Tlahui-Politic. No. 7, I/1999
La Voz de Cerro Hueco: Un fuerte grito tras las rejas
Información enviada al Director de Tlahui. México a 26 de Abril, 1999. SIPAZ (Mayo): Enfoque.
Chiapas, México.
SIPAZ http://www.nonviolence.org/sipaz.
SIPAZ Informe, Año 4, No. 2 --- Mayo 1999
ENFOQUE
Llego al penal y en la puerta de afuera, lo primero que me piden es mostrar
mi identificación. Bajo seis escalones y en una mesa, cuatro mujeres
revisan los artículos que quiero introducir; mi bolsa la retienen. Después
de ahí, paso por una revisión corporal. Cruzo la segunda reja y bajo 20
escalones. Luego de haber cruzado otras cuatro me encuentro en el penal de
Cerro Hueco. Algunos detenidos se me acercan para pedirme dinero. Otros me
preguntan a quien busco y se ofrecen a localizarlo. "Voy con la gente de La
Voz de Cerro Hueco", les digo, y alguien me lleva a la celda que busco. El
lugar es un salón grande de 64 metros cuadrados divididos por una pared de
madera. Se le han adaptado espacios de madera en un segundo piso que apenas
se sostiene. En este lugar, duermen más de 55 personas, la mayoría de ellos
en el suelo.
Desde hace muchos años se ha hablado de lo deficiente del sistema
penitenciario mexicano. Se dice que los llamados CERESO (Centro de
Readaptación Social), nombre formal de las cárceles en México, no han
ofrecido alternativas viables a las personas que por diferentes razones se
encuentran recluidas. En Chiapas, un alto porcentaje de los presos son
indígenas. Estas personas de cultura diferente, de procedimientos de hacer
justicia distintos, con un idioma materno que no es español, se enfrentan
con mayores desventajas a la hora de conocer y defender sus derechos, de
procurar un proceso limpio y justo de sus casos.
Si bien es cierto que el gobierno de Chiapas ha procurado tener personal
que hable y entienda la cultura de los indígenas, la realidad es que eso no
ha sido suficiente. Eso explica en parte la razón del surgimiento en el
CERESO #1 de Tuxtla Gutiérrez, de un movimiento civil para defender los
derechos de los presos políticos indígenas, llamado 'La Voz de Cerro
Hueco', una organización mayoritariamente indígena de los grupos étnicos
Tzotzil, Tzeltal, Chol y Tojolabal.
¿Cómo nació la Voz de Cerro Hueco?
Después del levantamiento armado de enero de 1994, se incrementó el número
de presos indígenas en el penal de Cerro Hueco y en otras cárceles del
estado. Entre 1995 y 1996, con las agresiones (asesinatos, quema de casas,
robo de ganado, etc.) en la región Norte (zona Chol) del grupo paramilitar
priísta 'Desarrollo Paz y Justicia' en contra de simpatizantes del PRD o
bases de apoyo zapatista, se detuvo con múltiples irregularidades a muchos
del segundo grupo, acusándoles de diversos delitos. En este tiempo,
llegaron a ser el 70% los choles que formaban parte de los detenidos a raíz
de conflictos políticos.
Ante esa situación, los presos indígenas comenzaron a organizarse para
buscar abogados que dieran seguimiento a sus casos. Así lo narra Gustavo
Estrada Gómez, miembro desde el inicio de la Voz de Cerro Hueco:
"...empezamos a platicar porque no había ninguna organización aquí y no
había quien viera nuestros expedientes y resolviera nuestros casos,
solamente los defensores de oficio y del fuero común y federal que de
cualquier forma están de parte del gobierno..." Desde el inicio del
conflicto, llegaron a ser 250 presos políticos, hoy todavía siguen
detenidos alrededor de 80 en Cerro Hueco y otras cárceles del estado.
Las huelgas de hambre
Entre julio y agosto de 1996, comenzaron las pláticas internas y un primer
trabajo de organización y concientización de sus derechos. Fue así que
determinaron comenzar una huelga de hambre el 1o de septiembre de aquel
año. Con ese evento, nace formalmente la organización contando con
alrededor de 80 integrantes. Una extraña coincidencia llevaría al EZLN en
la misma fecha, a abandonar la mesa de negociación en San Andrés y a
decidir no regresar hasta que el gobierno cumpliera cinco condiciones
(entre las que estaba la liberación de los presos políticos). Esta y otras
condiciones no han sido cumplidas y los indígenas presos siguen luchando en
diferentes maneras desde los rincones de sus celdas.
A finales de 1996, el gobierno del estado, para bajar la presión generada
por las huelgas de hambre, dejó en libertad a varios dirigentes. Estos
fueron los que iniciaron la representación externa del movimiento
manteniendo contacto con las ONG, los medios de comunicación y distintos
tipos de autoridades.
La Marcha Wejlel
En mayo de 1997, para romper el cerco impuesto por Desarrollo Paz y
Justicia y para buscar la liberación de los presos, centenares de choles
simpatizantes del EZLN y del PRD acompañados por algunos extranjeros se
encaminaron hasta la capital del estado para pedir audiencia con el
Gobernador. Varios obstáculos tuvieron que sortear para poder llegar a
Tuxtla. Cuando finalmente llegaron, establecieron un plantón frente al
palacio de Gobierno. Por espacio de casi 100 días, estuvieron esperando
pero la entrevista con el gobernador nunca llegó. Negociaron con otros
funcionarios y lograron la liberación de algunos dirigentes. La mayoría de
los presos de la zona Norte salieron después de esta etapa. La persecución
contra las bases de apoyo zapatista continuó y el número de presos volvió a
incrementar. Una de las formas que el gobierno utilizó fue el
desmantelamiento de los Municipios Autónomos.
La detención de Autoridades Autónomas Zapatistas
Mediante operativos policiaco - militares en 1998, el Gobierno local, bajo el
discurso de hacer respetar el estado de derecho, se dio a la tarea de
desmantelar los llamados 'Municipios Autónomos'. Estos fueron declarados
así por las bases de apoyo del EZLN en distintas comunidades de la zona de
conflicto (ver informe de SIPAZ Año.3-Num.3). Los desmantelamientos de
estos llamados municipios autónomos se dieron en un periodo de tiempo de 3
meses y fue de la siguiente manera:
- Taniperlas (Mpio. Ricardo Flores Magón) - abril 11, 1998
- Amparo Aguatinta (Mpio. Tierra y Libertad) - mayo 1, 1998
- Nicolás Ruiz (Mpio. ganado por el PRD) - junio 3, 1998
- El Bosque (Mpio. San Juan de la Libertad - junio 10, 1998
En los operativos se detuvo a hasta 200 personas. Actualmente, todavía
siguen encarceladas unas decenas.
Los desmantelamientos fueron realizados con lujo de violencia, cometiendo
una serie de violaciones a los derechos humanos e incurriendo en
irregularidades jurídicas durante el proceso. El testimonio de Don Juan, un
campesino de más de 60 años (preso desde el 6 de octubre de 1997) da cuenta
del impacto que estos operativos tienen en las personas: "pues a mi me da
coraje porque yo no soy de esa clase que ellos (la policía) dicen, o sea,
delincuente. Nos pasearon en el parque, ahí estaban todos los ejidatarios
para que todos nos vieran... pensé que nos iban a humillar allí. Ahorita mi
preocupación es mi mujer que está enferma por un accidente que tuvo, no
tiene quien la cuide y si yo dilato aquí más pues no sé que va a pasar."
La CNDH en su investigación del caso 'Taniperlas' constató los incidentes
ocurridos y las formas inadecuadas de acciones por parte de diversos
funcionarios. Esto la llevó a emitir la Recomendación No. 49/98, dirigida
al Gobernador de Chiapas, invitándole a que:
"...analice y revalore la situación jurídica de los ahora quejosos y
afectados por ...la existencia de diversas irregularidades, así como la
falta de formalidades esenciales del procedimiento... "
...dicte sus ordenes, a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo en contra de los servidores públicos que participaron en la
detención arbitraria de... [sigue lista de personas detenidas]."
Este tipo de irregularidades apareció en distinta medida en los otros
operativos que se efectuaron.
El gobierno nunca pensó en el impacto político que tendría al interior de
Cerro Hueco la llegada de varias de las autoridades municipales autónomas.
La estructura misma de La Voz de Cerro Hueco cambió de ser una mesa
directiva a Consejo Representativo Autónomo. Este proceso tardó dos meses
en tomar forma y todavía hoy se sigue consolidando. Cada domingo se reúne
el Consejo y cada lunes, hay Asamblea general para tomar acuerdos y
emprender iniciativas.
En esta nueva modalidad que pronto cumplirá un año, se hace cada vez más
efectivo el principio zapatista de 'mandar obedeciendo'. Así lo comenta el
actual coordinador del Consejo Amado Galvez Gómez: "...cuando alguien viene
para hablar con la organización, ya no se dirige solamente a una sola
persona, sino que se reúne al Consejo y ellos hacen las decisiones. Ha
habido un cambio muy grande en la Voz de Cerro Hueco."
El presidente del Consejo Municipal Autónomo de "Tierra y Libertad"
detenido junto con sus compañeros el 1o de mayo del 98 ahonda: "...cada
región nombró a sus representantes ante el Consejo... y que seamos o no
zapatistas... aquí recordamos que debemos respetarnos unos a los otros y
que nuestra lucha es por la autonomía y el derecho a exigir nuestra
libertad con justicia y dignidad."
El 14 de abril de este año dejó el penal el académico Sergio Valdéz
Ruvalcaba. Tuvo que pagar una fianza de 5600 pesos. Una semana antes de
salir, el Sr. Valdéz nos comentaba que si salía bajo fianza sería por
decisión del Consejo de La Voz de Cerro Hueco por valorar que fuera del
penal su colaboración podría tener mayor impacto. Por su parte Luis
Menéndez, mestizo y miembro de una ONG, otro de los detenidos en Taniperlas
comentó: "permanecer en el penal es un signo hacia adentro de solidaridad
humana con mis compañeros y hacia afuera de denuncia del sistema de
procuración de justicia que se vive en Chiapas."
Situación Precaria en la Cárcel
El penal de Cerro Hueco tiene capacidad para 300-400 presos, sin embargo
existen detenidos alrededor de 1200, lo que hace que la mayoría vive en
condiciones de hacinamiento. Los servicios médicos son esporádicos e
insuficientes, el acceso a un ingreso económico que permita el
sostenimiento de su familia es casi imposible. Los pocos trabajos
artesanales que hacen es difícil que encuentren el mercado adecuado para
vender.
Esta situación repercute obviamente en sus familias que quedaron afuera
desprotegidas ya que ellos eran el sustento de la misma. Así lo comenta Ma.
Antonieta, esposa de un preso de un municipio autónomo mientras le da pecho
a su hija: "Sufrimos mucho y nos enfrentamos a varios tipos de problemas
como la salud y alimentación de mis hijos. Tuve que solucionarlo yo sola,
aunque me estuve matando de llanto y desesperación; hasta me enfermé, pero
ya ni modos, que voy a hacer si el mal gobierno de por si no oye."
Fallas en el sistema judicial
El tema de la procuración de justicia en México ha sido objeto de estudios
a raíz de varios casos presentados ante instancias tanto nacionales como
internacionales. Entre los últimos, se encuentran Amnistía Internacional,
Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA (Organización de Estados Americanos), así como algunas Comisiones de la
ONU (Organización de Naciones Unidas). De sus informes se puede sacar como
conclusión que México tiene un sistema legal muy bueno, pero que falla al
momento de aplicar dichas leyes. Por muy diversas razones, entre las que
están la corrupción y el manejo de intereses particulares, políticos y de
estado, en la procuración de justicia se han cometido verdaderos atropellos
a los derechos fundamentales de personas y grupos.
A nivel nacional, la instancia gubernamental CNDH ha documentado varios
casos en todo el país. En ellos, una de las constantes que ha aparecido, es
el número de irregularidades por parte de funcionarios públicos en varias
etapas del proceso jurídico.
En el caso concreto de los presos de la Voz de Cerro Hueco, presentan como
constante el haber sido injustamente detenidos, acusados con testimonios
falsos y con evidentes irregularidades en sus procesos. Un aspecto
importante es que en sus expedientes jurídicos está asentado que todos son
miembros de la oposición política (organizaciones sociales independientes,
bases de apoyo del EZLN o miembros del PRD), aunque supuestamente su
afiliación política es irrelevante para sus cargos.
Otra constante, según Miguel Ángel de los Santos, abogado de muchos de
estos presos, es que "...el agente del ministerio público actúa con una
rapidez que todos sabemos no es característica del sistema jurídico
mexicano. Llevan a cabo averiguaciones previas en tiempo 'récord' que no se
ve en otros casos... El juez por ley está obligado a analizar detenida y
objetivamente la averiguación preliminar, sin embargo no lo hace y
corresponde a la rapidez... hasta que la policía de seguridad pública de
inmediato orquesta el operativo como si ya estuvieran esperando la orden de
aprensión; así sucedió en los casos de Taniperlas, Tierra y Libertad,
Nicolás Ruiz y en otros casos individuales."
Mención especial merecen los casos de homonimias (Manuel Fernández Pérez,
Miguel Hernández Pérez, Antonio López Vázquez), cuyos nombres corresponden
exactamente a los de otros detenidos. Por esta razón, se les han adjudicado
otros delitos que han agrandado su condena. Sin embargo, las autoridades no
se han abocado a investigar hasta el fondo (con el Instituto Federal
Electoral o con el Registro Civil) para deslindar responsabilidades.
Según el abogado de los Santos, "Este sistema de procurar justicia ha
llegado a tal punto que las personas presuntamente involucradas en algún
delito, se les supone culpables hasta que ellas mismas demuestren su
inocencia. Por el contrario, la ley dice que a una persona se le considera
inocente hasta que quien lo acusa presente las pruebas que lo señalan
responsable de dichos actos."
En estas circunstancias, cuando no son acciones aisladas sino una forma de
operar y procurar la justicia comenzando en el estructura misma de poder,
es mucho más complicada la resolución jurídica de los casos de los presos
políticos. La solución tendrá que ser también de tipo político.
La existencia de tantas irregularidades jurídicas y el sufrimiento humano
que esto ha causado, hace importante la visita del relator especial de la
ONU para la Independencia de Jueces y Abogados y del grupo de trabajo para
las Detenciones Arbitrarias como lo pidieron en marzo un centenar de ONG
mexicanas durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.
From: Ricardo Carvajal. Coordinador de SIPAZ Chiapas sipaz@igc.org
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