Informe de los observadores civiles en el Municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca

Información enviada al Director de Tlahui. México a 2 de Mayo, 1999. Informe de la Misión Civil de Observación en el Municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca. Durante los días 16 y 17 de abril del presente, diversos organismos civiles y las Redes Estatal y Nacional de Derechos Humanos, nos constituimos en el municipio de Santiago Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, para realizar un recorrido de observación con la finalidad de constatar la situación que prevalece en este municipio a raíz del conflicto político electoral en la elección de sus Autoridades Municipales.

Visitamos las Agencias Municipales de El Huamuche, La Humedad y San Lucas Atoyaquillo en donde también participaron autoridades y ciudadanos de las Agencias de Corral de Piedras y Las Trojes. En dichas comunidades nos reunimos o entrevistamos con grupos de mujeres, campesinos, Autoridades Municipales y Agrarias, o la asamblea comunitaria. En la cabecera municipal realizamos encuentros con diferentes actores del conflicto: autoridades tradicionales, Concejales del Ayuntamiento suspendido provisionalmente por la Cámara de Diputados, ciudadanos y/o Agentes de las comunidades de Xiniyuba, La Cuchara, Llano Verde, La Humedad, Pueblo Viejo, El Mosco. También entrevistamos al destacamento de la Policía Preventiva que custodia el palacio municipal. El sector magisterial no permitió entrevista. Podemos afirmar que la Misión se entrevistó con todos los actores involucrados en el conflicto, incluyendo a las dos partes en controversia.

ANTECEDENTES:

Las raíces del conflicto político electoral son diversas y además añejas. Los ciudadanos y comunidades nos relataron que las imposiciones de autoridades municipales se remontan al año de 1990, ocasión en la que el pueblo eligió a Donato Ruiz Quiroz pero el C. Paulino Millán García se impuso con la fuerza de la Policía Preventiva y el apoyo de Francisco Iglesias, originario de Pinotepa Nacional. Las imposiciones han ocasionado muchos crímenes, como ocurrió el 19 de enero de 1996, cuando fue asesinado con arma de fuego el Presidente Municipal para el periodo 1996-98, Rigoberto Merino. Algunos ciudadanos cuestionaron la legalidad del Presidente Municipal anterior, Nicolás Ramírez Roque, porque nunca convocó a una Asamblea Comunitaria tras el homicidio del Presidente.

El presente conflicto electoral se inició en la Asamblea Comunitaria del 16 de Agosto del año pasado, durante la cual el Presidente Municipal de entonces intentó imponer por la fuerza a su hijo Filemón Ramírez como presidente municipal, en tanto la Asamblea eligió a Leónides López Alavez.

Sin embargo, una gran cantidad de testimonios recabados indican que el problema político actual se debe también a la mala administración pública del municipio en periodos anteriores; a los engaños de que han sido objeto las Agencias Municipales, núcleos rurales o ciudadanos en cuanto a obras de infraestructura u otros tipos de apoyos; a la utilización de fondos públicos para inducir el voto; así como al enriquecimiento ilícito de autoridades municipales.

Por otra parte, hay una vertiente agraria en el conflicto. Comuneros de Ixtayutla señalan que nunca supieron de los fondos originados por la explotación forestal realizada años atrás. Actualmente se vive también un conflicto por la imposición del Representante de Bienes Comunales en Ixtayutla. El 19 de febrero, el Tribunal Agrario resolvió que la residencia de la Procuraduría Agraria convocara legalmente para la realización de la asamblea comunitaria en la cual se determinaran los miembros de la representación de bienes comunales.

Reporte de los hechos observados:

Son realmente evidentes las condiciones de marginación y extrema pobreza en la que viven los habitantes del municipio de Santiago Ixtayutla, condiciones que se han visto agravadas, aún más, por el reciente conflicto político electoral, el cual ha afectado de manera alarmante toda la vida comunitaria.

Por ejemplo, fue un clamor extendido de las mujeres la exigencia al Gobierno del Estado para poner fin al conflicto, pues se quejaron que la continua participación de sus esposos, y de ellas mismas, no les ha permitido trabajar en forma regular, lo cual merma los ingresos familiares y repercute directamente en la alimentación de sus hijos. Así también se quejaron que no existe en el municipio el Registro Civil, ni el servicio de las Actas de Defunción. Nos refirieron que los niños no acuden regularmente a la escuela a causa del conflicto político.

La población se queja también que no hay quien realice la justicia en el pueblo. Que hay problemas de diversa índole pero que no hay quien los resuelva. No conocen al Administrador Municipal ni saben donde encontrarlo. Que al no existir justicia, los delitos aumentan y la población vive en la inseguridad. Nosotros pudimos constatar que los Tatamandones estaban atendiendo los problemas comunitarios ante el vacío de autoridad. Nos parece digno de resaltar que las formas tradicionales de administrar justicia no se han perdido y en este momento evitan el total deterioro de la convivencia pacífica.

Los ciudadanos identificados como de usos y costumbres se quejaron que el otro grupo llevó los días 4, 5 y 6 de febrero, de manera mal intencionada, a un supuesto obispo lefebriano que impartió sacramentos en las capillas católicas, con la finalidad de confundir a la población y ganar más miembros para su grupo. Los del ayuntamiento desaparecido, afirman que efectivamente sí lo llevaron porque no les quedó otra oportunidad ante la negativa de los sacramentos por parte de su Parroquia. Lo cierto es que el hecho acrecentó enormemente la tensión. Posteriormente, los días 8, 9 y 10 de marzo, el Sr. Obispo Miguel Ángel Alba Díaz visitó la población de Ixtayutla y se entrevistó con ambas partes, quienes expusieron su visión del conflicto y las posibles vías de solución.

Pudimos constatar que uno de los acontecimientos que más ha indignado a la parte inconforme que tenía tomado el palacio municipal desde el día 7 de enero, fue el desalojo violento que sufrieron el día 6 de marzo pasado, con un saldo de nueve heridos. Además de heridos, cuentan que los "priístas" les quemaron cobijas, petates, redes con tortillas, bancas y les robaron aparato de sonido y dinero en efectivo. Los policías preventivos observaron tales hechos delictivos y no actuaron. De tales delitos no se ha hecho justicia, ni se sabe que siga la indagatoria iniciada, afirmaron los informantes.

Un ciudadano herido recientemente, y sus familiares, nos contaron que no pueden salir a trabajar al campo por la inseguridad y el temor en el que se vive. Al no contar el herido con la adecuada atención médica, ahora está en graves condiciones de salud y no puede trasladarse a la ciudad por la carencia de recursos económicos. Recibimos testimonio de otros delitos que se han cometido recientemente.

Muchas personas nos platicaron que no han hecho sus rozos para la próxima temporada de lluvias, no solamente por que se han ocupado del problema político, sino también por el temor a ser agredidos y porque no hay representante agrario que pueda resolver los problemas intracomunitarios que en este tiempo se presentan. De hecho, muchos campesinos no pudieron hacer sus pequeñas siembras de frijol de "chague" (riego). Así, de no resolverse de fondo y prontamente el conflicto político, se prevé una hambruna mayor para todo el próximo año.

La ausencia del Administrador Municipal nombrado por el Gobierno del Estado los primeros día de marzo es evidente. Si bien dos Agencias Municipales dijeron que habían sido visitadas en alguna ocasión, la mayoría de los ciudadanos afirman no conocerlo. La parte identificada con el ayuntamiento desaparecido, entrevistados en la cabecera municipal, afirman que nunca permitirán la entrada del Administrador. La otra parte afirma que el lunes 12 de abril pasado, se reunieron por primera vez con el Administrador Fidel David Hernández Hernández en Jamiltepec, un total de 10 Agentes Municipales y aproximadamente 15 tatamandones y que en esa ocasión constituyeron el Consejo de Desarrollo Municipal y se priorizaron las obras a realizarse. Pero que claramente el Administrador les dijo que él solamente estaba para administrar los recursos, no para resolver el problema interno del pueblo, ni para administrar la justicia. Que ya después vería lo del Registro Civil y que para las Actas de Defunción se dirigieran con el Ministerio Público (función que no le compete a este).

Por los múltiples testimonios recogidos, podemos afirmar que el Ejército Mexicano se hizo presente en el municipio de Santiago Ixtayutla el día 5 de abril pasado y se retiraron al día siguiente. En entrevistas por separado, tanto los simpatizantes del ayuntamiento desaparecido como los integrantes de la Policía Preventiva nos dijeron que el pelotón de la Fuerzas Armadas llegó al pueblo con la finalidad de entregar las cartillas del servicio militar, pero que al no encontrar autoridades, se regresaron a su cuartel. Que incluso cuentan con una acta en donde constan los motivos de la visita. Sin embargo, otros muchos ciudadanos afirman que los miembros del Ejército estuvieron haciendo rondines durante casi toda la noche del 5de abril, y que como nada más hablaron con personas que pertenecen a quienes los desalojaron del Palacio Municipal, tienen miedo que se puedan convertir en un aliado de los mismos.

En nuestro recorrido por las comunidades, el día 17 de abril, pudimos constatar además, la presencia de 3 miembros de la Secretaria de Gobernación, quienes nos dijeron que el Gobierno Federal está preocupado por la situación que se vive en este municipio.

Alternativas de las partes:

La parte identificada como de usos y costumbres afirma con insistencia que sólo la realización de la asamblea comunitaria podrá resolver de fondo el conflicto que se vive. Solicitan que el Administrador y el Gobierno del Estado convoquen y colaboren para la realización de la asamblea comunitaria que debería contar con todos los elementos de legalidad necesaria para que sea respetada por todos.

Los simpatizantes del ayuntamiento desaparecido afirman que no apoyarán la realización de la asamblea comunitaria. Proponen la integración del ayuntamiento con la participación de las dos partes del conflicto, conservando ellos la Presidencia Municipal.

Conclusiones y sugerencias:

Los integrantes de la misión civil de observación pudimos comprobar que el conflicto electoral tiene antecedentes graves y complejos, pero que además, en este momento se ha polarizado en grado alarmante y por ello merece una atención seria y de fondo para evitar daños irreparables o situaciones fuera del control. En este contexto, nosotros creemos conveniente señalar que: ? Es urgente que el Gobierno del Estado defina la situación del Administrador Municipal dentro del marco del Derecho, ya que en estos momentos el conflicto está entrampado y no se prevén avances mientras este punto no se resuelva. Hacemos resaltar que todo cuanto suceda por esta indefinición es responsabilidad del Gobierno del Estado. ? Considerando: que el problema de fondo es la elección de Autoridades Municipales en el régimen de "usos y costumbres" de la legislación estatal, y que ambas partes del conflicto nos afirmaron tener la mayoría de la población a su favor, es necesario que se creen las condiciones necesarias para la realización de la asamblea comunitaria legal, de modo que todos los ciudadanos puedan ser convocados y participar libremente.

? Si el conflicto se prolonga irresponsablemente sea por parte del Gobierno del Estado, la Cámara de Diputados o los grupos en conflicto, se corren altos riesgos de llegar a niveles mayores de hambre, inseguridad y violencia. Ya son sumamente alarmantes los signos de deterioro de la convivencia pacífica de los habitantes del municipio así como de sus derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad pública e impartición de justicia.

Dado que las quejas de los ciudadanos y de ambas partes del conflicto se refirieron también a la mala actuación de los Poderes Ejecutivo (en este vacío de autoridad creado desde la desaparición de poderes el día 3 de marzo) y Legislativo (por la validación de la Asamblea realizada el 18 de diciembre, misma que fuera invalidada por el Instituto Estatal Electoral el día 30 de diciembre), relacionados así como parte del conflicto, proponemos que se cree una Comisión de Pacificación y Resolución del Conflicto, en la que además de participar las partes involucradas y las instancias gubernamentales correspondientes, participen también ciudadanos de reconocida solvencia moral y conocedores del conflicto.

Si bien puede justificarse con actas los motivos de la presencia del Ejército en el municipio de Santiago Ixtayutla, es evidente que tal justificación es por lo menos ingenua, siendo del conocimiento público que no existen autoridades municipales legalmente constituidas en Santiago Ixtayutla. Por lo tanto, la presencia del Ejército en tal contexto podía calificarse de intimatoria y fuera de la ley.

La Misión Civil de Observación presentará un informe más detallado a las partes del conflicto así como a los poderes del Estado de Oaxaca. Del mimo modo, seguirá atento a los acontecimientos que ocurran en el municipio de Santiago Ixtayutla y a la solución del conflicto.

Organismos integrantes:

Taller Universitario de Derechos Humanos de Oaxaca (TUDHO). Colectivo Luna Zeta, Tequio Jurídico, A. C., Servicios para una Educación alternativa A. C., Colectivo Oaxaca por la Paz, Servicios del Pueblo Mixe A. C., Centro de Derechos Humanos los Príncipes A. C., Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto" A. C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii A. C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, A. C., Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida", Movimiento por la Paz A. C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos".

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