Tlahui-Politic. No. 7, I/1999
Actualidad: Pasos adelante... pasos atrás
Información enviada al Director de Tlahui. México a 24 de Enero, 1999. Chiapas: Actualidad.
SIPAZ Informe Año 4 - Nº 1,
22 de enero de 1999.
Pasos adelante... pasos atrás,
http://www.nonviolence.org/sipaz/vol4no1/updates.htm
En el primer encuentro entre el EZLN y la sociedad civil desde
hace más de dos años, 29 líderes del EZLN (Ejército Zapatista de
Liberación Nacional) se encontraron con 3 mil representantes de la
sociedad civil mexicana en San Cristóbal de Las Casas del 20 al
22 de noviembre del año pasado. Este encuentro fue visto por
mucha gente como un paso importante para destrabar el estancado
diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. En dicho encuentro, el
EZLN y representantes de la sociedad civil discutieron la viabilidad
y forma de una consulta nacional sobre la 'propuesta de la
COCOPA' en materia de derechos y cultura indígena (ver pág. 5).
Esta propuesta de ley implica cambios constitucionales para reflejar
lo acordado en los Acuerdos de San Andrés firmados por el
gobierno mexicano y el EZLN en febrero de 1996. En diciembre
de ese mismo año, el EZLN aceptó dicha propuesta pero el
gobierno la rechazó agudizando así el estancamiento del diálogo.
Para el EZLN, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es
una de as cinco condiciones para reiniciar el diálogo.
Durante el encuentro, la delegación de los zapatistas, entre quienes
estaban los comandantes Tacho, David, Zebedeo y el mayor
Moisés, se reunió dos veces con la COCOPA (Comisión de
Concordia y Pacificación) para discutir una posible reanudación del
diálogo entre el EZLN y el gobierno. En estas reuniones, el EZLN
reiteró las cinco condiciones para reiniciar dicho diálogo y pidió a
la COCOPA su apoyo a la consulta nacional. En enero la
COCOPA decidió no apoyar la consulta zapatista declarando que
"no puede ser aliado de una de las partes."
El primero de enero, para el quinto aniversario del levantamiento
zapatista, el EZLN emitió un comunicado en que llamó a la
sociedad civil "a la movilización pacífica, a la lucha por los
derechos de todos, ..., a la exigencia de espacios de participación
democrática..." Además consideró que "el año de 1998 fue el año
de guerra gubernamental en contra de las comunidades indígenas
de México." A su vez, el coordinador para el diálogo, Emilio
Rabasa Gamboa, evaluó los cinco años de zapatismo como "un
fracaso, porque no se han mejorado las condiciones de vida de las
comunidades indígenas."
Un año después de la masacre en Acteal
Dos mil bases de apoyo zapatistas estaban presentes entre las más
de siete mil personas en el primer aniversario de la masacre en
Acteal el 22 de diciembre de 1997, en que fueron asesinados 21
mujeres, 15 niños y 9 hombres por presuntos paramilitares.
Días antes de la conmemoración, la Procuraduría General de la
República (PGR) dio a conocer su 'Libro blanco de Acteal'. Una
conclusión de este libro es que "el crimen de Acteal fue posible
ante la sorprendente ausencia de cauces e instituciones para la
solución pacífica de los conflictos, el desentendimiento de las
autoridades locales responsables de la justicia y la falta de
conciliación de los diferentes intereses políticos de las comunidades
y de la Entidad." Además concluye que "la matanza de Acteal es
una consecuencia indirecta de la existencia de un grupo armado (el
EZLN)" y que uno de los detonantes fue "la falta de presencia de
las instituciones de procuración de justicia." Las últimas
conclusiones fueron fuertemente criticadas por las organizaciones
de derechos humanos y la diócesis de San Cristóbal. El vicario de
Justicia y Paz de la diócesis, Gonzalo Ituarte, señaló que las fuerzas
de seguridad estaban presente a centenares de metros de la
masacre y añadió que además, "es raro que la PGR aborde su
investigación con las causas indirectas [la existencia del EZLN] y
no con las directas [la existencia de grupos paramilitares]." El
senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía, integrante de la
COCOPA, opinó que el documento es insatisfactorio para todos,
toda vez que no se investigó profundamente la organización y
entrenamiento de los paramilitares. Otro senador Carlos Payán
consideró que "es un informe flojo, que no toma en cuenta la guerra
de baja intensidad que existe en Chiapas."
Según el informe de la PGR han sido procesados 84 civiles
(autores materiales), once ex policías (por portación de arma de
fuego de uso exclusivo del ejército), el ex alcalde de Chenalhó y un
ex militar. Además han sido consignados 7 ex servidores públicos
por abuso de autoridad y/o delitos cometidos contra la
administración de justicia. Hay aún 32 ordenes de aprehensión por
cumplir. En enero un ex oficial de la Seguridad Pública y un ex
agente del Ministerio Público fueron aprehendidos acusados de
haber permitido armarse a los grupos civiles en la zona.
Propuesta de amnistía para grupos civiles armados
En la comunidad Unión Progreso, municipio de El Bosque, creció
la tensión a mediados de diciembre. Los pobladores fueron
acusados de haber perpetrado una emboscada con armas de alto
calibre en donde murió un niño. Ante el rumor de una acción
policiaca con presunta participación de paramilitares, las bases de
apoyo zapatista huyeron a las montañas donde se quedaron una
semana. Días antes de Navidad regresaron y se instaló en la
comunidad un 'campamento civil por la paz' con observadores
nacionales e internacionales. En Unión Progreso murieron en junio
del año pasado cinco indígenas en una acción policiaco-militar.
Mientras que comunidades indígenas, como Unión Progreso,
Acteal y Polhó, seguían denunciando la presencia y el
hostigamiento por presuntos grupos paramilitares, el gobernador de
Chiapas, Roberto Albores Guillén, entregó al Congreso del Estado
una iniciativa de ley de 'Amnistía para el Desarme de los Grupos
Civiles en el Estado de Chiapas'. Dicha iniciativa promueva una
amnistía para los grupos armados, extinguiendo toda acción penal,
cuando se trata exclusivamente por delitos de posesión, portación y
acopio de armas de fuego y substancias explosivas. Además,
incluye la posibilidad de ofrecer trabajo a cambio de la entrega de
armas. La iniciativa excluye explícitamente a los militantes del
EZLN, por ser amparados por la Ley del Diálogo. Empero,
representantes de varias organizaciones como el grupo paramilitar
'Paz y Justicia' y la Cámara Nacional de Comercio pidieron que la
ley de desarme incluyera al ejército zapatista. Al otro lado, según
algunos comentarios de partidos de oposición y organizaciones de
derec os humanos, la iniciativa del gobernador podría en el fondo
intentar dejar sin investigación y castigo los asesinatos y
hostigamientos cometidos por los grupos paramilitares.
El gobernador negó explícitamente la existencia de grupos
paramilitares, porque esta denominación significaría que el Ejército
estuviera organizando y entrenando a los grupos armados, lo cual,
según él, no ha sido comprobado. Dijo además, que las
autoridades judiciales citarían ante la Procuraduría General de la
República (PGR), a todos los grupos que afirmaran que existen
paramilitares para que comprobaran la existencia de dicho vínculo.
Inconformidad en el Ejército federal
En diciembre unos 50 oficiales militares sujetos a proceso penal
marcharon en la Ciudad de México. Eran integrantes del llamado
Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP)
quienes mostraron su inconformidad con el régimen dentro del
ejército. Pidieron, entre otras cosas, la desaparición del fuero de
guerra, que llevaría a que los militares fueran juzgados como
cualquier ciudadano mexicano y no por un órgano especial. Los
inconformes protestaron además por el hecho de que el ejército
haya entrado "en actividades que no le corresponden como son las
policiales, judiciales y retenes de vigilancia a la población civil los
cuales son anticonstitucionales." En la marcha encabezada por el
teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez una de las consignas
gritadas fue: "Las autoridades deben mandar obedeciendo" (un
concepto que usan los zapatistas). Por su parte, la Procuraduría
General de Justicia Militar dijo que Bacilio Gómez estaba sometido
a un proceso por los delitos de insubordinación y desobediencia
desde 1997 encontrándose en libertad bajo fianza.
Anunció el
inicio de un expediente penal en su contra por deserción, por no
cumplir con los tramites que debe seguir en su proceso de libertad
condicional. En enero, 5 integrantes del CPCP fueron arrestados;
Bacilio Gómez salió del país para evitar su aprehensión.
Elecciones extraordinarias sin novedades
Como consecuencia de las elecciones del 4 de octubre aumentó la
tensión en la zona de conflicto y se realizaron sin incidentes graves
tomas de presidencias en varios municipios, como en Altamirano.
En otros lugares, por ejemplo en Nicolás Ruiz y Venustiano
Carranza, se reportaron algunos asesinatos relacionados con las
elecciones. En Las Margaritas y Oxchuc la oposición logró
negociar con el alcalde priísta electo para integrar un consejo
municipal plural y así evitar problemas. El PRD aceptó a finales de
diciembre en negociaciones con el gobierno estatal la creación de
'Consejos de Vigilancia' en 15 municipios. Su papel sería velar por
el buen manejo de los recursos y el ejercicio del poder. Dichos
consejos plurales participarían en las reuniones de cabildo sin voz ni
voto y tendrían acceso a la información en cuanto a la
administración y al presupuesto.
Al cierre de este informe, la situación política en el municipio de
Ocosingo, el más grande de Chiapas, aún queda insegura. Las
elecciones de octubre resultaron en el triunfo del PRI, entre un gran
abstencionismo y fraudes. Este resultado generó fuertes críticas de
los partidos de oposición por la poca representatividad del nuevo
municipio electo. Por eso, a mediados de diciembre, estos partidos
y algunas organizaciones sociales eligieron en asamblea su propio
'consejo municipal soberano'. Otra vez piden la conformación de
un consejo municipal plural con representación equitativa del PRI y
partidos de oposición, como se logró negociar después de las
elecciones de 1995.
Las elecciones extraordinarias del 6 de diciembre pasaron sin
problemas y novedades en los nueve municipios y cuatro distritos
donde no se habían realizado por las inundaciones en septiembre y
el conflicto político en San Juan Chamula. Entre un abstencionismo
de un 70 % el PRI ganó seis alcaldías, el PRD ganó dos y el PAN
en una. Las cuatro diputaciones las ganó el PRI.
Las críticas a nivel internacional continúan
A nivel internacional, continuaron las críticas al gobierno mexicano
por las violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional,
Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos fueron
contundentes en sus informes sobre México. Pierre Sané, director
de Amnistía Internacional, dijo que la violación de los derechos
humanos en México es cada vez más grave y que no existe un
compromiso real del gobierno para proteger los derechos humanos
en este país. En su visita a Chiapas y después de reunirse con
varias ONG incluyendo SIPAZ, el vicecanciller inglés de relaciones
exteriores Tony Lloyd comentó que el gobierno mexicano sabe
que, en el marco del tratado comercial entre México y la Unión
Europea, debe existir el respeto a los derechos humanos en las
naciones participantes.
Human Rights Watch constató en su informe sobre 1998: "A la
defensiva, después de la masacre [en Acteal], el gobierno federal
no reaccionó para frenar a los simpatizantes del PRI, dispuestos a
emplear la violencia, sino que actuó agresivamente contra los
simpatizantes del EZLN y los observadores internacionales en
Chiapas."
Sin embargo, un cambio significativo en la postura de México fue, a
finales del año pasado, que el Senado de la República aprobó el
reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA en todos los casos de violaciones a
las garantías individuales. Empero, este reconocimiento excluye los
casos de expulsión de extranjeros con base en el artículo 33 de la
Constitución.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas siguen hostigando a
extranjeros que viajan en Chiapas. Siete extranjeros recibieron
citatorios cuando viajaron a la conmemoración de la masacre en
Acteal el 22 de diciembre. El primero de enero las autoridades
migratorias dieron un citatorio a tres integrantes de una delegación
de la organización estadounidense Global Exchange que había
visitado la comunidad zapatista Oventic. Global Exhange comentó:
"Nuestras actividades educativas no han recibido una reacción tan
fuerte y agresiva por parte de las autoridades en ningún otro país
del mundo."
Respecto a la crítica que organismos internacionales dirigen contra
el gobierno, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Mireille Roccati, opinó que el gobierno "no puede
pensar en que cada denuncia es algo ficticio y algo para llamar la
atención, sino poner atención a cada caso." Añadió que el gobierno
debe poner empeño en cada caso para corregir todo el mecanismo
que produce esa violación a los derechos humanos.
La Consulta Nacional
"Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos
de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de
Exterminio"
La consulta se realizará el 21 de marzo de 1999 en los 32 estados
del país y en los lugares del extranjero donde haya mexicanos.
Podrán participar todos los mexicanos y mexicanas mayores de 12
años.
La consulta se hará a través de urnas, o por usos y costumbres en
las comunidades indígenas que así lo decidan. Consiste en cuatro
preguntas que se debe responder con un 'si', 'no' o 'no sé':
1.¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser
incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto
nacional y tomar parte en la construcción de un México
nuevo?
2.¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser
reconocidos en la Constitución mexicana conforme a los
Acuerdos de San Andrés y la propuesta correspondiente de
la COCOPA?
3.¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz
verdadera por la vía del diálogo, desmilitarizando el país con
el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo
establecen la Constitución y las leyes?
4.¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y
exigir al gobierno que mande obedeciendo en todos los
aspectos de la vida nacional?
From: Ricardo Carvajal. Coordinador de SIPAZ Chiapas sipaz@igc.org
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