Tlahui-Politic. No. 7, I/1999


Actualidad: Pasos adelante... pasos atrás

Información enviada al Director de Tlahui. México a 24 de Enero, 1999. Chiapas: Actualidad. SIPAZ Informe Año 4 - Nº 1, 22 de enero de 1999. Pasos adelante... pasos atrás, http://www.nonviolence.org/sipaz/vol4no1/updates.htm

En el primer encuentro entre el EZLN y la sociedad civil desde hace más de dos años, 29 líderes del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se encontraron con 3 mil representantes de la sociedad civil mexicana en San Cristóbal de Las Casas del 20 al 22 de noviembre del año pasado. Este encuentro fue visto por mucha gente como un paso importante para destrabar el estancado diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. En dicho encuentro, el EZLN y representantes de la sociedad civil discutieron la viabilidad y forma de una consulta nacional sobre la 'propuesta de la COCOPA' en materia de derechos y cultura indígena (ver pág. 5).

Esta propuesta de ley implica cambios constitucionales para reflejar lo acordado en los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno mexicano y el EZLN en febrero de 1996. En diciembre de ese mismo año, el EZLN aceptó dicha propuesta pero el gobierno la rechazó agudizando así el estancamiento del diálogo. Para el EZLN, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una de as cinco condiciones para reiniciar el diálogo.

Durante el encuentro, la delegación de los zapatistas, entre quienes estaban los comandantes Tacho, David, Zebedeo y el mayor Moisés, se reunió dos veces con la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) para discutir una posible reanudación del diálogo entre el EZLN y el gobierno. En estas reuniones, el EZLN reiteró las cinco condiciones para reiniciar dicho diálogo y pidió a la COCOPA su apoyo a la consulta nacional. En enero la COCOPA decidió no apoyar la consulta zapatista declarando que "no puede ser aliado de una de las partes." El primero de enero, para el quinto aniversario del levantamiento zapatista, el EZLN emitió un comunicado en que llamó a la sociedad civil "a la movilización pacífica, a la lucha por los derechos de todos, ..., a la exigencia de espacios de participación democrática..." Además consideró que "el año de 1998 fue el año de guerra gubernamental en contra de las comunidades indígenas de México." A su vez, el coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, evaluó los cinco años de zapatismo como "un fracaso, porque no se han mejorado las condiciones de vida de las comunidades indígenas."

Un año después de la masacre en Acteal Dos mil bases de apoyo zapatistas estaban presentes entre las más de siete mil personas en el primer aniversario de la masacre en Acteal el 22 de diciembre de 1997, en que fueron asesinados 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres por presuntos paramilitares.

Días antes de la conmemoración, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer su 'Libro blanco de Acteal'. Una conclusión de este libro es que "el crimen de Acteal fue posible ante la sorprendente ausencia de cauces e instituciones para la solución pacífica de los conflictos, el desentendimiento de las autoridades locales responsables de la justicia y la falta de conciliación de los diferentes intereses políticos de las comunidades y de la Entidad." Además concluye que "la matanza de Acteal es una consecuencia indirecta de la existencia de un grupo armado (el EZLN)" y que uno de los detonantes fue "la falta de presencia de las instituciones de procuración de justicia." Las últimas conclusiones fueron fuertemente criticadas por las organizaciones de derechos humanos y la diócesis de San Cristóbal. El vicario de Justicia y Paz de la diócesis, Gonzalo Ituarte, señaló que las fuerzas de seguridad estaban presente a centenares de metros de la masacre y añadió que además, "es raro que la PGR aborde su investigación con las causas indirectas [la existencia del EZLN] y no con las directas [la existencia de grupos paramilitares]." El senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía, integrante de la COCOPA, opinó que el documento es insatisfactorio para todos, toda vez que no se investigó profundamente la organización y entrenamiento de los paramilitares. Otro senador Carlos Payán consideró que "es un informe flojo, que no toma en cuenta la guerra de baja intensidad que existe en Chiapas."

Según el informe de la PGR han sido procesados 84 civiles (autores materiales), once ex policías (por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército), el ex alcalde de Chenalhó y un ex militar. Además han sido consignados 7 ex servidores públicos por abuso de autoridad y/o delitos cometidos contra la administración de justicia. Hay aún 32 ordenes de aprehensión por cumplir. En enero un ex oficial de la Seguridad Pública y un ex agente del Ministerio Público fueron aprehendidos acusados de haber permitido armarse a los grupos civiles en la zona.

Propuesta de amnistía para grupos civiles armados

En la comunidad Unión Progreso, municipio de El Bosque, creció la tensión a mediados de diciembre. Los pobladores fueron acusados de haber perpetrado una emboscada con armas de alto calibre en donde murió un niño. Ante el rumor de una acción policiaca con presunta participación de paramilitares, las bases de apoyo zapatista huyeron a las montañas donde se quedaron una semana. Días antes de Navidad regresaron y se instaló en la comunidad un 'campamento civil por la paz' con observadores nacionales e internacionales. En Unión Progreso murieron en junio del año pasado cinco indígenas en una acción policiaco-militar.

Mientras que comunidades indígenas, como Unión Progreso, Acteal y Polhó, seguían denunciando la presencia y el hostigamiento por presuntos grupos paramilitares, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, entregó al Congreso del Estado una iniciativa de ley de 'Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles en el Estado de Chiapas'. Dicha iniciativa promueva una amnistía para los grupos armados, extinguiendo toda acción penal, cuando se trata exclusivamente por delitos de posesión, portación y acopio de armas de fuego y substancias explosivas. Además, incluye la posibilidad de ofrecer trabajo a cambio de la entrega de armas. La iniciativa excluye explícitamente a los militantes del EZLN, por ser amparados por la Ley del Diálogo. Empero, representantes de varias organizaciones como el grupo paramilitar 'Paz y Justicia' y la Cámara Nacional de Comercio pidieron que la ley de desarme incluyera al ejército zapatista. Al otro lado, según algunos comentarios de partidos de oposición y organizaciones de derec os humanos, la iniciativa del gobernador podría en el fondo intentar dejar sin investigación y castigo los asesinatos y hostigamientos cometidos por los grupos paramilitares.

El gobernador negó explícitamente la existencia de grupos paramilitares, porque esta denominación significaría que el Ejército estuviera organizando y entrenando a los grupos armados, lo cual, según él, no ha sido comprobado. Dijo además, que las autoridades judiciales citarían ante la Procuraduría General de la República (PGR), a todos los grupos que afirmaran que existen paramilitares para que comprobaran la existencia de dicho vínculo.

Inconformidad en el Ejército federal

En diciembre unos 50 oficiales militares sujetos a proceso penal marcharon en la Ciudad de México. Eran integrantes del llamado Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP) quienes mostraron su inconformidad con el régimen dentro del ejército. Pidieron, entre otras cosas, la desaparición del fuero de guerra, que llevaría a que los militares fueran juzgados como cualquier ciudadano mexicano y no por un órgano especial. Los inconformes protestaron además por el hecho de que el ejército haya entrado "en actividades que no le corresponden como son las policiales, judiciales y retenes de vigilancia a la población civil los cuales son anticonstitucionales." En la marcha encabezada por el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez una de las consignas gritadas fue: "Las autoridades deben mandar obedeciendo" (un concepto que usan los zapatistas). Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar dijo que Bacilio Gómez estaba sometido a un proceso por los delitos de insubordinación y desobediencia desde 1997 encontrándose en libertad bajo fianza.

Anunció el inicio de un expediente penal en su contra por deserción, por no cumplir con los tramites que debe seguir en su proceso de libertad condicional. En enero, 5 integrantes del CPCP fueron arrestados; Bacilio Gómez salió del país para evitar su aprehensión.

Elecciones extraordinarias sin novedades

Como consecuencia de las elecciones del 4 de octubre aumentó la tensión en la zona de conflicto y se realizaron sin incidentes graves tomas de presidencias en varios municipios, como en Altamirano. En otros lugares, por ejemplo en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, se reportaron algunos asesinatos relacionados con las elecciones. En Las Margaritas y Oxchuc la oposición logró negociar con el alcalde priísta electo para integrar un consejo municipal plural y así evitar problemas. El PRD aceptó a finales de diciembre en negociaciones con el gobierno estatal la creación de 'Consejos de Vigilancia' en 15 municipios. Su papel sería velar por el buen manejo de los recursos y el ejercicio del poder. Dichos consejos plurales participarían en las reuniones de cabildo sin voz ni voto y tendrían acceso a la información en cuanto a la administración y al presupuesto.

Al cierre de este informe, la situación política en el municipio de Ocosingo, el más grande de Chiapas, aún queda insegura. Las elecciones de octubre resultaron en el triunfo del PRI, entre un gran abstencionismo y fraudes. Este resultado generó fuertes críticas de los partidos de oposición por la poca representatividad del nuevo municipio electo. Por eso, a mediados de diciembre, estos partidos y algunas organizaciones sociales eligieron en asamblea su propio 'consejo municipal soberano'. Otra vez piden la conformación de un consejo municipal plural con representación equitativa del PRI y partidos de oposición, como se logró negociar después de las elecciones de 1995.

Las elecciones extraordinarias del 6 de diciembre pasaron sin problemas y novedades en los nueve municipios y cuatro distritos donde no se habían realizado por las inundaciones en septiembre y el conflicto político en San Juan Chamula. Entre un abstencionismo de un 70 % el PRI ganó seis alcaldías, el PRD ganó dos y el PAN en una. Las cuatro diputaciones las ganó el PRI.

Las críticas a nivel internacional continúan A nivel internacional, continuaron las críticas al gobierno mexicano por las violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos fueron contundentes en sus informes sobre México. Pierre Sané, director de Amnistía Internacional, dijo que la violación de los derechos humanos en México es cada vez más grave y que no existe un compromiso real del gobierno para proteger los derechos humanos en este país. En su visita a Chiapas y después de reunirse con varias ONG incluyendo SIPAZ, el vicecanciller inglés de relaciones exteriores Tony Lloyd comentó que el gobierno mexicano sabe que, en el marco del tratado comercial entre México y la Unión Europea, debe existir el respeto a los derechos humanos en las naciones participantes.

Human Rights Watch constató en su informe sobre 1998: "A la defensiva, después de la masacre [en Acteal], el gobierno federal no reaccionó para frenar a los simpatizantes del PRI, dispuestos a emplear la violencia, sino que actuó agresivamente contra los simpatizantes del EZLN y los observadores internacionales en Chiapas."

Sin embargo, un cambio significativo en la postura de México fue, a finales del año pasado, que el Senado de la República aprobó el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en todos los casos de violaciones a las garantías individuales. Empero, este reconocimiento excluye los casos de expulsión de extranjeros con base en el artículo 33 de la Constitución.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas siguen hostigando a extranjeros que viajan en Chiapas. Siete extranjeros recibieron citatorios cuando viajaron a la conmemoración de la masacre en Acteal el 22 de diciembre. El primero de enero las autoridades migratorias dieron un citatorio a tres integrantes de una delegación de la organización estadounidense Global Exchange que había visitado la comunidad zapatista Oventic. Global Exhange comentó: "Nuestras actividades educativas no han recibido una reacción tan fuerte y agresiva por parte de las autoridades en ningún otro país del mundo."

Respecto a la crítica que organismos internacionales dirigen contra el gobierno, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mireille Roccati, opinó que el gobierno "no puede pensar en que cada denuncia es algo ficticio y algo para llamar la atención, sino poner atención a cada caso." Añadió que el gobierno debe poner empeño en cada caso para corregir todo el mecanismo que produce esa violación a los derechos humanos.

La Consulta Nacional

"Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio" La consulta se realizará el 21 de marzo de 1999 en los 32 estados del país y en los lugares del extranjero donde haya mexicanos. Podrán participar todos los mexicanos y mexicanas mayores de 12 años.

La consulta se hará a través de urnas, o por usos y costumbres en las comunidades indígenas que así lo decidan. Consiste en cuatro preguntas que se debe responder con un 'si', 'no' o 'no sé':

1.¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto nacional y tomar parte en la construcción de un México nuevo?

2.¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución mexicana conforme a los Acuerdos de San Andrés y la propuesta correspondiente de la COCOPA?

3.¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del diálogo, desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo establecen la Constitución y las leyes?

4.¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que mande obedeciendo en todos los aspectos de la vida nacional?

From: Ricardo Carvajal. Coordinador de SIPAZ Chiapas sipaz@igc.org
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