La contienda por los derechos y cultura indígena sigue

Información enviada al Director de Tlahui. México a 26 de Abril, 1999. SIPAZ (Mayo): Actualidad. Chiapas, México. SIPAZ http://www.nonviolence.org/sipaz. SIPAZ Informe, Año 4, No. 2 --- Mayo 1999

ACTUALIDAD

CHIAPAS: La contienda por los derechos y cultura indígena sigue A principios de marzo, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, presentó su propia iniciativa de ley estatal sobre derechos y cultura indígena. Dijo que dicha iniciativa está basada en los Acuerdos de San Andrés y en la propuesta de ley que el presidente Zedillo entregó al Congreso de la Unión el año pasado. Empero, la iniciativa es muy vaga y parece pasar por alto los Acuerdos de San Andrés, en particular respecto al derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Relativo a los recursos naturales y la tierra, la iniciativa nada más estipula castigos por ejemplo por delitos ambientales y no concede ningún derecho a las comunidades indígenas.

La presentación se dio al mismo tiempo que las preparaciones para la consulta popular nacional 'por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio' (para detalles sobre la consulta ver artículo especial después).

Aprobación de la 'Ley de Amnistía' El 25 de febrero el Congreso local aprobó la iniciativa de 'ley de amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas' y la mandó al Congreso de la Unión para su aprobación. El gobierno estatal organizó centenares de reuniones con comunidades y organizaciones para promoverla y obtener el apoyo de los chiapanecos. Un representante de una organización de base en Chilón comentó al respecto a SIPAZ: "Solamente se realizó la consulta gubernamental en 'ambientes priístas' y se juntaron firmas de representantes de los ejidos por comprar gente." La iniciativa aprobada excluye de la amnistía a integrantes del EZLN y a organizaciones civiles con estructura, adiestramiento o disciplinas similares a las del Ejército. A las personas que voluntariamente entregan sus armas se ofrecen proyectos productivos y asistencia técnica para 'impulsar su desarrollo económico'. El plazo para entregar las armas será de 120 días después de la entrada en vigor de la ley.

Mientras tanto el gobierno estatal anunció que, en los cinco años desde el levantamiento, 15 mil simpatizantes zapatistas salieron de las filas del EZLN y responsabilizó al subcomandante Marcos de las deserciones. Un ejemplo de esto sería, según el gobernador, a finales de marzo la entrega de armas por 14 milicianos zapatistas en el municipio de Ocosingo. Acto que fue acompañado por una gran campaña de publicidad. El EZLN calificó el asunto de "una farsa y un teatro" y denunció que los 14 supuestos zapatistas eran en realidad integrantes del grupo paramilitar MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) que está presente en esta región. Durante los últimos meses se realizaron más entregas de armas por supuestos zapatistas.

Signos de distensión y nuevas tensiones En la zona Norte, la zona más conflictiva entre 1995 y 1997 por la actuación del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, se realizó el retorno de 14 familias en la comunidad Cruz Palenque, municipio de Tila. Salieron de la comunidad en 1997 bajo amenazas de priístas y miembros de Desarrollo Paz y Justicia. Para el retorno se firmó un acuerdo entre la comunidad y las familias refugiadas. En una visita de SIPAZ algunos días después del retorno, las familias retornadas informaron que todavía no habían recibido la ayuda prometida por el gobierno para reconstruir sus casas. En la comunidad queda aún un poco de desconfianza entre los dos grupos, pero un representante de una familia que pertenece a Desarrollo Paz y Justicia expresa la buena voluntad: "Lo que nosotros ahora queremos es que vivamos todos tranquillos. Que no haya amenaza, que no haya temor."

El coordinador estatal interinstitucional para la zona, Rodolfo Anlehu, nos comentó respecto a esto y otros retornos: "Las comunidades no pueden vivir en paz sin que los desplazados regresen. Ahora los proyectos para el retorno de los desplazados se hacen directamente con las autoridades en las comunidades y no más con líderes de organizaciones [como Desarrollo Paz y Justicia]."

El líder de Paz y Justicia en el municipio de Tila, Diego Vázquez, afirmó: "Somos de la misma sangre, una sola familia. Nos peleamos por equivocación.... El EZLN no es un obstáculo, no es un enemigo. Es el defensor de los pobres, de los indios." Otro líder, Sabelino Torres, nos confirmó que Desarrollo Paz y Justicia entró en un nuevo etapa de reconciliación en la zona: "Que se olvide todo lo que pasó. Hay rencor y odio y muertos, pero queremos empezar de nuevo. Que no haya bloques. .... Está planeada una reunión entre Desarrollo Paz y Justicia y Abu Xu [organización de simpatizantes zapatistas]. Queremos empezar otra vez y vivir según nuestras tradiciones y costumbres." A pesar de estas palabras conciliadoras, la tensión sigue en el municipio de Sabanilla por ejemplo donde, según testimonios de representantes de la iglesia católica, Desarrollo Paz y Justicia aún mantiene el control total.

Por otra parte, la tensión aumentó también en el municipio de San Andrés, cuando el 7 de abril el presidente municipal desalojó los edificios de la presidencia municipal con la asistencia de 300 policías. Dichos edificios estaban en posesión del consejo autónomo zapatista desde 1995. No hubo detenciones. San Andrés fue la sede de los diálogos entre el gobierno federal y el EZLN en 1995 y 1996. El día después del desalojo, un grupo de entre mil y tres mil simpatizantes zapatistas (según las fuentes) retomó las instalaciones sin enfrentarse con la policía que se retiró del lugar. El gobernador decidió no usar la fuerza para resolver el problema: "No se trata de un asunto judicial, es de orden político" y anunció la búsqueda de una solución por la vía del diálogo.

Dos policías implicados en el caso de la masacre de Acteal en diciembre de 1997 hicieron declaraciones importantes, implicando a policías en la compra de las armas con las que se perpetró dicha masacre. Por otra parte se acusó al ex coordinador de la Seguridad Pública, General Jorge Gamboa Solís, de ser responsable de la impunidad con la que priístas podían portar armas de alto calibre en el municipio de Chenalhó. Por eso, en febrero, se giraron ordenes de aprehensión contra el general y el ex procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar.

En marzo, se detuvo a 24 personas integrantes del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), un grupo de inconformes en el Ejército federal. Los miembros del CPCP organizaron una marcha en diciembre de 1998 en la capital del país para exigir reformas en la legislación militar. Ahora son acusados por los delitos de deserción, desobediencia, insubordinación y difamación contra el Ejército. Los 24 nuevos detenidos, que incluyen al líder teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, se sumaron a los diez detenidos en los meses anteriores.

Visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos En octubre, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mary Robinson, visitará México. Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra comentó, a representantes de ONG mexicanas que su visita a México "no dará una salida suave al gobierno mexicano." Además aseguró que su visita "deberá estar precedida por la visita de la relatora especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y por una comisión de evaluación técnica." Un centenar de organizaciones y redes nacionales de derechos humanos pidieron la visita de Mary Robinson y de relatores especiales. En la sesión que se realizó en marzo y abril, el caso de México se encontró en la lista de los 15 países 'prioritarios' para la Comisión. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) sigue haciendo fuertes críticas al gobierno mexicano. En su informe 'A la sombra de la impunidad', publicado en marzo, se habló de las violaciones sistemáticas en todo el país y se subrayó que son particularmente agudas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde están presentes grupos armados de oposición. La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, dijo que AI no toma en cuenta ni reconoce las avances que logró hacer el gobierno federal. El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané declaró: "Mientras los responsables de las masacres en Acteal, Aguas Blancas, El Charco y El Bosque no hayan sido llevados ante la justicia y se entablen procesos penales, sabiendo además que están involucrados oficiales del Ejército e integrantes de grupos paramilitares sostenidos por instancias oficiales, la situación no ha cambiado."

También el Departamento del Estado de los Estados Unidos criticó en su informe anual la situación de los derechos humanos en México. En el documento mencionó casos como asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura y corrupción policíaca. Además se documentó la violencia contra las mujeres y la discriminación contra los pueblos indígenas. En su visita a México en enero, el papa aludió al conflicto chiapaneco diciendo: "No habrá solución hasta que reconozcamos que la población indígena fue la primera propietaria de la tierra, y por lo tanto los primeros con derecho sobre ella."

Dos millones y medio de mexicanos respondieron a la consulta zapatista El 21 de marzo, se instalaron por iniciativa del EZLN, 15.000 urnas en todo el país para que los mexicanos emitieran su opinión en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Más de 2,5 millones de mexicanos respondieron al llamado y un 96% contestaron afirmativamente a las cuatro preguntas (ver cuadro abajo). En varias urnas, se pudo observar la presencia de dos representantes zapatistas (un hombre y una mujer, a veces con su hijo en brazos), encapuchados y con sus característicos paliacates rojos. En algunos casos, fueron protegidos por un cordón de seguridad de la sociedad civil local.

En la quinta declaración de la Selva Lacandona en julio de 1998, el EZLN lanzó la idea de una consulta nacional sobre los Derechos y Cultura Indígena como fueron convenidos en los Acuerdos de San Andrés. Durante el encuentro con la sociedad civil, del 20 al 22 de noviembre de 1998, se discutieron los detalles de esta consulta, pues, era necesaria la participación y el apoyo logístico de la sociedad civil para su realización. Desde enero de 1999, la sociedad civil empezó a organizar la fase de difusión de la consulta, invitando a la formación de brigadas de promoción. En total, según la Oficina de Contacto (que registró las brigadas) se formaron unas 2.000 brigadas en todo México donde participaron más de 18.000 personas. Los mexicanos viviendo en el extranjero pudieron también emitir sus opiniones, y se organizaron brigadas en unas 156 ciudades de 23 países del mundo. Algunos indígenas de EEUU también decidieron promover y participar en la consulta, pues ellos argumentan que no existen fronteras, y es su derecho opinar sobre los derechos y cultura de los pueblos indígenas. Nueve días antes de la consulta, los 5.000 delegados (2.500 parejas) del EZLN se concentraron en los cinco Aguascalientes de donde salieron a los 32 estados del país para hacer la promoción de dicho evento. El Coordinador para el Diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, declaró que para no tener problemas, los delegados zapatistas no deberían llevar armas y también mencionó que no permitiría la participación de extranjeros en la consulta. Posteriormente, en uno de los comunicados del EZLN, el sub- comandante Marcos especificó que los delegados iban a ser bases de apoyo o sea que tendrían cargo político y no militar.

En México, la promoción de la consulta representó un gran desafío: cómo poder promover los derechos y la cultura indígena en todo el país entre gente no indígena que vive lejos de Chiapas, cómo explicar la diferencia entre la propuesta de ley de la COCOPA surgida de los Acuerdos de San Andrés y la propuesta hecha por el gobierno en marzo de 1998. Además, la promoción de la consulta se tuvo que hacer sin mucho apoyo de los medios de comunicación. En los lugares a donde no llegan, los rumores circulan con más facilidad. En algunas comunidades, entre la gente humilde, se decía que: "si participas en la consulta, los zapatistas te van a llevar a la fuerza para ir a pelear con ellos." La Comisión Episcopal para la Pastoral Indígena de la Conferencia del Episcopado Mexicano decidió apoyar la consulta porque, aunque el llamado proviene del EZLN, en realidad, según ellos, es una consulta para el beneficio de los pueblos indígenas que merecen una atención justa a sus demandas de dignidad y desarrollo. Sin embargo, el nuncio apostólico Justo Mullor se pronunció en contra de dicha consulta. De igual manera, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, declaró que el evento estaba "amañado" y que "se manejan preguntas como: ¿Prefiere ser pobre o rico?, ¿Estar triste o contento?"

Es cierto que las preguntas eran hechas de tal manera que era casi imposible votar "no". Entonces, los que no apoyaban este proceso se abstuvieron de votar. Pero según el EZLN, los resultados no importan tanto, lo que tiene más importancia es la movilización masiva y la participación de la sociedad civil que generó dicha consulta. De hecho, la participación fue mayor que durante la primera consulta convocada por el EZLN en 1995, durante la cual 1 millón 300 mil de ciudadanos se expresaron. De manera general, la consulta se desarrolló sin problemas. En algunos casos, se denunció el hostigamiento a los delegados zapatistas y/o a los coordinadores de brigadas de parte de fuerzas policíacas o grupos paramilitares en diferentes estados para impedir su realización. En algunos municipios de Chiapas, Tabasco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz no se realizó la consulta porque no se podía garantizar la seguridad de los delegados zapatistas, pues algunos coordinadores de brigadas recibieron amenazas de muerte dirigidas a los delegados. También después de la consulta, los organizadores en el municipio de San Juan Lalana, Oaxaca, recibieron amenazas de que les iban a encarcelar. Se les acusó de ser parte del EPR (Ejercito Popular Revolucionario).

En las comunidades que así lo decidieron, los indígenas y campesinos pudieron expresarse mediante sus 'usos y costumbres'. En las comunidades del municipio de Amatán por ejemplo, se realizaron hasta 4 asambleas: una de hombres, una de mujeres, una de jóvenes y una de niños (de más de 12 años). Los municipios autónomos también realizaron asambleas donde tomaron acuerdos por consenso. En varios municipios de Chiapas, las asambleas comunales se realizaron entre el 15 y el 20 de marzo. Los organizadores temían que para el día 21 pudiera llegar ayuda de proyectos gubernamentales, lo que hubiera podido desviar la atención de los campesinos y así dificultar la participación en las asambleas. La Fundación Rosenblueth cerró el conteo con un 85% de las mesas y asambleas compiladas y contabilizó un total de 2,5 millones de votos en México. Casi un 50% de las votaciones provinieron de cuatro estados; Chiapas, D.F., Oaxaca y Veracruz. En el extranjero, se llegó a un total de 45.000 votos. También en el extranjero se recolectaron unos 8.000 votos de personas no mexicanas que apoyaron la consulta.

Las reacciones a los resultados de la consulta variaron según las fuentes. Para el secretario de Gobernación, el hecho que 5000 zapatistas encapuchados pudieran viajar libremente en toda la República demuestra que no es verdad que existe un cerco militar, una guerra de exterminio en Chiapas. En sus declaraciones, Labastida dijo que "es incongruente que un grupo armado ande pidiendo desmilitarización y desarme, cuando lo que tiene que hacer primero ese grupo es desarmarse." Emilio Rabasa hizo eco a las ideas de Labastida diciendo que si el EZLN quiere manifestarse políticamente, debe dejar las armas. También urgió al EZLN a retornar a la mesa de negociación con el gobierno si es que dice estar a favor de la paz en Chiapas. Según algunos sectores de la sociedad civil, la consulta fue un éxito, porque para ellos, esa iniciativa demostró la capacidad de organización, de creatividad y de unidad de miles de hombres y mujeres de todo el país. Miles de indígenas pobres lograron hacer valer sus demandas frente a diferentes sectores de la sociedad mexicana: estudiantes, empresarios, trabajadores, deportistas, mujeres, etc. El 17 y 18 de abril, en un encuentro de evaluación de la consulta, donde asistieron más de 200 personas, se enfatizó el sentimiento de satisfacción y fortalecimiento entre las organizadores de todas las regiones de Chiapas: "Logramos vencer el miedo", "Caminamos juntas algunas organizaciones cuando normalmente no se ve una a la otra" y "Vimos muchas nuevas caras." En las mismas fechas, el EZLN invitó a la sociedad civil a un encuentro del 7 al 10 de mayo en el Aguascalientes de La Realidad para analizar los resultados de la consulta y discutir propuestas de seguimiento.

Consulta Nacional "por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio"

1. ¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto nacional y tomar parte en la construcción de un México nuevo?

2. ¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución mexicana conforme a los Acuerdos de San Andrés y la propuesta correspondiente de la COCOPA?

3. ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del diálogo, desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo establecen la Constitución y las leyes?

4. ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que mande obedeciendo en todos los aspectos de la vida nacional?

From: Ricardo Carvajal. Coordinador de SIPAZ Chiapas sipaz@igc.org
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