Tlahui-Politic. No. 15, I/2003

Colombia - Colombia - Colombie

Colombia: 01/06/03
De: Editor Equipo Nizkor
Para: Mario Rojas, Director de Tlahui
Título: Desplazamientos de campesino mestizos y afrocolombianos en el Río Truando.

Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa Solidaridad Urgente - [Va i) msje] - 06dic02

i) DENUNCIAN NUEVOS DESPLAZAMIENTOS DE COMUNIDADES CAMPESINAS MESTIZAS Y AFROCOLOMBIANAS DE LA CUENCA DEL RIO TRUANDO.

La Diócesis de Apartadó, la Diócesis de Quibdó Y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP quieren dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

ANTECEDENTES:
Desde el día 2 de mayo de 2002, coincidiendo con el avance de grupos paramilitares de las AUC que tomaron los caseríos de Domingodó y Curbaradó, a orillas del río Atrato y en su avance por la cuenca de los ríos Truandó y Domingodó, se ha ido produciendo el desplazamiento casi total de esas comunidades.

Algunas familias de las comunidades del río Truandó llegaron a la cabecera municipal de Riosucio y, según las noticias que llevaron unos Indígenas de la zona, otras familias estaban asentadas provisionalmente en el resguardo indígena Jagual, y otro grupo seguía huyendo por el monte.

El 29 de agosto, entró a la cuenca del Truandó una comisión humanitaria, en la que participaron la Diócesis de Apartadó, Cinep, Defensoría del Pueblo y la Oficina de Negritudes de Riosucio. La comisión se reunió con los representantes de las comunidades (unas 112 familias), y acordaron la reubicación transitoria en un lugar dentro del territorio de comunidades negras, entre el caserío de Taparal y la comunidad indígena de Marcial. En esta visita se detectó la presencia de paramilitares en el caserío de La Nueva.

Algunos campesinos comentaron que habían sido obligados por las FARC y/o sus milicianos a correr hacia las cabeceras de los afluentes porque estaba "prohibido" permanecer en los caseríos; otros sólo daban cuenta del terror que les producía la inminente llegada a sus comunidades de los paramilitares.

Los paramilitares han permanecido haciendo retenes en los caseríos de La Nueva y Clavellino y en algún otro lugar del río, impidiendo a los campesinos la libre movilización y ejerciendo sobre ellos bloqueo económico.

Como se sabía que unas 25 familias seguían corriendo, el 13 de septiembre, una comisión humanitaria, compuesta por la Diócesis de Apartadó y el Cinep, se dirigió a Quiparadó - La Loma y a Peñas Blancas. En esta última comunidad indígena estaban asentadas un grupo de 25 familias de la cuenca.

Estas familias se mostraron con deseos de reubicarse mejor en el caserío de Truandó Medio, en el que tenían mejores condiciones para su subsistencia.

Los días 18 y 22 de octubre, volvieron a visitar los asentamientos, invitando a los campesinos a la celebración del V? aniversario de las Comunidades de Paz del Bajo Atrato.

El 26 de octubre en el reten que los paramilitares mantienen en La Nueva, dos jóvenes de Taparal ( Eliseo Hurtado y Chanana) fueron separados del grupo con el que viajaban y obligados a seguir al caserío de Clavellino; desde entonces están desaparecidos.

El 11 de noviembre, otra comisión, con representantes de CINEP y la Diócesis de Apartadó volvió a visitar a los campesinos que estaban ubicados en las comunidades indígenas de Peñas Blanca, Jagual y en las cercanías de Marcial y del caserío de Taparal. La mayoría de los campesinos reiteraron su deseo de dejar de correr y asentarse en un lugar visible, siempre que pudieran contar con el acompañamiento de la Iglesia.

El 19 de noviembre se materializó, con la ayuda de CINEP y la Diócesis de Apartadó, el agrupamiento de las 29 familias que estaban en Peñas Blancas, en el caserío de Truandó Medio.

EL NUEVO DESPLAZAMIENTO:
El 2 de diciembre en una nueva avanzada los paramilitares llegaron al caserío de Taparal, y se produjeron enfrentamientos con las FARC muy cerca del lugar en que estaban asentadas la mayoría de las familias de la cuenca. Esto produjo un nuevo desplazamiento. Algunas familias se bajaron a la cabecera municipal de Riosucio, y otras siguieron corriendo hacia las cabeceras de los ríos.

El 22 de diciembre, las Diócesis de Apartadó y Quibdó hicieron una visita de observación al río Opogadó y encontraron que la mayoría de los desplazados estaban llegando a la comunidad indígena de Unión Baquiasa dentro de la jurisdicción de la Diócesis de Quibdó.

El 25 de diciembre, con base en estas informaciones y previo acuerdo entre las Diócesis de Apartadó y Quibdo, la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdo, organizó en conjunto con el Consejo Mayor de la ACIA, una comisión humanitaria al río Opogadó, con el fin de entregar ayuda alimentaria y facilitar los acuerdos necesarios entre las comunidades locales y los desplazados sobre su ubicación temporal. En el censo se registraron entre negros y mestizos 257 personas de 8 comunidades.

Ante esta situación que mantiene en riesgo y en indefensión a los habitantes de estas comunidades, la Diócesis de Apartadó, la Diócesis de Quibdó y el CINEP denuncian ante la opinión pública nacional e internacional:

1. Los paramilitares de las AUC vienen sembrando terror y la zozobra desplazando las comunidades campesinas de las cuencas de Salaquí, Truandó y Domingodó, por intereses económicos utilizando el sofisma de estar persiguiendo a la guerrilla.
2. La guerrilla de las FARC está generando miedo y presiona a las comunidades a encerrarse en la selva en condiciones infrahumanas.

El respeto que los actores armados vienen prometiendo, sigue quedándose en meras palabras, violando claramente el derecho que tienen las comunidades a vivir libre y tranquilamente en los territorios que les pertenecen.

1. Las Fuerzas regulares del Estado acantonadas en Riosucio son indiferentes ante la presencia y los movimientos de los paramilitares de las AUC, quienes tienen su centro de operaciones en el casco urbano de este municipio.
2. La presencia civil del Estado es escasa y poco eficiente, permitiendo un vacío que intentan llenar los grupos al margen de la ley con el único argumento de que tienen la fuerza de las armas. Aunque la Defensoría del Pueblo de la Seccional Urabá ha podido constatar directamente los hechos en dos oportunidades, no ha asumido la responsabilidad de enfrentarlos, como le corresponde. Por otro lado, la Red de Solidaridad tampoco se ha hecho presente para dar respuesta a la grave crisis humanitaria que están sufriendo las comunidades.

Invitamos a la opinión pública nacional e internacional a solidarizarse con los campesinos indígenas, negros y mestizos del Bajo Atrato que están sufriendo un desarraigo muy profundo que puede desembocar en el despojo definitivo de su territorio.

Apartadó, 3 de enero del 2003

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ARGUMENTOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS POR EL EQUIPO NIZKOR EN LOS QUE FUNDAMENTAR SU ACCIÓN.
1) Los crímenes sistemáticos contra la población civil son crímenes contra la humanidad y no sólo crímenes de guerra.
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/exterminio.html

2) Ante la paramilitarización de la Guerra Civil colombiana y la utilización de técnicas de exterminio selectivo y masivo de la población

civil.
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/uribe2.html
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Direcciones:
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