Tlahui-Politic No. 13, I/2002


Título: żNegociación con Castaño y Mancuso o cambio de Táctica Paramilitar?
Fecha: 04/12/2002
De: Comité Internacionalista Arco Iris
Para: Mario Rojas, Director de Tlahui

El Gobierno - denuncia el PCdeC - prepara la Guerra Se han hecho públicos parte de los tratos y vínculos secretos entre "el pacificador" Álvaro Uribe Vélez (AUV) con los paramilitares. Pero ellos siempre han departido en fincas y clubes e, incluso, a principio del año, los paras dieron a conocer el uribismo del 30 por ciento de su representación en el Congreso, sin que esto mereciera el rechazo del gobierno ni de AUV.

Con vertiginosa velocidad, al destape de las negociaciones gobierno-paras el miércoles 27 de noviembre lo suceden el anuncio del apoyo activo de Washington a esas gestiones y el gran despliegue anunciando el cese de fuegos de las AUC de Castaño y Mancuso a partir del domingo 1 de diciembre de 2002. El anuncio tiene listado de "condiciones para dialogar" que satisfacen cada exigencia del gobierno de AUV. Ratifican su condición de defensores militares y políticos del Estado social de derecho y "mantienen la guardia en alto frente a las agresiones de la guerrilla", pues con el general Mora Rangel siempre tienen garantizado el "cese de fuegos".

El plan con los medios de comunicación masiva es cambiar, en nombre la paz, la mala imagen de criminales de los paramilitares, bien ganada por el sicariato, las torturas, las masacres, el uso de motosierras y otros métodos atroces de infundir terror al pueblo.

El "status político" sería para los paramilitares El gobierno y Osorio, el paramilitar Fiscal General, ya venían desactivando su persecución judicial a los paras con la supresión de la unidad de Fiscalía para Derechos Humanos, dejando en el limbo la investigación sobre los parlamentarios del paramilitarismo y llegando al extremo de dejar en libertad a dos comprobados paramilitares: al extraditado de España, ex embajador y ex ministro, Marulanda y al general Rito Alejo del Río.

Ya durante el gobierno Pastrana y anunciando la política de Uribe Vélez, las AUC convocaron en el año 2000 dos "paros regionales en el Magdalena Medio", dirigidos por algunos integrantes del Congreso que hoy legisla. Sin ser reprimidos, bloquearon por varios días la economía de la costa atlántica para imponer el "NO al despeje" de una zona al sur de Bolívar para realizar la Convención Nacional acordada por Pastrana con el ELN. Este contundente hecho de consentimiento y diálogo plasmó un reconocimiento político a los paramilitares, por no hablar de las frecuentes entrevistas sobre política a Carlos Castaño desde los medios de comunicación, la difusión de su libro y los periplos de jefes políticos al campamento del jefe nacional de esa agrupación criminal.

Además, la prórroga de facultades para crear mecanismos de negociación con la insurgencia, ley 418, está siendo adaptada en el Congreso - a iniciativa del gobierno - para "negociar" con los paras, suprimiendo la exigencia de status político de la organización que "dialogue de paz" con el gobierno. Es una forma de darles status político a los paramilitares y, al tiempo, tratar de rebajar la condición política de las diferentes guerrillas, en una retorcida interpretación del delito político, opuesta al "supremo derecho a la rebelión" contra la injusticia, reconocido por la ONU y consagrado en el preámbulo de su Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El yanqui allí, con Castaño La solicitud de extradición de Castaño (viejo colaborador de la DEA, la CIA y la sionista Mossad, del Departamento de Justicia de EE.UU.) es una maniobra de múltiplex efectos para encubrir el papel injerencista de Estados Unidos en la vida del país. Intenta, entre otros asuntos, limpiarse de paramilitarismo, mostrarse flexibles para lograr "una paz" que les favorezca, presionar a la insurgencia para que llegue a acuerdos, dividir las fuerzas que combaten sus políticas colonialistas y neutralizar a los defensores de derechos humanos que han logrado demostrar, con pruebas irrefutables, la paraestatalidad de las AUC. De paso, creen que aclimatarían el inaceptable pérdida de soberanía judicial condensada en la extradición de colombianos y tendrían "autoridad moral" para pedir la repudiable extradición de cuanto luchador popular les resulte incómodo.

Recordemos que las relaciones de paternidad y ligazón íntima entre los criminales paramilitares y el Estado colombiano y encumbrados dirigentes gremiales y políticos de la oligarquía, con la bendición de no pocos obispos y sacerdotes, son un hecho incontrovertible ante los ojos de millones de víctimas de sus tropelías. Esa percepción también la tienen muchos organismos intergubernamentales y los no gubernamentales enterados del tema, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Los imperialistas, especialmente los Estados Unidos, son los principales impulsores de esas criminales bandas paramilitares en Colombia y el mundo. Sus manuales de contrainsurgencia, para enfrentar "al comunismo" o "al enemigo interno", ahora están en proceso de actualización para su "estrategia antiterrorista". Esos manuales pusieron a los ejércitos y fuerzas de seguridad de los Estados dependientes a crear y estimular este tipo de bandas criminales que siempre han defendido a la oligarquía pro imperialista y a su Estado.

Reingeniería del paramilitarismo El planteamiento uribista de "seguridad democrática" y "Estado Comunitario" hace reingeniería con los tradicionales métodos de control de población o gobernabilidad propios de la dictadura burguesa. El paramilitarismo sería reforzado con el sistema de red de informantes o cooperantes ("el millón de amigos"), ampliando las "convivir" (creadas por Uribe Vélez siendo gobernador de Antioquia), con los "soldados campesinos" (con fusil en la casa), programas de "oficiales de la reserva" y servicios de civiles a la fuerza pública enmascarados como "servicio social". Estos son componentes del rediseño de la estrategia yanqui de crear fuerzas que realicen "acciones encubiertas" o "guerra sucia" contra las luchas, organizaciones y luchadores políticos de los pueblos y naciones que se oponen a sus siniestros designios.

La llamada "división interna de las AUC", que coloca a Castaño y Mancuso como depuradores del narcotráfico y las acciones fuera del DIH, deja el recurso de seguir utilizando esas bandas, pero tratando de quitarles el sello de paramilitares, esforzándose por presentarlos como "ruedas sueltas de bandoleros o violentos".

El paramilitarismo es un instrumento clave del creciente terrorismo de Estado, avanza al calor del proceso de fascistización que vive Colombia. Es quizá la más poderosa arma contra el movimiento popular. Lo indican los éxodos campesinos que superan el millón de personas, el genocidio contra el movimiento sindical y popular que cuenta varios miles de líderes asesinados, el genocidio del movimiento político popular en sus diversas vertientes, que destaca el muy conocido caso de la Unión Patriótica, agregando el ambiente de terror general sembrado por el Estado y sus paramilitares en toda la población humilde.

También lo señala la creciente acción combinada paras-ejército en operaciones de contra guerrilla y contra otras formas de organización militar popular, como el brutal asalto a la Comuna 13 de Medellín y a comunas de otras capitales. Lo confirman los sucesos en las actuales "Zonas de Rehabilitación y Consolidación" creadas con la Conmoción Interior o Estado de Sitio uribista, en las cuales no se detiene a nadie por sospecha de paramilitarismo, son sospechosos sólo de colaboración con la insurgencia.

Continúa lucha por el desmonte del paramilitarismo Estos crímenes no los vamos a olvidar jamás las gentes amantes de la libertad, del progreso social y el pleno vigor de todos los derechos humanos para las mayorías y no sólo como privilegios de las minorías que ostentan y detentan el poder de la riqueza y el control de un Estado a su servicio.

Es necesario rechazar la negociación gobierno-paramilitares como una maniobra que encubre la pacificación del apátrida Uribe y la Casa Blanca, en oposición al interés popular en la paz con justicia social.

Sigue siendo correcto el objetivo de exigir el desmonte del paramilitarismo, demandar la renuncia a la filosofía que los creó y sigue viva en la "seguridad democrática" y el "Estado comunitario" de AUV. Este objetivo demanda la persecución del Estado a los paramilitares y el cese de todo vínculo de las fuerzas militares, de policía y seguridad con esas bandas criminales, así como el llevar a juicio a los responsables por los delitos contra Colombia y su pueblo, los cuales no merecen perdón y olvido.

La paz con justicia social continúa siendo un anhelo del pueblo colombiano. La guerra total que impulsa la "seguridad democrática" y el Estado comunitario de AUV están en contravía de la paz. El tratamiento o solución política al agudo conflicto político, económico, social y armado en Colombia, planteada por los sectores democráticos y progresistas del país, demanda de formas efectivas de participación del pueblo y sus organizaciones en la toma de decisiones y no pasa por las falsas negociaciones entre los que ya están de acuerdo: el gobierno y sus paramilitares.

Comité Ejecutivo Central - Partido Comunista de Colombia

 

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