Tlahui-Politic. No. 7, I/1999


Causa por el robo de bebés: procedimiento en el Edificio Libertador

Información enviada al Director de Tlahui. Argentina, a 9 de Marzo, 1999. Arg - Allanan la sede de la inteligencia militar en el procedimiento por el robo de niños.

La Justicia allanó las oficinas de la inteligencia del Ejército El operativo fue ordenado por el juez federal Adolfo Bagnasco· Se llevó a cabo en febrero · Y en el marco de un proceso donde se investiga si hubo un plan sistemático para la apropiación de hijos de desaparecidos.

DANIEL SANTORO. Por primera vez en los últimos años, la Justicia inició un allanamiento en la sede central del servicio de inteligencia del Ejército para buscar listas de desaparecidos o documentos vinculados con el robo de bebés durante la dictadura, revelaron a Clarín en exclusiva fuentes oficiales.

El allanamiento lo ordenó el juez federal Adolfo Bagnasco en el marco de la causa abierta para investigar si hubo un plan sistemático, instrumentado por la dictadura, a fin de apropiarse de hijos de los desaparecidos y provocó momentos de tensión con el Ejército.

Bagnasco y el fiscal Eduardo Frelier encabezaron el operativo, que comenzó el 22 de febrero y hasta ahora se mantuvo en absoluta reserva.

Cuando el juez llegó al séptimo piso del Edificio Libertador para allanar las oficinas de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército se lo hizo pasar y hubo una serie de consultas con el jefe de la Fuerza, teniente general Martín Balza. Es que los jefes militares no sabían si el juez estaba facultado para meterse en el riñón del sistema de inteligencia militar más grande del país.

En base a una denuncia del periodista Horacio Verbitsky y un grupo de abogados, Bagnasco decidió controlar si es cierto que no queda documentación referida a la represión ilegal en las más de 300 cintas que componen el soporte magnético de la inteligencia del Ejército.

El único antecedente era el allanamiento que había realizado, hace un par de años atrás, el juez federal Claudio Bonadio a esas mismas oficinas pero únicamente para llevarse los libros de guardia de Jefatura de Inteligencia II, sin meterse con el archivo informático. Fue en el marco de la causa por la muerte del soldado conscripto Omar Carrasco, ocurrida en marzo de 1994. Por eso el 22 de febrero la presencia de Bagnasco suscitó un problema legalmente complejo y políticamente delicado.

En primer término, sucede que la facultad del juez de allanar esas oficinas bordea una zona legalmente gris. La ley de Defensa Nacional (número 23.554, de 1988) dice que los servicios de inteligencia militares dependen de los jefes de estados mayores y del ministro de Defensa.

Y desde entonces se dio por hecho que únicamente los miembros de las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado estaban autorizados a investigar la inteligencia militar que se produce en el país. Desde 1988, el espionaje militar debe dirigirse hacia el exterior. Es así porque los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer espionaje interno.

Además, nunca se sanciónó una ley de inteligencia que aclare quién puede investigar a los servicios de inteligencia militares. El compromiso de sanciónar esa norma -junto a otra de secreto de Estado- quedó establecido en la Ley de Defensa Nacional, que había terminado con la doctrina de seguridad nacional que anidaba en los militares del Proceso de Reorganización Nacional. En segundo término, el Ejército tiene acuerdos de cooperación con servicios de inteligencia extranjeros, como la CIA, que le suministran información secreta y estratégica bajo un estricto compromiso de confidencialidad.

A pesar de esta situación, el titular de la jefatura de Inteligencia II, general Jorge Miná, luego de hacer consultas con Balza y el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, evitó recurrir a esas faltas de definiciones legales y abrió el archivo informático de su jefatura a Bagnasco. Solo le pidió que el allanamiento "no incluya información proveniente de organismos de inteligencia extranjeros".

Lo que el Ejército no aceptó -agregaron las fuentes consultadas- fue entregar las cintas magnéticas de su sistema de computación para ser revisadas en tribunales, tal como sugirió el fiscal Freiler. Entonces, se decidió que peritos en informática de la Policía Federal trabajaran en reserva en las mismas oficinas de la jefatura II de Inteligencia y se llevaran únicamente aquella documentación que creyeran vinculada a la causa. En el juzgado estiman que los peritos tienen una semana más de trabajo.

Más allá de las cuestiones legales, el problema general para la investigación de Bagnasco es que la documentación referida a la lucha contra la subversión fue, en su mayor parte, destruida en 1983 por orden del entonces jefe del Ejército general Cristino Nicolaides.

Las primeras dudas sobre la eventual existencia de documentación en el Ejército referida a la represión ilegal surgió a fines de enero, precisamente a raíz de que Nicolaides -quien actualmente se encuentra detenido por esta causa- admitió ante la Justicia haber ordenado quemar los documentos de la lucha antisubversiva, aunque no todos. Y también dijo que aún debían de existir actas de la incineración de esos archivos.

Consultado sobre el tema, Balza, en aquel momento, aseguró que esos documentos de las juntas militares no están. Y negó la afirmación de Nicolaides de que en el Ejército deberían existir las actas de incineración.

El ex jefe del Ejército también aseguró que la orden de destrucción no incluía los legajos que los jefes de zona, subzona y área tenían sobre cada detenido, los que deberían estar archivados en cada comando. Previo a esta declaración, el Ejército envió a Bagnasco una copia del radiograma por medio del cual Nicolaides ordenó quemar los archivos, en noviembre de 1983, antes del retorno de la democracia.

En otro round de la pelea con Nicolaides, Balza firmó junto con los altos mandos del Ejército una declaración en la que negaron la existencia de esa documentación. Para tener una idea de la información contenida en ese archivo, una cinta de 250 megabytes de memoria puede guardar unas 52 mil hojas tamaño oficio.

Por eso desde el 22 de febrero peritos de la Policía Federal se encuentran analizando documento por documento y se espera que terminen esta semana con este monumental trabajo y, de una vez por todas, se sepa si queda o no archivada documentación referida a la represión ilegal. [Fuente: Diario Clarín de Buenos Aires, 8, marzo de 1999].

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