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Juez dictamina que se puede usar ley RICO contra la Policía de los Ángeles
Tlahui-Politic 11 I/2001. Información enviada a Mario Rojas, Director de Tlahui. USA, a 24 de Enero, 2001. Usa - Un juez dictamina que puede usar la ley RICO en acciones legales
contra el Dpto de Policía de los Ángeles.
Equipo Nizkor, miembro del Serpaj Europa, Derechos Human Rights (USA) y del GILC (Global Internet Liberty Campaign). Información,
19ene01
UN JUEZ DICTAMINÓ EL MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2000 QUE PUEDE UTILIZARSE LA LEY
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LAS ACCIONES LEGALES EMPRENDIDAS CONTRA EL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LOS ÁNGELES (LAPD).
Un juez federal ha resuelto que la Ley del Gobierno contra el crimen
organizado, creada para hacer frente a los jefes de la droga y a miembros del
crimen organizado, puede ser utilizada en las acciones legales emprendidas
contra el oscuro Departamento de Policía de Los Ángeles.
Además de permitir que uno de los mayores departamentos de policía de los
Estados Unidos sea tratado como una entidad criminal, la resolución adoptada el
lunes por el Juez de Distrito de Estados Unidos, William Rea, aumenta de manera
drástica la responsabilidad potencial del Ayuntamiento en el peor escándalo de
su policía en décadas, ya que la ley permite un aumento del plazo legal de
prescripción y podría triplicar las indemnizaciones a las que el Ayuntamiento
debería hacer frente.
En el caso encontramos demandas por parte de una de las muchas personas que
declaran haber sido víctimas de agentes violentos y corruptos del departamento
de la Division Rampart, cuyas acciones se encuentran en el punto central del
escándalo.
Expertos legales afirmaron ayer que parecía que el departamento sería la primera
agencia policial del país que tendría que hacer frente a un juicio según la
mencionada ley, la cual se ha venido aplicando a lo largo de los años en una
gran variedad de litigios.
Edwin Chemerinsky, profesor de derecho en la Universidad del Sur de California,
comentó que había pasado la tarde del lunes investigando el asunto y que no
había podido encontrar ningún otro caso en el que un departamento de policía
hubiera sido procesado en aplicación de la ley, conocida como ley RICO - the
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations law.
Rea no entró en el asunto de la credibilidad de la demanda planteada en relación
a que el departamento perdonó y autorizó las acciones llevadas a cabo por los
agentes corruptos, sino que afirmó que si dichas acusaciones son ciertas
constituirían una actividad de crimen organizado y de ese modo entrarían dentro
de la ley RICO.
Dentro de esta ley, el plazo de prescripción es de 10 años, en vez de 1 año como
sucede en otras causas de derecho civil, de modo que la decisión podría abrir
las puertas de los tribunales a muchos más casos.
Por ejemplo, el principal demandante en el caso, Louie Guerrero, afirma que la
policía le golpeó y que después fue arrestado con falsedad acusado de cargos
relacionados con drogas en noviembre de 1997 y que posteriormente fue puesto en
libertad antes de que salieran a la luz los detalles del escándalo Rampart el
pasado año. Tomando como base otras leyes de derecho civil su acción legal
contra el departamento tendría que ser desestimada.
Casi 100 casos criminales han sido revisados a consecuencia del escándalo, en el
que se dice que los agentes han colocado pruebas incriminatorias y golpeado a
personas en un combativo barrio latino por diversión y provecho.
Funcionarios de la ciudad han realizado unas estimaciones previas sobre la
cuantía económica que representaría la responsabilidad del Ayuntamiento, que se
encontrarían entre los 125 y los 200 millones de dólares.
"Si los demandantes ganan", comentó ayer Chemerinsky, " hay una responsabilidad
potencial asombrosa para el ayuntamiento, asombrosa".
Pero Chemerinsky también advirtió que lo que el juez había resuelto era sólo que
el caso podía seguir adelante. "Que los demandantes puedan conseguirlo o no"
añadió, "es algo para lo que tendremos que esperar".
Stephen Yagman, un abogado de Guerrero, comentó "Hemos convertido,
efectivamente, una causa de derechos civiles en una causa de crimen organizado,
y ya era hora". Tanto el departamento de la policía como la oficina del alcalde
se negaron a hacer ningún tipo de comentario y remitían todas las llamadas
telefónicas a la Oficina del Representante Legal de la ciudad de Los Ángeles.
Mike Qualls, un portavoz del representante legal de la ciudad, afirmó "
Obviamente, estamos decepcionados por la resolución y estamos revisando nuestras
opciones".
[Fuente: The New York Times, Por Don Terry. Traducción al español del original
en inglés realizada por el Equipo Nizkor]
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