Tlahui-Politic. No. 7, I/1999
Causa por el robo de bebés: procedimiento en el Edificio Libertador
Información enviada al Director de Tlahui. Argentina, a 9 de Marzo, 1999.
Arg - Allanan la sede de la inteligencia militar en el procedimiento por el robo de niños.
La Justicia allanó las oficinas de la inteligencia del Ejército
El operativo fue ordenado por el juez federal Adolfo Bagnasco· Se
llevó a cabo en febrero · Y en el marco de un proceso donde se
investiga si hubo un plan sistemático para la apropiación de hijos
de desaparecidos.
DANIEL SANTORO.
Por primera vez en los últimos años, la Justicia inició un
allanamiento en la sede central del servicio de inteligencia del
Ejército para buscar listas de desaparecidos o documentos
vinculados con el robo de bebés durante la dictadura, revelaron a
Clarín en exclusiva fuentes oficiales.
El allanamiento lo ordenó el juez federal Adolfo Bagnasco en el
marco de la causa abierta para investigar si hubo un plan
sistemático, instrumentado por la dictadura, a fin de apropiarse de
hijos de los desaparecidos y provocó momentos de tensión con el
Ejército.
Bagnasco y el fiscal Eduardo Frelier encabezaron el operativo, que
comenzó el 22 de febrero y hasta ahora se mantuvo en absoluta
reserva.
Cuando el juez llegó al séptimo piso del Edificio Libertador para
allanar las oficinas de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército se
lo
hizo pasar y hubo una serie de consultas con el jefe de la Fuerza,
teniente general Martín Balza. Es que los jefes militares no sabían
si el juez estaba facultado para meterse en el riñón del sistema de
inteligencia militar más grande del país.
En base a una denuncia del periodista Horacio Verbitsky y un
grupo de abogados, Bagnasco decidió controlar si es cierto que no
queda documentación referida a la represión ilegal en las más de
300 cintas que componen el soporte magnético de la inteligencia
del Ejército.
El único antecedente era el allanamiento que había realizado, hace
un par de años atrás, el juez federal Claudio Bonadio a esas
mismas oficinas pero únicamente para llevarse los libros de
guardia de Jefatura de Inteligencia II, sin meterse con el archivo
informático. Fue en el marco de la causa por la muerte del soldado
conscripto Omar Carrasco, ocurrida en marzo de 1994. Por eso el
22 de febrero la presencia de Bagnasco suscitó un problema
legalmente complejo y políticamente delicado.
En primer término, sucede que la facultad del juez de allanar esas
oficinas bordea una zona legalmente gris. La ley de Defensa
Nacional (número 23.554, de 1988) dice que los servicios de
inteligencia militares dependen de los jefes de estados mayores y
del ministro de Defensa.
Y desde entonces se dio por hecho que únicamente los miembros
de las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del
Senado estaban autorizados a investigar la inteligencia militar que
se produce en el país. Desde 1988, el espionaje militar debe
dirigirse hacia el exterior. Es así porque los servicios de
inteligencia de las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer
espionaje interno.
Además, nunca se sanciónó una ley de inteligencia que aclare
quién puede investigar a los servicios de inteligencia militares. El
compromiso de sanciónar esa norma -junto a otra de secreto de
Estado- quedó establecido en la Ley de Defensa Nacional, que
había terminado con la doctrina de seguridad nacional que anidaba
en los militares del Proceso de Reorganización Nacional.
En segundo término, el Ejército tiene acuerdos de cooperación con
servicios de inteligencia extranjeros, como la CIA, que le
suministran información secreta y estratégica bajo un estricto
compromiso de confidencialidad.
A pesar de esta situación, el titular de la jefatura de Inteligencia II,
general Jorge Miná, luego de hacer consultas con Balza y el
ministro de Defensa, Jorge Domínguez, evitó recurrir a esas faltas
de definiciones legales y abrió el archivo informático de su jefatura
a Bagnasco. Solo le pidió que el allanamiento "no incluya
información proveniente de organismos de inteligencia extranjeros".
Lo que el Ejército no aceptó -agregaron las fuentes consultadas-
fue entregar las cintas magnéticas de su sistema de computación
para ser revisadas en tribunales, tal como sugirió el fiscal Freiler.
Entonces, se decidió que peritos en informática de la Policía
Federal trabajaran en reserva en las mismas oficinas de la jefatura
II de Inteligencia y se llevaran únicamente aquella documentación
que creyeran vinculada a la causa. En el juzgado estiman que los
peritos tienen una semana más de trabajo.
Más allá de las cuestiones legales, el problema general para la
investigación de Bagnasco es que la documentación referida a la
lucha contra la subversión fue, en su mayor parte, destruida en
1983 por orden del entonces jefe del Ejército general Cristino
Nicolaides.
Las primeras dudas sobre la eventual existencia de documentación
en el Ejército referida a la represión ilegal surgió a fines de enero,
precisamente a raíz de que Nicolaides -quien actualmente se
encuentra detenido por esta causa- admitió ante la Justicia haber
ordenado quemar los documentos de la lucha antisubversiva,
aunque no todos. Y también dijo que aún debían de existir actas
de la incineración de esos archivos.
Consultado sobre el tema, Balza, en aquel momento, aseguró que
esos documentos de las juntas militares no están. Y negó la
afirmación de Nicolaides de que en el Ejército deberían existir las
actas de incineración.
El ex jefe del Ejército también aseguró que la orden de destrucción
no incluía los legajos que los jefes de zona, subzona y área tenían
sobre cada detenido, los que deberían estar archivados en cada
comando. Previo a esta declaración, el Ejército envió a Bagnasco
una copia del radiograma por medio del cual Nicolaides ordenó
quemar los archivos, en noviembre de 1983, antes del retorno de la
democracia.
En otro round de la pelea con Nicolaides, Balza firmó junto con los
altos mandos del Ejército una declaración en la que negaron la
existencia de esa documentación. Para tener una idea de la
información contenida en ese archivo, una cinta de 250 megabytes
de memoria puede guardar unas 52 mil hojas tamaño oficio.
Por eso desde el 22 de febrero peritos de la Policía Federal se
encuentran analizando documento por documento y se espera que
terminen esta semana con este monumental trabajo y, de una vez
por todas, se sepa si queda o no archivada documentación referida
a la represión ilegal.
[Fuente: Diario Clarín de Buenos Aires, 8, marzo de 1999].
From: Editor Equipo Nizkor nizkor@teleline.es
Más información - Further information - Plus d'information
|