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USA, Israel e Irán últimos países en firmar el Estatuto de Roma (139 países)
USA is today signing the 1998 Rome Treaty on the International Criminal Court
Estados de Firmas y Ratificaciones a 31 de Diciembre de 2000
Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Internacional, a 1 de Enero, 2001. Cpi/Icc - Estados Unidos, Israel e Irán son los
últimos países en firmar el Estatuto de Roma y
listado de los 139 países.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
01ene01
EL DIA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA RATIFICAR EL ESTATUTO DE ROMA FIRMAN LOS
ESTADOS UNIDOS, ISRAEL E IRÁN CON LO QUE YA SON 139 LOS SIGNATARIOS.
Nota del Equipo Nizkor
Justo antes de que expirara el plazo previsto de 31 de diciembre de 2000 para
firmar el Tratado de Roma, el todavía Presidente de los Estados Unidos, Bill
Clinton, ha anunciado que este país firma el Estatuto de la Corte Penal
Internacional. A continuación se acompaña la declaración oficial del Presidente
emitida por la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca.
Cuatro países firmaron el tratado el viernes 29dic00: Las Bahamas, Mongolia,
Tanzania y Uzbekistán; el 31dic00 lo hicieron, por este orden, Irán (137),
Estados Unidos (138) e Israel (139). Con ello, a fecha de 31dic00, son 139 los
países signatarios y 25 los que han ratificado el Estatuto. Teniendo en cuenta
que en la Conferencia de Roma, por la que se aprobó el Estatuto de la Corte el
17 de julio de 1998, éste obtuvo los votos de 120 países a favor, 21
abstenciones y 7 en contra, las firmas existentes superan el número de países
que votaron a favor en Roma.
La firma de los Estados Unidos significan, como lo dice el propio Clinton, que
este país no quiere quedarse fuera de lo que va a ser la evolución de la Corte
Penal Internacional y de las negociaciones aún pendientes, entre ellas las que
tienen que ver con el crimen de agresión, también de la competencia de la Corte.
Dado el actual papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la
base del Capítulo VII de la Carta, en relación con este tema, las negociaciones
sobre el crimen de agresión van de la mano con lo que sería la reforma de las
Naciones Unidas, por lo que sobrepasan la mera discusión en torno a la Corte.
Por otra parte el Senado USA tendría que aprobar la ratificación del Estatuto,
cosa por ahora poco probable debido a la posición ultraconservadora del senador
Helms que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y que ha explicitado
claramente su posición en contra. Ha contado además con el apoyo de miembros del
establishment republicano como el ex secretario de Estado Henry Kissinger.
En la América de Jesse Helms quedan muy lejos los tiempos en que la embajada
norteamericana en París influía decisivamente en la Revolución Francesa y en la
Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano mediante la acción de
Benjamín Franklin y Tomas Paine. Cualquiera de ellos, en cambio, podría ser
acusado de traidor por estos ultraconservadores más cercanos al pensamiento de
Edmund Burke. En sus mentes sería imposible la aventura del Capitán Dawes y su
navío Otter que George Washington decidiera enviar en rescate de Thomas Muir,
recluido en la lejana Australia. Ellos prefieren financiar paramilitares y
mercenarios y no prohombres de la libertad.
UE, 01 de enero de 2000
Gregorio Dionis
Director Equipo Nizkor
i) DECLARACIÓN OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LA FIRMA DEL
ESTATUTO DE ROMA
Los Estados Unidos firman hoy el Tratado de Roma de 1998 sobre la Corte Penal
Internacional. Al emprender esta acción, nos unimos a más de otros 130 países
que han firmado dentro del plazo de 31 de diciembre de 2000 previsto en el
Tratado. Damos este paso para reafirmar nuestro firme apoyo a la responsabilidad
internacional y al enjuiciamiento de los perpetradores de genocidio, crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad. Damos también este paso porque deseamos
mantener nuestro compromiso de hacer de la CPI un instrumento de justicia
imparcial y eficaz en los años venideros.
Los Estados Unidos tienen una larga historia de compromiso para con el principio
de responsabilidad, compromiso que va desde nuestra participación en los
tribunales de Nuremberg que enjuiciaron a los criminales de guerra nazis, hasta
nuestro papel de liderazgo en el esfuerzo por establecer los Tribunales Penales
Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Nuestra actuación de hoy
mantiene esa tradición de liderazgo moral.
Bajo el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) entrará en
funcionamiento con la ratificación de 60 gobiernos, y ejercerá su competencia
sobre los abusos más atroces resultantes de conflictos internacionales, tales
como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El Tratado
requiere que la CPI no se superponga a, o interfiera con, los sistemas
judiciales nacionales en funcionamiento; esto es, el Fiscal de la CPI está
autorizado a iniciar el procedimiento contra un sospechoso solamente si el país
de la nacionalidad del mismo carece de voluntad o no es capaz de investigar las
alegaciones de crímenes atroces cometidos por sus nacionales. La delegación de
los Estados Unidos en la Conferencia de Roma trabajó arduamente para conseguir
estas limitaciones, que creemos son esenciales para la credibilidad
internacional y el éxito de la CPI.
No obstante, esta firma no supone un abandono de nuestra preocupación sobre
significativos defectos del Tratado. Concretamente, nos preocupa que cuando la
Corte empiece a funcionar, ésta no sólo ejercerá su competencia sobre el
personal de los estados que hayan ratificado el Tratado, sino también sobre el
de los estados que no lo hayan hecho. Firmando, sin embargo, estaremos en
disposición de influir en la evolución de la Corte. Sin firmar no podremos hacer
tal cosa.
La firma reforzará nuestra capacidad de mejor proteger al personal oficial de
los Estados Unidos de acusaciones infundadas y de alzanzar los objetivos de
derechos humanos y de responsabilidad de la CPI. De hecho, en las negociaciones
que siguieron a la Conferencia de Roma, hemos trabajado efectivamente en el
desarrollo de procedimientos que limiten la posibilidad de enjuiciamientos
politizados. Por ejemplo, los negociadores civiles y militares de los Estados
Unidos coadyuvaron a garantizar una mayor precisión en las definiciones de
crímenes que son competencia de la Corte.
Pero ha de hacerse más aún. La competencia de la Corte sobre el personal de los
Estados Unidos ha de producirse sólo en caso de que los Estados Unidos
ratifiquen el Tratado. Los Estados Unidos debieran tener la oportunidad de
observar y evaluar el funcionamiento de la Corte, en el tiempo, antes de optar
por someterse a su jurisdicción. En vista de estas inquietudes, no recomiendo ni
recomendaré a mi sucesor que presente el tratado al Senado para someterlo a su
deliberación y acuerdo hasta que nuestras preocupaciones fundamentales hayan
sido salvadas.
No obstante, la firma es la acción correcta a tomar en este momento. Creo que
una Corte Penal Internacional debidamente constituida y estructurada contribuirá
profundamente a la disuasión de los más atroces abusos a los derechos humanos en
todo el mundo, y que la firma aumenta la posibilidad de debate productivo con
otros Gobiernos para avanzar en estos objetivos en los meses y años venideros.
[Fuente: The White House - Office of the Press Secretary (Camp David, Maryland)
- 31dic00. Traducción al español de la versión oficial en inglés realizada por
el Equipo Nizkor, 01ene01.]
ORIGINAL ENGLISH VERSION
STATEMENT BY THE PRESIDENT.
The United States is today signing the 1998 Rome Treaty on the International
Criminal Court. In taking this action, we join more than 130 other countries
that have signed by the December 31, 2000 deadline established in the Treaty.
We do so to reaffirm our strong support for international accountability and for
bringing to justice perpetrators of genocide, war crimes, and crimes against
humanity. We do so as well because we wish to remain engaged in making the ICC
an instrument of impartial and effective justice in the years to come.
The United States has a long history of commitment to the principle of
accountability, from our involvement in the Nuremberg tribunals that brought
Nazi war criminals to justice, to our leadership in the effort to establish the
International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda. Our
action today sustains that tradition of moral leadership.
Under the Rome Treaty, the International Criminal Court (ICC) will come into
being with the ratification of 60 governments, and will have jurisdiction over
the most heinous abuses that result from international conflict, such as war
crimes, crimes against humanity, and genocide. The Treaty requires that the ICC
not supercede or interfere with functioning national judicial systems; that is,
the ICC Prosecutor is authorized to take action against a suspect only if the
country of nationality is unwilling or unable to investigate allegations of
egregious crimes by their national. The U.S. delegation to the Rome Conference
worked hard to achieve these limitations, which we believe are essential to the
international credibility and success of the ICC.
In signing, however, we are not abandoning our concerns about significant flaws
in the Treaty. In particular, we are concerned that when the Court comes into
existence, it will not only exercise authority over personnel of states that
have ratified the Treaty, but also claim jurisdiction over personnel of states
that have not. With signature, however, we will be in a position to influence
the evolution of the Court. Without signature, we will not.
Signature will enhance our ability to further protect U.S. officials from
unfounded charges and to achieve the human rights and accountability objectives
of the ICC. In fact, in negotiations following the Rome Conference, we have
worked effectively to develop procedures that limit the likelihood of
politicized prosecutions. For example, U.S. civilian and military negotiators
helped to ensure greater precision in the definitions of crimes within the
Court's jurisdiction.
But more must be done. Court jurisdiction over U.S. personnel should come only
with U.S. ratification of the Treaty. The United States should have the chance
to observe and assess the functioning of the Court, over time, before choosing
to become subject to its jurisdiction. Given these concerns, I will not, and do
not recommend that my successor submit the Treaty to the Senate for advice and
consent until our fundamental concerns are satisfied.
Nonetheless, signature is the right action to take at this point. I believe
that a properly constituted and structured International Criminal Court would
make a profound contribution in deterring egregious human rights abuses
worldwide, and that signature increases the chances for productive discussions
with other governments to advance these goals in the months and years ahead.
[Source: The White House - Office of the Press Secretary (Camp David, Maryland)
- 31dec00]
ii) ESTADOS DE FIRMAS Y RATIFICACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2000
Al 31 de diciembre de 2000 el Estatuto de Roma fue firmado por 139 países y
ratificado por 25. Para su entrada en vigor tendría que ser ratificado por 60
estados.
En la siguiente lista la primera fecha es la firma del Estatuto de Roma y,
cuando corresponde, la segunda es la de ratificación.
Albania 18 July 1998
Algeria 28 December 2000
Andorra 18 July 1998
Angola 7 October 1998
Antigua and Barbuda 23 October 1998
Argentina 8 January 1999
Armenia 1 October 1999
Australia 9 December 1998
Austria 7 October 1998
Bahamas 29 December 2000
Bahrain 11 December 2000
Bangladesh 16 September 1999
Barbados 8 September 2000
Belgium 10 September 1998, 28 June 2000
Belize 5 April 2000, 5 April 2000
Benin 24 September 1999
Bolivia 17 July 1998
Bosnia and Herzegovina 17 July 2000
Botswana 8 September 2000, 8 September 2000
Brazil 7 February 2000
Bulgaria 11 February 1999
Burkina Faso 30 November 1998
Burundi 13 January 1999
Cambodia 23 October 2000
Cameroon 17 July 1998
Canada 18 December 1998, 7 July 2000
Cape Verde 28 December 2000
Central African Republic 7 December 1999
Chad 20 October 1999
Chile 11 September 1998
Colombia 10 December 1998
Comoros 22 September 2000
Congo (Brazzaville) 17 July 1998
Costa Rica 7 October 1998
Cote d'Ivoire 30 November 1998
Croatia 12 October 1998
Cyprus 15 October 1998
Czech Republic 13 April 1999
Dem. Rep. of the Congo 8 September 2000
Denmark 25 September 1998
Djibouti 7 October 1998
Dominican Republic 8 September 2000
Ecuador 7 October 1998
Egypt 26 December 2000
Eritrea 7 October 1998
Estonia 27 December 1999
Fed. Rep. of Yugoslavia 19 December 2000
Fiji 29 November 1999, 29 November 1999
Finland 7 October 1998
France 18 July 1998, 9 June 2000
Gabon 22 December 1998, 21 September 2000
Gambia 7 December 1998
Germany 10 December 1998, 11 December 2000
Georgia 18 July 1998
Ghana 18 July 1998, 20 December 1999
Greece 18 July 1998
Guinea 8 September 2000
Guinea-Bissau 12 September 2000
Guyana 28 December 2000
Haiti 26 February 1999
Honduras 7 October 1998
Hungary 15 December 1998
Iceland 26 August 1998, 25 May 2000
Iran 31 December 2000
Ireland 7 October 1998
Israel 31 December 2000
Italy 18 July 1998, 26 July 1999
Jamaica 8 September 2000
Jordan 7 October 1998
Kenya 11 August 1999
Kuwait 8 September 2000
Kyrgyzstan 8 December 1998
Latvia 22 April 1999
Lesotho 30 November 1998, 6 September 2000
Liberia 17 July 1998
Liechtenstein 18 July 1998
Lithuania 10 December 1998
Luxembourg 13 October 1998, 8 September 2000
Macedonia, FYR 7 October 1998
Madagascar 18 July 1998
Malawi 3 March 1999
Mali 17 July 1998, 16 August 2000
Malta 17 July 1998
Marshall Islands 6 September 2000, 7 December 2000
Mauritius 11 November 1998
México 7 September 2000
Monaco 18 July 1998
Mongolia 29 December 2000
Morocco 8 September 2000
Mozamqie 28 December 2000
Namibia 27 October 1998
Nauru 13 December 2000
Netherlands 18 July 1998
New Zealand 7 October 1998, 7 September 2000
Niger 17 July 1998
Nigeria 1 June 2000
Norway 28 August 1998, 16 February 2000
Oman 20 December 2000
Panama 18 July 1998
Paraguay 7 October 1998
Peru 7 December 2000
Phillipines 28 December 2000
Poland 9 April 1999
Portugal 7 October 1998
Republic of Korea 8 March 2000
Republic of Moldova 8 September 2000
Romania 7 July 1999
Russian Federation 13 September 2000
Samoa 17 July 1998
San Marino 18 July 1998, 13 May 1999
Sao Tome et Principe 28 December 2000
Senegal 18 July 1998, 2 February 1999
Seychelles 28 December 2000
Sierra Leone 17 October 1998, 15 September 2000
Slovakia 23 December 1998
Slovenia 7 October 1998
Solomon Islands 3 December 1998
South Africa 17 July 1998, 27 November 2000
Spain 18 July 1998, 25 October 2000
St. Lucia 27 August 1999
Sudan 8 September 2000
Sweden 7 October 1998
Switzerland 18 July 1998
Syrian Arab Republic 29 November 2000
Tajikistan 30 November 1998, 5 May 2000
Tanzania 29 December 2000
Thailand 2 October 2000
Trinidad & Tobago 23 March 1999, 6 April 1999
Uganda 17 March 1999
Ukraine 20 January 2000
United Arab Emirates 27 November 2000
United Kingdom 30 November 1998
United States of America 31 December 2000
Uruguay 19 December 2000
Uzbekistan 29 December 2000
Venezuela 14 October 1998, 7 June 2000
Yemen 28 December 2000
Zambia 17 July 1998
Zimbabwe 17 July 1998
From: Editor Equipo Nizkor mailto:nizkor@teleline.es
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