Tlahui-Politic. No. 7, I/1999
Acción de intimidación y amenazas contra defensores de derechos humanos
Información enviada al Director de Tlahui. México a 9 de Marzo, 1999.
Mex - Acción de intimidación y amenazas contra defensores de derechos humanos.
Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización de derechos
humanos CADHAC;
Liliana Cruz Castellanos; María Emilia Espejo Mansillas empleadas
permanentes de CADHAC;
Marlene Martínez Garza; Carolina Rico Hernández; Otros miembros de
CADHAC.
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los
miembros de la organización de derechos humanos Ciudadanos en Apoyo a
los
Derechos Humanos Asociación Civil (CADHAC), que llevan sometidos a una
vigilancia constante de la policía desde el 24 de febrero de 1999.
El 23 de febrero, CADHAC hizo una declaración pública (véase infra)
sobre los informes de tortura en el Centro de Readaptación Social de
Apodaca
(CERESO de Apodaca), una prisión de Monterrey, estado de Nuevo León.
Desde
el 24 de febrero, varios hombres, algunos de los cuales visten uniformes
de
la Policía Judicial del Estado (PJE), han permanecido estacionados en
dos
furgonetas ante las oficinas de CADHAC en Monterrey, y han estado
siguiendo
a los miembros de CADHAC cuando abandonan las oficinas. Además, se han
dejado mensajes anónimos en los contestadores automáticos de las
oficinas
de CADHAC y en los de las casas de sus miembros, y parece ser que se han
bloqueado sus aparatos de fax y sus sistemas de correo electrónico.
INFORMACIÓN GENERAL
CADHAC es una organización pequeña, cuyos empleados y voluntarios
son en su mayoría mujeres, que se dedica sobre todo a la defensa de los
derechos
de los presos. Desde 1996 ha documentado y sacado a la luz las
espantosas
condiciones de reclusión en el CERESO de Apodaca. En mayo de 1998, el
vicesecretario de Seguridad de Nuevo León acusó públicamente a la
hermana
Consuelo Morales Elizondo, directora de CADHAC, de hacer acusaciones
infundadas sobre los malos tratos a detenidos en el CERESO de Apodaca, y
amenazó con querellarse contra ella.
El 22 de febrero, más de cuarenta reclusos del CERESO de Apodaca
iniciaron una huelga de hambre para protestar contra la tortura y los
malos tratos.
Cuando Consuelo Morales y otros miembros de CADHAC intentaron visitar el
centro penitenciario a petición de los familiares de los presos en
huelga,
los funcionarios de la prisión les impidieron la entrada. El 23 de
febrero,
CADHAC hizo una declaración pública sobre las condiciones de reclusión
en
el centro y sobre la negativa de las autoridades a permitirle el acceso.
El 1 de noviembre de 1998, Amnistía Internacional envió una carta a
las autoridades de Nuevo León (AMR 41/98.14) en la que pedía que se
llevara a
cabo una investigación sobre las amenazas contra CADHAC y sobre las
violaciones de derechos humanos cometidas en el CERESO de Apodaca. Si
desean más información o emprender acciones adicionales, consulten las
Acciones Urgentes AMR 41/11/95/s y AMR 41/64/97/s, así como los
documentos
AMR 41/36/98/s y AMR 41/06/96/s.
Amnistía Internacional considera que, al impedir que los defensores
de los derechos humanos lleven a cabo su labor legítima, el gobierno
mexicano está
incumpliendo sus compromisos internacionales. La Convención de la ONU
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes,
ratificada por México en 1986, dispone: "Todo Estado Parte velará por
que
toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier
territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a
que
su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades
competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la
queja y
los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como
consecuencia de la queja o del testimonio prestado".
Por su parte, la Declaración de Viena, formulada y adoptada en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se
celebró en junio de 1993 y en la que participó México, dispone: "Las
organizaciones no gubernamentales deben ser dueñas de realizar sus
actividades de derechos humanos sin injerencias, en el marco de la
legislación nacional y de la Declaración Universal de Derechos Humanos".
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