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México primer país latinoamericano en aceptar juzgar crímenes contra la humanidad
Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. México, a 18 de Enero, 2001. Mex/Arg - México es el primer país
latinoamericano en aceptar juzgar los crímenes contra
la humanidad.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
17ene01
i) MÉXICO ES EL PRIMER PAÍS LATINOAMERICANO DISPUESTO A JUZGAR LOS CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD COMETIDOS EN AMÉRICA LATINA.
El secretario de Relaciones Exteriores tendrá que decidir si aprueba la
extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo y ratifica la decisión tomada por
la justicia mexicana. El asunto es complicado porque en el caso del torturador
argentino confluyen tendencias históricas de lo más diverso. En los años sesenta
y setenta, proliferaron por América Latina grupos que, inspirados en el ejemplo
puesto por la Cuba revolucionaria querían imponer por la fuerza un régimen
diferente. La respuesta del orden establecido rebasó con mucho la magnitud de la
amenaza. Inspirados en la doctrina de seguridad nacional, los ejércitos y las
policías desataron una violencia extrema con la cual aplastaron a los rebeldes
(excepción hecha de Colombia). En su afán de construir un nuevo orden también se
lanzaron contra todo aquel que pensara o actuara en formas que se apartaran de
la ortodoxia fijada por ellos. La tortura, los asesinatos, el botín de guerra y
las desapariciones se hicieron parte de la vida diaria y hasta se inventó un
vocabulario para explicar el horror y sus consecuencias. Aunque la mayor parte
del continente se vio afectada por el baño de barbarie, hubo países como
Argentina y Guatemala que destacaron en la cantidad y calidad de los abusos.
Regresó la democracia electoral y se diluyó en el desprestigio aquella doctrina
de la seguridad nacional que pregonaba la destrucción del enemigo que anidaba en
el cuerpo social. Las heridas causadas en aquellos años siguieron sangrando (y
que lo digan si no los familiares de los desaparecidos) hasta que una parte de
la comunidad internacional se interesó y un juez español, Baltasar Garzón, tejió
una filigrana jurídica para tener elementos con qué perseguir a los culpables de
genocidio y poder juzgarlos en España. Así fue como se detuvo a Augusto Pinochet
en Inglaterra, y por eso es que Cavallo está en una cárcel mexicana.
Sin embargo, el impulso inicial empezó a flaquear. En España, Garzón y sus
asociados enfrentaron resistencias internas que se alimentaron de que los
gobiernos de América Latina mostraron una gran reticencia en buscar justicia. La
sometieron a consideraciones pragmáticas y la cubrieron de una defensa acrítica
y anticuada de la soberanía. Estos antecedentes permiten entender la
trascendencia que tiene, y la importancia internacional que está recibiendo, la
decisión del juez mexicano Jesús
Guadalupe Luna Altamirano que hace días concluyó que procede legalmente la
extradición de Cavallo a España.
Con esa decisión México se convierte en el primer país latinoamericano dispuesto
a juzgar delitos contra la humanidad cometidos en la región. Es una decisión que
tendrá repercusiones jurídicas y políticas que tarde o temprano llegarán a
México en donde, no debe olvidarse, sigue pendiente el caso de centenares de
desaparecidos y de otros excesos cometidos por el aparato de seguridad en el
aplastamiento de la insurgencia. Cuando el momento llegue, México tendrá que
actualizar leyes y reglamentos internos, ratificar todas las convenciones sobre
la materia y quitar los corchetes y las reservas que sembró en el camino. Pero
eso corresponde al futuro. Por ahora, celebremos que la justicia mexicana
continuará dando pruebas de su disposición a demostrar su independencia y
sacudirse el yugo, la servidumbre, al que la tenía sometida el Poder Ejecutivo y
su propia timidez.
El asunto ya cayó en el regazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde
se estrena un canciller, Jorge G. Castañeda, que prometió revitalizar la
diplomacia elevando, entre otras medidas, la prioridad que debe recibir la
defensa de la democracia y los derechos humanos. El remozamiento es
indispensable porque la diplomacia mexicana sufrió un grave deterioro en la
medida en la que la defensa de los principios quedó en un ejercicio retórico que
servía para proteger los abusos que los regímenes priistas cometían contra la
población mexicana y extranjera. La política exterior terminó siendo débil y
errática, sin brújula ni consistencia. Sobre el caso Cavallo se ha comentado que
se concederá la extradición por haber sido miembro de un gobierno derechista y
que hacia los izquierdistas se tiene un trato preferencial. Eso no es así, como
lo demuestra -entre otros- la deportación a Argentina de Enrique Gorriarán
Merlo. El asunto Gorriarán es particularmente relevante para lo que estamos
discutiendo. El argentino fue militante del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) que organizó en 1980 el espectacular operativo con que ejecutaron en
Paraguay al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Años después, en 1989,
Gorriarán orquestó en Argentina un sangriento asalto al cuartel militar de La
Tablada.
Huyó de su país recorriendo varios países latinoamericanos, entre ellos México.
Como el presidente Carlos Menem estaba obsesionado con Gorriarán hizo una
petición personal a Ernesto Zedillo para que lo ayudara a su localización en
México. Durante un par de años, los servicios de inteligencia mexicanos lo
investigaron y en un operativo en el que también participaron los argentinos fue
detenido en Tepoztlán, Morelos, el 28 de octubre de 1995 y enviado
inmediatamente a la Argentina en donde sigue detenido. Gorriarán no tuvo la
posibilidad de solicitar asilo porque fue expulsado del país invocando los
privilegios que tiene el Ejecutivo.
Relaciones Exteriores debe aprobar la deportación a España de Ricardo Miguel
Cavallo porque es de elemental justicia que un torturador y un asesino sean
castigados por lo que hicieron. Con ello, se tomaría una definición de fondo que
pondría a nuestro país en la vanguardia del derecho internacional humanitario.
Pero la razón principal está en que Cavallo recibió el privilegio de ser tratado
con un procedimiento que ha respetado la legalidad. Hasta los torturadores deben
tener derecho a ella. Si Jorge G. Castañeda respalda la decisión tomada por el
juez mexicano, demostrará la fidelidad a sus ideas progresistas, se distanciará
de la hipocresía que caracterizó en repetidas ocasiones a la política exterior
mexicana y demostrará que, en este terreno, van en serio las promesas de
renovación que nos hiciera el gobierno de Vicente Fox.
[Fuente: Sergio Aguayo Quezada para La Reforma, México, 17ene00]
ii) EL GOBIERNO ARGENTINO RATIFICO QUE NO INTERFERIRÁ EN LA EXTRADICIÓN DE
CAVALLO A ESPAÑA
El gobierno argentino ratificó este martes que la eventual extradición del ex
marino Miguel Ángel Cavallo, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad
durante la dictadura, "es un problema entre el gobierno mexicano y el español".
"En el tema de fondo, que es la extradición de Cavallo, el gobierno argentino no
es parte y allí no va a intervenir", manifestó el portavoz presidencial Ricardo
Ostuni.
"Lo único que ha hecho (el gobierno) en su momento fue lo que se hace con todo
argentino (detenido en otro país), que es otorgar asistencia consular", explicó.
El viernes pasado (12ene01) el juez mexicano Guadalupe Luna resolvió en favor de
extraditar a Cavallo a España, en donde el juez Baltasar Garzón lo requiere para
indagarlo sobre violaciones a los derechos humanos que habría cometido en el
régimen militar argentino de 1976-1983.
Ahora es el canciller de México, Jorge Castañeda, el que debe resolver en un
plazo de 20 días si acepta o no extraditar a Cavallo a España. Las declaraciones
de Ostuni se producen el mismo día en que el diario La Nación publicó un
artículo en el que dice que Cavallo espera señales del gobierno para ser
trasladado a la Argentina.
Un informante citado por el diario dijo que el presidente Fernando De la Rúa no
cumplió con la promesa que le habría hecho a un alto oficial hace algunos meses,
en el sentido de que el gobierno realizaría intensas gestiones para que Cavallo
fuese remitido al país.
El juez mexicano Luna, en una entrevista concedida al diario Clarín, dijo que
resolvió en favor de la extradición de Cavallo porque "la Argentina, que ha
suscrito la convención internacional sobre genocidio y torturas no la estaba
respetando". "Es por eso que procede a que un tercer Estado juzgue al señor
Cavallo", dijo el juez mexicano.
El abogado de Cavallo ha presentado recursos a la justicia argentina solicitando
que el ex represor sea juzgado en su país. En Argentina goza de los beneficios
que le han otorgado las leyes exculpatorias de Punto Final y Obediencia Debida.
[Fuente: Diario La Crónica de Hoy, México, 17ene01]
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