Tlahui-Politic. No. 7, I/1999
EZLN y la consulta nacional sobre derechos indígenas
Información enviada al Director de Tlahui. México a 26 de Abril, 1999. SIPAZ (Mayo): Sumario
Chiapas, México.
SIPAZ http://www.nonviolence.org/sipaz
SIPAZ Informe, Año 4, No. 2 --- Mayo 1999.
SUMARIO
El 21 de marzo pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
uniendo esfuerzos con grupos de la sociedad civil mexicana organizó una
consulta nacional sobre derechos indígenas. Antes de la votación, 5000
delegados zapatistas se desplegaron en los 32 estados de México. Más de 2.5
millones de mexicanos participaron en esta votación popular, con un 96% de
respuestas afirmativas a las cuatro preguntas. Lo más significativo fue el
apoyo a la propuesta legislativa de la COCOPA (Comisión de Concordia y
Pacificación, integrada por miembros del Congreso)) para la implementación
de los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996. Cabe recordar que dicha
propuesta fue rechazada por el gobierno federal y que el EZLN insiste en
que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una condición para la
reanudación de los diálogos de paz.
Aunque esta votación popular no tiene peso legal, podría presionar a los
miembros del Congreso a que reevaluaran la propuesta legislativa de la
COCOPA. Mientras se están acercando las elecciones presidenciales del
próximo año, la consulta además pone nuevamente en la agenda el tema de los
derechos indígenas y del conflicto chiapaneco.
Las autoridades del Estado de Chiapas han emprendido sus propias
iniciativas para difundir la idea de que el conflicto está disminuyendo,
que el EZLN ha empezado a desarmarse y que Chiapas está avanzando con o sin
los zapatistas. En marzo, el gobernador Roberto Albores presentó una
propuesta de ley sobre derechos y cultura indígena, subrayando que estaba
basada en los Acuerdos de San Andrés. Fue criticada por su falta de
sustancia y, frente al rechazo del EZLN, se ve poco probable que contribuya
a reducir las tensiones. Pero sí genera ante la opinión pública la imagen
de un gobierno de está trabajando por la paz.
Se puede decir lo mismo de la propuesta de ley de desarme del gobernador,
la cual fue aprobada por el Congreso del estado en febrero. Aunque el texto
no incluye ni al EZLN ni a los grupos paramilitares, sí ha permitido montar
el escenario para varios eventos altamente divulgados en los cuales
supuestos zapatistas entregaron sus armas públicamente a cambio de
asistencia económica. El EZLN ha negado enérgicamente que eran zapatistas,
denunciando más bien que dichos individuos eran parte de grupos
paramilitares o delincuentes comunes y, en algunos casos, proveyó
información detallada sobre ellos (incluso sus nombres). No obstante,
mientras las imágenes de 'zapatistas' entregando sus armas al gobernador
Albores dieron la vuelta al mundo en distintos periódicos, los desmentidos
del EZLN casi no fueron publicitados. A pesar de lo anterior, la consulta
demuestra que el apoyo a nivel local y nacional al EZLN sigue creciendo.
En Chiapas, varios acontecimientos sugieren un posible fortalecimiento de
la posición de los zapatistas en la entidad. En la 'zona de conflicto', el
retorno de miles de desplazados sigue siendo una apremiante necesidad. En
la zona Norte, en una visita reciente, SIPAZ observó que algunas familias
desplazadas de la oposición pudieron regresar pacíficamente a sus
comunidades. También, en esta visita, se constató una sorprendente apertura
hacia el EZLN en el discurso de líderes del grupo paramilitar 'Desarrollo,
Paz y Justicia' que, en los últimos años ha generado serios conflictos en
la zona.
El 7 de abril, aumentó la tensión en San Andrés Larraínzar cuando el
alcalde electo priísta retomó los edificios municipales respaldado por
centenares de elementos de la Seguridad Pública. Los zapatistas que no
habían participado en las elecciones locales oficiales de octubre pasado,
se retiraron sin violencia de los edificios que habían ocupado desde el 95;
pero el día siguiente, entre 1000 y 3000 de ellos retornaron para volver a
ocuparlos. En esa ocasión, la policía se retiró pacíficamente. El
gobernador Albores pareció dar marcha atrás cuando explicó más tarde que el
problema más que legal era político, y, por lo tanto, que se requería una
solución política. No obstante, el gobierno sigue con su iniciativa de ley
de Remunicipalización con el aparente propósito de socavar la influencia
política zapatista.
En la investigación en curso de la masacre de Acteal de diciembre de 1997,
algunos testimonios de policías detenidos en el marco de dicha
investigación, implicaron a este cuerpo de seguridad en la compra de armas
ilegales y en la protección de los grupos paramilitares que las usaron. A
causa de eso, dos ex-oficiales del estado fueron acusados.
En el terreno internacional, México fue uno de los 15 países que fue
sometido a un escrutinio especial durante la reciente sesión de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Coincidiendo con la petición de
un centenar de ONG mexicanas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de la ONU, Mary Robinson anunció que visitará México en octubre. En un
informe en marzo, Amnistía Internacional siguió expresando fuertes críticas
en contra de las sistemáticas violaciones de derechos humanos,
particularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, estados en los cuales
existen grupos armados de la oposición.
A corto plazo, son pocas las perspectivas de una solución al conflicto
chiapaneco. El EZLN sigue generando iniciativas políticas destinadas a
acrecentar la atención pública y la movilización de la sociedad civil, cuyo
papel es clave en dicha resolución. Al mismo tiempo, el EZLN parece tener
poca esperanza de negociaciones fructíferas con el gobierno de Zedillo.
Muchos analistas políticos creen que para lo que queda de su sexenio, el
presidente Zedillo a lo sumo ha optado por 'administrar' el conflicto en
Chiapas más bien que por darle una solución política o militar. Las
iniciativas políticas del gobierno federal (que parecen apuntar hacia la
paz pero que, por marginar al EZLN en la resolución del conflicto, tienen
pocas perspectivas de éxito) parecen confirmar esta hipótesis. Por otra
parte, la fuerte militarización de la zona permite mantener un estrecho
control; el costo ha sido el incremento de las violaciones a los derechos
humanos como lo han reportado constantemente los observadores
internacionales. Mientras por un lado existen signos de que las comunidades
buscan alejarse de la violencia para lidiar con los conflictos locales, por
el otro, la falta de soluciones a los problemas de fondo de una asfixiante
pobreza y la opresión política hacen que sea muy probable que la tensión,
la polarización y la violencia sigan avanzando.
From: Ricardo Carvajal. Coordinador de SIPAZ Chiapas sipaz@igc.org
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