Luz y sombra en la escena nacional

Información enviada al Director de Tlahui. México a de , 1999. Chiapas: Análisis. SIPAZ Informe Año 4 - Nº 1, 22 de enero de 1999. Análisis: Luz y sombra en la escena nacional, http://www.nonviolence.org/sipaz/vol4no1/anals.htm

A lo largo de todo el país se analiza y se vaticina que 1999 será un año de escenarios mucho más difíciles y adversos para el desarrollo económico y el ambiente político, incluyendo los posibles avances hacia la paz en Chiapas, de lo que fue 1988. Muchas son las señales que avalarían los colores grises y hasta negros de dichos escenarios en el futuro, a corto y mediano plazo, en el territorio nacional.

Es cierto que, al principio del año, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, expresó que: "en 1999 no habrá problemas irresolubles." Empero, es poco probable que el gobierno federal pueda dar este año soluciones reales a los graves problemas pendientes como son, por ejemplo, la cada vez más deteriorada economía domestica, la situación de 40 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, el problema del conflicto en Chiapas, la reducción al gasto social, los problemas de la banca, el narcotráfico, la inseguridad social y los grupos armados.

Este caudal creciente de asuntos por resolver augura una conflictividad que ni el gobierno, ni los partidos políticos están preparados a resolver, particularmente cuando las elecciones presidenciales del 2000 constituyen un apremiante dique. La incapacidad del gobierno actual para atender estos asuntos en los últimos años ha generado cada vez mayor descontento entre los ciudadanos.

Hasta en el Ejército se pueden oír voces disidentes, como la del Comando Patriótico, rompiendo la tradición de que los asuntos militares sólo se ventilaban en su interior. Las demandas de este grupo van más allá de una democratización y una reestructuración de fondo en la legislación de las fuerzas armadas. Todavía no se sabe el verdadero respaldo de dicho grupo dentro del Ejército. Resulta de sumo interés el rumbo que este hecho pueda tener en relación al papel de las fuerzas armadas en la toma de decisiones políticas en el país.

Cabe recordar que, en los últimos 5 años, el gobierno mexicano ha invertido importantes sumas de dinero en la compra de moderno equipo militar, así como en equipo especial para contrarrestar disturbios multitudinarios. Asimismo ha incrementado considerablemente la capacitación en guerra de contrainsurgencia y psicológica a centenares de oficiales militares, por ejemplo, en la fuertemente criticada 'Escuela de las Américas' en los Estados Unidos. La constante movilización militar, no solamente en las comunidades con influencia zapatista sino también en otros estados como Guerrero y Oaxaca, constituyen otros signos adversos a cielos más despejados para la distensión y la paz en México.

La respuesta del gobierno ante las críticas sobre su capacidad y voluntad de resolver varios problemas antes señalados, parece mantenerse al nivel del discurso y seguir sistemáticamente el mismo patrón: minimizar y criminalizar. Esto es verdad tanto para el movimiento zapatista ("el problema de Chiapas es de solo cuatro municipios") como para los militares disidentes a quienes acusa de ser delincuentes y de estar aislados.

En Chiapas, otro punto de preocupación tiene que ver con la proliferación de 'grupos civiles armados', principalmente de afiliación priísta. La discusión entablada últimamente para saber si dichos grupos son o no 'paramilitares' -como los califican los zapatistas y las organizaciones de derechos humanos - distrae la atención de lo que debería ser el meollo del asunto: es decir, la falta de una respuesta adecuada de parte de las autoridades para poner fin a la existencia de dichos grupos, cualquiera sea su nombre. En este sentido, no se ve claramente cómo la iniciativa de ley de amnistía y desarme de los grupos armados, propuesta por el gobierno de Chiapas, podría contribuir a esclarecer el funcionamiento de dichos grupos y su responsabilidad en las situaciones de violencia que se han dado en el estado en los últimos años. Por el contrario, la amnistía podría garantizar su impunidad y anonimato.

En este oscuro panorama, la consulta nacional convocada por los zapatistas para marzo podría ser una herramienta que ayude a destrabar el complejo estado de las negociaciones de paz. Dicha consulta no sólo pretende ser una invitación a la sociedad mexicana para que se pronuncie sobre el asunto de la incorporación de la ley indígena a la Constitución, sino que apunta a generar una gran movilización de la sociedad civil. Los zapatistas apuestan a que dicha movilización pueda llegar a incidir en la reanudación de los diálogos de paz, pasando por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la conformación de una instancia mediadora reconocida por las partes y el cumplimiento de las otras condiciones que el EZLN ha puesto para reanudar la negociación.

Mientras tanto, los discursos de las partes en el conflicto se han ido polarizando cada vez más, y cada una usa simultáneamente la misma información para responsabilizar a su adversario. Por ejemplo, se acusan mutuamente del estancamiento del diálogo, de no tener voluntad verdadera para la negociación política, y de la masacre de Acteal.

A propósito de esos hechos, y a un año de ocurridos, pocos avances se observan sobre el caso, tanto a nivel jurídico como en cuanto a las condiciones para el retorno de los miles de desplazados, así como también en la desarticulación de los grupos civiles armados. En el 'Libro Blanco sobre Acteal' de la PGR poco se avanzó, ya que sus conclusiones son muy parecidas a las que esa dependencia tenía un año atrás. La credibilidad del informe de la PGR está socavada por su falta de reconocimiento de la implicación de elementos de las fuerzas de seguridad en apoyar a los grupos paramilitares, como fue el caso en Acteal, y por el hecho de que dichos grupos siguen operando con cierta impunidad.

En los últimos meses el gobierno federal ha presionado para un diálogo directo, a lo que el EZLN se ha negado rotundamente mientras no se cumplan las condiciones planteadas desde hace más de dos años. Al mismo tiempo, se ha mostrado abierto a la posibilidad de una mediación únicamente si es nacional. Mientras tanto, varios sectores de la sociedad mexicana, respondiendo al llamado de los zapatistas, y también por iniciativa propia están empujando un fortalecimiento de la sociedad civil para que de ahí se conforme un grupo de mexicanos/as que responda a esa urgente tarea.

Afortunadamente, también existe una fuerte preocupación de parte de la comunidad internacional para que se de una solución justa y duradera en Chiapas, lo cual seguirá siendo fundamental para hacer llegar un mensaje constructivo a un gobierno altamente preocupado por su imagen internacional. Eso se vio claramente, a principios de enero, durante la reunión anual entre los embajadores mexicanos y el gobierno federal, en la que se pidió a los embajadores explicar en los países los esfuerzos que las autoridades están realizando para lograr la paz en Chiapas.

From: Ricardo Carvajal. Coordinador de SIPAZ Chiapas sipaz@igc.org
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