Defensores de ddhh en peligro de extinción, el paramilitarismo se consolida.

Información enviada al Director de Tlahui. Colombia, a 14 de Marzo, 1999. Col - El paramilitarismo se consolida como estrategia estatal de control político y social.

La historia de nuestro país se ha caracterizado por el desconocimiento de los derechos fundamentales del grueso de la población y por el ejercicio de todas las formas de violencia y barbarie contra quienes nos atrevemos a reclamar su cumplimiento. Como respuesta a los reclamos de respeto por la vida, la libertad, el trabajo, la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y otros derechos, millones de personas hemos recibido el asesinato, la desaparición, la detención, la amenaza, la tortura, el desplazamiento forzado o el exilio, así como la criminalización y exterminio sistemático de formas organizativas de la población como sindicatos, juntas comunales, movimientos cívicos, comités estudiantiles, organismos de derechos humanos y asociaciones campesinas.

Pese a que todo nuestro trabajo se reduce a reclamar el cumplimiento de las normas de la Constitución Colombiana y a que siempre actuamos dentro de los marcos estrictamente legales, reclamando en todo momento la vigencia de los fundamentos de una verdadera democracia, la clase gobernante nos ha catalogado como enemigos internos y como una peligrosa amenaza para las instituciones, ejecutando en contra nuestra actos criminales que incluso son anteriores a la existencia de la guerrilla, tal como ocurrió a principios de este siglo en la zona bananera del Magdalena.

Gracias a las políticas que los Estados Unidos de Norte América han trazado para países como el nuestro, las cuales incluyen la formación de militares colombianos en la ya conocida Escuela de las Américas, el conflicto social que históricamente padece nuestro país ha intentado resolverse por la vía criminal de la "Doctrina de la Seguridad Nacional", la cual considera objetivo militar a cualquier inconforme u opositor del sistema económico y político y valida cualquier forma de exterminio de la protesta social, bien sea mediante su criminalización o represión directa. Para combatir al "enemigo interno" el Estado ha recurrido a convertir en delito casi todas las manifestaciones propias del descontento social, se ha valido de testigos secretos o comprados para llevar a la cárcel a quienes reclamamos mejores condiciones de vida, ha creado escuadrones de la muerte y grupos de "limpieza social", ha autorizado y apoyado grupos paramilitares, ha bombardeado y ametrallado comunidades y ha garantizado la impunidad absoluta de todos los funcionarios públicos comprometidos con todas las formas criminales, incluso ascendiéndolos y condecorándolos.

Los resultados de tan criminal estrategia de control no podrían ser más adversos al sistema de gobierno y hoy la democracia se encuentra aún más gravemente lesionada, evidenciándose que a medida que las formas organizativas legales y civilistas se encuentran prácticamente exterminadas, las expresiones violentas se multiplican por miles y se dispersan por toda la geografía nacional.

También se ha constituido en resultado negativo de esta estrategia de control la evidencia innegable ante la comunidad nacional e internacional de la participación directa de agentes del Estado en todas las formas criminales contra sectores populares, para lo cual las autoridades se han dado a la tarea de limpiar la imagen de sus instituciones mediante campañas publicitarias y encubrimiento de responsabilidades, pero ante todo con la promoción del paramilitarismo que permite descargar en terceros, mediante acciones encubiertas, la responsabilidad de los actos ejecutados conforme a la política de guerra sucia.

Para nosotros es claro que el paramilitarismo no es un tercer actor en el conflicto sino tan solo un aparato de guerra y de terrorismo de Estado, una extensión de las Fuerzas Armadas concebida en la lógica de eliminar cualquier expresión de inconformidad con el sistema y de paso limpiar su deteriorada imagen; su accionar no ha estado dirigido a enfrentar militarmente a la guerrilla sino a reprimir salvajemente a los sectores sociales inconformes con las políticas oficiales y a garantizar la expropiación de tierras dedicadas a grandes proyectos de desarrollo o poseedoras de enormes riquezas naturales.

El ejercicio de criminales actos contra defensores de derechos humanos y otras formas de organización social no constituye pues ninguna novedad y de ello responsabilizamos directamente a las instituciones y autoridades del Estado, quienes con su acción u omisión han ideado y alimentado esta criminal práctica de control social; a ellos los responsabilizamos no solo de los últimos hechos, donde resultaron secuestrados cuatro miembros del IPC y asesinados JULIO ERNESTO GONZÁLEZ y JESÚS EVERARDO PUERTA, coordinadores de las seccionales de Medellín y Cali de la Fundación COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, sino además de esta larga historia de crímenes contra las organizaciones sociales y los responsabilizamos también de nuestra integridad.

Rechazamos abiertamente la campaña de desinformación que pretende mostrar a la delincuencia común como la responsable del asesinato de los compañeros del C.S.P.P. y una vez más rescatamos su esencia de personas comprometidas con la lucha por la justicia social y la dignidad humana y exigimos de las respectivas autoridades no permitir el desvío de la investigación y sanciónar a los responsables de este nuevo crimen contra las organizaciones sociales, así como seguimos esperando que se sancióne a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de JESÚS María VALLE, EDUARDO UMAÑA y JORGE ORTEGA.

Como organizaciones sociales y de derechos humanos nos reconocemos parte en este conflicto, manteniendo eso sí nuestra absoluta independencia frente a cualquier sector armado. Somos sujetos pensantes y actuantes, tenemos posiciones y propuestas que no nos permiten estar al margen de la aguda problemática social que padece esta querida patria. Luchamos por la vigencia de la Constitución Política, por el cumplimiento efectivo de esos derechos que están allí consagrados y los exigimos de las autoridades por ser las únicas que material, jurídica y económicamente pueden garantizarlos.

Luchamos por nuestros derechos y denunciamos su violación de una manera civil y legal y eso nos ha costado mucha represión y persecución , ahora quieren convertirnos también en trofeo de guerra, en prisioneros de guerra, a quienes hemos tenido la opción de no acudir a las armas para reclamar respeto por nuestra dignidad humana; ahora quieren forzarnos a reconocer como política y legítima la práctica criminal de exterminio a que se nos ha sometido históricamente, quieren obligarnos a limpiar la imagen del Estado y la de sus aparatos encubiertos, renunciando a nuestra labor o institucionalizando nuestro pensamiento.

Esta larga cadena de hechos criminales en contra de defensores de derechos humanos y miembros de las demás organizaciones sociales, en cuya historia se cuenta con asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, criminalización y exilio forzoso, nos lleva a manifestar que el gobierno colombiano, contrario a brindar garantías para el desarrollo de nuestra actividad social, ha desplegado toda una campaña para su criminalización y ha impulsado la constitución de criminales grupos paramilitares que cuentan con apoyo de sus funcionarios, para quienes se garantiza la impunidad de sus actos.

Hoy reclamamos nuevamente del Estado poner fin a la guerra sucia mediante el desmonte de los grupos paramilitares y la sanción disciplinaria y penal de todos los funcionarios públicos y los particulares comprometidos con esta práctica ; hoy reclamamos poner fin a la criminalización de la protesta social y devolver la libertad a los sindicalistas y defensores de derechos humanos llevados a prisión ; el esclarecimiento y sanción de los responsables en el asesinato de los defensores de derechos humanos del C.S.P.P., así como la reparación moral y material para las familias, organizaciones y comunidades afectadas ; hoy algunas organizaciones, como el COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, se ven forzadas a cerrar sus oficinas para defender su propio derecho a la vida y por eso acudimos ante la comunidad nacional e internacional para buscar en ella el respaldo que no hallamos en nuestras propias autoridades y sólo cuando acordemos las medidas de acompañamiento y de protección que solidariamente han ofrecido organizaciones, instituciones y gobiernos de otros países se normalizará nuestro trabajo y se reabrirán las sedes cerradas, porque no estamos renunciando a nuestra lucha por la construcción de la democracia y la vigencia de la dignidad humana.

Suscriben, Cut -Subdirectiva Antioquia; Colectivo de ddhh Semillas de Libertad; CODEHSEL; Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA; Unión Nacional de Empleados Bancarios; Asoc Campesina de Antioquia; SINTRAEMDES; Sindicato de Trabajadores del Sena (SINDESENA); Sindicato de Trabajadores de la Industria del Tabaco (Sintraintabaco); Corporación Jurídica Libertad; SUTIMAC Medellín; Sindicato de Trabajadores Quintex; Partido Comunista Colombiano; Sintraincapla (Medellín e Itagui); Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Continental; Sintrquin Itagui; Colectivo Sindical Guillermo Marin; Sintratextil; Directiva Nacional Itagui y Rionegro; Sintraleonisa; Asoideace; Colectivo de Estudiantes de la Universidad de Antioquia; Sintraeverfit; Sintrahospital General de Medellín; Colectivo de Estudiantes del Liceo Marco Fidel Suárez; Sintraholasa; Sintrainduleche; Sintraprecomprimidos; Organización Política Comuneros; Sintrame Medellín Itagui; Sintrapintuco; Sinuvicol; Sindicons; Sinthol Medellín Rionegro; Presentes por el Socialismo; Sintraclinica Medellín; Anthoc Antioquia; Sintralayder; Sembrar; Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Asfaddes Medellín; Comunidades Eclesiales de Base; Comité de ddhh del Noroeste Antioqueño; Comité de ddhh del Oriente Antioqueño; Comisión de Justicia y Paz.

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