Se cierran los espacios para la defensa de los derechos humanos

Información enviada al Director de Tlahui. Colombia a 21 de Febrero, 1999. Col - Comienzan a cerrarse oficinas de organismos de ddhh. ante la falta de garantías.

La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, considerando,

1. Que nuestra Comisión desde el año 1992, puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las graves, sistemáticas y persistentes violaciones a los derechos humanos ocurridas en el municipio de Trujillo, donde más de 300 personas fueron sometidas a torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, en una acción conjunta y mancomunada de miembros de la fuerza pública, sicarios y narcotraficantes.

2. Que en el mes de septiembre de 1994 con la mediación de la CIDH se llegó a un acuerdo en torno a un acta de entendimiento para propiciar una solución amistosa con el gobierno colombiano, en razón de la cual se constituyó la "Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo", la cual formuló detalladas recomendaciones para la superación de la total impunidad en que permanecían los hechos, así como la reparación a las víctimas y la sociedad, recomendaciones que posteriormente fueron valoradas y hechas suyas por parte de la CIDH en su 88 periodo de sesiones realizado en el mes de febrero de 1995.

Al recibir dicho informe el Presidente Ernesto Samper expresó: "Hechos y no declaraciones son y serán la norma de mi Gobierno en relación con la protección de los derechos humanos". También manifestó que: "Somos y queremos un país distinto al que aparece en estas visiones apocalípticas de angustia sobre los hechos de Trujillo. Un país donde jamás se repitan estos sucesos.... Venimos, además, con un firme propósito de enmienda: el de que, ojalá nunca jamás, esta historia, la triste historia de Trujillo se repita."

3. Que una y otra vez los diferentes gobiernos - incluido el actual, del Doctor Andrés Pastrana Arango -, han hecho repetidas declaraciones, directivas, resoluciones y pronunciamientos, manifestando supuestos compromisos para garantizar la vigencia de los derechos humanos, así como el libre desarrollo de las actividades por parte de los organismos no gubernamentales que han promovido su respeto. Declaraciones y manifestaciones alejadas de la realidad y del drama de millares de colombianos.

4. Que las recomendaciones formuladas por la CIDH, desde hace tres años, vienen siendo sistemáticamente desatendidas. Que la impunidad de tan horrendos crímenes continúa galopante, mientras que las medidas de reparación social no han tenido incidencia en los familiares de las víctimas. Por el contrario, hoy nuevamente los grupos paramilitares se rearticulan en la región; por parte de los mismos se establecen retenes en las vías veredales, libremente se permite el ingreso de cargamentos de armas, públicamente se sostienen reuniones en la cabecera municipal y son cometidos una serie de asesinatos, presentados como hechos de "limpieza social", en un claro accionar libre, público y abierto, ante la indiferencia o complicidad de las autoridades.

5. Que mientras se mantiene la etapa de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrantes de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo -AFAVIT-, así como los miembros del Equipo de Trabajo de Justicia y Paz en la región, han sido víctimas de reiteradas amenazas y hostigamientos, con la finalidad de impedir sus demandas de justicia y reparación social e individual.

6. Que a pesar de haber sido puestos estos hechos en conocimiento de las autoridades desde el año 1998, exigiendo de ellas respeto y garantías para el libre ejercicio de nuestras actividades en la región, hasta la fecha no conocemos de acción alguna en tal sentido. Por el contrario, el nivel de las amenazas se ha incrementado significativamente, aludiendo a que a los integrantes de Justicia y Paz se les hará lo mismo que a las víctimas de los hechos ocurridos entre 1988 y 1994.

7. Que a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares a favor de los integrantes de AFAVIT y del Equipo de Trabajo de Justicia y Paz, emplazando al gobierno a responder en el plazo perentorio de 8 días, dada la gravedad de la situación, el gobierno colombiano, una vez más ha incumplido.

8. Que lo anterior hace evidente la carencia total de garantías para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de nuestras actividades en dicha región, a su vez que devela la existencia de una política en contra de quienes hemos asumido la defensa de los derechos humanos, no solo en nuestra institución, sino también en las otras organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, poniendo de presente la ausencia de voluntad del Estado colombiano para combatir estos grupos criminales.

En razón de lo anterior a partir de la fecha

RESOLVEMOS

1. Cerrar nuestras oficinas en el municipio de Trujillo, Valle, a partir del día de hoy, y de manera indefinida, hasta tanto sean generadas garantías y condiciones serias, reales y eficaces por parte del Estado colombiano para el libre desarrollo de nuestras actividades en dicha región.

2. Continuar apoyando la decisión de cierre de las oficinas del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Ibagué y Barranquilla, y de las otras organizaciones que se vean obligadas a tomar esta misma determinación, exigiendo garantías y condiciones al Estado colombiano, para la reanudación de las labores. Santafé de Bogotá, febrero 19 de 1999. Comité Ejecutivo.

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