Informe de síntesis sobre la situación en el conflicto de Chiapas.

Información enviada al Director de Tlahui. México a 26 de Enero, 1999. Mex - 1/3 Actualización información sobre Chiapas: Síntesis y propuestas.

A finales de noviembre, en medio de continuas tensiones y violencia, 3 mil representantes de la sociedad civil mexicana se reunieron en Chiapas para discutir formas de reactivar el estancado proceso de paz. Se trató del primer encuentro entre el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y la sociedad civil mexicana desde hacía más de dos años. El principal resultado de esta reunión fue el acuerdo para la organización de la consulta nacional a la que el EZLN había convocado, quedando programada para el 21 de marzo de 1999. El objetivo de dicha consulta es preguntar a los mexicanos sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y más específicamente sobre su apoyo o no a la propuesta de ley de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación integrada por representantes del Congreso) elaborada para implementar los Acuerdos de San Andrés. Dichos acuerdos fueron firmados por el gobierno mexicano y el EZLN en febrero de 1996. Posteriormente, el EZLN había aceptado la propuesta de la COCOPA pero el gobierno la rechazó. El EZLN desde entonces ha estado insistiendo en que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una condición necesaria para reiniciar los diálogos con el gobierno.

Durante el encuentro con la sociedad civil, algunos líderes del EZLN se reunieron dos veces con la COCOPA, comisión que está en cargada de coadyuvar en el diálogo entre el EZLN y la administración Zedillo. Las reuniones fueron útiles para restablecer el contacto directo entre el EZLN y la COCOPA después de casi dos años, pero no lograron avanzar hacia la reanudación de las negociaciones.

Cuatro semanas después, el 22 de diciembre, siete mil personas se reunieron en Acteal para celebrar el primer aniversario de la masacre de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres por un grupo paramilitar. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó su 'Libro Blanco sobre Acteal'. En éste, se culpa a las autoridades locales por no haber enfrentado adecuadamente lo que se sugiere fue una disputa local. También se menciona al EZLN como una causa indirecta de la masacre, pero no se le da mucha atención a otra causa claramente mucho más directa: la existencia de grupos paramilitares como él que ocasionó la masacre en Acteal. El informe sugiere que otro factor fue "la falta de presencia de las instituciones de procuración de justicia" menoscabando el hecho de que la policía estuvo presente en Acteal mientras tenía lugar la masacre. El informe también documenta el proceso en curso en contra de unas 100 personas vinculadas al caso. No obstante, en una aparente contradicción con el significado que acarrearía tener tales procesamientos, varios grupos paramilitares siguen actuando con toda impunidad en varias partes de Chiapas.

Relacionado con esto, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, entregó al Congreso del Estado una propuesta de ley de Amnistía. La intención declarada es de desarmar los 'grupos civiles' y se aclara que la amnistía se limitará a los cargos por posesión, portación y acopio de armas de fuego. Sin embargo, dicha propuesta ha sido criticada por algunos líderes empresariales y por Paz y Justicia una organización identificada como grupo paramilitar: según ellos, la propuesta debería incluir al EZLN (que se encuentra protegido por la Ley del Diálogo). Paralelamente, los partidos de oposición y los grupos de derechos humanos sugieren que esta propuesta podría más bien reforzar la impunidad y el anonimato de los grupos paramilitares.

Mientras estos grupos siguen operando en muchas zonas de Chiapas, la Seguridad Pública y el Ejército federal siguen penetrando en las comunidades que son bases de apoyo zapatistas; a consecuencias de eso, muchas comunidades se encuentran divididas y entre 15 y 20 mil personas permanecen desplazadas. A cinco años del levantamiento zapatista, los niveles de pobreza todavía son muy altos, los índices de violencia y de conflictividad social son altísimos y no se ven muchas perspectivas de avances a corto plazo en cuanto al estancado proceso de paz. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha desatado una nueva campaña de hostigamiento a los extranjeros que viajan a Chiapas. En enero, el Instituto Nacional de Migración impuso la sanción de no regresar al país por dos años a dos personas que visitaban Chiapas con la organización norteamericana Global Exchange, quien ante eso declaró: "Nuestras actividades educativas no habían recibido reacciones tan fuertes y agresivas en ningún otro país del mundo."

A nivel nacional, el gobierno mexicano está enfrentando una serie de problemas difíciles: una economía deteriorada, sus ingresos reducidos por la caída en los precios del petróleo, importantes disminuciones en el presupuesto otorgado a los programas sociales, la controversia alrededor de los escándalos del sistema bancario mexicano, el narcotráfico, y los grupos armados, tanto paramilitares como insurgentes. Con las elecciones presidenciales perfilándose en el horizonte del 2000, otro elemento de presión aparece, lo cual obstaculiza más bien que facilita los esfuerzos para que se resuelva los problemas sociales. En este contexto, Chiapas sólo es un punto en una lista de apremiantes desafíos.

En diciembre, en una acción sin precedentes, 50 oficiales militares disidentes marcharon en la Ciudad de México para protestar en contra del sistema de justicia militar. También criticaron, por ser inconstitucional, la expansión del papel del Ejército, por ejemplo en actividades como las que corresponden al trabajo de la policía. No es muy claro cuál es el grado de respaldo que podrían tener dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, el hecho de hacer públicas disensiones internas rompe con la tradición militar mexicana e inevitablemente plantea preguntas sobre el futuro papel de los militares en México.

Varios grupos internacionales de derechos humanos, incluyendo a Amnesty International, Human Rights Watch y la Comisión Inter- americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han publicado informes que integran fuertes críticas a la política del gobierno mexicano en cuanto a derechos humanos. Sin embargo es importante mencionar la resolución del Senado Mexicano que reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos de violaciones a los derechos individuales.

La consulta nacional programada para marzo es un intento para movilizar a la sociedad civil y presionar al gobierno para romper la actual situación de 'impasse'. Mientras tanto la posibilidad de constituir un órgano de mediación nacional para el proceso en Chiapas se está explorando en algunos círculos de la sociedad civil mexicana.

From: SIPAZ Oficina Internacional sipaz@igc.org
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