) los ha acogido
y albergado en sus predios. El día Lunes, presuntamente por orden del Ministro
de Gobierno, fueron cortados el servicio de agua potable y de teléfono en toda
la UPS. Durante todos estos días la Universidad ha permanecido sitiada; los
servicios básicos mencionados no han sido restaurados y se ha impedido, en
muchos casos violenta y arbitrariamente, (como lo reporta la prensa nacional y
lo han denunciado algunas organizaciones de derechos humanos, movimientos
sociales e incluso organismos bilaterales), el acceso de autos, camiones y
personas con donaciones de insumos esenciales como agua, medicinas, pañales
desechables, alimentos y vituallas. El uso de gas lacrimógeno ha sido constante
e indiscriminado, provocando asfixias especialmente entre los niños, ancianos, y
dejando varios heridos. En todos los hechos anteriormente descritos se han
violado expresas normas constitucionales e internacionales relativas al interés
superior de los niños, niñas y otros grupos vulnerables, especialmente si se
consideran situaciones como ésta, de conflicto social.
El día 30 de Enero, en la mañana, fueron detenidos tres dirigentes, entre los
que se destaca la detención de el Sr. Antonio Vargas, principal dirigente
indígena nacional, de manera violenta, arbitraria y sin causa legítima, violando
expresas normas nacionales e internacionales sobre el debido proceso. Aunque el
día de ayer, 31 de Enero en horas de la tarde, fue presentado el recurso de
habeas corpus presentado ante el Alcalde de Quito, hasta el momento de redacción
de esta petición el Sr. Vargas, así como otros detenidos, aún de eran liberados.
Todas estas acciones represivas, violentas, ilegítimas y arbitrarias, violan
principios y normas básicas de derechos humanos y de derecho humanitario que han
sido reconocidas constitucionalmente y que forman el cuerpo de numerosos
instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido debidamente
ratificados por el Ecuador. Aún más, constituyen castigos ilegítimos en contra
del ejercicio de derechos fundamentales (como el derecho de asociación, de
expresión y opinión y de protesta pacífica) también reconocidos
internacionalmente.
VIOLACIONES DE DERECHOS
Las acciones del gobierno violan los siguientes derechos fundamentales,
garantizados en la Constitución Política de la República y los tratados de
derechos humanos:
1. Derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho a la libre
circulación, derecho a reunión y asociación pacífica, y derecho a la igualdad:
El gobierno ha violado derechos fundamentales que son consustanciales para la
vida de una democracia al tomar medidas represivas para impedir el ejercicio de
derechos a la libertad de expresión y asociación. Los indígenas, en una manera
pacífica, caminando para protestar contra las medidas económicos del gobierno,
han sufrido un nivel de represión desmesurado que debería ser evitado por parte
del gobierno. Este hecho fue motivo de una resolución del H. Congreso Nacional,
que con fecha 31 de enero de 2001, acordó rechazar la violencia y represión
gubernamental.
2. Derecho a protecciones especiales para niños y mujeres, derecho a la salud,
derecho a la integridad personal.
El gobierno tiene una obligación especial para con los niños, adolescentes y
mujeres a quienes la Constitución otorga estatus de grupos vulnerables y a
quienes el gobierno está en la obligación de atender y privilegiar su protección
incluso en situaciones de desastre y conflictos armados. Esta situación
obviamente que no ha sido cumplida por el gobierno nacional al disponer un cerco
policial y militar que impide el ingreso de alimentos, agua, ropa y medicinas y,
por el contrario, suspendió los servicios básicos en el Universidad y realiza
constantes acciones de amedrentamiento y presión sicológica a los indígenas, a
través de la movilización de cientos de efectivos con carros y tanquetas
antimotines.
3. Derecho a no ser detenido arbitrariamente, y derecho a debido proceso
Las detenciones de Antonio Vargas y Luis Villacís, por parte de los efectivos
policiales, sin Orden Constitucional de aprehensión, y, en el caso del señor
Vargas, sin explicarle las razones de su detención no solo que no cumplieron con
los mínimos requisitos del debido proceso, sino que constituyeron de hecho
detenciones arbitrarias e ilegales.
En resumen y en las propias palabras del Dr. Julio Prado Vallejo, Presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, [formulamos] "un vehemente llamado al Gobierno para que
detenga la represión que indiscriminadamente está llevando a cabo la Policía
para impedir manifestaciones legítimas de comunidades indígenas que protestan
por medidas económicas" (El Expreso de Guayaquil, Jueves, 1 de Febrero de 2001,
p. 2, primera edición)
PETICIÓN
En consideración a todo lo expuesto, solicitamos a usted que, de manera
inmediata, interpongan sus buenos oficios ante el Gobierno Ecuatoriano y:
1. Exhorte a la brevedad posible al Gobierno ecuatoriano que detenga sin
condiciones todo acto de agresión, incluyendo violencia física o psicológica,
corte o restricción de servicios e insumos básicos y detenciones arbitrarias en
contra de la población indígena.
2. Se solicite al Gobierno ecuatoriano que libere inmediatamente y sin
condiciones a los ya detenidos de manera ilegal y arbitraria, incluyendo a todos
los dirigentes indígenas y sociales.
3. Se solicite al Gobierno ecuatoriano que respete el derecho de expresión,
opinión, asociación y protesta de todos sus habitantes, especialmente de las
comunidades y pueblos indígenas congregados en Quito.
4. Se promueva el diálogo constructivo entre el movimiento indígena y social y
el gobierno ecuatoriano bajo sus auspicios y con la colaboración de un
representante de la Alta Comisionada.
5. Que se observe al gobierno ecuatoriano por sus actuaciones y prevenga del
derecho que asiste a las organizaciones indígenas y a los grupos sociales de
acudir a los mecanismos internacionales del sistema de las NNUU., para hacer
efectivos sus derechos y garantías fundamentales.
Atentamente,
Quito, 2 de Febrero de 2001
H. Diputada Nina Pacari; H. Diputado Gilberto Talahua y Dr. Patricio Pazmiño
Freire CDES
From: Editor Equipo Nizkor mailto:nizkor@teleline.es
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