Resolución de rechazo al Plan Colombia y a la política militarista
Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. Perú, a 2 de Febrero, 2001. PE/Col - 2/2 Texto de la resolución que expresa un
claro rechazo al Plan Colombia y a la política
militarista como solución a la guerra civil
colombiana.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
2feb00
VOTACIÓN UNÁNIME CONTRA EL PLAN COLOMBIA EN EL PARLAMENTO EUROPEO EN CLARO
RECHAZO A LA POSICIÓN ESPAÑOLA, DEFENDIDA TAMBIÉN ESTA POR JAVIER SOLANA.
El 1feb01 a las 11:45, por 474 votos a favor y un voto en contra, el Parlamento
Europeo adoptó una resolución preparada por su Comisión de Desarrollo, muy poco
enmendada, que rechaza el Plan Colombia y pide el apoyo a la paz mediante una
estrategia europea propia, no-militarista, de cara a Colombia.
El Partido Popular Europeo retiró varias de sus enmiendas y se hicieron
compromisos sobre otras.
Esta resolución es un antecedente esencial de cara a la próxima reunión
UE/Colombia, del 30 de abril en Bruselas, y significa la más evidente derrota
para la política exterior española que es, en la práctica, el único país
perteneciente a la UE que avala económica y políticamente el Plan Colombia. El
eurodiputado Salfranca de España, fue el más claro representante de la defensa
del apoyo a la versión militarista del Plan Colombia y tuvo que retirar las
enmiendas ante la falta total de apoyo de sus socios europeos.
Estos planteamientos defienden esquemáticamente tres argumentos a) no aplicación
de cláusulas de derechos humanos, b) negativa a un plan integral de reforma
agraria y c) defensa activa de la representación de los grupos paramilitares en
las negociaciones de paz.
Estas posturas no son nuevas y se vieron muy bien representadas por las
condecoraciones que distribuyó oportunamente el ex embajador de Colombia en
Bruselas, Sr. Marulanda, contra el cual existe en la actualidad una orden de
captura debido a su relación con el narcotráfico, a eurodiputados y funcionarios
españoles por su defensa numantina a favor del entonces embajador.
Esta política fue defendida por Javier Solana en una visita a Colombia, al
tiempo que en Estados Unidos, el Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado Norteamericano, Jesse Helms, intentaba impedir que se
aprobaran los condicionamientos de derechos humanos a la implementación del Plan
Colombia, en lo que constituyó la etapa más dura de las negociaciones.
La posición de la Comisión y del Consejo expresadas ayer, 31 de enero, fueron
igualmente de claro distanciamiento con el Plan Colombia.
2feb01
Equipo Nizkor
TEXTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE EL PLAN COLOMBIA Y EL APOYO
AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
El Parlamento Europeo,
- Vistas sus resoluciones anteriores sobre Colombia,
- Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 9 de octubre de
2000,
- Vista la declaración de la Presidencia de la Unión Europea de 25 de octubre de
2000,
A. Considerando que, a pesar de los esfuerzos concertados de diálogo con la
guerrilla y del proceso de negociaciones de paz, las partes no han logrado hasta
hoy poner fin a un conflicto de más de tres décadas de duración,
B. Recordando que, en septiembre 1999, la administración Clinton y el Presidente
Pastrana se comprometieron a poner en práctica conjuntamente un "plan para la
paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", conocido como "Plan
Colombia,
C. Considerando que el Plan Colombia no ha sido el producto de un proceso de
concertación entre los distintos actores sociales, y que la aceptación para la
paz por parte de todas las instituciones del país sería muy bién acogida y que
debe comprender no sólo acciones para combatir la producción y el tráfico de
drogas, sino también una estrategia para la recuperación social y económica, el
fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo social, todo lo cual es
necesario apoyar,
D. Considerando que uno de los objetivos del Plan Colombia es erradicar el
narcotráfico y la expansión de los cultivos ilegales mediante una estrategia
que da prioridad a las fumigaciones aéreas y a la utilización de agentes
biológicos, métodos que provocan el desplazamiento forzoso de familias y
comunidades y afectan gravemente a la rica biodiversidad colombiana,
E. Considerando la Declaración del Grupo consultivo y de Apoyo al proceso de Paz
en Colombia (Madrid, 7 de julio de 2000), en la que los participantes
manifestaron su pleno apoyo político al proceso de paz emprendido, y la
declaración de la Unión Europea en la que se pide que el Gobierno colombiano
incremente sus esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares,
F. Considerando la Declaración del Consejo de Asuntos Generales de 9 de octubre
por la que la Unión Europea reafirma su apoyo a los esfuerzos de paz emprendidos
y su voluntad de acompañar activamente el proceso de negociaciones que, en el
marco de una consulta de la sociedad civil y con el acuerdo de todas las partes,
deberá conducir a una paz fundada sobre el respeto de los derechos humanos, las
libertades fundamentales y el derecho humanitario,
G. Considerando que el problema del narcotráfico y de los delitos con él
relacionados requiere un enfoque global basado en los principios de
responsabilidad compartida y de cooperación internacional entre los países
productores y consumidores de drogas, especialmente con vistas a incrementar la
represión del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico,
H. Considerando la concertación establecida en la reunión celebrada en Costa
Rica a mediados de octubre y el diálogo cada vez mayor entre la sociedad civil y
los grupos armados; considerando asimismo la reunión del Grupo de Apoyo al
proceso de Paz (Bogotá, 24 y 25 de octubre de 2000) a la que asistieron
representantes de la Comisión y la Presidencia de la Unión Europea,
I. Considerando que durante la celebración de las conversaciones de paz, se han
incrementado los actos de violencia y terrorismo así como los asesinatos,
secuestros y matanzas dirigidos en particular contra la población civil, y
habida cuenta de la impunidad de que disfrutan los autores materiales de estos
crímenes y, sobre todo, quienes dan las órdenes de cometerlos,
J. Considerando la reciente visita de la Sra. Mary Robinson a Colombia y el
énfasis que ésta puso en la inadecuada represión contra los grupos paramilitares
y la impunidad en general; recordando que no solamente decenas de miles de
colombianos, sino también ciudadanos europeos, como el cooperante español Iñigo
Eguiluz, el belga Daniel Gillard, el italiano Giacomo Turra, la suiza Hildegard
Feldmann y muchos otros, han sido víctimas de crímenes que han quedado impunes,
1. Reitera su firme apoyo al proceso de paz iniciado por el Presidente Pastrana
e insta a las partes a perseverar en su esfuerzo a pesar de todas las
dificultades; pide a las FARC que vuelvan a la mesa de diálogo y que prosigan
las negociaciones de paz
2. Opina que la situación y el conflicto actuales en Colombia no son sólo de
carácter armado, sino que también tienen una dimensión social y política cuyo
trasfondo es la exclusión económica, política, cultural y social;
3. Considera que un mayor grado de militarización de la lucha contra la droga
acarrea el riesgo de una escalada del conflicto en la región, y que las
soluciones militares no pueden conducir a una paz duradera;
4. Advierte que el Plan Colombia contiene aspectos que son contrarios a las
estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea, y
que ponen en peligro sus programas de cooperación; expresa en particular su
preocupación por la situación actual en la región del Putumayo;
5. Considera que la Unión Europea debe apoyar aquellos aspectos del proceso de
paz que propugnan el fortalecimiento institucional, el desarrollo alternativo,
la ayuda humanitaria y el desarrollo social, por ser los más acordes con su
estrategia de cooperación;
6. Estima que el movimiento social, golpeado muy duramente por la represión, las
ONG y las colectividades locales deben desempeñar un papel activo en el proceso
de paz en curso; se felicita por que la función que desempeñan se haya
confirmado especialmente en la reunión de Costa Rica y entiende que dicha
función debe coordinarse con los esfuerzos que se hagan en la mesa de
negociaciones;
7. Considera que el país no podrá alcanzar una paz duradera a no ser que se
introduzcan profundos cambios en el modelo de distribución de la riqueza, ya que
el origen de muchos de los problemas que se dan en Colombia radica en la no
posesión de la tierra por los campesinos;
8. Señala la importancia de estimular un verdadero proceso de reforma agraria,
para el cual se utilicen, entre otras, las tierras confiscadas a los barones de
la droga y que proporcione alternativas económicas a los campesinos, e insta por
ello al Gobierno colombiano a aplicar políticas de reforma ambiciosas tendentes
a frenar la creciente concentración de tierras y a mejorar las condiciones
sociales;
9. Insiste en que la intervención de la Unión Europea, deberá seguir una
estrategia propia, no militarista, que conjugue neutralidad, transparencia,
participación de la sociedad civil y compromisos de los participantes en la mesa
de negociación;
10. Se felicita por las conclusiones del Consejo de 9 de octubre de 2000, en las
que se anuncia la aplicación de un "programa europeo sustancial de apoyo
socioeconómico institucional al proceso de paz en Colombia, encaminado a
promover y salvaguardar el respeto de los derechos humanos, el derecho
humanitario y las libertades fundamentales, a mejorar las condiciones de vida de
la población local, a fomentar los cultivos de sustitución y la protección de la
biodiversidad, y a acompañar la ejecución de reformas estructurales en los
ámbitos que alimentan el conflicto armado";
11. Manifiesta su máxima indignación por las masacres masivas de campesinos
cometidas recientemente por grupos paramilitares en las regiones del Magdalena,
Magdalena Medio, Cauca y Putumayo, así como por las amenazas a campesinos de la
zona de Tumaco, entre otras; opina que la obtención de resultados significativos
en la lucha contra la impunidad y contra los grupos armados que violan los
derechos humanos y el Derecho internacional humanitario constituye una condición
previa para la credibilidad del Estado de Derecho; anima al Gobierno colombiano
a proseguir su combate contra los grupos paramilitares y a continuar sus
esfuerzos para fortalecer las bases del Estado de Derecho y aplicar
inmediatamente y en su totalidad las recomendaciones de las Naciones Unidas
sobre derechos humanos;
12. Considera que la Unión Europea debe comprometerse de forma más decidida en
la protección y financiación de aquellas organizaciones (especialmente las
organizaciones de familiares de víctimas) que luchan por el esclarecimiento y
contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad y por la preservación de
la memoria de las víctimas de dichos crímenes;
13. Acoge con satisfacción la propuesta de los Comisarios Patten y Nielson de
conceder un apoyo sustancial a los esfuerzos de paz en Colombia, propuesta que
se eleva a 105 millones de euros para el período 2000-2006, e insiste en que,
para dar credibilidad a la intervención de la Unión, las primeras acciones para
contribuir al proceso de paz deben iniciarse lo antes posible y tener como
objetivo fomentar el respeto de los derechos humanos, las leyes humanitarias y
las libertades fundamentales y mejorar las condiciones de vida de la población
local, llevándose a cabo a través de organizaciones de la sociedad civil y de
movimientos sociales, y teniendo particularmente en cuenta el desplazamiento
forzoso de una parte de la población rural, en su gran mayoría mujeres y niños;
14. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Ministros de verificar
cada seis meses la situación del proceso de paz, el avance en la ejecución de
los programas y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por
el Gobierno colombiano y por los grupos participantes en las negociaciones para
el fortalecimiento de la paz; pide al Consejo y a la Comisión que tengan
puntualmente informado al respecto al Parlamento;
15. Expresa su convencimiento de que, en materia de lucha contra los cultivos
ilegales, se debe dar preferencia a las soluciones negociadas y concertadas, la
reforma agraria y los cultivos de sustitución, así como a las acciones penales
contra los traficantes y los blanqueadores de capitales, en detrimento de las
campañas de fumigación; opina, en este sentido, que la Unión debe hacer lo
necesario para que se abandone la utilización masiva de herbicidas químicos y se
impida la introducción de agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, dados
los riesgos que su uso entraña tanto para la salud humana como para el medio
ambiente;
16. Destaca la importancia de reforzar la cooperación y concertación sobre la
base del principio de la corresponsabilidad internacional, con atacar el problema
en un solo país lo único que se consigue es traspasarlo a los países limítrofes;
17. Insiste en la necesidad de intensificar la cooperación interregional en
materia de control y represión del tráfico de estupefacientes, así como en la
lucha contra el blanqueo de capitales; señala, en este sentido, que la Unión
Europea debería apoyar la solicitud de Colombia de firmar la Convención de
Estrasburgo;
18. Pide al Gobierno venezolano que coopere con el Gobierno de Colombia a fin de
establecer conjuntamente los mecanismos que permitan resolver los problemas
fronterizos ligados a la lucha contra la producción y tráfico de drogas;
19. Insta al Gobierno colombiano a que, siguiendo el modelo de las mesas de
negociaciones con las FARC, instaure un espacio de diálogo con los demás grupos
de la guerrilla, a fin de promover los principios de neutralidad y
transparencia, y así obtener el apoyo de los diferentes actores armados a los
programas y proyectos previstos;
20. Insta a todos los grupos armados a que suscriban un acuerdo humanitario por
el que se comprometan a acabar con los secuestros, a liberar a los rehenes que
mantienen en su poder, a dejar de cometer actos terroristas, reclutar a menores
de edad y atentar contra la población civil, y a concluir un acuerdo serio de
alto el fuego;
21. Reitera su apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y a su iniciativa en favor de la conclusión de un
acuerdo humanitario en Colombia;
22. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a
la Comisión y al Gobierno de Colombia, de Venezuela y de los países mediadores.
From: Editor Equipo Nizkor mailto:nizkor@teleline.es
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